Nadie está a salvo.
Nadie es inmune.
Nadie se libra de la angustia y el miedo de vivir bajo la sombra de un estado policial autoritario.
Ese es el mensaje que se está transmitiendo 24/7 con cada nueva pieza de propaganda del gobierno, cada nueva ley que criminaliza actividades legales, cada nuevo policía en la ronda, cada nueva cámara de vigilancia, cada noticia sensacionalista que llama tu atención y distrae, cada nueva prisión o centro de detención construido para albergar a los alborotadores y otros indeseables, cada nuevo fallo judicial que da a los agentes del gobierno luz verde para desnudar, robar, violar, y asolar a la ciudadanía, cada escuela que opta por adoctrinar en lugar de educar, y cada nueva justificación de por qué los estadounidenses deben cumplir con los intentos del gobierno de pisotear la Constitución.
Sí, el COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la nación, tanto emocional como física y económicamente, pero aún hay mayores peligros en el horizonte.
Mientras nosotros sigamos permitiendo que el gobierno pisotee nuestros derechos en nombre de la llamada seguridad nacional, las cosas empeorarán, no mejorarán.
Ya están bastante mal.
Si no puedes ver lo evidente, tienes que prestar más atención.
Estos pueden parecer pequeños pasos necesarios en la guerra contra el COVID-19, pero realmente son sólo necesarios para justificar el estado policial, en sus esfuerzos por socavar aún más la Constitución, extender su control sobre la población, y alimentar su insaciable apetito por poderes cada vez mayores.
Nada es tan simple como el gobierno afirma que es.
Cualesquiera que sean las prácticas peligrosas que usted permita que el gobierno lleve a cabo ahora - ya sea en nombre de la seguridad nacional o de la protección de las fronteras de Estados Unidos o de hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable - tenga la seguridad de que estas mismas prácticas pueden y serán utilizadas en su contra cuando el gobierno decida poner sus miras en usted.
La guerra contra las drogas resultó ser una guerra contra el pueblo estadounidense, librada con los equipos SWAT y la policía militarizada.
La guerra contra el terrorismo resultó ser una guerra contra el pueblo estadounidense, librada con vigilancia sin orden judicial y detención indefinida.
La guerra contra la inmigración resultó ser una guerra contra el pueblo estadounidense, librada con agentes gubernamentales itinerantes que exigían "papeles, por favor".
Esta guerra contra el COVID-19 será otra guerra contra el pueblo estadounidense, librada con todo el armamento de vigilancia a disposición del gobierno: cámaras de imágenes térmicas, aviones no tripulados, rastreo de contactos, bases de datos biométricas, etc.
Así que, cuando se habla de facultar a los agentes del gobierno para que examinen a la población con el fin de controlar y prevenir la propagación de este virus, de lo que realmente se habla es de crear una sociedad en la que las tarjetas de identificación, las redadas, los puestos de control y los centros de detención se conviertan en armas rutinarias del gobierno para controlar y reprimir a la población, sin importar la amenaza.
Así es también como se prepara el camino para un sistema de identificación nacional de proporciones épicas.
Imagínalo: un sistema de clasificación nacional que no sólo te clasifica según tu estado de salud, sino que también permite al gobierno clasificarte de otras cien maneras: por género, orientación, riqueza, condición médica, creencias religiosas, punto de vista político, estatus legal, etc.
¿Ya estás empezando a tener una visión más amplia?
Esto es sólo otro lobo con piel de oveja, un plan de "muéstrame tus papeles" disfrazado como un medio para luchar contra un virus.
No caigas en la trampa.
Las ramificaciones de esta sociedad de "muéstrame tus papeles" en la que los funcionarios del gobierno tienen el poder de detener a los individuos, exigirles que se identifiquen, y someterlos a cacheos, revisiones sin orden judicial, búsquedas e interrogatorios, son más que escalofriantes.
Al permitir que los agentes del gobierno establezcan una prueba decisiva para que los individuos puedan salir de un estado de encierro y participar en el comercio, viajar y cualquier otro derecho que corresponda a la vida en una sociedad supuestamente libre, se sientan las bases de una sociedad que tenga que
identificarse en cualquier momento que las autoridades lo exijan... por cualquier razón.
Tales tácticas nos llevan rápidamente a un terreno resbaladizo que termina con agentes del gobierno facultados para obligar a cualquiera a demostrar que cumplen con todos los estatutos y regulaciones vigentes.
