Moncloa pacta más concesiones a Cataluña a cambio de la abstención de ERC para aprobar otra prórroga del estado de alarma
El Ejecutivo catalán podrá gestionar directamente el fondo de reconstrucción financiado por la UE y la renta mínima vital
El presidente de la Generalitat, Quim Torra (Foto: EP).
31/05/2020 06:52
La Generalitat de Carles Puigdemont utilizó ilegalmente el censo de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) para organizar el referéndum ilegal de independencia del 1-O. El president Quim Torra lo tendrá ahora más fácil.
Pedro Sánchez ha pactado nuevas concesiones a la Generalitat a cambio de la abstención de ERC para aprobar la sexta prórroga del estado de alarma. Como resultado de este acuerdo, el Ejecutivo de Quim Torra podrá gestionar directamente el fondo de reconstrucción financiado por la Unión Europea y la renta mínima vital impulsada por el vicepresidente Pablo Iglesias como una gran operación de propaganda.
Uno de los grandes proyectos del Govern de Puigdemont fue la creación de la Agencia Tributaria Catalana (ATC) que, como ‘estructura de Estado’, debía contribuir a financiar el proceso de independencia.
El ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras (hoy en prisión) gastó 753.000 euros públicos en dos aplicaciones informáticas que permitirían a la Agencia Tributaria Catalana (ATC) recaudar todos los impuestos estatales sobre los que la Generalitat no tenía competencias, como el IRPF y el IVA, así como las cotizaciones de la Seguridad Social.
El Ejecutivo regional ya había comenzado a almacenar desde 2014 los datos fiscales de miles de contribuyentes catalanes, mediante una campaña en la que animó a los ciudadanos a registrar voluntariamente su declaración de IRPF ante la Generalitat, tras abonarla a Hacienda.
Según los informes intervenidos por la Guardia Civil en el registro la Consejería de Economía, el equipo de Junqueras estimaba que la Generalitat necesitaba recaudar al menos 5.000 millones de euros al mes, para que Cataluña pudiera funcionar como Estado propio tras declarar la independencia.
El pacto entre el PSOE y ERC para aprobar la nueva prórroga del estado de alarma se produce pocos días después que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya destituido al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos por negarse a facilitarle un informe confidencial remitido al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, sobre las manifestaciones del 8-M celebradas en plena pandemia.
ERC había exigido a Pedro Sánchez reiteradamente la cabeza de Pérez de los Cobos, porque fue el encargado de coordinar el dispositivo policial para impedir el referéndum ilegal de independencia del 1-O.
Además, en el juicio del Tribunal Supremo en el que Junqueras fue condenado por sedición, Pérez de los Cobos señaló que el mayor Josep Lluís Trapero diseñó el dispositivo de los Mossos para facilitar la celebración del referéndum.
Para facilitar la prórroga del estado de alarma, ERC también ha exigido a Pedro Sánchez que convoque cuanto antes la llamada ‘Mesa de dialogo’ bilateral entre el Gobierno español y el Govern de la Generalitat, con el fin de negociar un nuevo referéndum de independencia.
En Moncloa, pese a que los catalanes les han dejado tirados en un par de ocasiones continuan considerando a ERC como su socio preferente. En el equipo de Pedro Sánchez consideran que el futuro de la legislatura pasa por mantener el acuerdo de la moción de censura y la investidura «al coste que sea».
‘Mesa de diálogo’
Una vez se levante el estado de alarma, como símbolo de la vuelta a la normalidad, o lo que en Moncloa llaman ‘nueva normalidad’, el Gobierno pretende volver a reunir la mesa de negociación con el Govern de Quim Torra.
Reuniendo de nuevo a la mesa de negociación del referéndum independentista -una de las exigencias de ERC para facilitar la investidura de Sánchez y la formalización de la coalición entre el PSOE y Podemos-, el núcleo duro de La Moncloa cree que podrá volver a atraer a los de Oriol Junqueras al bloque de los socios habituales del Gobierno. La estabilidad es una de las máximas preocupaciones de un gabinete ya de por sí inestable.
Salvador Illa, José Manuel Franco y Fernando Simón.
