Las cinco preguntas que ha de contestar el Tribunal Supremo sobre los ERE

José Antonio Griñán junto a Manuel Chaves (Efe).

06.09.2014

Tres años después de iniciarse la instrucción judicial sobre el fraude de los EREpor parte de la Junta de Andalucía, sólo se tienen claras las grandes cifras del despropósito; queda por determinar todo lo demás. El punto de inflexión en el que se encuentra el proceso se ha alcanzado cuando la juez que ha instruido la causa, Mercedes Alaya, titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, ha decidido enviar todo el sumario al Tribunal Supremo (TS), al estar afectados por la causa un grupo de exdirigentes de la Junta de Andalucía que se encuentran aforados en ese tribunal.

A partir de ese momento, el proceso de detiene a la espera de lo que decida el Supremo. Lo que se sabe, las grandes cifras, hablan por sí mismas del volumen de un caso. La Junta de Andalucía, durante diez años, ha dispuesto de 855 millones de euros, que tendrían que haber financiado la creación de empleo, con un sistema de ayudas que suponen “una auténtica subversión del ordenamiento jurídico”. Por ese motivo, la juez ha imputado a más de 200 personas.La Junta, durante diez años, ha dispuesto de 855 millones, que tendrían que haber financiado la creación de empleo, con un sistema de ayudas que suponen ‘una auténtica subversión del ordenamiento jurídico’. Por ello, la juez ha imputado a más de 200 personasPero, ¿y qué pasa ahora con el proceso en el Tribunal Supremo? ¿Se puede dividir la causa en varios juzgados o debería celebrarse una sesión conjunta, como en el caso Malaya? ¿Se trata de un trama delictiva que implica por igual a decenas de personas? ¿Actuaban de forma coordinada? ¿Qué pasa ahora con los aforados? Todas las preguntas, todas las dudas, pueden resumirse en cinco para intentar despejar de incógnitas el camino que aún le queda por recorrer aún al mayor escándalo de corrupción institucional investigado en España.

¿Una única trama delictiva que implica a 200 personas?

La tesis principal de la instrucción de la juez Alaya, en respuesta a esa pregunta, es que el fraude de los ERE se puede sintetizar en una pirámide de responsabilidades. La cúpula, que ella denomina la “trama política”, diseñó a conciencia un sistema de transferencias de financiación que se ocultaban en la aprobación de los presupuestos generales de la Junta de Andalucía. Así, durante diez años (1999-2010), hasta que fue descubierto el fraude que se estaba cometiendo, se utilizaron sin ningún respeto a la legalidad y con total opacidad cientos de millones de euros.

La juez Alaya (Efe).Y es cuando se van completando el resto de estratos de la pirámide: los altos cargos de la Administración andaluza que se sitúan por debajo del Consejo de Gobierno, los sindicatos que colaboraban en los Expedientes de Regulación de Empleo, los empresarios beneficiados, las aseguradoras, los comisionistas de uno y otro lado, y, finalmente, los intrusos, aquellos que cobraron sustanciosas indemnizaciones por una prejubilación en empresas en las que jamás habían trabajado. La complejidad de esta interpretación de la juez Alaya radica, precisamente, en demostrar penalmente la colaboración y coordinaciónentre los diferentes los estratos de la pirámide. Porque no hay constancia documental de dicha coordinación.

¿Los aforados tienen responsabilidad penal o sólo se les puede acusar de una irregularidad administrativa?

El problema principal de Mercedes Alaya es que su presunción judicial, la idea de la pirámide y de la unidad del delito en el fraude cometido, carece de elementos probatorios suficientes, ya que, además de que no ha podido llamar a declarar a los aforados en el Tribunal Supremo o en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, todos ellos se escudan (lo hicieron así en la comisión de investigación que se constituyó en el Parlamento andaluz) en queese mismo sistema de transferencias lo utilizan otras administraciones, y que el uso delictivo de algunas partidas es responsabilidad exclusiva de quienes cometieron esos delitos.El problema principal de Mercedes Alaya es que su presunción judicial, la idea de la pirámide y de la unidad del delito en el fraude cometido, carece de elementos probatorios suficientesEn la recta final de la investigación, la juez encontró su principal respaldo a la tesis de la unidad del delito en el informe de la Intervención General del Estado, y ahora será el Supremo el que tenga que dilucidar esa duda al valorar si existen pruebas suficientes para seguir adelante con la imputación de los aforados. Tan elemental, y tan complejo, como esta duda: si el Gobierno deManuel Chaves no hubiera aprobado un sistema opaco de concesión de ayudas, no hubiera sido posible que se colaran intrusos en los ERE y se lucraran los comisionistas.

Pero, ¿eso convierte a Chaves en responsable de delitos cometidos por otras personas? El Supremo dirá. La juez Alaya piensa, y así lo expresa en exposición razonada que ha enviado al Supremo, que es “imposible” que no lo conociera, que “es de lógica” porque los aforados no atendieron nunca las advertencias de ilegalidad, con lo que todo obedece a una “directriz política”. Deducciones lógicas. Lo que no tiene Alaya es lo que más ha buscado: un documento, un acuerdo de gobierno, una declaración inculpatoria… una prueba concluyente.

¿El Supremo asumirá todo el proceso o va a dividir la causa en distintas piezas?

