Tras
varios años de "concubinato", en una relación que comenzó en 1996
cuando se aprobó la primer soja transgénica, el gobierno prepara una nueva Ley de semillas hecha a la medida de Monsanto y las multinacionales del agronegocio, que permitirá cobrar regalías a quienes desarrollan semillas modificadas genéticamente.
Año 1996. Argentina, que contaba tan sólo con 1 millón de hectáreas de soja, comenzaba su "noviazgo" con Monsanto y las multinacionales del agronegocio: de la mano de Felipe Solá (a cargo del Ministerio de Agricultura de la Nación) lograban la aprobación de la semilla de soja RR (genéticamente modificada para soportar al glifosato "Roundup").
Año 2012. La relación de Argentina con las multinacionales del agronegocio avanzó muchísimo: ya hay aprobadas 26 variedades de transgénicos, con más de 23 millones de hectáreas sembradas (sobre un total de 33 millones); y el 100% del algodón, el 99% de la soja y el 92% del maíz que se produce en nuestro país es modificado genéticamente.
Tras varios años de "concubinato", el 21 de agosto pasado, el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, presentó la nueva soja transgénica RR2 junto a los directivos de Monsanto y disparó: "Hay que respetar la propiedad intelectual"; y adelantó que el Gobierno estaba trabajando en una nueva ley de semillas que contemple el cobro de regalías para quienes desarrollan las semillas transgénicas.
Un claro anuncio de "casamiento" con la multinacional, que desde hace años le reclama al país por este tema. Movimientos campesinos, pueblos indígenas y organizaciones sociales ya bautizaron al proyecto de Ley de semillas como la "Ley Monsanto".
El proceso de negociación de la ley está viciado de secretismo y sectarismo al ser llevado adelante a puertas cerradas y únicamente con la participación de sectores corporativos, sin darse a conocer al público el borrador que se está discutiendo ni posibilitar la participación de toda la sociedad en el debate. El anuncio de la modificación de la Ley hecho simultáneamente con la aprobación de la soja RR2 de Monsanto confirma quien es el principal beneficiario de este Proyecto.
La anunciada "Alianza Estratégica" con Monsanto tiene a la modificación de la Ley de Semillas como uno de sus pilares. De hecho, la mayor corporación biotecnológica del mundo ha expresado este reclamo desde comienzos del Siglo 20 exigiendo que Argentina le garantice la "seguridad jurídica" para introducir nuevos transgénicos", advierten desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena.
Las organizaciones afirman que la ley propuesta no protege los conocimientos ni la biodiversidad; sólo fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas.
De esta forma expande un principio inaceptable, el de que es posible y aceptable privatizar los conocimientos y diversas formas de vida. La ley es parte de un conjunto de normas e iniciativas políticas que fomentan la privatización de los conocimientos y de las formas de vida, como las leyes de patentes, la privatización de los sistemas de investigación, la privatización de la educación, etc. Este tipo de normas concentra un poder creciente en manos de unas pocas empresas transnacionales, expropia y privatiza el patrimonio biológico nacional, arruina los sistemas nacionales de investigación, dificulta el intercambio de información -fundamento del avance científico-, agrede e impide el normal desarrollo de las formas campesinas e indígenas de relacionarse y hacer agricultura, y violenta principios éticos fundamentales, como es el libre acceso al conocimiento. Al permitir la privatización de las semillas, esta ley y su antecesora además ponen el lucro por sobre el derecho fundamental a la alimentación".
A pesar de que las patentes fueron creadas para proteger los inventos mecánicos, actualmente muchos países otorgan patentes sobre genes, procesos de modificación genética, semillas y plantas.
Tradicionalmente las semillas y plantas son patrimonio de la humanidad. Sin embargo, mediante estas nuevas patentes, las corporaciones "se adueñan" de organismos vivos por décadas, sin importar quién las compre, venda, siembre o coseche.
El sistema de patentes permite la apropiación exclusiva sobre ciertas formas de vida, dando a las empresas el control, casi total, sobre quienes compran semillas. Así, las corporaciones obligan a los productores a comprar nuevas semillas cada año, prohibiéndoles separar parte de su cosecha para la siguiente siembra como lo han hecho desde hace siglos.
