El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado este martes por unanimidad dar trámite a la impugnación presentada el pasado viernes por el Gobierno contra el denominado “proceso participativo”, la nueva consulta convocada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para el próximo 9 de noviembre, han informado fuentes del tribunal de garantías.
La admisión, dada a conocer casi tres horas después de reunirse el Pleno, conlleva la suspensión durante al menos cinco meses de la convocatoria y la de sus actos de preparación con fecha del pasado viernes, que fue cuando se presentó el recurso, en cumplimiento del artículo 161.2 de la Constitución.
La providencia no incluye advertencia expresa al Govern sobre la obligación del cumplimiento de dicha suspensión vía el artículo 87.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), a pesar de haberlo solicitado la Abogacía del Estado en el texto de la impugnación. Este artículo establece que “todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva”.
El Ejecutivo aportaba como pruebas de incumplimiento de la Constitución la web ‘participa2014.cat’, las comunicaciones de la Ejecutivo autonómico, la orden a los medios de incluir publicidad gratuita e incluso vídeos con intervenciones públicas del presidente catalán, Artur Más, su vicepresidenta, Joana Ortega, y el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs.
Tras la admisión a trámite, y como consecuencia de la aplicación del citado artículo 161.2, el tribunal de garantías establece que debe entenderse que quedan en suspenso “los actos impugnados (*) así como las restantes actuaciones de preparación de dicha consulta o vinculadas a ella”.
20 DÍAS PARA ALEGAR
El tribunal acuerda también dar traslado de la demanda al Gobierno de la Generalitat, que dispone de un plazo de 20 días para formular las alegaciones que considere convenientes.
Se ordena igualmente publicar la incoación de la impugnación en el Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, lo que supone la suspensión de los actos previstos de cara a terceros.
Esta admisión, según ha informado el TC, no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso, que se resolverá en próximas fechas.
Además del recurso de la Abogacía del Estado, los doce magistrados del Tribunal Constitucional tenían sobre la mesa un escrito del Gobierno catalán que pide que la iniciativa del Ejecutivo no se admita a trámite por entender que supone un “uso desproporcionado y abusivo” del derecho. Se ha limitado a incorporarlo a las actuaciones.
Los Servicios Jurídicos del Estado alegan en su impugnación que la nueva convocatoria vulnera los artículos 1.2 y 2, 23, 81, 92, 149.1.32º y 168″ de la Constitución. El Ejecutivo solicitaba al alto tribunal que suspendiera la convocatoria y anule todos los actos “tendentes a preparar la consulta”, así como cualquier actuación “aún no formalizada jurídicamente”.
A diferencia de lo ocurrido con este recurso, el presentado contra el decreto de convocatoria de la consulta inicial y contra la Ley aprobada para darle cobertura legal tuvo que resolverse en una semana en la que inicialmente el TC no tenía previsto Pleno ordinario, por lo que convocó uno de urgencia apenas siete horas después de presentarse las impugnaciones.
De hecho, y de forma inédita, el Pleno emitió un comunicado en el que explicaba que su premura en reunirse y resolver el asunto obedecía a que era consciente de “la trascendencia constitucional y política de las cuestiones planteadas”. Añadía que esta trascendencia en resolver debía entenderse “para la sociedad española en su conjunto y, en particular, para la catalana”. Estas explicaciones no se han dado en esta ocasión.
EL GOBIERNO CATALÁN DICE QUE MANTIENE EL 9N
Por otra parte, el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, ha afirmado este martes que el Govern mantiene el 9N aunque el Tribunal Constitucional (TC) haya aprobado por unanimidad suspender el proceso participativo y sus actos de preparación, y ha anunciado que demandará al Ejecutivo central ante el Tribunal Supremo (TS).
En rueda de prensa tras el Consell Executiu del Govern, ha explicado que la demanda contra el Gobierno central será por “atentar contra el derecho de participación, contra el derecho de la libertad de expresión y contra el derecho de libertad ideológica”.
