El arquitecto Gustavo Frech, esposo de María Pedrosa de Guindos, una de las secretarias generales de la embajada, ha obtenido encargos -él o una empresa en la que figura como director- por casi 100.000 dólares. "Me veo perjudicado por estar casado con ella", responde a EL ESPAÑOL. El embajador dice que desconocía la relación familiar.
Gustavo Frech y su mujer María Pedrosa de Guindos sobre la embajada española de Washington.
La embajada de España en los EEUU ha realizado desde 2015 contrataciones por más de 92.000 dólares con Gustavo Frech y con la empresa JAP Home Solutions, en cuyos papeles de registro el primero figura como su co-director. Hasta aquí nada de esto resultaría llamativo, si no fuera porque Frech es el esposo de una de las secretarias generales de la Embajada, María Pedrosa De Guindos, sobrina del actual ministro de Economía, Luis De Guindos.
Cuando De Guindos trató de colocar a su ex compañero de gabinete José Manuel Soria como director ejecutivo en el Banco Mundial en Washington DC, salió a la luz que el titular de Economía tenía ya a
tres sobrinas trabajando en esta capital, conocidas popularmente como las 'guindas'entre sus compañeros. Una se encontraba como alto cargo en el citado organismo internacional -Beatriz De Guindos-, y las otras dos trabajaban en la embajada de España -Leticia De Guindos y María Pedrosa de Guindos-.
Ésta última está casada con Gustavo Frech, que desde 2015 ha venido beneficiándose directa o indirectamente de varios contratos que suman un valor de más de 92.000 dólares procedentes de la embajada en la que su mujer ocupa el puesto de secretaria general de la Oficina de Educación.
En concreto, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha venido aprobando desde principios de 2015 una serie de gastos, a petición de la embajada,destinados o bien directamente aFrech o a la empresa JAP Home Solutions, sociedad de la que figura en sus registros como director junto al dueño de la compañía, Jesús Antón (JAP), según el registro de corporaciones empresariales del estado de Virginia al que ha tenido acceso este periódico.
En total, EL ESPAÑOL ha podido contrastar la existencia de al menos cinco contrataciones, una adjudicada directamente al marido de la sobrina del ministro, y otras cuatro, a la empresa JAP, todos ellos considerados menores -inferiores a 50.000 dólares-, por lo que en la mayoría de los casos no sería necesario formalizar un documento contractual. Como consecuencia de esto, no queda registro público o documento que pueda encontrarse en los portales de transparencia o de perfil del contratante de la Administración.
En la imagen, con círculo azul, y de izquierda a derecha, María Pedrosa de Guindos, Belén Moreno, consejera Económico-Administrativa de la embajada, y Leticia de Guindos. Leticia y María Pedrosa son sobrinas del actual ministro de Economía.
En total, se trata de distintos tipos de encargos, desde elaboración de un proyecto arquitectónico, a reparaciones, adecentamientos de entradas y diversas construcciones tanto en la sede de la embajada, la cancillería, la actual residencia del embajador y la antigua residencia, ahora convertida en un centro cultural.
El primero de los servicios localizados por este medio, concedido a Gustavo Frech, data de febrero de 2015. La embajada quería renovar la cubierta del edificio de la cancillería. El proyecto estaba dividido en dos partes: el diseño arquitectónico y la ejecución de la obra, por lo que el encargo se realizaría entre dos empresas.
Para la elaboración del diseño arquitectónico, se marcó un presupuesto máximo de 20.000 dólares. Y para la ejecución de las obras, uno de más de 200.000.
Ambos contratos, aunque se adjudicaran a diferentes compañías, quedarían directamente conectados, ya que el arquitecto o estudio que se hiciera con el diseño, dirigiría además los trabajos de edificación y las medidas de seguridad.
Para el primer contrato, el de un máximo de 20.000 dólares -por lo tanto, menor-, la embajada invitó a cuatro empresas a presentar sus ofertas económicas. Alguna de ellas ni siquiera accedió al entender que con ese presupuesto era imposible realizar el trabajo solicitado. Una tercera concurrió con una propuesta de 18.500 dólares, y Gustavo Frech pujó con la cifra más baja: llevaría a cabo todo el trabajo por 12.850 dólares.