El proyecto de ley hace posible la mayor privatización de los recursos genéticos y de la biodiversidad nativa de Argentina al expandir los llamados derechos de obtentor sobre las especies vegetales. Ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior", señalan las organizaciones campesinas e indígenas.
Lo cierto es que el patentamiento de semillas y plantas contribuye a la consolidación de un mercado global que en un 70% es controlado por tan sólo 10 empresas, como Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow AgroSciences y Pioneer.
Estas corporaciones intentan controlar gran parte de la producción de la industria agrícola alrededor del mundo, desde las semillas hasta la venta de las cosechas. Para alcanzar estos objetivos, las empresas buscan patentar todas las variedades posibles de plantas, especies y genes.
Las nuevas regulaciones otorgan derechos a las corporaciones propietarias de patentes para demandar judicialmente a cualquier productor que use esa tecnología sin permiso; como guardar semillas después de la cosecha y plantarlas o venderlas en el siguiente ciclo agrícola, aún después de pagar la cuota para la licencia y las regalías.
Cuando esto ocurre, basadas en sus patentes, las empresas tienen el derecho de "exprimir" económicamente a los productores por medio de demandas judiciales. Así, insólitamente las leyes de patentes otorgan más derechos a las corporaciones que a los agricultores que usan semillas con esa tecnología.
Estas multinacionales han decidido ponerle precio a la vida, cuando la riqueza de la biodiversidad siempre ha sido un patrimonio de la humanidad y nunca ha tenido dueño. Las semillas, además de ser un insumo clave para los agricultores, son la base de la soberanía alimentaria: no pueden pertenecer a unos pocos en detrimento de la inmensa mayoría.
Más del 70% de la producción de cultivos transgénicos está concentrada en tres países del continente americano: Estados Unidos, Brasil y Argentina.
Sin embargo, éstos son claros ejemplos de una agricultura no sostenible, cuyos resultados están a la vista: la frontera agrícola avanzó sobre los bosques nativos, se produjo una importante pérdida de biodiversidad, aumentó considerablemente el uso de agroquímicos, varias poblaciones fueron fumigadas y sufrieron graves impactos en la salud, se contaminaron suelos y cursos de agua, se concentró la tenencia de la tierra, se desalojaron a miles de campesinos e indígenas, y se perdió soberanía alimentaria.
Año 1996. Argentina, que contaba tan sólo con 1 millón de hectáreas de soja, comenzaba su "noviazgo" con Monsanto y las multinacionales del agronegocio: de la mano de Felipe Solá (a cargo del Ministerio de Agricultura de la Nación) lograban la aprobación de la semilla de soja RR (genéticamente modificada para soportar al glifosato "Roundup").
Año 2012. La relación de Argentina con las multinacionales del agronegocio avanzó muchísimo: ya hay aprobadas 26 variedades de transgénicos, con más de 23 millones de hectáreas sembradas (sobre un total de 33 millones); y el 100% del algodón, el 99% de la soja y el 92% del maíz que se produce en nuestro país es modificado genéticamente.
Tras varios años de "concubinato", el 21 de agosto pasado, el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, presentó la nueva soja transgénica RR2 junto a los directivos de Monsanto y disparó: "Hay que respetar la propiedad intelectual"; y adelantó que el Gobierno estaba trabajando en una nueva ley de semillas que contemple el cobro de regalías para quienes desarrollan las semillas transgénicas.
Un claro anuncio de "casamiento" con la multinacional, que desde hace años le reclama al país por este tema. Movimientos campesinos, pueblos indígenas y organizaciones sociales ya bautizaron al proyecto de Ley de semillas como la "Ley Monsanto".
El proceso de negociación de la ley está viciado de secretismo y sectarismo al ser llevado adelante a puertas cerradas y únicamente con la participación de sectores corporativos, sin darse a conocer al público el borrador que se está discutiendo ni posibilitar la participación de toda la sociedad en el debate. El anuncio de la modificación de la Ley hecho simultáneamente con la aprobación de la soja RR2 de Monsanto confirma quien es el principal beneficiario de este Proyecto.
La anunciada "Alianza Estratégica" con Monsanto tiene a la modificación de la Ley de Semillas como uno de sus pilares. De hecho, la mayor corporación biotecnológica del mundo ha expresado este reclamo desde comienzos del Siglo 20 exigiendo que Argentina le garantice la "seguridad jurídica" para introducir nuevos transgénicos", advierten desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena.
