29 DIC. 2018 01:54
Imagen extraida del informe 'Instrumentalización nacionalista del sistema educativo en Cataluña' sobre adoctrinamiento en las aulas E.M.
La Alta Inspección del Estado, dependiente del Ministerio de Educación, se ha desentendido de las denuncias de adoctrinamiento en escuelas de Cataluña.
Así lo refleja en un correo electrónico, al que ha tenido acceso EL MUNDO, enviado en respuesta a la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que le había pedido auxilio tras la "inacción" de la Generalitat ante sus reiteradas quejas por la "falta de neutralidad" en centros educativos catalanes.
Esta asociación le trasmitía el malestar de las familias a las que representa porque, en vísperas del pasado 1 de octubre, varios centros abrieron fuera del horario lectivo para celebrar el aniversario del referéndum ilegal. Se colgaron lazos amarillos y pancartas a favor de los presos, se bautizaron patios con el nombre de 1 de octubre y se hicieron otros actos conmemorativos.
Tras obtener pruebas de estos hechos, la AEB presentó cinco denuncias ante la Subdirección General de la Inspección de Educación de la Generalitat, que le respondió que esos actos "hay que enmarcarlos en el libre ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y de libertad de expresión", mientras que "las pancartas, pintadas y otros objetos con connotaciones políticas [...] son hechos completamente ajenos a la comunidad educativa", pues "aparecieron en las vallas y fachadas exteriores".
Días antes, el propio Defensor del Pueblo le había advertido al Govern, en relación a este caso, que "la utilización de las instalaciones y centros educativos para actos de reivindicación política puede contaminar" estos entornos.
Por eso la AEB acudió a la Alta Inspección, que le ha respondido que "no tiene competencias ejecutivas en el ámbito de la Educación" pues "están traspasadas a las autonomías correspondientes" y le ha dicho que el asunto "está bien gestionado" en manos del Departamento de Enseñanza catalán, "que es el organismo competente para actuar en el caso que se presenta".
El artículo 149 de la LOE -que está en vigor pues no lo derogó la Lomce- dice que "corresponde al Estado la Alta Inspección educativa, para garantizar [...] la observancia de los principios y normas constitucionales aplicables y demás normas básicas que desarrollan el artículo 27 de la Constitución".
Entre sus competencias, añade el artículo 150, está "velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación, así como sus derechos lingüísticos".
Según fuentes jurídicas, aunque la Alta Inspección no puede entrar en los colegios ni sancionarlos, sí tiene competencias para, a instancias de una denuncia de parte, señalar lo que se está haciendo mal para que Cataluña tome medidas reparadoras.
Es lo que se llama un requerimiento, una especie de amonestación a la Administración autonómica que, si no se responde, termina con una denuncia en los tribunales.
Esta figura la utilizó en tres ocasiones el ex ministro del PPÍñigo Méndez de Vigo el año pasado en relación a la escuela catalana. Ahora la Alta Inspección se encoge de hombros y les dice a las familias que hacen bien en acudir a la Generalitat.
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