La embajada acabó proponiendo al Ministerio la contratación de Frech, sin considerar que existiera conflicto de intereses por tratarse del marido de una miembro de la misión diplomática en EEUU, además de sobrina de un ministro. El arquitecto se encargó de elaborar el proyecto, los planos y de presupuestar el coste de la futura obra, que pagaría el Estado. En total, calculó que el cambio de la cubierta saldría por un máximo de 258.000 dólares.
EMPRESAS SUGERIDAS
En septiembre de 2015, continuando con el proceso administrativo, la embajada invitó a empresas constructoras a presentar sus ofertas a partir del boceto y las premisas establecidas por Gustavo Frech para el cambio del tejado. Resulta llamativo que aunque la embajada cursó las invitaciones, lo hizo por sugerencia de un tercero: Jesús Antón Pérez, según explica a este periódico el constructor que finalmente se hizo con el contrato, Guardado’s General Contractor. “Yo no conocía a Gustavo Frech, sino al señor Jesús Antón. Él le dio la información a la embajada y ellos me contactaron. Fue el primer y único proyecto juntos”. Según detalla, su empresa no pagó nada a Frech, por la dirección de la obra, ni a Antón.
Guardado’s General Contractor presentó la propuesta más baja y se llevó el contrato por 209.985 dólares. De aquella obra, Gustavo Frech ejerció de coordinador de Seguridad y Salud y autor del estudio de seguridad, y la dirección facultativa, como consta en las actas de aprobación del plan de seguridad y salud, y en las de replanteo e inicio de obra, en las que su rúbrica aparece junto a las del embajador, Ramón Gil Casares, y el contratista, Guardado’s.
Aquí conviene hacer una aclaración. Cuando arranca el expediente administrativo para el cambio de la cubierta de cancillería, a principios de 2015, la mujer de Frech, es decir, la sobrina de Luis De Guindos, ostentaba el cargo de agregada de Educación en el consulado de Los Ángeles, en el otro extremo del país. Podría entenderse que su no presencia en Washington despejaba cualquier posible conflicto de intereses. Sin embargo, lo cierto es que María Pedrosa de Guindos no estaba en California, sino que continuaba en Washington, ejerciendo su nueva responsabilidad a distancia.
“UN ERROR DEL CONTABLE”
A partir de verano de 2015, cuando María Pedrosa de Guindos deja el puesto en Los Ángeles y ‘vuelve’ a la embajada -de la que en realidad nunca se fue-, ya no hubo más contratos a nombre de su esposo, pero sí a la empresa JAP Home Solutions, de la que éste figura como co-director en los registros de la compañía, algo que tanto Jesús Antón como French atribuyen a “un error administrativo del contable” que estarían subsanando, aunque aún no estaría rectificado “porque tarda seis meses en actualizarse”. Sin embargo, el registro en el que aparece el nombre de Frech es de agosto de 2016 y, a día de hoy, más de siete meses después, sigue figurando como director.
El resto de encargos fueron sucediéndose. En agosto de 2015, con José Manuel García Margallo de ministro, Exteriores autorizó un gasto de 44.640 dólares para “obras de construcción de una plataforma en las terrazas y las escaleras de la residencia” del embajador. La empresa encargada es JAP Home Solutions. El motivo esgrimido por la embajada para justificar estos trabajos es que el edificio donde vive Ramón Gil-Casares presenta numerosos defectos constructivos, haciendo impracticable la zona exterior.
Cabe recordar que el Ministerio demandó a Moneo por la construcción de esta lujosa mansión que se cae a pedazos, aunque perdió el juicio. La Embajada estimó que el coste de esta reparación no superaría los 50.000 dólares, por lo que se trataría de un contrato menor, para el que solicitó un crédito adicional a Madrid.
