A RAÍZ DE UNA QUEJA UNÁNIME
Propone una "sanción por falta muy grave" por "desatención y retraso injustificado" en las causas de corrupción que afectan a la anterior cúpula del PSOE en la Junta de Andalucía
La jueza María Núñez Bolaños. (EFE)
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03/07/2019 20:12
Todos los fiscales anticorrupción de Sevilla se habían unido para remitir a su jefe un completo escrito denunciando la supuesta mala práctica de la jueza María Núñez Bolaños, heredera en el juzgado de instrucción número 6 de la mayoría de los casos de corrupción que afectan a la anterior cúpula socialista de la Junta de Andalucía.
En un comunicado, el fiscal jefe de Anticorrupción informa de que, a raíz de esa queja unánime, ha presentado denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por considerarla "responsable de una falta, muy grave o grave", en relación con su actuación en las piezas separadas del caso ERE, el llamado caso Avales y el caso de la Agencia Idea.
Núñez Bolaños se dio de baja hace un par de semanas y justo a la vez se conoció el escrito de los fiscales anticorrupción denunciando su actuación.
En su entorno, ha existido denuncia pública de la Asociación Francisco de Vitoria, denunciando una campaña de "acoso y derribo" a Bolaños y "graves ataques" a su independencia desde que llegó al juzgado a tomar el testigo de la jueza Mercedes Alaya. Desde que aterrizó, se pusieron en duda su capacidad, sus conocimientos jurídicos y su supuesta relación con el PSOE, insinuándose continuamente que ha trabajado para cerrar las causas o diluirlas.
La Fiscalía considera que la situación procesal de estas causas "se ve afectada por la desatención y retraso injustificado, con evidente perjuicio". Por eso reclama al Consejo General del Poder Judicial que adopte sanciones atendiendo a los artículos 417.9 o 418.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que apuntan a infracción muy grave de "desatención o ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales".
Este órgano de gobierno de los jueces ya tuvo que mediar a su llegada, en 2015, tras un escrito de la magistrada Alaya poniendo en duda la capacidad de su sucesora, que era hasta entonces jueza de familia. El CGPJ 'castigó' aquel escrito de Alaya y avaló a Núñez Bolaños.
Anticorrupción considera que las actuaciones de la instructora están haciendo "imposible proceder en los términos exigidos por la ley"para el "esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades de los partícipes, favoreciéndose con todo ello que el ejercicio de la acción penal no alcance sus objetivos".
Desde su llegada, se puso en duda su imparcialidad, al trascender que su marido era amigo del exconsejero de Justicia de Susana Díaz Emilio de Llera. Nunca se pidió su recusación por este motivo y se rechazó en el caso de Idea, donde el PP pidió sin éxito que fuera recusada por trabajar en este ente público una cuñada.
Núñez Bolaños llegó hace cuatro años a un juzgado que se había convertido en el epicentro de la guerra política entre el PP y el PSOE
Núñez Bolaños llegó hace cuatro años a un juzgado que se había convertido en el epicentro de la guerra política entre el PP, acusación particular en estas causas, y el PSOE, cuyos altos cargos durante una década eran imputados en diversos casos de corrupción, a raíz de los ERE.
Bajo su instrucción se archivó la imputación de responsables políticos en el caso de los cursos de formación, pero en esa ocasión con el apoyo de la Fiscalía. Se mantuvo abierto todo lo referido a la extinta fundación de empleo Faffe, donde los directivos hicieron uso de tarjetas con dinero público para pagar en puticlubs.
Fue Núñez Bolaños quien decidió dividir la causa de los ERE, que se había convertido en una 'macroinstrucción' que Alaya siempre se negó a desgajar en piezas.
Su sucesora siguió el guion de la Fiscalía y dividió la causa en tres, una pieza política, ya juzgada y cuya sentencia se espera para enero, una causa para cada expediente de regulación de empleo o ayuda a empresa (unas 200 causas) y otra sobre las sobrecomisiones abonadas a las aseguradoras.
Atendiendo a esa división, para la "agilización" de las causas, la Audiencia determinó que los responsables políticos, desde los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán a más de una veintena de ex altos cargos, solo se sentarían en el banquillo una vez, en la pieza política, y no en el resto de piezas, bajo el principio de 'non bis in ídem', que señala que no se puede juzgar dos veces por lo mismo.
Esto le granjeó su primera gran polémica. Después Núñez Bolaños ha decidido el archivo de varias piezas separadas de los ERE al no ver indicios de delito, y los fiscales y el PP la han acusado en sus escritos de retrasos deliberados para propiciar la prescripción de los casos. Los choques y roces han ido a más en los últimos meses.
El último gran choque se produjo después de que la jueza decidiera el sobreseimiento provisional del caso Avales, que investiga ayudas públicas excepcionales de la Agencia Idea. La magistrada señaló que se habían "desvanecido" los delitos sobre la supuesta concesión irregular de estos préstamos con dinero público.
La Fiscalía recurrió a la Audiencia y denunció que la instructora no había desarrollado las diligencias de investigación que pidió su antecesora. El PP añadió posibles delitos de "desobediencia, prevaricación y retraso malicioso" y pidió su expulsión de la instrucción.
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