“Ningún cultivo debe atentar contra otras actividades productivas, menos si éstas son básicas para la economía de los campesinos o son de importancia comercial, como lo es la producción de miel, que Yucatán exporta al extranjero”
Agricultores y apicultores ganaron una demanda de inconstitucionalidad a una autorización de siembra de transgénicos en Yucatán, emitida por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y ahora se van contra los agrotóxicos. Al igual que en el estado de Campeche en marzo pasado, el juez de Yucatán consideró que es un riesgo para la producción de miel tradicional.
El juzgado primero de distrito de Yucatán anuló el permiso otorgado por SAGARPA y avalado por la Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT), por la siembra de 253.500 hectáreas de soya transgénica de Monsanto al empresario Jacobo Xacur Eljure, a escala comercial, porque lo apicultores mayas podrían verse afectados en sus bienes jurídicos – económicos, laborales o ambientales, informó Greenpeace el 22 de julio.
La justicia mexicana reconoció que el cultivo transgénico podría generar consecuencias en el ambiente y en la principal actividad económica de los mayas, que es la apicultura.
El juez desechó los argumentos que exigían a los apicultores pruebas científicas de que los permisos influyen negativamente en la producción de miel, y “exigió a SAGARPA que lleve a cabo, de manera adecuada, la consulta pública en las comunidades indígenas de Santa Elena, Ticul, Oxkutzcab, Tekax, Tzucacab, Peto y Tizimin, ubicadas en el estado de Yucatán, previo a poder expedir cualquier otro permiso de soya transgénica a nivel comercial, y que la misma deberá realizarse por los medios idóneos que estén al alcance de dichas comunidades indígenas, dentro de los seis meses contados a partir de que se notifique a las autoridades responsables esta sentencia, una vez que sea definitiva”, agregó Greenpeace.
La sentencia expuso que SEMARNAT “decidió ignorar que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y el Instituto Nacional de Ecología (INE), dictaminaron que no se debía autorizar la siembra de soya transgénica en la península por los riesgos que significa”, informó La Jornada el 22 de julio.
“Ningún cultivo debe atentar contra otras actividades productivas, menos si éstas son básicas para la economía de los campesinos o son de importancia comercial, como lo es la producción de miel, que Yucatán exporta al extranjero’”, declaró el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado, Mauricio Vila Dosal, al ser cuestionado sobre la decisión del juez de prohibir la siembra de soya transgénica, según La Verdad el 24 de julio.
Vila destacó que “si el amparo concedido a los demandantes dice que no se pueden sembrar semillas modificadas genéticamente, lo que queda es acatar esa resolución. Y si los afectados con esa decisión no están conformes, que sigan los cauces legales que existen”, dijo.
Pablo Duarte, coordinador de la Unión de Campesinos UNORCA-Yucatán, expresó a Greenpeace que “el flujo del polen transgénico representa un estigma en la calidad de la miel mexicana, poniendo en riesgo una de las pocas ventajas comparativas con las que cuenta nuestro país dentro del mercado global”.
México es el tercer exportador de miel a nivel mundial, 40% de la miel nacional se obtiene de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Duarte añadió que “el 98% de la miel de la Península se exporta a la Unión Europea, y alrededor de 20 mil apicultores de origen indígena viven de esta actividad y el actual gobierno de Enrique Peña Nieto pretende borrar el contenido indígena del campo mexicano, por eso es importante una prohibición total a la liberación de transgénicos en la Península”.
Ximena Ramos, asesora de Litiga OLE, analizó la resolución legal e indicó que hizo “valer el principio de multiculturalidad contenido en la Constitución, así como los derechos humanos que implica derecho a la consulta previa del pueblo maya”, a la vez que “determinó que la consulta previa procede para los casos de posible afectación, esto es, que no se requiere que el daño esté probado”; y reconoce el principio 10 de la Declaración de Río, a saber, que la mejor manera de abordar cuestiones ambientales y socioculturales es garantizando a las comunidades afectadas el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia. Por lo anterior, hacemos un llamado a las autoridades responsables a no recurrir la sentencia y cumplir cabalmente por lo ordenado por el juez, puesto que ello supondría un avance en la construcción de la democracia sustancial en el país”, afirmó.
«Ganan agricultores y apicultores yucatecos el primer “round” con empresas dedicadas a la siembra de soya transgénica, el siguiente paso es emprender una lucha con los agrotóxicos en toda la Península», describió de esta manera el Grupo de noticias Sipse.
El representante de No a los Transgénicos, Luis Arturo Carrillo Sánchez, declaró al medio impreso Sipse que la decisión del juez de Yucatán “es un llamado de atención muy fuerte al Gobierno Federal, que los agricultores y apicultores yucatecos, en general, la gente no queremos transgénicos en el Estado”.
Carrillo Sánchez advirtió que en el siguiente paso, si SAGARPA y Monsanto hacen sus impugnaciones, lo resolverá la Corte Suprema de una vez.
http://www.lagranepoca.com/32719-que-juez-yucatan-prohibio-soya-transgenica-monsanto
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