También ha dicho que “todo está a punto para el 9N y el Govern mantiene el proceso participativo, que es una forma de garantizar la libertad de expresión”.
Además, la Generalitat se defenderá ante la decisión del TC de este mismo martes: “Presentaremos alegaciones para hacer entender que lo que el Gobierno español quiere prohibir no lo hacemos desde octubre”.
El presidente Artur Mas ha pedido reunir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, porque “hay que estar unidos para defender todos juntos y con rotundidad la libertad de expresión”.
http://www.alertadigital.com/2014/11/04/el-tribunal-constitucional-tc-suspende-por-unanimidad-la-consulta-alternativa-del-9n/
Un joven se hace una foto con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y su mujer Helena Rakosnik. (EFE)
El conseller de Empresa y Empleo de la Generalitat de Cataluña, Felip Puig. (EFE)
Artur Mas concedió a su cuñado 41 adjudicaciones de la Generalitat en tres años
DESDE SANIDAD A ORDENADORES PARA EDUCACIÓN
Un joven se hace una foto con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y su mujer Helena Rakosnik. (EFE)
Administración pura y dura, organismos autónomos, agencias públicas o departamentos de la Generalitat. Todos los rincones son buenos para hacer negocio. O sea, caja. Desde que Artur Mas llegó al poder, las empresas vinculadas a familiares suyos han diversificado sus contratos con las estructuras de poder catalanas. Los 450 millones de euros recibidos por las empresas a las que están vinculados familiares de Mas fueron adjudicados, en parte, a uniones temporales de empresas, creadas para obtener determinados contratos. Pero las Utes no son las únicas adjudicaciones del grupo que emplea al cuñadísimo Joan Antoni Rakosnik, hermano de la esposa del president. El Gobierno autonómico le concedió, desde el 1 de enero del 2011 (o sea, cuando Mas ya estaba en el poder), un total de 41 adjudicaciones. De ellas, sólo 9 fueron concedidas a Utes, y eso teniendo en cuenta que uno de los expedientes fue iniciado en el 2010. El resto correspondía a contratos a las diferentes empresas del grupo: Seidor SA, Microsistemes SA, Saytel Servicios Informáticos, Seidor Consulting o SBS Seidor.
Es cierto, no obstante, que al margen de las Utes citadas, Seidor también logró adjudicaciones formando parte de Itscat 2009, en el que también se encuadraban Aventia, Kemit, Netfocus y Nestret. Pero de los 13 contratos obtenidos por esta UTE, 9 de ellos fueron firmados entre los años 2009 y 2010 (cuando gobernaba todavía el tripartito) y por valores mucho menores que los posteriormente logrados por Seidor.
Contratos a dedo
La mayoría de los contratos fueron concedidos mediante el procedimiento de “negociado sin publicidad”, o sea, a dedo, aunque no todos han sido publicados en el diario oficial de la Generalitat, como es preceptivo. Y ahí nos encontramos con algunas perlas dignas de atención. Por ejemplo, existe una adjudicación a Seidor SA el 13 de abril del 2012 para “el análisis TIC” en diferentes áreas del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, por lo que la empresa cobró 57.531,98 euros. Aquí salta la sorpresa: oficialmente, Juan Antonio Rakosnik trabajaba por encargo del CTTI en Territorio y Sostenibilidad. El cuñado de Mas llegó a colgar esta circunstancia en su perfil de LinkedIn de Internet, aunque posteriormente la borró para eliminar cualquier rastro político de su trayectoria. Y en esa época es el CTTI quien le da a Seidor un contrato para operar en Territorio y Sostenibilidad con el objetivo de realizar trabajos allí que tendrían que estar cubiertos no sólo por los técnicos del Departamento, sino por el propio Rakosnik, que, según él mismo colgaba en su perfil de internet por aquella época, pertenecía a Microsistemes, empresa del mismo grupo que Seidor.
Pinche para ver la lista de adjudicaciones.
