La ley de geocalización permite que la policía judicial federal localice tu ubicación geográfica rastreando tu Smartphone sin la orden de un juez; lo anterior, con el único requisito de que seas sospechoso de delitos graves.
La ley de geolocalización fue aprobada en marzo del 2012, pero un grupo de luchadores sociales presionó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que promoviera una controversia, con el fin de que la ley fuera invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esta modificación permite que los ministerios públicos de la Procuraduría General de la República y sus policías judiciales, puedan exigir a las compañías telefónicas tu geolocalización inmediata, si estás bajo sospecha de un delito grave.
Sin embargo, los jueces de la SCJN avalaron este jueves con 8 votos a favor y tres en contra esta polémica ley, que en un país como México, genera incertidumbre y temor; ya que la policía ostenta una pésima reputación. Para entender la gravedad de esta decisión, bastan las cifras de la organización “Alto al Secuestro“, quienes publicaron un reporte sobre secuestro en el periodo de diciembre de 2012 a diciembre de 2014, según el cual, en 70% de estos delitos participó algún policía activo o bien, algún expolicía.
Además de que la Ley de Geolocalización representa una flagrante afrenta a nuestra privacidad, esto queda en segundo término cuando nos remitimos a la corrupción y complicidad criminal del aparato judicial mexicano. Recordemos que en México únicamente se resuelve 1% de los delitos denunciados, aunado a que 92% de los crímenes no se denuncian por desconfianza.
Los delitos graves por los que podrán localizarte son: delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, amenazas y extorsión, sin embargo, la sospecha e investigación pueden ser elementos suficientes para que seas localizado.
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