Operación para Salvar del juicio a Jordi Pujol y sus hijos

Los letrados del clan planean pedir la suspensión por supuestas irregularidades en la obtención de pruebas y en el procedimiento.

Pablo Planas (Barcelona)

25/7/2022 - 21:09

Marta Ferrusola y Jordi Pujol

Ocho años después de que Jordi Pujol confesara públicamente que tenía una cuenta oculta al fisco en Andorra desde hacía más de tres décadas, los abogados del clan catalán acumulan material sobre supuestas irregularidades en la obtención de pruebas y en el procedimiento judicial seguido contra la familia. 

En paralelo a los cada vez más frecuentes reconocimientos públicos, el material procedente de los archivos personales del turbio excomisario Villarejo, troceado y convenientemente procesado y difundido en medios catalanes y en El País, hace albergar a los defensores de Pujol y su familia la esperanza en que el proceso embarranque y no llegue a juicio por las filtraciones que abundan en presunta fabricación de pruebas, investigaciones prospectivas y persecución por razones ideológicas.

El relato que ha comprado el independentismo y una parte no menor del socialismo es que la investigación sobre los negocios de Marta Ferrusola, Jordi Pujol y sus hijos fue orquestada por el Gobierno del PP y la llamada "policía patriótica" al efecto de presionar a Pujol para que cancelara el proceso separatista. 

Esta versión pasa por alto de forma deliberada que las investigaciones policiales empezaron por el hijo mayor de Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, cuyas actividades empresariales al calor de su condición de primogénito del presidente de la Generalidad eran sobradamente conocidas en toda Cataluña. 

También que fue el propio Jordi Pujol quien el 25 de julio de 2014, festividad de Santiago apóstol, patrón de España, emitió una nota pública en la que admitía tener una una cuenta oculta en Andorra de unos cuatro millones de euros y pedía perdón a "quienes pueden sentirse defraudados". 

"Y también les pido que sepan distinguir los fallos de una persona -por muy significativa que haya sido-, y que esta declaración sea reparadora en lo que sea posible del mal y de expiación para mí mismo", concluía la confesión.

Tampoco ayuda para la versión de la persecución por razones políticas que el propio Pujol en fechas muy recientes haya declarado que "pondría la mano en el fuego por la mayoría de mi familia", una frase dedicada que sitúa a su hijo mayor en una incómoda posición.

Hasta la oportuna aparición en escena de Villarejo, convertido ahora en una fuente incontestable por quienes antes le negaban todo crédito, Pujol era un personaje amortizado al que se intentaba disculpar por los negocios de su esposa e hijos "en nombre de Cataluña", el tráfico de influencias, el cobro de comisiones y los negocios con espectaculares rentabilidades, tanto que permitió a todos los miembros de la familia acumular un patrimonio inmobiliario que rivaliza con el de las grandes fortunas de España.

Ahora, la situación ha dado un vuelco radical y se ha pasado a una operación de blanqueamiento de la corrupción. Las últimas noticias procedentes del equipo que defiende a los Pujol es que la familia reclamará los 1,7 millones que tuvieron que pagar a Hacienda en 2014 para regularizar parte de la fortuna oculta.

 Los abogados, Cristóbal Martell y Albert Carrillo, entre otros, esgrimen una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la legislación española que obliga a declarar a los residentes los bienes y derechos en el extranjero a través del modelo 720 porque va en menoscabo de la libre circulación de capitales en la UE. Los letrados del clan están convencidos de que no sólo habrá que devolver esos 1,7 millones sino que habrá que hacerlo con los intereses de demora.

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