ACTUALIZADO: 23/09/2021 06:45
La Abogacía del Gobierno de Pedro Sánchez -en otro tiempo, Abogacía del Estado- intentó apartar del procedimiento a las acusaciones populares del caso Ghali en el que se investiga si el líder del Polisario entró en España, en connivencia con el Ejecutivo, con documentación falsa.
En una decisión insólita, la institución encargada de defender los intereses del Estado pidió que se expulsara de la causa al denunciante de los hechos, el abogado Antonio Urdiales, y a la acusación que ejercen otros dos ciudadanos, o en su defecto, exigió que el juez les impusiera una fianza de 150.000 euros.
La abogada del Estado achacó al letrado que impulsó la denuncia la «gran difusión de distintos informes o documentos que figuran aportados al sumario». Incluso pidió que fuera sancionado con una multa de hasta 10.000 euros.
Todo vale por proteger al Gobierno socialcomunista, incluso enfangar el prestigio de una institución que se ha convertido en el escudo protector del Ejecutivo. Por fortuna, el juez ha desestimado las atrabiliarias demandas de la Abogacía del Estado, que ha quedado como Cagancho en Almagro al comprobar cómo todas y cada una de sus peticiones han caído en saco roto.
El juez no ha impuesto ninguna fianza a la acusación popular, lo que revela hasta qué punto el magistrado considera surrealistas las exigencias de una Abogacía que ha rizado el rizo del ridículo en su papel de defensor del Ejecutivo socialcomunista.
Porque, no nos olvidemos, el papel de la Abogacía del Estado no es el de defender a miembros del Gobierno que han podido cometer delitos graves en el desempeño de sus cargos, sino todo lo contrario.
Su obligación es defender al Estado del comportamiento supuestamente ilícito de los altos cargos del Ejecutivo. Eso es de primero de Derecho, pero para la Abogacía de Pedro Sánchez la ley se supedita a los intereses políticos del Gobierno socialcomunista. Quién la ha visto y quién la ve. No se puede caer más bajo.
https://okdiario.com/opinion/bofetada-judicial-abogacia-pedro-sanchez-antes-del-estado-7829876
La Abogacía del Estado al rescate de Laya: pide 150.000 € de fianza a la acusación y el juez lo rechaza
El juez imputa a la ex ministra Laya por el ‘caso Ghali’
El ‘caso Ghali’ salpica a Calvo: la acusación pide que declare porque sospecha que «conocía el plan»
El nº 2 de Laya declara al juez que la ex ministra conocía la identidad de Ghali
La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, y el líder del Polisario, Brahim Ghali.
CARLOS CUESTA
23/09/2021 06:49
ACTUALIZADO: 23/09/2021 06:49
La Abogacía del Estado ha pretendido generar un serio obstáculo a la acusación popular en su exigencia de responsabilidades a la ex ministra Arancha González Laya por la entrada en España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario.
La petición de fianza para la acusación fue de nada menos que de 150.000 euros. Todo ello cuando el caso avanza y ya están imputados el jefe de gabinete de la entonces ministra Arancha González Laya, y la propia ex ministra. El juez no ha aceptado la petición y ha tumbado una pretensión que parecía más destinada a agotar la capacidad económica de la acusación que a favorecer la correcta investigación del caso.
El juez Rafael Lasala, titular del juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, ya ha citado como investigada a la ex ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, Arancha González Laya, por el caso Ghali.
Esta imputación llega, además, después de que el diplomático y el que fuera jefe de gabinete de Laya, Camilo Villarino, asegurara que fue la ex ministra quien le ordenó la entrada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, el pasado 18 de abril por la base aérea de Zaragoza para atenderle por Covid en un hospital de Logroño. En su declaración ante el juez, Villarino también afirmó que Arancha González Laya no fue la única que ordenó la entrada del líder saharaui a España: «No creo que lo decidiera ella por sí sola».
El juez también ha citado como testigo a la jurista María Isabel Valldecabres, la que fuera jefa de gabinete de la ex vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. Y, en medio de todo ello, la acusación popular que reclama responsabilidades por la entrada ilegal del líder del Frente Polisario se ha tenido que enfrentar a una solicitud de fianza de nada menos que 150.000 euros.
La exigencia fue trasladada al juez por la Abogacía del Estado y amenazaba con convertirse en un problema insalvable para la acusación popular. La estrategia de la Abogacía del Estado, basada en pedir al juez que investiga si el líder del Frente Polisario entró el pasado 18 de abril en España con documentación falsa una fianza tan desorbitada iba acompañada de la petición de expulsión de la causa a unos de los denunciantes: el abogado Antonio Urdiales. La petición de la fianza de 150.000 euros se dirigía frente a la acusación que ejercen otros dos ciudadanos, Mohamed Rachad y Juan Vicente Pérez.
En un escrito remitido al titular del juzgado de instrucción, la abogada del Estado María del Mar González echaba en cara al primer denunciante y abogado haber generado una «gran difusión de distintos informes o documentos que figuran aportados al sumario». Por todo ello, y en base a un supuesto incumplimiento del deber de reserva, pedía su expulsión de la causa.
Hay que recordar que la posición de González Laya es muy delicada en esta causa. El entonces jefe de gabinete de Laya ha confesado ya que contactó con «el general segundo jefe del Estado Mayor del Aire, Francisco Javier Fernández Sánchez» para que no hiciera «trámite de aduanas o inmigración». Lo hizo a preguntas del propio general porque, según la persona de máxima confianza de la ex ministra González Laya, «esta respuesta era perfectamente coherente, tanto con la práctica establecida como con la legislación vigente aplicable».
El texto de la declaración destacaba que «la persona que se comunicó por vía telefónica con el Estado Mayor del Aire el día 18 de abril fue quien suscribe, Camilo Villarino Marzo, director del gabinete de la ministra» en aquel momento. Villarino fue destituido tras la sustitución de González Laya por José Manuel Albares como nuevo ministro de Asuntos Exteriores.
En una declaración posterior, Villarino ha añadido que fue la ex ministra quien le ordenó la entrada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, el pasado 18 de abril por la base aérea de Zaragoza. En su declaración ante el juez, Villarino también ha afirmado que Arancha González Laya no fue la única que ordenó la entrada del líder saharaui a España: «No creo que lo decidiera ella por sí sola».
https://okdiario.com/espana/abogacia-del-estado-rescate-arancha-gonzalez-laya-caso-ghali-150-000-fianza-acusacion-juez-lo-rechaza-7828550
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