Ojo, que lo de Rato es sólo la punta del iceberg, en la lista “Falcani” (que se acogieron a la amnistía fiscal y se convirtieron en la “lista Montoro”) hay 705 grandes jerarcas de la vida española. Los más importantes,están bloqueando precisamente estas investigaciones,
Evidentemente, si las bloquean es porque ellos mismos caerían (caerán) con estas investigaciones.
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Fuente: http://www.rafapal.com/?p=38580
El Gobierno modificó el Código Penal para evitar que el delito fiscal derivara en acusaciones de blanqueo
La amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, eufemísticamente bautizada como "declaración tributaria especial", entró en vigor en marzo de 2012 y concluyó en noviembre de ese mismo año.
Permitió que evasores y defraudadores fiscales regularizaran su situación abonando un tipo del 10% sobre la renta no prescrita. Sin embargo, el perdón de Hacienda se limitaba al delito fiscal y la Agencia Tributaria ha remitido al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) los expedientes de 705 contribuyentes sospechosos de haber lavado dinero negro. Entre ellos, según avanzó Voz Pópuli, se encuentra el exministro de Economía y exdirector del FMI Rodrigo Rato.
El blanqueo de capitales consiste en introducir en el circuito legal, dinero que procede de una actividad delictiva. El imaginario popular suele asociarlo con narcotráfico o prostitución. Sin embargo, el dinero derivado de delito fiscal también es susceptible de originar un proceso por blanqueo de capitales. Desde el año 2010, el delito fiscal se considera delito previo o subyacente al blanqueo de capitales.
En un primer momento, la amnistía tributaria protegía a los defraudadores de responsabilidades penales por delito fiscal, sin embargo, surgió la duda acerca de posibles derivaciones de responsabilidad por blanqueo de capitales. Ese temor se disipó porque el Gobierno reformó el Código Penal y aclaró que los contribuyentes acogidos a la amnistía no serían procesados por blanqueo cuando su único delito fuera de carácter tributario. Así, los 705 casos remitidos al Sepblac responden a declarantes que se sospecha que utilizaron la amnistía para blanquear dinero procedente de delitos que van más allá del fraude fiscal. Entre ellos, aparecen el cohecho, el tráfico de influencia, sobornos o apropiación indebida. Es decir, el registro realizado ayer en la vivienda de Rato se debe a motivos que sobrepasan los fiscales o guardan relación con rentas que no se incluyeron en la amnistía. Estas son las claves del perdón fiscal de 2012 y su relación con el blanqueo de capitales:
¿La declaración tributaria especial fue una amnistía fiscal?
Sí, de manual. El Ejecutivo estableció en marzo de 2012 un procedimiento extraordinario para que los contribuyentes que tuvieran dinero negro o hubieran cometido un delito fiscal pudieran regularizar su situación y quedaran exonerados de sanciones y responsabilidades penales.
Los PEP: Personas expuestas políticamente
La lista de los 705 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal y cuyos expedientes han sido remitidos al Sepblac responden al perfil de “Personas Expuestas Políticamente”. Con el acrónimo PEP se designa a aquellos ciudadanos que requieren por su cargo una vigilancia más estrecha en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales. La legislación española insta a extremar la supervisión sobre las “personas con responsabilidad pública”. Se refiere a contribuyentes que actualmente o en el pasado ocuparon cargos relevantes. Entre ellos, se encuentra el de jefes de Estado, ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, parlamentarios o altos magistrados. La vigilancia se extiende también a sus familiares.
¿A quién benefició la amnistía?
Se acogieron a la amnistía 31.529 contribuyentes, en su mayoría personas físicas que regularización su situación respecto al IRPF y el impuesto sobre el patrimonio. También se acogieron 618 empresas que se pusieron al día con Hacienda en el impuesto sobre sociedades.
¿Qué tipo impositivo abonaron los amnistiados?
El decreto del Gobierno fijó un gravamen del 10%. Sin embargo, posteriormente aclaró que ese tipo se aplicaba sobre los últimos cuatro años no prescritos. Es decir, si un contribuyente defraudó un millón de euros en el año 2000, el gravamen del 10% afectaba sólo a los rendimientos obtenidos con ese dinero en los ejercicios no prescritos.
¿Cuánto recaudó el Gobierno por la amnistía fiscal?
La previsión del Ejecutivo era lograr 2.500 millones, sin embargo, solo obtuvo 1.200 millones. Ello se explica precisamente porque el tipo del 10% regía sólo para períodos no prescritos. Hacienda señaló que la amnistía fiscal permitió aflorar 40.000 millones de euros, lo que implica que el tipo efectivo que abonaron los defraudadores fue del 3%.
¿Un contribuyente acogido a la amnistía puede ser procesado por delito fiscal?
No. La amnistía tributaria sirvió para que aquellos contribuyentes que hubieran cometido un delito fiscal (un fraude superior a 120.000 euros por impuesto y ejercicio), quedaran exonerados de responsabilidades penales.
¿Y por blanqueo de capitales?
Depende. En un primer momento, el decreto de la amnistía solo contemplaba la exoneración de penas por delito fiscal, pero no decía nada del blanqueo de capitales. En la medida en que un fraude tributario puede derivar en blanqueo, ello generó incertidumbre entre los potenciales beneficiarios de la amnistía. Así, el Gobierno modificó el Código Penal para que garantizar que un contribuyente que se acogiera a la amnistía y cuyo único delito previo hubiera sido de carácter fiscal no pudiera ser procesado por blanqueo.
¿Qué perfiles está investigando ahora el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac)?
