Una “batalla entre David y Goliat”: con este lugar común definen los medios la audiencia que comenzó este domingo en Estados Unidos.
Se trata de la demanda del campesino Bowman Hugh contra el gigante de la industria agrícola y el mayor productor de productos genéticamente modificados, la compañía Monsanto.
La manida comparación con los personajes bíblicos puede parecer exagerada a primera vista. Sin embargo, el caso habla por sí mismo: por un lado está un granjero de 75 años que defiende su derecho a la venta de las semillas de las plantas cultivadas por Monstanto y por el otro, la corporación transnacional, con miles de millones en activos, que protege ferozmente su propiedad intelectual.
El caso tiene su origen en las reglas que rigen la venta de los productos agrícolas del gigante empresarial. Al comprar las semillas de la compañía Monsanto, los campesinos tienen derecho sólo cosechar con ellas, sin poder volver a sembrar en un futuro lo que cosecharon.
Esto significa que los agricultores no pueden utilizar el grano producido por ellos mismos para el cultivo, sino que se ven obligados a comprarle las semillas a la compañía año tras año.
La empresa sostiene que los cultivos modificados fueron creados en sus laboratorios tras una larga y costosa investigación, por lo cual son de su propiedad intelectual.
En esta audiencia Hugh Bowman no solo se representa a sí mismo, sino también a cientos de agricultores que se enfrentaron a una situación similar.
Para saltarse las condiciones impuestas por la industria agrícola, los campesinos compraban las semillas en los graneros locales. Allí la mayor parte de las semillas fueron obtenidas de vegetales cultivados por Monsanto. Así, casi el 94% de las legumbres de Indiana contienen genes modificados en los laboratorios de la corporación.
A pesar de que no existían restricciones sobre el uso de tales semillas, Monsanto comenzó a luchar contra aquellos a los que considera “ladrones” y demandó a varios granjeros, entre ellos a Hugh Bowman quien, según los empleados de la compañía, vendía las semillas a los graneros locales.
Un tribunal obligó al hombre a pagar una multa corporativa de 85.000 dólares. Sin embargo, el campesino no aceptó el veredicto y presentó una apelación. Las partes se negaron a alcanzar un acuerdo y ahora el caso será revisado por la Corte Suprema de Estados Unidos.
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