Cuando el escándalo de corrupción por el 'caso Gürtel' se extendió al Partido Popular, por los papeles atribuidos a su antiguo tesorero, la atención se volvió hacia el Tribunal de Cuentas, un órgano poco conocido que audita el gasto de las instituciones públicas.
Esta institución independiente, que tiene un presupuesto anual de 61 millones de euros y 800 trabajadores, debería poder arrojar luz sobre las alegaciones de supuestas donaciones y sobresueldos irregulares en el PP recogidos en los papeles atribuidos a su ex tesorero y gerente Luis Bárcenas.
Sin embargo, se ha visto que al tribunal le falta garra. Solo el refuerzo de su personal en 2012 le permitirá ponerse al día este año con sus auditorías de las cuentas de los partidos, que acumulan un retraso de cuatro ejercicios. Ese retraso podría suponer incluso que las posibles irregularidades hayan prescrito.
El presidente del Tribunal, Ramón Álvarez de Miranda, ha prometido mejorar su funcionamiento, pero varios empleados han demandado al pleno que integran sus 12 consejeros nombrados por el Parlamento, protestando por un proceso politizado de contratación que dicen socava su independencia.
El funcionamiento decepcionante del tribunal, la frustración por retrasos de hasta 14 años en juzgar casos de corrupción y varios escándalos que han afectado tanto al PP como al Partido Socialista y al principal grupo político catalán, Convergència i Uniò han mostrado la debilidad de las instituciones.
Por detrás del resto de Europa
La legislación española, por ejemplo, no regula el funcionamiento de los grupos de presión, algo que sí ocurre en la mayor parte de los países desarrollados. Además, España, junto con Bielorrusia, es el único país que carece de una ley de transparencia, aunque estas leyes no siempre dan la información esperada por los ciudadanos.
La financiación de los partidos sigue siendo opaca a pesar de algunas reformas. El Consejo de Europa y la ONG Transparencia Internacional han recomendado en repetidas ocasiones que España refuerce el funcionamiento del Tribunal de Cuentas para que pueda controlarlos mejor.
"Hoy, cuando un inversor busca un lugar para situar sus capitales se fija en la calidad institucional del país. España carece de al menos dos de los 'benchmark' (puntos de referencia) habituales: una ley de transparencia y un órgano de estabilidad fiscal", dijo John Muller, director adjunto del diario El Mundo.
Las posibles consecuencias de lo que Muller llama "déficit institucional" son un deterioro del clima de inversión empresarial, o incluso una fragmentación del Gobierno al estilo italiano al aumentar la división política.
"Desde que empezó la crisis económica, la confianza pública en el Parlamento, en el gobierno local, en todas las administraciones públicas ha caído", dijo José Pablo Ferrándiz, vicepresidente de la empresa de sondeos Metroscopia.
"La confianza en las instituciones ha caído a niveles preocupantes, no alarmantes, pero preocupantes", agregó, y destacó que la intención de voto a PP y PSOE es cada vez menor.
La corrupción se ha convertido en la segunda causa de preocupación de los españoles en las encuestas solo detrás del paro, inquietud número uno de los españoles y que está en un alarmante 26 por ciento.
En otra señal de la impaciencia de los ciudadanos, las reclamaciones al Defensor del Pueblo -sobre instituciones diversas como bancos o administraciones públicas- se han disparado un 36 por ciento.
Y a las numerosas protestas del año pasado en las calles por los fuertes recortes públicos -que han llegado a áreas muy sensibles como la educación y la sanidad, mientras el Gobierno trata de reducir el déficit público para cumplir los objetivos pactados con la Unión Europea-, se unen los "escraches", o concentraciones ante las viviendas de los políticos del PP para protestar contra los desahucios.
"La ineficacia y la corrupción alimentan la indignación", dijo un informe de Transparencia Internacional de 2012 sobre el aumento del movimiento de protestas en Grecia, Italia, Portugal y España.
España se sitúa en el trigésimo lugar en el índice anual de corrupción que elabora TI. Solo Portugal e Italia están por detrás en Europa occidental.
Además del descontento creciente de los votantes, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afronta la presión de sus socios europeos, que piden más transparencia a cambio del rescate de 41.000 millones de euros para los bancos españoles con problemas.
Rajoy ha anunciado que establecerá un nuevo órgano de supervisión presupuestaria para controlar mejor el gasto público, ante la petición de Bruselas.
Rendir cuentas
Rajoy, cuya credibilidad se ha visto perjudicada por el "caso Bárcenas", prometió presentar una ley de transparencia en sus 100 primeros días en el cargo que ahora está debatiéndose en el Congreso de los Diputados.
"Tendremos una de las leyes de transparencia y anticorrupción más fuertes del mundo", aseguró José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y uno de los arquitectos de la ley.
Ayllón dijo que la ley, así como otras que han propugnado, acelerarán los procesos judiciales en los casos de corrupción, aumentarán las condenas, regularán los grupos de presión y obligarán a los partidos, sindicatos y otros organismos a responder a las peticiones de información de los ciudadanos.
Pero sus detractores mantienen que se seguirán quedando cortas.
Mar Cabra, una periodista de investigación y activista en cuestiones de transparencia, dijo que la familia real, afectada por la imputación de la infanta Cristina, debería estar incluida en la nueva ley de transparencia, como ya está negociando con el Gobierno.
El Rey, que es el jefe del Estado, no tiene obligación de informar de sus encuentros con dirigentes empresariales extranjeros o de quién paga sus viajes al exterior. España tiene que construir toda una cultura de la transparencia, aseguró, porque la gente ni siquiera sabe que tiene derecho a pedir información.
"'Accountability' (que es como rendir cuentas). En español ni siquiera tenemos una palabra para definirlo".
"En Estados Unidos puedes saber quién paga cada anuncio político simplemente apuntando una aplicación del 'smartphone' a la tele", dijo Cabra. "En España eso es ciencia ficción".
Fiona Ortiz (Reuters)
7/04/2013 - 10:33
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