La juez Mercedes Alaya y la Fiscalía Anticorrupción nunca se han puesto de acuerdo sobre cuál era el mejor camino procesal a seguir para resolver la instrucción de los ERE. En varias ocasiones, la Fiscalía ha solicitado a la juez, y ante la Audiencia Provincial de Sevilla, que la causa se dividiera en varios bloques y que, progresivamente, se fueran enviando a juicio aquellas piezas que ya estén finalizadas en su investigación.Manuel Chaves (izq.) durante un evento del PSOE (Efe).

En un macroproceso como éste, en el que la aparición de irregularidades es exponencial, y va creciendo conforme se investigan nuevas ayudas, la Fiscalía teme que se enrede sinfín por “lo incierto del horizonte temporal de la instrucción y enjuiciamiento de esta causa”. Por ello proponía, y propone, que se divida todo en tres piezas separadas.

Una primera que afecte a los aforados (que puede coincidir con lo que Alaya denomina la “trama política” del fraude de los ERE). Una segunda pieza, a su vez divisible en sí misma, “con cada expediente de ayuda sociolaboral o de ayuda directa a empresa”. Y una última pieza dirigida a los agentes intermedios, los comisionistas, bufetes, sindicatos y aseguradoras que hayan podido lucrarse con cobros abusivos por sus servicios en la tramitación de los ERE. La juez ha rechazado siempre esta propuesta porque, como ha reiterado tras cada exigencia de la Fiscalía, a su juicio la causa de los ERE es “inescindible”.Como hace tres años, en la investigación de los ERE siguen saliendo intrusos, como si fueran noticias repetidas, calcadas unas de otras. Quiere decirse, en suma, que la remisión de la causa al TS no ha frenado la investigación de Alaya

Por esa misma razón, lo que ha hecho Alaya es enviar al Tribunal Supremo el sumario completo, no sólo lo concerniente a los aforados, dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Chaves y Griñán, y varios consejeros de sus gobiernos. Pero, de acuerdo a la propia historia del Tribunal Supremo, no parece probable que el alto tribunal asuma la causa entera. De hecho, el Supremo no ha asumido jamás en su historia un proceso judicial con un número de imputados tan elevado.

Con lo cual, lo normal que ocurra es que el TS, en el caso de que vea indicios de delito en los aforados (en todos o en alguno de ellos), asuma la pieza referente a estos imputados y devuelva el resto del proceso al juzgado sevillano para que resuelva el resto, con alguna indicación procesal sobre la división o no de la causa. Como también existen algunos aforados en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Supremo podría asumir también esos casos para no repartir la causa por tres tribunales distintos.

¿Han prescrito los delitos por el tiempo transcurrido?

El fantasma de la prescripción siempre ha sobrevolado la investigación de los ERE, a tenor del origen de los delitos que se investigan, que comienzan en el año 2000, y de la propia duración de la instrucción, más de tres años. En alguna ocasión, incluso, las defensas de algunos imputados lo ha planteado abiertamente, como ocurrió con el escrito presentado por los abogados de dos ex directores generales de Presupuestos del Gobierno andaluz que alertaban de que, “debido a la tardanza y dilaciones en la instrucción de la causa, se estarían produciendo en estas fechas la prescripción de algunos de los delitos, cuya determinación corresponde al propio Juzgado y no a las partes intervinientes en el proceso”.

José Antonio Griñán atendiendo a los medios de comunicación (Efe).

La juez Alaya, sin embargo, ha rechazado con firmeza que exista riesgo de prescripción en virtud del artículo 432.2 del Código Penal que amplía a 15 años el plazo prescriptivo para los delitos de malversación en su subtipo agravado de especial gravedad, que es el que se imputa en el fraude de los ERE. Sea como fuere, lo único cierto ahora es que esta duda no se va a resolver con el paso de la causa por el Tribunal Supremo. Será más adelante, cuando se aproxime la vista oral, cuando se plantee y resuelva la posible prescripción de algunos delitos, como sostienen las defensas de algunos imputados.

¿La investigación de los ERE finaliza al llegar la causa al Supremo o va a continuar?

La última noticia que se tuvo de la juez Alaya antes de irse de vacaciones en agosto fue la remisión de la causa de los ERE al Supremo. La primera noticia que se ha tenido tras las vacaciones ha sido la imputación de una veintena de personas más. El mismo 1 de septiembre, lunes, notificó a las partes un auto de imputación de cinco intrusos más, en la Faja Pirítica de Huelva. Cinco tipos que, sin haber trabajado jamás en la mina, se acogieron a prejubilaciones sustanciosas, entre 100.000 y 200.000 euros cada uno.

Cuando se habla aquí del carácter exponencial del sumario de los ERE, es precisamente a esto a lo que se refiere la expresión. Como hace tres años, en la investigación de los ERE siguen saliendo intrusos, como si fueran noticias repetidas, calcadas unas de otras. Quiere decirse, en suma, que la remisión de la causa al Supremo no ha frenado la investigación de Alaya. Los imputados suman ya 227 personas y esa cifra se incrementará aún más porque, antes de las vacaciones, la juez amplió el periodo de investigación a 2011 y 2012, dos años más de los que abarca el sumario que tiene en sus manos el TS. Alaya, por tanto, no deja dudas: va a seguir removiendo las entrañas de la Junta de Andalucía.

Fuente:http://blogs.elconfidencial.com/espana/matacan/2014-09-06/las-cinco-preguntas-que-ha-de-contestar-el-tribunal-supremo-sobre-los-ere_186650/#