Ante el miedo a que la investigación a Pujol quede diluida por la prescripción, Hacienda solicita al juez que abra un proceso penal paralizando así el plazo
Oleguer Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de catalán Jordi Pujol. (EFE)
El hijo menor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, Oleguer Pujol Ferrusola, acusa a la Agencia Tributaria de mantener una investigación contra él sine díe por aflorar cerca de 750.000 euros no justificados a pesar de serhechos prescritos. Según su defensa, este dinero tiene su origen en los años 80 por una herencia familiar y Hacienda busca ahora fijarlo como un delito fiscal cuando no tiene datos para ello, además de tratarse de una investigación que penalmente ya no puede llevarse a cabo.
Este recurso, es una respuesta a la providencia acordada por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, a la que ha tenido acceso El Confidencial, y que estima la petición de la AEAT de dar por paralizado el proceso inspector respecto de Pujol Ferrusola para convertirlo en una investigación penal. En febrero, el magistrado se opuso a la pretensión de Hacienda al entender que todavía no había indicios de delito suficientes.
La Agencia Tributaria debe paralizar un proceso administrativo cuando detecta la existencia de un delito fiscal, momento en el cual debe ser investigado por un juez. Hace dos meses, Pedraz requirió a la AEAT que siguiera con su proceso inspector hasta obtener indicios suficientes de que Oleguer Pujol y su exsocio, Luis Iglesias, hubieran podido cometer un delito fiscal.
Los inspectores han seguido trabajando dos meses más pero han vuelto a requerir a Pedraz que se encargue de la investigación por un delito fiscal por el riesgo a que no dé tiempo a concluir el proceso administrativo antes de que el proceso inspector prescriba. Es decir, ante el miedo a que la investigación a Pujol quede diluida por la prescripción, “con un grave quebrando para la Hacienda Pública”, la delegación de Cataluña de Hacienda solicita al juez que abra un proceso penal paralizando así el plazo.
La herencia, prescrita
El instructor tiene abierta una causa contra Oleguer y su exsocio, Luis Iglesias, ante las sospechas de que esconden dinero en paraísos fiscales no declarado. Sin embargo, Pedraz pidió a Hacienda que continuara con el proceso inspector que tiene abierto al hijo de Pujol a raíz de acogerse a la amnistía fiscal y realizar una autoliquidación en julio del pasado año e ingresar 321.907,73 euros, declarándose en la misma una ganancia no justificada por importe de 748.538,92 euros. Hacienda lo contabiliza en el IRPF de 2009 para, según su defensa, aplicar la sanción correspondiente porque antes de esa fecha estaría prescrito. Sin embargo, entiende que está claramente justificado que tiene su origen en unos fondos ingresados mucho antes de 2008 y, por tanto, no puede ser ahora investigado por un delito fiscal.
Ese dinero tiene su origen, según Pujol, en la herencia que su abuelo les dejó en los años 80 y que su padre, el expresidente catalán, confesó en julio del pasado año. “La AEAT, se limita ahora a añadir, a lo que ya ofreció en su día, una simple hipótesis calificatoria: que en relación con el ejercicio 2009, Oleguer Pujol habría podido incurrir en un presunto delito contra la Hacienda Pública. Sin más aditamento ni justificación”, destaca su defensa.
Posible delito fiscal del entramado societario
En el informe remitido por Hacienda a Pedraz, al que también ha tenido acceso este diario, se explica que la investigación fiscal debe ser judicializada por dos aspectos concretos: por un lado, la existencia de un presunto delito contra la Hacienda Pública en el IRPF de 2009 de Pujol; y por otro lado, “la existencia de prejudicialidad penal respecto de los restantes conceptos y periodos impositivos”, en el que hay que tener en cuenta “el entramado societario domiciliado fiscalmente en Madrid controlado por Oleguer Pujol y Luis Iglesias, que confirman la existencia de indicios de posibles ilícitos penales, fiscales y de otra índole, cuya investigación, a juicio de esta Dependencia, sería más eficaz y eficiente en sede de la instrucción penal con el auxilio judicial encomendado a funcionarios de la Agencia Tributaria”.
Para Hacienda, es más eficaz que se lleve el asunto en sede judicial por el “carácter internacional de las distintas sociedades y operaciones desarrolladas por ambos socios” en los años objeto de investigación. Además, para los inspectores, la posible existencia de duplicidades entre la investigación penal y la administrativa “podría generar que las conclusiones a las que se llegaran en vía administrativa fueran distintas a las de la vía penal, con el evidente riesgo de perjudicar el buen fin de ambas investigaciones”.
Para la defensa de Pujol Ferrusola esta maniobra de Hacienda es un “fraude procesal” con el único objeto de “dilatar sine díe la inspección
Hace unas semanas, la Policía solicitó el embargo de 11 millones de euros para ambos socios por el beneficio obtenido de la venta de un edificio en la calle Gran Vía de Madrid al dueño de la textil Inditex, Amancio Ortega, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción había acotado esa solicitud de embargo únicamente para el menor del matrimonio Pujol-Ferrusola, al entender que éste es el único responsable. Para la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF), el dinero podría estar en Curaçao, tras la venta del inmueble realizada por Drago Capital y por la que Iglesias y Pujol Ferrusola obtuvieron 11 millones de euros a través de la participada Aegle International. El juez ha rechazado por ahora el embargo hasta que la venta del edificio no conste oficialmente.
Para la defensa de Pujol Ferrusola, esta maniobra de Hacienda es un “fraude procesal” con el único objeto de “dilatar sine díe la inspección, sin efectos ni consecuencias, orillando fraudulentamente una garantía del contribuyente que es a un tiempo una cuestión de orden público-procesal tributario”. A su juicio, la AEAT tendría que limitarse a aclarar si las deudas tributarias están correctamente regularizadas, y liquidar en caso contrario lo que corresponda, teniendo en cuenta que la investigación penal está prescrita.
La AEAT “lo sabe” pero lo que “trata, simplemente, es de mantener sine díe a mi representado en una situación realmente devastadora para sus intereses profesionales y empresariales, en la convicción de que de no resultar posible a la postre una sanción penal, al menos se le anticipe la sanción de un proceso sine díe”, destaca la defensa.
http://www.elconfidencial.com/espana/2015-04-13/oleguer-pujol-acusa-a-hacienda-de-fraude-procesal-por-insinuar-un-delito-fiscal_758599/
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