Solía ser que a menos que la policía tuviera una sospecha razonable de que una persona era culpable de un delito, no tenía autoridad legal para detener a la persona y exigirle una identificación. En otras palabras, "nosotros, el pueblo"
tenía el derecho de ir y venir a su antojo sin temor a ser interrogado por la policía, o ser obligado a identificarse.
Lamentablemente, en esta era del COVID-19, ese derecho irrestricto a moverse libremente se está enfrentando al poder del gobierno de encerrar a las comunidades en un momento dado. Y en este tira y afloja entre las libertades individuales y el poder del gobierno, "nosotros, el pueblo", hemos sido los perdedores del trato.
Curiosamente, estas restricciones del COVID-19 encajan convenientemente con un calendario nacional para que los estados cumplan con la Ley de Identificación Real (Real ID Act), que impone normas federales a los documentos de identidad como las licencias/carnés de conducir estatales,
un preludio de este sistema de identificación nacional.
Una tormenta perfecta para lograr una tarjeta de identificación nacional, el dispositivo de rastreo humano definitivo.
Concedido, en ausencia de una tarjeta de identificación nacional, lo que simplificaría la tarea de la policía estatal de vigilar, rastrear y señalar a los sospechosos individuales, nosotros ya somos rastreados de múltiples maneras: a través de nuestras licencias/carnés de conducir estatales, números de seguro social, cuentas bancarias, compras y transacciones electrónicas; a través de nuestra correspondencia y dispositivos de comunicación - correo electrónico, llamadas telefónicas y teléfonos móviles; a través de chips implantados en nuestros vehículos, documentos de identificación, incluso nuestra ropa.
Añádase a esto el hecho de que las empresas, escuelas y otras instalaciones dependen cada vez más de las huellas dactilares y el reconocimiento facial para identificarnos. Mientras tanto, las compañías de datos como Acxiom
están capturando grandes cantidades de información personal para ayudar a los aeropuertos, los minoristas, la policía y otras autoridades gubernamentales a determinar instantáneamente si alguien es la persona que dice ser.
Este exceso de información -utilizado con gran provecho tanto por el gobierno como por el sector empresarial- ha convergido en un mandato de "pasaporte interno", es decir, una tarjeta de identificación nacional que almacenaría información tan básica como el nombre, la fecha y el lugar de nacimiento de una persona, así como información privada, incluido el número de la Seguridad Social, las huellas dactilares, el escáner de retina y los registros personales, penales y financieros.
Un sistema de identificación federalizado, computarizado, con referencias cruzadas y basado en bases de datos, vigilado por agentes del gobierno, sería el último clavo del ataúd para la privacidad (sin mencionar
la pesadilla de la seguridad logística que dejaría a los estadounidenses aún más vulnerables a todos los piratas informáticos de la ciberesfera).
Los estadounidenses siempre se han resistido a adoptar una tarjeta de identificación nacional por una buena razón: le da al gobierno y a sus agentes el poder definitivo para apuntar, rastrear y aterrorizar a la población de acuerdo con los nefastos propósitos del propio gobierno.
Para los que todavía creen que nuestros gobiernos tienen nuestros mejores intereses en mente:
Los sistemas de tarjetas de identificación nacional han sido usados antes, por otros gobiernos opresivos, en nombre de la seguridad nacional, invariablemente con resultados horribles.
Por ejemplo, en Alemania, los nazis requerían que todos los judíos llevaran
tarjetas de identificación especiales selladas para viajar dentro del país. Como preludio a las insignias amarillas de la Estrella de David, estas tarjetas estampadas fueron fundamentales para identificar a los judíos en su deportación a los campos de exterminio en Polonia.
El autor Raúl Hilberg resume el impacto que tal sistema tuvo en los judíos:
En primer lugar, el sistema era un dispositivo auxiliar que facilitaba la aplicación de restricciones de residencia y movimiento. Segundo, era una medida de control independiente que permitía a la policía arrestar a cualquier judío, en cualquier lugar y en cualquier momento.
En tercer lugar, y quizás lo más importante, la identificación tenía un efecto paralizante en sus víctimas.En Sudáfrica, durante el apartheid, se utilizaban libretas de paso para regular el movimiento de los ciudadanos negros y segregar a la población.
La Ley de pases de 1952 estipulaba dónde, cuándo y por cuánto tiempo podía permanecer un negro africano en ciertas zonas.
Cualquier empleado del gobierno podía tachar las entradas, lo que anulaba el permiso para permanecer en una zona. Una libreta de pases que no tuviera una entrada válida daba lugar a la detención y al encarcelamiento del portador.