El 19 de ese mismo mes, el CTTI le adjudicaba un servicio por 216.010,08 euros para “el desarrollo e implementación de proyectos y aplicaciones relacionados con la Secretaría General, Secretaría de Gobierno, Gabinete Jurídico Central y Dirección de Servicios del Departamento de Presidencia”. En el pliego de adjudicación constaba que el valor estimado del contrato, no obstante, era de 366.949,15 euros, por lo que esa adjudicación era sólo la primera parte de otra que le reportaría, supuestamente, una cantidad similar.
Los ‘clientes ligeros’ de Empresa y Empleo
En los últimos años, las empresas del grupo Seidor multiplicaron su abanico de servicios a muchas más áreas. Además de ofrecer soluciones informáticas, por ejemplo, el 7 de noviembre del 2012, la consejería de Educación le encargó a Seidor SA el suministro de 30.344 packs de licencias Microsoft del programa Escola 2.0. Para ello, le pagó 429.947,17 euros. El 15 de diciembre del 2012, la empresa ACCIÓ, que depende de la consejería de Empresa y Empleo, contrató también a Seidor para el “renting de 275 clientes ligeros”. El precio: 100.182 euros. Varias empresas del grupo trabajan, asimismo, para el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS), del que han obtenido varios millones de euros en los últimos años.
Y hay otros ámbitos que también controlan: el 9 de junio de 2011, el departamento de Interior (entonces a cargo de Felip Puig, hoy en Empresa y Empleo) pagó 187.499,99 euros a Seidor Consulting para el “desarrollo de la segunda fase del Programa Análisis y Seguridad de la Información (PASI)”. El organismo que edita el diario oficial contrató a Seidor en abril del 2011 por457.132 euros para los “servicios de diseño, desarrollo e implantación del evolutivo del nuevo circuito del DOGC de la Entidad Autónoma del Diario Oficial y de Publicaciones”.
El conseller de Empresa y Empleo de la Generalitat de Cataluña, Felip Puig. (EFE)
El Consorcio del Museo Nacional de Arte de Cataluña (Mnac) contrató los servicios de Microsistemes en junio del 2010 para el suministro de la solución de virtualización de servidores”, un contrato de tres meses que le reportó 66.378,73 euros. El 31 de julio de 2012, el Servicio Catalán de Tráfico le pagó también a Microsistemes 70.210 euros por el servicio de “mantenimiento de maquinaria, programario y apoyo técnico de equipamiento SUN, Fujitsu, HP y Motorola de la Dirección General de la Policía”. La Agència de l’Habitatge de Catalunya, otro organismo oficial, contrató en febrero de 2013 a Saytel Servicios Informáticos para el “mantenimiento de las licencias IBM en la Agencia” durante un año. Le pagó 88.219,03 euros. En noviembre de 2013, volvió a extender otro por el mismo concepto y duración, a pesar de que el anterior no vencía hasta febrero del 2014. En este caso, sin embargo, la cuantía a pagar había ascendido a 99.762,73 euros, un 13% más que en febrero.
El Hospital Clínico contrató también a Seidor por 107.818,26 euros en junio del 2013 para instalar la aplicación informática CRONOS. Por su parte, elServicio de Emergencias Médicas (SEMSA) realizó varias adjudicaciones a Microsistemes durante los años 2013 y 2014 por importe de unos 200.000 euros. En noviembre del año pasado, esta compañía también recibió uncontrato de Intracatalonia, la empresa de la Agencia Catalana de Noticias (la agencia pública de Cataluña), para el suministro de ordenadores portátiles por valor de 57.837,83 euros. Seidor, por su parte, también recibió otra adjudicación por 217.800 euros el 19 de diciembre de 2013 del Hospital de Sant Pau para el “mantenimiento del entorno SAP”. Un negocio, pues, diversificado y suculento.
Fuente: http://www.elconfidencial.com/espana/2014-11-04/artur-mas-concedio-a-su-cunado-41-adjudicaciones-de-la-generalitat-en-tres-anos_434838/
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