Incertidumbre es una de las palabras más
escuchadas cuando se habla de la última reforma sanitaria puesta en
marcha por el gobierno español en septiembre de 2012.
El nombre del Real Decreto-ley 16/2012
que da lugar a la reforma “medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, hace referencia a una
serie de ajustes que, en un contexto de crisis económica, son defendidos
como indispensables para proteger el sistema sanitario.
En él, se establece un nuevo sistema en el que sólo las personas “aseguradas” podrán tener acceso a la mayoría de prestaciones básicas, quedando excluidas todas aquellas personas que se encuentren en una situación administrativa irregular (exceptuando la atención en urgencias, a mujeres embarazadas y menores de 18 años).
En él, se establece un nuevo sistema en el que sólo las personas “aseguradas” podrán tener acceso a la mayoría de prestaciones básicas, quedando excluidas todas aquellas personas que se encuentren en una situación administrativa irregular (exceptuando la atención en urgencias, a mujeres embarazadas y menores de 18 años).
En seguida han surgido voces de protesta
tanto entre profesionales sanitarios como en el resto de la población
civil que critican, no sólo la confusión reinante en torno a las
medidas, sino la forma y el contenido de las mismas. En primer lugar, el
método elegido para llevar a cabo la regulación ha sido a través de un
Real Decreto aprobado con los únicos votos del Partido Popular (PP) y de
Unión del Pueblo Navarro (UPN) sin debate parlamentario previo, cuyo
carácter urgente y extraordinario, propio de este tipo de norma
jurídica, no se ajusta a una reforma tan sustancial como es la del
sistema sanitario.
Vídeo: Celia Hernández y Lucía Miret
Además se pone en duda la legalidad y
ética del contenido, ya que supone pasar de un modelo universal que
garantizaba la asistencia sanitaria a todos los residentes en el país a
un sistema de aseguramientos donde se priva de este derecho a cierta
parte de la población.
El gobierno defiende la necesidad de
estas medidas para evitar el uso fraudulento y los abusos del sistema,
controlando situaciones como el llamado “turismo sanitario”. Pero la
vinculación entre esta circunstancia y los extranjeros sin permiso de
residencia es muy débil, ya que el perfil de los turistas sanitarios es
de una población normalmente procedente de países de la propia Unión
Europea y con niveles de renta mayores a los de los inmigrantes en
situación irregular. También es confusa la idea difundida de forma
generalizada sobre el colapso del sistema sanitario por parte de este
colectivo, ya que según diversos estudios las personas inmigrantes
utilizan menos el sistema de atención primaria que la población
autóctona.
Profundizando aún más en la cuestión,
diversas plataformas y organizaciones que se han movilizado para
protestar por esta situación, aseguran que la reforma no es una medida
de austeridad sino un cambio de modelo, de un sistema universal de
derechos a uno de aseguramientos, donde la sanidad pasa a ser un
privilegio en manos de unos pocos y que junto a muchas otras medidas que
se están llevando a cabo, supone el inicio de la privatización de la
sanidad.
Las campañas de protesta pidiendo la
derogación del Real Decreto 16/2012 y la vuelta a la atención sanitaria
universal se extienden cada día más entre la población. Distintas
plataformas se han unido en un grito común por la defensa de la sanidad
universal, pidiendo apoyo entre el personal sanitario y administrativo
de los centros de salud y llamando a la desobediencia civil masiva.
Fuente: http://hemisferiozero.com/2012/11/18/el-decreto-de-la-discordia-que-esta-pasando-en-la-sanidad-publica-video/
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