La nueva ley de Educación del Gobierno socialcomunista representa el mayor ataque a la libertad de enseñanza, consagrada en el artículo 27 de la Constitución, desde el comienzo de la democracia.
Eso es así porque se quiebra de raíz el punto tercero de un derecho fundamental, el que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus propias convicciones y porque limita gravemente el derecho, consagrado en el punto 6 del referido artículo, a la libertad de creación de centros docentes.
En realidad, estamos ante un proyecto educativo totalitario y excluyente en el que el Ejecutivo socialcomunista condena a la educación concertada -que es pública, no lo olvidemos, y es un pilar de nuestro sistema educativo- a pasar por el aro sectario del Gobierno.
Asimismo, la ley pone en el punto de mira a la educación especial, amenazada de forma miserable bajo la excusa de que hay avanzar hacia una falsa integración. Pero, ¿qué daño hacen los centros especializados para que el socialcomunismo les considere un enemigo a batir?
Miles de familias han encontrado en estos centros la ayuda y la dedicación que no encontraron en el resto de colegios por la sencilla razón de que esa falsa integración que pretende el Ejecutivo es imposible, al necesitar los niños una atención permanente que, por razones obvias, no pueden ofrecer los centros ordinarios.
Pero, ¿cómo puede considerar el Gobierno que los centros especiales son un problema cuando han supuesto la solución para miles de familias? ¿En qué cabeza cabe?
Hay tanta ideología en esta ley, tanto prejuicio, que el Ejecutivo, con el apoyo de los partidos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez, ha desparramado todos los mantras de la izquierda en una norma que nace sin consenso y que ha sido utilizada como moneda de cambio para que los golpistas catalanes apoyen los Presupuestos de Pedro Sánchez.
Un ejemplo es la ignominiosa renuncia a que el español sea lengua vehicular en las aulas de Cataluña, desafiando reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional. En suma, la libertad educativa ha sido conculcada de manera miserable.
Esto no es una ley de Educación, sino un proyecto infecto que pretende imponer el código de valores de la izquierda más rancia y doctrinaria.
https://okdiario.com/opinion/fin-educacion-libre-espana-6459043
Las claves de la Ley Celaá: golpe al español, a la concertada y a la educación especial
La ministra de Educación, Isabel Celaá.19/11/2020 14:08
El Congreso de los Diputados ha debatido este jueves sobre la nueva ley educativa, también conocida como Ley Celaá. El debate ha terminado con los diputados de PP, Vox y Ciudadanos gritando «¡Libertad, libertad, libertad!».
La ley impuesta por el Gobierno socialcomunista y sus socios acaba con el español como lengua vehicular y supone un duro golpe para la educación especial y concertada.
Golpe al español
PSOE, Podemos y ERC pactaron a última hora una enmienda que suprime el español como lengua vehicular, la cuestión que ha provocado más polémica en torno a la nueva ley.
El dictamen deja a las comunidades autónomas la potestad para asegurar el derecho de los estudiantes a recibir enseñanzas tanto en español como en sus lenguas cooficiales. El redactado final será éste: «Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable».
Restricciones a la concertada
La Ley Celaá supone un duro golpe para la educación concertada, lo que ha provocado las críticas de las asociaciones y de la oposición. Así, se determina que «en ningún caso» podrán los centros públicos o concertados «percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito» o imponer «la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica» por parte de las familias de los alumnos.
La educación especial
Las asociaciones han criticado que la ley abre la puerta a cerrar los centros para escolares con necesidades especiales. La disposición adicional cuarta, que establece que «el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años (…), los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad».
El texto precisa que ese objetivo se corresponde con «el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas» y cumple «el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030».
También establece que «las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios».
Pasar de curso con suspensos
Los alumnos podrán pasar de curso cuando el equipo docente estime que las materias suspensas le permiten seguir con éxito el curso siguiente. Repetir se considerará algo excepcional y sólo podrá permanecer en el mismo curso una vez y dos como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria.
Sin segregación por sexos
PSOE, Podemos y ERC acordaron una enmienda a la Ley Celaá para prohibir que en la educación concertada no puedan separar a los alumnos por sexo. Concretamente, dicha modificación contempla la opción de retirar conciertos a aquellos centros educativos que incurran en la separación por género de los alumnos, sustentando ese impedimento en la Ley de Igualdad.
Memoria Histórica
El texto también incluye el estudio de la memoria democrática, el concepto con el que el Gobierno se refiere a la Memoria Histórica, su visión parcial especialmente de la Guerra Civil y la dictadura.
Se establece que toda la comunidad educativa tenga un «conocimiento profundo» de la historia de la democracia en España, desde sus orígenes hasta la actualidad, porque ello, se sostiene, «permitirá asentar los valores cívicos y contribuirá en la formación de ciudadanas y ciudadanos más libres, tolerantes y con sentido crítico», sostiene el texto.
Educación afectivo-sexual
Además, la Ley Celaá propone la educación afectivo-sexual desde Primaria, o, como informó OKDIARIO, en «educación emocional» y «justicia fiscal».
En otro de los puntos, la Ley Celaá incide en la promoción de la Agenda 2030. Un ámbito que, en el Gobierno, lidera el vicepresidente Pablo Iglesias.
Así, se obligará al profesorado a demostrar sus conocimientos en «la educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial», lo que «se tendrá en cuenta en los procesos de formación y en el acceso a la función docente». La intención es que «en 2025, todo el personal docente deberá haber recibido cualificación en las metas establecidas en la Agenda 2030».
Docentes «removidos»
Deja de ser obligatorio el máster específico que se le requiere hasta ahora a los docentes.
Además se permite el ‘cambio de puesto en docentes’ que muestren una manifiesta falta de condiciones para ocupar un puesto docente o una notoria falta de rendimiento que no comporte inhibición podrán ser removidos de su puesto de trabajo y realizar otras tareas que no requieran atención directa con el alumnado.
Inspectores sin oposición
Los inspectores educativos ya no van a tener que aprobar una oposición para este puesto. Los sindicatos de inspectores han pedido criterios «objetivos» y han avisado que esa reforma abre la puerta al «enchufismo»
https://okdiario.com/espana/claves-ley-celaa-golpe-espanol-concertada-educacion-especial-6457103
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