Pedro Sánchez, Joan Tardà y Gabriel Rufián.
21/04/201906:45
Pedro Sánchez ya tiene preparado el próximo paquete de regalos al JxCat, ERC y PNV a cambio del apoyo de los separatistas a su gobernabilidad. El PSOE, no sólo mantiene la apuesta de incrementar el traspaso de competencias a Cataluña y País Vasco, además, ha empezado a incluir entre sus propuestas una mayor presencia de los nacionalistas en los grandes reguladores económicos como la CNMV, la CNMC y el Banco de España.
Pedro Sánchez ya tiene preparado el próximo paquete de regalos a JxCat, ERC y PNV a cambio del apoyo de los separatistas a su gobernabilidad tras el 28-A con permiso de las urnas.
El socialista, no sólo mantiene la apuesta de incrementar el traspaso de competencias a Cataluña y País Vasco hasta el máximo posible –algo que incluye, por ejemplo, el traspaso del control penitenciario–, sino que, además, ya ha empezado a incluir en el paquete descentralizador una mayor presencia de los nacionalistas en los grandes reguladores económicos de España.
Para ello, el PSOE quiere hacer partícipes a las comunidades autónomas de la elección de los cargos clave en organismos como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercados y Valores (CNMV) o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Los socialistas quieren combinar todo ello con un aumento de la presencia de las autonomías en las instituciones europeas, algo que, además de la dificultad de coordinación del mensaje nacional ante Bruselas y el resto de organismos comunitarios, dará más eco a las reclamaciones nacionalistas de algunas de las regiones españolas.
Este combinado de poder está reflejado en el programa electoral con el que el PSOE concurre a los comicios generales, lugar en el que señala abiertamente la entrega de esta nueva cuota de influencia y control a las comunidades autónomas.
Regiones como Madrid, Castilla y León, Asturias, La Rioja o tantas otras, nunca han peleado la entrada en ese tipo de organismos debido a que no tiene gran sentido, a menos que se busque fraccionar el control de los reguladores o se intente atraer a algún determinado territorio la sede de estas instituciones económicas; pero Cataluña sí lo ha hecho.
De este modo, Sánchez pretende incrementar “la participación de las comunidades autónomas en las actuaciones y decisiones del Gobierno de España, lo que favorece una auténtica integración”, según su versión.
El PSOE prosigue señalando que “en concreto, la participación en el ejercicio de competencias del Estado por su carácter supraterritorial o por ser de interés general pero que inciden en el territorio de una determinada comunidad autónoma” y, además, añade “la participación en la designación de los integrantes de instituciones del Estado o distintos organismos económicos y/o reguladores pues su actuación tiene incidencia sobre las comunidades autónomas”.
Entre esos organismo se encuentran reguladores o supervisores clave.
El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. De estos organismos depende el control de las actuaciones de los bancos no sistémicos, de las sociedades cotizadas o de las prácticas que desarrollen las empresas que atenten contra la libre competencia.
Es decir, que contar con reguladores que pudieran ‘mirar con cariño’ a las empresas o entidades financieras de una determinada región, evidentemente, se podría convertir en una ventaja para esas compañías, pero en un enorme problema para los consumidores y los usuarios.
El programa de Sánchez añade más cesiones a las autonomías con las que lograr el apoyo de los separatistas. Así, entre los presentes figura “la participación en los asuntos europeos en cuanto las decisiones comunitarias afectan al ejercicio de las facultades competenciales de las comunidades autónomas, o la participación en la elaboración de planes y estrategias nacionales, para que todos aporten su visión del Estado”.
También, según se especifica, “la clarificación del reparto competencial. El modelo de reparto derivado de la Constitución, con referencias genéricas y remisión a los Estatutos, ha generado diversos problemas que deben abordarse: falta de claridad en el reparto, con duplicidades o ausencia de ente competente en otros casos; excesiva conflictividad al no estar bien definido el marco del reparto y, en consecuencia, excesiva intervención del Tribunal Constitucional.
Ante esta situación, apostamos por una mejor delimitación de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas”.
Y, para ello, explica el programa del PSOE, “proponemos recoger en la Constitución las facultades concretas del Estado en las distintas materias competenciales, de la forma más precisa posible, y establecer que todo lo no atribuido al Estado por la Constitución es de competencia autonómica”.
Lo que se destila de toda esta propuesta es un esquema que da entrada a los nacionalistas en los grandes reguladores económicos de España y que, además, limita sólo al Estado, no a las autonomías porque todo lo no señalado expresamente y con precisión como propio del Estado, será considerado como ámbito de poder exclusivo de las comunidades autónomas.
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