En diciembre de 2016, después del parón político del pasado año con el Gobierno en funciones, y ya con Alfonso Dastis al frente del ministerio, se retoma la actividad en la legación diplomática norteamericana, que solicita a Exteriores la instalación de una rampa para personas con discapacidad en la antigua residencia del embajador, actual centro cultural en Washington.
La empresa propuesta es de nuevo JAP, gracias a que su oferta es la más baja: 8.441 dólares. Se trata de otro contrato menor. La Embajada también solicitó presupuestos a otras dos empresas, que presentaron propuestas por 17.800 y 22.300 dólares, respectivamente.
LA ÚLTIMA EN PRESENTAR OFERTAS
En este caso, este periódico tiene constancia que la oferta de JAP fue la última en llegar a la embajada, el día 15 de diciembre, una vez que sus competidores ya habían enviado sus propuestas, una de ellas el 22 de marzo, varios meses antes.
También el pasado diciembre, Exteriores autoriza a contratar de nuevo a JAP Home Solutions para el acondicionamiento de la entrada de la antigua residencia, por 17.943 dólares. Otro gasto menor.
El ministro de Economía Luis de Guindos en una conferencia en Washington DC. Getty Images
El mismo mes, el Ministerio vuelve a aprobar otra petición de Washington de otros 8.441 dólares para trabajos de mantenimiento de la entrada de la Cancillería. De nuevo, los trabajos van a parar a la empresa donde figura el marido de la sobrina de Guindos como director.
La responsable de proponer estos contratos a Madrid es la consejera económico-administrativa de la Embajada, Belén Moreno, sobre la que recaen este tipo de tareas, y que es compañera de la sobrina de Guindos en Washington.
EL CÓDIGO ÉTICO
Al margen de si existe o no irregularidad alguna o de si se siguieron los pasos administrativos legales marcados para estos procesos de contratación, cabe destacar que ni Belén Moreno ni María Pedrosa De Guindos son altos cargos, sino funcionarias, por lo que no les sería de aplicación la ley que regula los conflictos de intereses en altos cargos de la Administración General del Estado. Sin embargo, el Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 53, sí marca unos principios éticos que podrían chocar con la contratación de Gustavo Frech y su empresa.
Entre otras indicaciones, esta ley establece que los funcionarios “se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público”. “No contraeránobligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público”.
Tampoco está permitido “aceptar ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas”. Asimismo, se prohíbe “influir en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros”.
EL EMBAJADOR SE LAVA LAS MANOS
Este periódico ha contactado con la embajada para conocer su versión de los hechos y saber si el embajador tenía constancia de la relación familiar entre JAP y la secretaria general de Educación, así como si considera que existe algún conflicto de intereses ético en las citadas contrataciones. Un portavoz oficial asevera que Gil-Casares desconocía la conexión familiar que unía a Pedrosa de Guindos con la firma de Jesús Antón, si bien cabe recordar que el embajador sí que firmó un contrato con a Gustavo Frech como supervisor de la obra del cambio de tejado de la cancillería.
Desde la misión diplomática remarcan que se ha respetado "escrupulosamente la legislación aplicable en materia de contratación y procedimiento administrativo". "Se rechaza de plano cualquier insinuación en contrario. Todos los procedimientos están sometidos a la normativa aplicable, y por tanto, son susceptibles de recurso en su caso, y en última instancia de reclamación en los tribunales".
Este portavoz añade que por mayor "transparencia, eficacia y eficiencia" en las contrataciones, "incluso en contratos menores (que no exigen de tal requisito) se solicitan tres presupuestos antes de realizar ninguna adjudicación". Según argumenta la embajada, "en algunas ocasiones se ha adjudicado a la empresa JAP -por ser la mejor oferta-, y en otras muchas a empresas distintas, pero siempre respetando el procedimiento". No obstante, no se concreta cuántas veces se contrató a dicha firma.