Los 705 expedientes remitidos por la Agencia Tributaria al Sepblac son contribuyentes sospechosos de haber utilizado la amnistía fiscal para blanquear dinero procedente de actividades delictivas y más allá del mero fraude tributario. Es decir, en esa lista en la que aparece Rodrigo Rato, se encuentran contribuyentes sobre los que se sospecha que el origen de su patrimonio procede de actividades ilegales. Puede tratarse de cohecho, sobornos o tráficos de influencias en los casos de delitos de cuello blanco.
Fuente: http://cincodias.com/cincodias/2015/04/16/economia/1429183409_839923.html
La amnistía fiscal desvela sospechas de cohecho de 705 políticos y funcionarios
La lista de Hacienda incluye exclusivamente responsables públicos o sus familiares. El blanqueo de capitales puede esconder delitos de cohecho y soborno. En el 2012 se acogieron más de 32.000 contribuyentes a la amnistía fiscal.
La amnistía fiscal del 2012 ha hecho aflorar información extraordinariamente sensible en un contexto de desconfianza social a las élites políticas y gestoras del país. Y los últimos hallazgos de la Agencia Tributaria pueden tener enormes consecuencias en un año políticamente complejo. Concretamente, las 705 personas de entre los 32.000 evasores fiscales que se acogieron a la amnistía y que presentan indicios de posible blanqueo de capitales, como sin dar más detalles explicó hace unos días en el Parlamento el responsable de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, son exclusivamente políticos y altos funcionarios del Estado o familiares directos de estos cuyos activos hasta ahora ocultos y recién declarados no se justifican con sus ingresos ordinarios, según han asegurado a este diario varias fuentes informadas de las pesquisas.
Se trata de personas que han ocupado en el pasado cargos públicos electos en los diferentes niveles, local, autonómico y estatal, también de altos representantes del Estado, como en el aparato judicial que agrupa a magistrados y fiscales. La lista de los 705 ha sido remitida hace pocos días al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía, para que "se contraste con la información que ellos tengan y se decida qué actuaciones realizar", según explicó Menéndez.
Estos contribuyentes se encuadran en lo que el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) define como personas políticamente expuestas (PEP, por sus siglas en inglés), "personas que son o han sido titulares de una función pública importante. Debido a su posición e influencia, muchos PEP están en situaciones que potencialmente son objeto de abuso para cometer delitos de blanqueo de dinero y otros relacionados como corrupción y soborno".
¿Quiénes son concretamente los cargos incluidos en esta definición? De acuerdo con el organismo internacional, jefes de Estado y de Gobierno, ministros, subsecretarios o secretarios de Estado; parlamentarios; miembros de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso; miembros de tribunales de cuentas o de los consejos de bancos centrales; embajadores, encargados de negocios y altos funcionarios de las fuerzas armadas; miembros de los órganos administrativos, de gestión o de supervisión de empresas estatales. Y sus cónyuges, los hijos y sus cónyuges o personas asimilables a cónyuges; y sus padres.
Luis Bárcenas, el extesorero del PP encausado por el caso Gürtel, fue definido como PEP por el banco suizo donde tenía cuentas con dinero de origen oscuro y por ello la información se remitió a las autoridades españolas.
¿Y Jordi Pujol, el expresidente de la Generalitat? Pese a no haber sido formalmente titular de ninguna cuenta en el exterior, formalmente lo eran su esposa, Marta, y sus hijos. Dos de ellos, Josep y Oleguer, sí que acudieron a la amnistía, por lo que podrían figurar en la lista en manos del Sepblac por ser hijos del expresident.
Un caso conocido en manos de la justicia de un contribuyente acogido a la amnistía es el del líder del sindicato minero SOMA-UGT de Asturias José Ángel Fernández Villa, que hizo aflorar 1,4 millones de euros sin poder justificar su origen.
La existencia misma de la lista elaborada por la Agencia Tributaria ya ha generado notable inquietud en varios ámbitos gubernamentales. Por un lado, se teme que se produzcan filtraciones en casos en los que finalmente no se aprecie delito. Hay que recordar que la amnistía fiscal aprobada por Cristóbal Montoro en el 2012 sólo afectaba a los delitos fiscales, pero no al blanqueo de capitales, actividad que consiste en introducir en el circuito legal dinero procedente de actividades ilícitas. En el caso de los personajes con responsabilidades públicas se trata de delitos de cohecho o soborno.
Pero más allá del debate técnico, la divulgación de centenares de personas relevantes en el ámbito de la política, la administración o la justicia como evasores fiscales tendría un efecto social demoledor. En algunos ámbitos se critica incluso el paso de la Agencia Tributaria, por una supuesta sobrerreacción tras las acusaciones de falta de solvencia en la persecución de los integrantes de la conocida como lista Falciani, evasores fiscales con cuentas en el banco HSBC, que en muchos casos eludieron sus responsabilidades penales gracias a un preaviso de la Agencia.
Hacienda defiende su amnistía fiscal, formalizada a través de una declaración tributaria especial (DTE), a lo largo del 2012. De esta manera afloraron unos 40.000 millones de euros, aunque sólo una tercera parte no había prescrito y debió pagar un impuesto mínimo, que generó 1.200 millones de euros de ingresos al fisco. Además de la DTE, el proceso se completó con una obligación de declaración obligatoria de bienes en el extranjero al que en el 2013 se acogieron 134.000 contribuyentes y otros 32.000 en el 2014. En este caso, fuera de plazo, como en el caso de la familia Pujol.
Además de remitir los casos al Sepblac o a la justicia, la Oficina de Investigación del Fraude también analiza los 705 expedientes y otros más para decidir si debe enviarlos ya a la Fiscalía.
La Vanguardia
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