CASO BÁRCENAS: LES DA CINCO DÍAS
El juez Pablo Ruz a su llegada a la Audiencia Nacional. (Reuters)
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz no está dispuesto a que los empresarios imputados por los ‘papeles de Bárcenas’ no se tomen en serio sus requerimientos, así que, en un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, les ha dado un “plazo improrrogable” de cinco días para que aporten todos los datos de los contratos adjudicaciones por administraciones públicas entre 2002 y 2009. Entre las empresas que no han remitido hasta ahora la documentación o lo han hecho de manera incompleta o errónea estánAldesa, Bruesa Contrucción, FCC, Sacyr Valleherrmoso, OHL, Sando, Rubau o Licua.
En el auto, el instructor que investiga la presunta contabilidad B del partido ha lanzado esta advertencia a los empresarios después de que la Udef haya podido observar que le faltan datos para poder continuar con su investigación. Para asegurarse que se cumple lo ordenado, Ruz ha facultado a los agentes de la referida unidad para intervenir en el diligenciamiento de los despachos de las empresas a las que se ha requerido la información.
En el caso de Bruesa Construcciones, la documentación que esta envió al Juzgado es distinta de la que se le requirió, “lo que impide conocer la globalidad de contratos públicos que se suscribieron efectivamente por la empresa constructora al no poder disponer de una relación total de los mismos”. En el caso de Assignia Infraestructuras no indica el importe de las licitaciones o el procedimiento de adjudicación, y a Azvi ni siquiera se le ha solicitado un listado de contratos públicos en los que ha resultado adjudicataria entre 2002 y 2009.
Por su parte, OHL se ha saltado remitir alguno de los contratos públicos recibidos y, de dos listados enviados al juzgado, uno en marzo y otro en agosto, hay diferencias en el importe de adjudicación de un mismo contrato, por lo que no se puede conocer cuál fue la cantidad real que recibió por cada uno de ellos.
En el caso de FCC, ha mandado la documentación en un formato que complica mucho la investigación, además de remitir algunos contratos en las lenguas cooficiales, que deben ser traducidos. Por su parte, Construcciones Rubau ha enviado la información sin hacer constar el concepto relativo al tipo de contrato licitado de los 34 de los que la misma es adjudicataria. Asimismo, sólo se ha remitido la contratación pública llevada a cabo con Administraciones gobernadas por el Partido Popular, por lo que procede que envíe los contratos concedidos por todos los partidos.
La Policía ha detectado que en el caso de Sacyr Vallehermoso no ha mandado todas las licencias que le han sido adjudicadas, “limitándose a los licitados por los órganos contratantes pertenecientes a los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente, así como el Ayuntamiento de Toledo”. Además, recuerda el juez, se limita temporalmente a la contratación pública entre los años 2003 al 2009, ambos inclusive, obviándose el año 2002.
A Sando, Licuas, José Antonio Romero Polo, Degremont y Asedes Capital y Aldesa les ocurre lo mismo, por lo que Ruz les exige que remitan toda la información relativa a los contratos públicos otorgados entre 2002 y 2009 en un plazo de cinco días para que la Policía pueda continuar con su investigación.
A todos ellos, les recuerda que deben aportar todos aquellos contratos no sólo recibidos a título de licitante individual, sino también en los que se haya formado parte de una unión empresarial en unión temporal de empresas (UTE), debiendo indicar el porcentaje de participación en la misma.
Ruz no quiere una investigación prospectiva
El instructor está centrando la investigación a partir de 2002, porque lo ocurrido en los años anteriores sería en todo caso delitos prescritos. De ahí que en otro auto haya rechazado el recurso interpuesto por las acusaciones contra su decisión de no requerir al Ministerio de Fomento la integridad de los concursos y contrataciones concedidos a los empresarios imputados en esta causa desde 1990 hasta 2012.
Según explica Ruz, las acusaciones no justifican por qué piden todos esos contratos y, de aprobar su petición, se estaría cometiendo una “investigación prospectiva” en vez de “una investigación de hechos concretos con indiciaria relevancia penal”. En su auto, el instructor recuerda que, la primera vez que lo rechazó, pidió a las acusaciones que ofrecieran datos adicionales que pudiesen ayudar a concretar la proporcionalidad, necesidad y utilidad de dicha diligencia, algo que a su juicio no han hecho.
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