Las organizaciones afirman que la ley propuesta no protege los conocimientos ni la biodiversidad; sólo fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas.
De esta forma expande un principio inaceptable, el de que es posible y aceptable privatizar los conocimientos y diversas formas de vida. La ley es parte de un conjunto de normas e iniciativas políticas que fomentan la privatización de los conocimientos y de las formas de vida, como las leyes de patentes, la privatización de los sistemas de investigación, la privatización de la educación, etc. Este tipo de normas concentra un poder creciente en manos de unas pocas empresas transnacionales, expropia y privatiza el patrimonio biológico nacional, arruina los sistemas nacionales de investigación, dificulta el intercambio de información -fundamento del avance científico-, agrede e impide el normal desarrollo de las formas campesinas e indígenas de relacionarse y hacer agricultura, y violenta principios éticos fundamentales, como es el libre acceso al conocimiento. Al permitir la privatización de las semillas, esta ley y su antecesora además ponen el lucro por sobre el derecho fundamental a la alimentación".
A pesar de que las patentes fueron creadas para proteger los inventos mecánicos, actualmente muchos países otorgan patentes sobre genes, procesos de modificación genética, semillas y plantas.
Tradicionalmente las semillas y plantas son patrimonio de la humanidad. Sin embargo, mediante estas nuevas patentes, las corporaciones "se adueñan" de organismos vivos por décadas, sin importar quién las compre, venda, siembre o coseche.
El sistema de patentes permite la apropiación exclusiva sobre ciertas formas de vida, dando a las empresas el control, casi total, sobre quienes compran semillas. Así, las corporaciones obligan a los productores a comprar nuevas semillas cada año, prohibiéndoles separar parte de su cosecha para la siguiente siembra como lo han hecho desde hace siglos.
El proyecto de ley hace posible la mayor privatización de los recursos genéticos y de la biodiversidad nativa de Argentina al expandir los llamados derechos de obtentor sobre las especies vegetales. Ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior", señalan las organizaciones campesinas e indígenas.
Lo cierto es que el patentamiento de semillas y plantas contribuye a la consolidación de un mercado global que en un 70% es controlado por tan sólo 10 empresas, como Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow AgroSciences y Pioneer.
Estas corporaciones intentan controlar gran parte de la producción de la industria agrícola alrededor del mundo, desde las semillas hasta la venta de las cosechas. Para alcanzar estos objetivos, las empresas buscan patentar todas las variedades posibles de plantas, especies y genes.
Las nuevas regulaciones otorgan derechos a las corporaciones propietarias de patentes para demandar judicialmente a cualquier productor que use esa tecnología sin permiso; como guardar semillas después de la cosecha y plantarlas o venderlas en el siguiente ciclo agrícola, aún después de pagar la cuota para la licencia y las regalías.
Cuando esto ocurre, basadas en sus patentes, las empresas tienen el derecho de "exprimir" económicamente a los productores por medio de demandas judiciales. Así, insólitamente las leyes de patentes otorgan más derechos a las corporaciones que a los agricultores que usan semillas con esa tecnología.
Estas multinacionales han decidido ponerle precio a la vida, cuando la riqueza de la biodiversidad siempre ha sido un patrimonio de la humanidad y nunca ha tenido dueño. Las semillas, además de ser un insumo clave para los agricultores, son la base de la soberanía alimentaria: no pueden pertenecer a unos pocos en detrimento de la inmensa mayoría.
Más del 70% de la producción de cultivos transgénicos está concentrada en tres países del continente americano: Estados Unidos, Brasil y Argentina.
Sin embargo, éstos son claros ejemplos de una agricultura no sostenible, cuyos resultados están a la vista: la frontera agrícola avanzó sobre los bosques nativos, se produjo una importante pérdida de biodiversidad, aumentó considerablemente el uso de agroquímicos, varias poblaciones fueron fumigadas y sufrieron graves impactos en la salud, se contaminaron suelos y cursos de agua, se concentró la tenencia de la tierra, se desalojaron a miles de campesinos e indígenas, y se perdió soberanía alimentaria.
