El viento no sopla a favor de Artur Mas. La última encuesta del CEO (Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, el CIS catalán) confirma la tendencia apuntada por un sondeo anterior de El Periódico de Catalunya: si hoy se celebrasen elecciones catalanas, CiU sería superada por Esquerra Republicana.
Aunque el ala más radical de CDC dice que ello tiene escasa importancia porque lo relevante es que el voto independentista (el de CiU más ERC y las CUP) no baja, la segunda encuesta negativa (CiU perdería otros 10 diputados tras los 12 de las elecciones de noviembre) no puede sino deprimir los ánimos de la coalición nacionalista que hasta ahora sólo una vez, en 1999, perdió el estatus de primer partido catalán (fue superado en votos, aunque no en diputados, por el PSC de Pasqual Maragall).
CiU no se beneficia de la apuesta independentista. Si los que tienen patente de moderados (CiU) bendicen las tesis radicales e independentistas de ERC, muchos electores emigran a los republicanos mientras que los más moderados se refugian en la categoría de los que no han decidido su voto. Además, CDC se enfrenta a serios problemas judiciales. A la dimisión de Oriol Pujol, imputado por el caso ITV, se suma ahora la afirmación del fiscal Sánchez-Ulled (caso Palau) de que había un “pacto criminal” entre Fèlix Millet, Ferrovial y CDC para financiar el partido nacionalista con comisiones de obra pública. El Palau ingresaba negociados donativos culturales que acababan en CDC. Todavía no hay fecha para la apertura del juicio oral (en la causa no hay imputado ningún dirigente relevante), pero Artur Mas ha sido forzado por todos los grupos parlamentarios (incluido ERC) a comparecer en el Parlament. Claro que, con la ayuda de ERC, ha escogido la fecha más cómoda posible, el 31 de julio.
Pero son, sobre todo, las malas encuestas y la apuesta independentista las que abren el cisma entre los dos socios. Mientras CDC lleva años en una deriva soberanista que se ha transformado en independentismo militante tras la manifestación del 11 de setiembre y las fallidas elecciones (Mas quería la mayoría absoluta y se alejó de ella al perder 12 diputados), Unió es mucho más cauta. Suscribe el derecho a decidir, pero insiste en no querer -a través de una fórmula confederal- romper con España. Y Duran Lleida repite insistentemente que una Cataluña independiente dentro de la Unión Europea sería algo difícil de lograr. Está claro que los democristianos preferirían una pausa en la deriva soberanista, priorizar la salida de la crisis y abrir una negociación realista con los dos partidos españoles. Pero Mas y una gran parte de CDC no quieren dar marcha atrás en la consulta. Ideologías al margen, porque para seguir gobernando necesitan una mayoría que completa ERC. Pero es precaria. Primero, no está claro que ERC vote el Presupuesto. Segundo, sin los 12 diputados de Unió, la mayoría se esfuma.
Hoy se constituye el pacto catalán por el derecho a decidir, pero no estarán ni la patronal catalana ni el PSC, mientras que el Círculo de Economía ni ha sido invitado. Además, las malas encuestas agrandan el cisma entre Mas, que prioriza la alianza con ERC, y el democristiano Duran Lleida, que suspira por una ‘pausa’ en la apuesta independentista 
La ruptura entre CDC y Unió sería mala para ambos partidos y no es previsible… pero puede ser inevitable si Mas opta por un referendo ilegal o por unas elecciones anticipadasplebiscitarias en las que CiU y ERC llevarían -coaligadas o no- la declaración unilateral de independencia en el programa. Por el momento, ya hay un sector de Unió que quiere marcar más distancias con CDC. ¿Cómo? Mediante la renuncia de Duran Lleida a seguir siendo secretario general de la coalición CiU.
Tres ausencias claves
Además, cada día se constata que mientras la exigencia de una mayor autonomía y de un sistema de financiación diferente (Pere Navarro puso el dedo en la llaga al señalar al cupo vasco) tienen un consenso amplísimo en la sociedad catalana, la demanda independentista -aunque ha crecido en los dos últimos años- sigue causando muchas divisiones. Hoy se constituye el llamado Pacto Nacional para el Derecho a Decidir (PNDD), que tenía un papel clave en la estrategia independentista. Pero en su constitución habrá tres ausencias clave. La primera es la del PSC, que avala el derecho a decidir como derecho democrático pero que exige a la Generalitat neutralidad y que, para ello, exigió la disolución previa del Consejo Asesor de la Transición Nacional. Cree que este organismo prefigura ya el resultado que se pretende del referendo. Y el PSC, pese a que ha quedado trasquilado tras la sentencia del Estatut (fue la apuesta de Maragall y de Montilla) y el fracaso de Zapatero ante la crisis, fue todavía en las elecciones de hace siete meses el segundo partido catalán en votos y tiene la mayoría de las alcaldías de la zona industrial del cinturón barcelonés (L'Hospitalet, Cornellà, Terrassa, Sabadell, Granollers…), donde vive gran parte de la población inmigrada en los 50 y los 60. Y sin el PSC, el PNDD queda lejos de la centralidad sociológica catalana.
La segunda ausencia -tanto o más importante- es la del Foment (Fomento del Trabajo Nacional), la patronal catalana, cuyo presidente, Joaquim Gay de Montellà, se mostró en el pasado próximo a Mas al pedir un pacto fiscal especial para Cataluña (en la línea del concierto vasco). Y la tercera es la del Cercle d'Economia, la acreditada plataforma plural que reúne desde hace cincuenta años a empresarios, economistas y profesionales europeístas (su fundador fue Carles Ferrer, luego presidente de la CEOE, y en su junta directiva estuvieron los exministros socialistasNarcís Serra y Ernest Lluch). El Foment declinó la invitación mientras que el Cercle d'Economia fue directamente ignorado. ¿Por irrecuperable? Y a ello hay que añadir la nada secreta preocupación con la que los dos bancos catalanes (Caixa Bank y el Sabadell, con gran parte de su actividad en el resto de España) observan la apuesta independentista.
Pero la clase política española -y especialmente Rajoy- tampoco tiene motivos de satisfacción. Pese a los problemas de Artur Mas, los partidos no independentistas -PP y PSC- están estancados, o a la baja, y el que crece -Ciutadans- lo hace como partido de protesta y parece que ahora básicamente a costa del PP. El inmovilismo de Madrid no ayuda a curar la desafección producida por la sentencia del Constitucional. Más todavía cuando la pasividad se acompaña muchas veces de iniciativas como la ley de educación del célebre ministro Wert, o la reforma de las Administraciones Públicas que abandera la vicepresidenta, que la mayoría del electorado catalán ve como intentos de laminar el régimen autonómico de la Constitución del 78.
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