"La embajada tiene previsto un presupuesto para reparaciones, mantenimiento y conservación, así como para la ejecución de obras. En el 2015 dicho presupuesto fue ejecutado por la empresa JAP en un 11,71%. En 2016 dicho porcentaje es de 4.05%. Estas cifras demuestran la diversificación en los proveedores de servicios a los que acude la Embajada", sostiene la fuente oficial, que no desglosa más estos datos ni da la cantidad económica que suponen. Por ejemplo, no queda claro si dentro de ese presupuesto está incluido el contrato que Exteriores adjudicó en 2015 por 1,3 millones de euros a una empresa norteamericana (Advanced Building Services) para el mantenimiento de la embajada, un gasto que estaría ya comprometido, por lo que no es posible medir con exactitud el peso de JAP dentro del resto de las adjudicaciones.
ANTÓN Y GUARDADOS SE CONTRADICEN
EL ESPAÑOL ha contactado también con Jesús Antón y Gustavo Frech. El primero asegura que la empresa es sólo de su propiedad, aunque prefiere no facilitar documentación que acredite esto o que se está corrigiendo el supuesto error administrativo por el que Frech aparece como director. “Lo contraté porque era español, la empresa estaba creciendo y daba el perfil”, añade. Antón asegura además desconocer si Gustavo Frech había trabajado antes para la Embajada en la obra del tejado. “No tengo ni idea”, responde. El dueño de Guardados, por contra, asegura que fue Antón quien le recomendó a la Embajada para esta obra.
Por su parte, Frech asegura que es “empleado de JAPdesde febrero-marzo del 2015”. “No soy dueño ni tengo ninguna participación en la compañía. No soy officer, governor, director o cualquier otro cargo”. “Mis funciones en JAP son las de Project Manager y Office Manager”. Sin embargo, en los registros de la compañía aparece como director, como puede verse en el siguiente documento adjunto.
Reporte anual del año 2016 de JAP Home Solutions depositado en el Estado de Virginia, donde Gustavo Frech figura como director de la empresa, junto a Jesus Anton.
En cuanto a si ha resultado beneficiado por su relación personal, niega este extremo y asegura que ha sido al contrario. “Me veo perjudicado porque estoy casado con una trabajadora pública”.
LOS TRASLADOS DE LA SOBRINA
María Pedrosa, funcionaria de carrera, llegó a EEUU en 2010 como secretaria general de Educación de la Embajada, siendo nombrada en agosto de aquel año, con el socialista Ángel Gabilondo como ministro de Educación. Este tipo de nombramientos se realizan por el procedimiento de libre designación, previa convocatoria pública entre los funcionarios de carrera.
Estuvo un lustro en el puesto, hasta agosto de 2014, el tiempo máximo que en teoría permite el Ministerio de Educación. Para permanecer en este país, consiguió un traslado a la costa oeste -con José Ignacio Wert ya en el ministerio- como agregada de Educación en Los Ángeles, en el otro extremo del continente y con tres horas de diferencia horaria sobre Washington. Curiosamente, siguió residiendo en la capital, desde donde desempeñaba sus funciones a distancia, pese a los
inconvenientes que eso podía conllevar para el personal de Los Ángeles.
En verano de 2015 dejó su puesto en Los Ángeles. El Ministerio de Educación sacó a concurso la plaza de secretaria general en Washington que ella ya había ocupado anteriormente. En septiembre de aquel año, con Íñigo Méndez de Vigo de ministro, se
declara desierta la convocatoria y, posteriormente, María Pedrosa de Guindos volvió a ser nombrada para este mismo puesto.
Este baile de cargos choca con
el decreto que regula la Administración del Ministerio de Educación, que establece para el nombramiento de secretarios generales en el exterior la condición de que no hayan ocupado un puesto de secretario general en un plazo mínimo de tres años con anterioridad a la fecha de la convocatoria. Asimismo, apunta que “el plazo de permanencia en el exterior de los funcionarios que ocupan el cargo” de secretario general, entre otros, “será de un máximo de cinco años”. La sobrina de Guindos no cumplía ninguno de estos dos requisitos, lo que no fue óbice para que retomara la plaza.
Este periódico viene solicitando desde el 1 de marzo al Ministerio de Educación una explicación sobre cómo María Pedrosa de Guindos
volvió al cargo de secretaria general. A día de hoy sigue sin llegar respuesta alguna