Las tarjetas de identidad también han ayudado a los regímenes opresivos a llevar a cabo políticas de
eliminación, como la expulsión masiva, el traslado forzoso y la desnacionalización de grupos. Mediante el uso de tarjetas de identidad, las autoridades etíopes pudieron identificar a las personas de filiación eritrea durante la expulsión masiva de 1998. El gobierno vietnamita pudo localizar más fácilmente a los chinos étnicos durante su expulsión de 1978-79.
La URSS utilizó tarjetas de identidad para forzar la reubicación de coreanos étnicos (1937), alemanes del Volga (1941), kamyks y karachai (1943), tártaros de Crimea, turcos mesquitas, chechenos, ingusos y balcánicos (1944) y griegos étnicos (1949). Y las etnias vietnamitas fueron identificadas para la desnacionalización del grupo mediante tarjetas de identidad en Camboya en 1993, al igual que los kurdos en Siria en 1962.
Y en los Estados Unidos, después del 11 de septiembre,
más de 750 hombres musulmanes fueron acorralados por su religión y etnia y detenidos hasta ocho meses. Sus experiencias se hacen eco de las de 120.000 japoneses-americanos que fueron detenidos de manera similar hace 75 años tras el ataque a Pearl Harbor.
A pesar de la tardía disculpa y la emisión monetaria del gobierno de los Estados Unidos, la Corte Suprema de los Estados Unidos
aún no ha declarado ilegal esa práctica. Además, leyes como la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA) facultan al gobierno a arrestar y detener indefinidamente a cualquier persona que sea "sospechosa" de ser enemigo del Estado.
Puede ser que ahora sea inocente de haber hecho algo malo, pero cuando el gobierno establece la norma de inocencia, nadie está a salvo.
Todos son sospechosos.
Y cualquiera puede ser un criminal cuando es el gobierno el que determina qué es un crimen.
Ya no es cuestión de si, sino de cuándo.
Recuerde, el estado policial no discrimina.
En algún momento, no importará si su piel es negra o amarilla o marrón o blanca. No importará si eres un inmigrante o un ciudadano. No importará si eres rico o pobre. Ni siquiera importará si estás conduciendo, volando o caminando.
Después de todo, las balas emitidas por el gobierno te matarán con la misma facilidad tanto si eres un ciudadano respetuoso de la ley, o un criminal empedernido. Las cárceles del gobierno te retendrán tan fácilmente, obedeciendo todas las leyes, o habiendo roto una docena. Y tanto si has hecho algo malo como si no, los agentes del gobierno te tratarán como sospechoso simplemente porque han sido entrenados para ver y tratar a todos como criminales potenciales.
Eventualmente, cuando el estado policial haya girado el último tornillo y cerrado la última puerta, todo lo que importará es si algún agente del gobierno -poco entrenado, totalmente ignorante y despectivo de la Constitución, demasiado exagerado en el poder de sus insignias, y autorizado a detener, registrar, interrogar, amenazar y en general acosar a cualquier persona que considere adecuada- elige seleccionarte para un tratamiento especial.
Hemos estado teniendo este mismo debate sobre los peligros de la extralimitación del gobierno durante los últimos 50 años, y todavía parece que no aprendemos, o si aprendemos, lo hacemos demasiado tarde.
Todas las excesivas y abusivas tácticas empleadas por el gobierno hoy en día - vigilancia sin orden judicial, registros de detención y cacheo, redadas del equipo SWAT, registros corporales en carretera, planes de confiscación de bienes, prisiones privadas, detención indefinida, policía militarizada, etc. - comenzaron como un plan aparentemente bien intencionado para abordar algún problema en la sociedad que necesitaba un poco de ayuda extra.
Tengan cuidado con lo que desean: obtendrán más de lo que esperaban, especialmente cuando el gobierno está involucrado.
En el caso de un sistema de identificación nacional, podría comenzar como un medio de rastrear los casos del COVID-19 para reabrir la nación de manera "segura", pero terminará como un medio de controlar al pueblo estadounidense.
Para aquellos que estén tentados a justificar estas medidas draconianas por cualquier razón - por el bien de su salud, la economía, o la seguridad nacional - recuerden, no pueden tener ambas cosas.
No puedes vivir en una república constitucional si permites que el gobierno actúe como un estado policial.
No puedes pretender valorar la libertad si permites que el gobierno opere como una dictadura.
No puedes esperar que se respeten tus derechos si permites que el gobierno trate a quien le plazca con falta de respeto y un desprecio absoluto por el estado de derecho.
Traducido por el equipo de SOTT.net en español
John W. Whitehead
jue, 14 mayo 2020 18:58 UTC
