400 ALCALDES SE MOVILIZAN PARA 'BLINDAR' AL 'PRESIDENT'
Ante la pataleta judicial, los poderes fácticos catalanes han redoblado los esfuerzos por movilizar a más gente y, concretamente, a sus cargos públicos
Colau lidera el manifiesto contra las querellas "antidemocráticas" por el 9-N. (EFE)
Si no quieres caldo, dos tazas. Esa es la receta de los independentistas ante las quejas de los jueces sobre las interferencias a su labor en el caso 9-N, por el que este jueves tendrá que declarar el presidente catalán, Artur Mas, acusado de presunta desobediencia, prevaricación, usurpación de funciones y malversación de fondos públicos. Tras una dura nota del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en la que
acusaba al Gobierno catalán de interferir en sus actividades, este miércoles fue la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria la que volvió a criticar las concentraciones ante la sede del TSJC porque “erosionan la confianza ciudadana en la labor discreta y diaria de los tribunales de justicia y enturbian la cordialidad de las relaciones institucionales entre poderes separados e independientes”.
Ante la pataleta judicial, los poderes fácticos catalanes han redoblado los esfuerzos por movilizar a más gente y, concretamente, a sus cargos públicos. La Asociación Catalana de Municipios (ACM), una entidad dominada por Convergència, y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) han convocado a más de 400 alcaldes catalanes para desfilar por Barcelona, con vara de mando, insignias y fajín incluidos. Curiosamente, los dos presidentes de las entidades municipalistas son convergentes: Carles Puigdemont, de la AMI, yMiquel Buch, de la ACM. Ambos encabezarán el desfile desde el Parlamento hasta el cercano TSJC.
Las dos asociaciones han convocado a los suyos a las 8:30 de la mañana, con tiempo de sobras para escenificar la concentración frente a la cámara legislativa, realizar el vistoso recorrido vestidos con sus instrumentos de mando y personarse ante el Palacio de Justicia a las 10 de la mañana, hora en que el ‘president’ está llamado a declarar.
Vídeo: Protestas judiciales horas antes de la declaración de Artur Mas
Los independentistas también han sacado su artillería para contrarrestar las críticas judiciales. La AMI, la ACM, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural emitieron ayer por la tarde un escrito donde afirman que “el comunicado del TSJC es inaceptable, tanto por el intento de coaccionar el libre derecho a la manifestación de la ciudadanía como por las afirmaciones inexactas sobre los objetivos y los convocantes de las concentraciones”.
“Nosotros somos los responsables”
Las cuatro entidades se arrogan la paternidad de las protestas y aseguran que “en ningún caso han sido instigadas o lideradas por el Gobierno de Cataluña”, a pesar de que todos los consejeros del mismo acudieron a la puerta del tribunal. “El objetivo de las concentraciones es el de hacernos corresponsables de la celebración de la consulta del 9-N y mostrar el apoyo a las personas imputadas por haber cumplido con el mandato democrático surgido de las urnas”.
También denuncian los secesionistas “la judicialización a la que se ha visto sometido el proceso político que se vive en Cataluña desde el primer momento. A diferencia de casos como el escocés, en que la respuesta a un conflicto político ha sido política, el Estado español ha respondido únicamente con amenazas y tribunales a cualquier intento de consultar a los catalanes y catalanas sobre el futuro político del país. Una actitud que reafirma la necesidad de avanzar hacia la República catalana cumpliendo con el mandato surgido de las urnas el 27-S”.
Foto: Reuters.
En otro párrafo, las entidades llegan a afirmar que el comunicado de los jueces es una cortina de humo porque “pretende desviar la atención sobre la raíz del problema: la falta de calidad democrática del Estado español y el hecho de que tres representantes políticos estén imputados por llevar a cabo una consulta democrática”.
El día de Artur Mas será completo: a primera hora, rendirá homenaje a Lluís Companys, fusilado el 15 de octubre de 1940 en Montjuïc, y de allí, al TSJC a declarar. Todo parece indicar que Mas seguirá el ejemplo de las otras dos imputadas que ya tuvieron que ir a declarar este martes, la exvicepresidentaJoana Ortega y
la consejera de Educación, Irene Rigau. Ambas señalaron ante los magistrados que 48 horas antes de poner las urnas el 9 de noviembre del año pasado, la Generalitat envió un recurso pidiendo una aclaración sobre qué aspectos de la jornada debían anular, ya que no entendían el fallo del Constitucional. En su sentencia, el TC anulaba “los actos impugnados”, lo que, a primera vista, despejaba cualquier duda. En esos dos días, el TC no tuvo tiempo de contestar al recurso y ahora los altos cargos de la Generalitat se agarran a esa circunstancia.
Paralelamente, el Tribunal ha solicitado al Gobierno catalán el coste del material informático usado el 9 de noviembre. En esa jornada, se utilizaron unos 7.000 ordenadores que, según Educación, ya se encontraban en los colegios y que luego continuaron allí. De todos modos, también se tomará declaración a un responsable del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) para delimitar los gastos en que pudo incurrir la Administración catalana al insistir en celebrar el referéndum.
http://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2015-10-14/los-independentistas-redoblan-la-presion-desfile-de-fajines-para-apoyar-a-artur-mas_1059118/
La prueba de que Artur Mas era beneficiario de una cuenta en LiechtensteinOkdiario publica hoy los documentos que prueban que el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, aparecía en 2002 como“beneficiario” de una cuenta abierta en una entidad financiera de Liechtenstein, cuyo titular era su padre, Arturo Mas Barnet. Según los informes de la Agencia Tributaria, esta cuenta tenía un saldo de 532.198 euros en aquel momento.
