La controversia suscitada por la evaluación del glifosato, levanta una nueva polémica sobre las normas que regulan la seguridad de los productos químicos, que a menudo permanecen ocultas a la vista pública.
El glifosato, el herbicida más utilizado en todo el mundo, acaparó los titulares el pasado mes de marzo después de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) anunciase que “probablemente fuese cancerígeno para los seres humanos”.
La IARC, que es la Agencia responsable de aportar pruebas para las políticas de control del cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), realizó una exhaustiva revisión de la literatura científica sobre este herbicida. Encontraron evidencias convincentes de que el glifosato causa cáncer en los animales de laboratorio, pruebas limitadas de que lo puede provocar en los trabajadores agrícolas y evidencias de daños en el ADN y los cromosomas de las células humanas.
Esta evaluación de la IARC es muy importante porque está en total desacuerdo con las consideraciones de las principales Agencias de Regulación de todo el mundo. El año pasado, una evaluación realizada por la Agencia de Regulación del Gobierno alemán, a petición de la Comisión Europea, concluyó que no existen pruebas de que el glifosato sea cancerígeno o mutagénico, o que el herbicida suponga un riesgo de graves efectos sobre la salud. Otras Agencias han llegado a conclusiones similares.
La IARC no ha echado mano de nuevas pruebas. Entonces, ¿por qué ha llegado a conclusiones totalmente diferentes sobre los peligros del glifosato?
En primer lugar, este tipo de desacuerdos no carece de precedentes, o no son del todo sorprendentes. Las evidencias sobre la seguridad de los productos químicos son a menudo incompletas, inciertas y ambiguas, de modo que las evaluaciones de seguridad no siempre pueden resolverse sobre la base de esas evidencias por sí solas. ¿Cuál puede considerarse un estudio fiable y relevante? ¿Cómo se sopesan pruebas contradictorias? ¿ Cuántas pruebas son necesarias para asegurar que existe riesgo, o no? Otros juicios y suposiciones son necesarios para resolver estas cuestiones, por lo que no es de extrañar que las institucionales a veces no se pongan de acuerdo.
No sabemos exactamente por qué las evaluaciones realizadas del glifosato por distintas instituciones difieren tanto de la realizada por la IARC, aun cuando ésta todavía tiene que publicar la evaluación completa ( que se ha anunciado para el próximo año). Pero del resumen publicado por la IARC se desprende que utiliza criterios diferentes para elegir los ensayos a evaluar, la manera de determinar la fiabilidad de algunos estudios y la forma de interpretar los resultados de algunos estudios experimentales.
La mayoría de la Agencias de Regulación son reacias a reconocer que existen incertidumbres en las normas de evaluación para comprobar la seguridad de los productos químicos. Esto es así porque la Ciencia es una fuente de legitimidad y las Agencias de Regulación quieren que sus evaluaciones sean lo más objetivas posibles, fiables y consensuadas. Pero también, de reconocerlo, están invitando a que se examinen las normas de evaluación que utilizan estas Agencias de Regulación. Podemos preguntarnos y sería algo razonable, cómo se han consensuado esas normas de evaluación: ¿ se resuelven esas incertidumbres y ambigüedades en favor de la salud pública, o en favor de la Industria Química?
La evaluación de la IARC pone en un dilema a las Agencias de Regulación. Si aceptan la validez de las conclusiones de la IARC ( y por tanto reconocen la incertidumbre en torno a las evaluaciones de seguridad), habría que realizar un escrutinio y realizar una crítica de sus métodos de evaluación y sus decisiones regulatorias. La única alternativa que tienen es insistir en que la revisión realizada por la IARC es científicamente defectuosa o políticamente sesgada.
Esta última táctica ha sido adoptada a menudo cuando algunos científicos disientes del consenso normativo establecido, pero la IARC es un disidente de cierta envergadura. Es tan científicamente rigurosa e independientecomo la institución de la que viene. Sus evaluaciones son realizadas por científicos de alto nivel, procedentes de todo el mundo, y están sujetos a una estricta política de conflicto de intereses. La IARC insiste en que sus evaluaciones son transparentes y pone a disposición del público todas las evidencias que apoyan sus evaluaciones. El proceso de evaluación se rige por principios científicos y los criterios de evaluación se explican con gran detalle en las monografías de la IARC.
Todavía no sabemos cómo las Agencias de Regulación se van a enfrentar a este dilema, pero la estrategia de la Industria Agroquímica está clara: “La IARC ha utilizado los datos de forma selectiva, impulsando de este modo un dictamen sesgado”, fue la respuesta de Monsanto. El Consejo Estadounidense de Ciencia y Salud tiene una opinión similar: “La IARC partió de las conclusiones a las que quería llegar y luego evaluó la información en función de esas conclusiones, sin tener en cuenta el resto”.
Es una curiosa estrategia, ya que obliga a una comparación entre la IARC y las Agencias de Regulación que supuestamente han realizado una evaluación imparcial del glifosato. Y tales comparaciones tal vez no sean muy halagüeñas para ellas.
Los lectores estarán sorprendidos, por ejemplo, al enterarse de que en una reciente evaluación del glifosato realizada por el Gobierno alemán, favorable en comparación con la de la IARC a la Industria Agroquímica, no fue realizada por los científicos que trabajan para el Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos (BfR), sino por laEuropean Glyphosate Task Force, un consorcio de Empresas agroquímicas.
Los funcionarios del BfR dijeron que eso se debe a la gran cantidad de pruebas que tienen que realizar y no tienen tiempo suficiente para realizar la evaluación toxicológica por sí mismos. Así que fue la Industria Agroquímica la que realizó las evaluaciones, y la que determinó la fiabilidad de cada una de las pruebas. Este es el tipo de decisiones que no se entienden, de las que hablábamos anteriormente. Los científicos de la BfR habrían hecho comentarios, en cursiva, pero esto queda muy lejos de lo que la gente entiende por una revisión independiente.
No sabemos si la evaluación realizada por la BfR es algo inusual al haber sido redactada por las propias Empresas que están siendo evaluadas, o algo inusual porque la Agencia de Regulación alemana ha sido lo suficientemente honesta como para hacer explícita esta práctica. Pero si uno de los países más ricos del mundo no tiene los recursos suficientes como para llevar a cabo sus propias evaluaciones independientes de pruebas toxicológicas, nos podríamos preguntar: ¿Cómo actúan las Agencias de Regulación en otros países?
Patrick van Zwanenberg es investigador en política científica y tecnológica enSTEPS América Latina y en el Centro de Investigaciones para la Transformación de Buenos Aires.
Procedencia del artículo:
The Guardian
