Ni uno, ni dos, ni tres. Ni cuatro, ni cinco, ni seis. Trescientos. Tan sencillo como eso. 300 de los 323 diputados presentes en el Congreso el pasado 26 de junio paralizaron la propuesta (de Izquierda Plural) de hacer una auditoría energética.
Lo hicieron por acción -195 noes- y por omisión -105 abstenciones-. Trescientos padres de la patria que no parecen interesados en arrojar luz alguna sobre un agujero negro -el déficit de tarifa- que parió el Partido Popular en tiempos de Rodrigo Rato, hace ya casi quince años, y que han ido amamantando los sucesivos gobiernos que desde entonces han sido.
El oscurantismo regulatorio -el ejecutivo está metido hasta los tuétanos en una reforma energética en la que apenas ha contado con el sector y que sigue siendo casi un secreto-, la constante rebaja de la calidad de nuestra democracia -el gobierno por decreto está evitando que haya debate en el parlamento y propiciando que se cueza todo en los pasillos del ministerio-, el desprecio sistemático a la sociedad civil, que quiere saber por qué se gasta cada día más en la factura de la luz mientras sus "representantes", lejos de tratar de averiguarlo, parecen más interesados en ocultar toda información; la desfachatez institucionalizada -una semana después de que su grupo, el del PP, diga no a la auditoría en el parlamento, el secretario de estado de Energía, Alberto Nadal, se permitía el lujo de decir, el pasado lunes, que... o ve la luz la reforma energética en la que trabaja él... o estamos abocados a "la quiebra del sistema eléctrico" (o Nadal o la nada); la sospecha generalizada de que los padres putativos -con Aznar y González a la cabeza- de 300 diputados están cobrando hoy los favores de antaño (en Endesa y Gas Natural Fenosa), mientras los diputados de hogaño parecen más interesados en satisfacer a sus patrones políticos (o en cultivar su retiro dorado), que en arrojar luz sobre la oscuridad... Lo que está ocurriendo en la política española -empezando por el Congreso de los 300- empieza a resultar francamente preocupante... Contra la transparencia: el no explítico de Partido Popular, Foro Asturias, CiU y UPN; el no sabe/no contesta (la abstención) de PSOE, Coalición Canaria y PNV.
Desfachatez
Sí, la semana pasada, 300 diputados paralizaron en el Congreso una auditoría energética que propuso Izquierda Plural, grupo parlamentario integrado por los diputados de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, y Chunta Aragonesista. Por boca de la diputada Laia Ortiz (de Iniciativa), Izquierda Plural pidió al Parlamento, el pasado 26 de junio, que promoviera la realización de una auditoría energética. Ortiz dijo en el Pleno del Congreso, entre otras cosas, que hay que hacer esa auditoría porque los últimos Ejecutivos han tomado decisiones regulatorias "que han estado basadas en un cierto secuestro de los gobiernos", y soltó además que "casi todos los ministros que han tomado decisiones sobre energía hoy se sientan en los consejos de administración de las cinco grandes empresas eléctricas". Por eso, añadió, "es importante una auditoría independiente para ver esas decisiones, qué costes y a quién han beneficiado". Pues bien, solo 23 (abajo recogemos todos sus nombres) de los 323 diputados que votaron lo hicieron a favor de realizar esa auditoría. Pero, como la desfachatez no conoce límites, apenas cinco días después, el señor Nadal volvía a arremeter -el lunes pasado- contra la prima renovable, "dinero privado que viene del recibo, que es casi gasto público y que no pasa los controles"... Paradójica alusión -a los controles- cuando cinco días antes su grupo parlamentario decía no en masa a toda una auditoría.
El PP dice que la culpa la tiene el gobierno
El absurdo no obstante rayó también a gran altura el mismo día de la votación en el Congreso. El diputado popular encargado de decirle no a la auditoría fue Mario Flores Lanuza, antaño consejero en la Generalitat Valenciana. Entre otras cosas, Flores Lanuza soltó una perla de valor incalculable: "el problema del déficit -dijo- está en la regulación y no en la generación", hipótesis que seguramente compartiría Izquierda Plural y que pone en mal lugar a los autores de esa regulación, o sea, al propio Partido Popular y al PSOE. Porque socialistas y populares son autores -únicos- de esa regulación. Porque el partido de Aznar gobernó entre 1997, año de aprobación de la Ley del Sector Eléctrico, y 2004; el PSOE lo hizo entre 2004 y 2011; y el PP volvió al gobierno a lomos de diez millones de votos y lleva ya gobernando más de año y medio. Flores Lanuza concretó aún más su discurso: los costes regulados en España -añadió- "son un 40% superiores al promedio de la Unión Europea. Los costes regulados en 2006 fueron de 9.000 millones de euros y en 2012 de 18.000, justo el doble. Sin embargo la generación fue muy similar". O sea, segunda perla de valor incalculable: los costes establecidos por el gobierno crecen un 100% -lo hacen por obra y gracia del Ejecutivo, que es el que regula- aun cuando la generación es "muy similar" (por Flores Lanuza). Sí, eso dice el propio partido del gobierno para decir a continuación "no queremos auditoría energética, no señor".
La generación, hoy, similar a la de 2006; los costes fijados por el gobierno, incrementados en un 100%
En fin, que el Partido Popular sabe -y lo cuenta en voz alta en sede parlamentaria- que "el problema del déficit está en la regulación y no en la generación", sabe que los costes regulados en España "son un 40% superiores al promedio de la Unión Europea", sabe que esos costes -que establece el gobierno- han crecido un 100% en los últimos años y sabe, por fin, que ello no parece particularmente lógico si tenemos en cuenta que la generación es hoy "muy similar" a la de hace más de un lustro. Ahora bien, aunque sabe todo lo que sabe -y lo cuenta en voz alta en sede parlamentaria- el Ejecutivo Rajoy ha incrementado el coste de distribución y gestión comercial en aproximadamente un 40% (incremento sobre el coste establecido para ese concepto en 2006, año en el que la generación fuera "muy similar", según Flores Lanuza); el Ejecutivo Rajoy ha incrementado en un 170% el coste del transporte (incremento sobre el coste de ese concepto en 2006, año "similar"); y el Ejecutivo Rajoy ha incrementado en casi un 400% los pagos por capacidad. Los beneficiarios casi únicos de esos tres incrementos son, por cierto, solo cinco empresas: Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa (controlada por Gas Natural), Hidrocantábrico (controlada por EDP) y E.On, y la cantidad estimada por la Comisión Nacional de Energía que suman solo esas tres partidas en 2012 asciende a más de 7.600 millones de euros.
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