La autoridad fiscal del Reino Unido, HM Reveneu & Customs, facilitó en octubre de 2007 a la Agencia Tributaria española un listado de 210 contribuyentes residentes en España que ocultaban su fortuna en Liechtenstein, que entonces operaba como un paraíso fiscal. Los fondos vinculados a estas cuentas sumaban los 200 millones de euros, depositados en la entidad de banca privada LGT Group, propiedad de la Casa Real del Principado.
Un informe elaborado por la Agencia Tributaria el 2 de abril de 2008 identificaba a 22 titulares de estas cuentas y citaba entre ellos a Arturo Mas Barnet (hoy fallecido), su esposa y sus cuatro hijos. Uno de ellos, Arturo Mas Gavarro (así aparece citado literalmente), hoy presidente en funciones de la Generalitat, quien aparece en el documento identificado con su número de DNI y su año de nacimiento, 1956. Estos datos son ya conocidos, pero Okdiario publica hoy los documentos que lo acreditan.
No obstante, el documento da por hecho que “los hijos (entre ellos el presidente Mas) aparecen en el depósito como meros beneficiarios ante una posible sucesión, designados por el padre, el Sr. Mas Barnet, en cuanto único titular actual y primer beneficiario de los fondos ocultos”.
En el mismo año en el que fue redactado este informe, en 2008, Artur Mas Barnet había presentado varias declaraciones complementarias de IRPF y del Impuesto de Patrimonio por un importe que suma 202.728 euros, correspondientes a los cinco ejercicios anteriores (2003-2006).
A raíz de estas declaraciones complementarias, la Agencia Tributaria identifico en un nuevo informe (elaborado el 11 de junio de 2008) al padre de Artur Mas como titular de otra cuenta ubicada en la entidad bancaria suiza UBS, con un saldo de 1.722.935 euros en 2006. En consecuencia, Hacienda determinó que Arturo Mas Barnet habíadefraudado al Estado 823.262 euros.
Pocos días después, la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional contra 44 titulares de las cuentas de Lietchtenstein que habían defraudado a Hacienda cantidades superiores a los 120.000 euros, como autores de un presunto delito fiscal.
Entre los denunciados se encontraba el padre de Artur Mas, dado que la Fiscalía Anticorrupción asumió la tesis de que era el titular del 100% de los fondos depositados en el Principado, “considerando a los cuatro hijos que aparecen en el depósito como meros beneficiarios ante una posible sucesión”.
En las diligencias instruidas por el titular del Juzgado Central de número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, el padre de Mas alegó que los 532.198 euros que tenía depositados en Liectenstein procedían de ejercicios anteriores a 2002, por lo que el presunto delito fiscal había prescrito.
Y aportaba un dato más sorprendente, en su declaración complementaria del Impuesto de Patrimonio de 2002 se había declarado titular de la cuenta 20635087401 del banco UBS de Suizadebido a un “error material”.
La Fiscalía Anticorrupción, en aquel momento controlada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, no pudo completar sus pesquisas y constató que “en la documentación obrante en autos no consta la fecha de apertura” de dicha cuenta, “ni la identidad de su titular”. En consecuencia, pidió el archivo de las actuaciones, a lo que accedió el juez Santiago Pedraz.
El informe que había elaborado la Agencia Tributaria en 2008, gracias a la colaboración del Reino Unido, detalla la mecánica que utilizaba la entidad LGT Group de Liechtenstein para proteger la confidencialidad de sus clientes, con el fin evitar que sus depósitos fueran detectados por cualquier investigación judicial.
Para cada uno de sus clientes, la entidad financiera creaba una Fundación, que era la que aparecía en todos los documentos como titular de la cuenta. Además, LGT recomendaba a sus clientes que no compartieran esta información “con su cónyuge, hijos, abogados o asesores fiscales”, incluso en el caso de que los primeros fueran designados como beneficiarios de los fondos.
Siempre según el informe de la Agencia Tributaria fechado en abril de 2008, el banco de Liechtenstein también aconsejaba a los titulares de los depósitos que no depositaran en su domicilio “ningún documentorelativo a la constitución, apertura de la cuenta ni cualquier hecho referente” a la fundación a través de la cual manejaba los fondos.
Del mismo modo, también les recomendaba que, si necesitaban comunicarse con el banco, nunca lo hicieran desde su casa sino que utilizaran una cabina pública. Para ello debían dirigirse siempre a los teléfonos móviles “de su asesor patrimonial y/o secretaria”, que utilizaban la red de Suiza o Austria, nunca la de Liechtenstein.
Por último, la entidad financiera (y sus intermediarios que actuaban desde España) también creaban “estructuras societarias” domiciliadas en paraísos fiscales como Gibraltar, Panamá, Chipre o las Islas Vírgenes cuando sus clientes querían invertir una parte de los fondos depositados en la compra de “inmuebles, cuadros, joyas, yates, vehículos de lujo o patentes”.
De este modo, los defraudadores no podían ser identificados por la justicia como titulares de estos bienes, ya que solo lo eran a través de distintas sociedades interpuestas en varios países.
Fuente:
http://www.alertadigital.com/2015/10/14/la-prueba-de-que-artur-mas-era-beneficiario-de-una-cuenta-en-liechtenstein/