La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, comparecerá una vez más ante los magistrados franceses que investigan un caso de presunta corrupción ocurrido cuando la funcionaria ejercía como titular de Economía.
Se trata de la tercera ocasión en que Lagarde declara en la Corte de Justicia de la República, un tribunal encargado de sancionar las faltas cometidas por los ministros y otros altos cargos del gobierno durante su gestión.
Los jueces tratan de determinar el papel jugado por ella en el nombramiento de un equipo de arbitraje privado en 2007 para resolver una antigua querella entre el empresario Bernard Tapie, amigo del entonces presidente Nicolás Sarkozy (2007-2012), y el banco público Crédit Lyonnais.
Ese grupo decidió al año siguiente otorgar al hombre de negocios una cuantiosa indemnización de 400 millones de euros, entre ellos 45 millones a título de “compensación moral”.
La justicia indaga por qué razón Lagarde prefirió acudir a un tribunal privado, en lugar de las cortes ordinarias, cuando estaban en juego fondos del Estado. Además, la entonces ministra de Economía y Finanzas se negó a presentar un recurso contra ese veredicto y aceptó que se hiciera el pago.
En el fondo del asunto está la sospecha de que el arbitraje haya sido sólo un montaje para encubrir un arreglo extrajudicial destinado a favorecer a Tapie.
La jefa del FMI alega que nombrar un grupo privado de mediación está acorde con las leyes y era la única manera de resolver el problema de más de una década entre el empresario y el banco. Rechazó, asimismo, haber influido en la designación de los miembros del tribunal de arbitraje, así como en sus decisiones.
En mayo de 2013, luego de una prolongada audiencia, Lagarde logró evadir una vinculación directa por estafa en banda organizada, pero quedó en calidad de testigo asistida, un escalón por debajo de la categoría de acusada.
Durante la comparecencia de este miércoles deberá confrontar su versión de los hechos con la de su antiguo jefe de despacho, Stéphane Richard, quien la responsabiliza por varias de las decisiones tomadas durante ese caso.
Richard y otras cuatro personas ya fueron señalados por los jueces como presuntos autores de una estafa en perjuicio de los fondos públicos.
Los otros acusados son el propio Tapie y su abogado Maurice Lantourne, así como uno de los miembros del tribunal de arbitraje, Pierre Estoup, y el antiguo encargado de administrar los bienes del Crédit Lyonnais, Jean François Rocchi.
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