CRISIS DEL CORONAVIRUS
Manifestación del 8-M en Madrid.
29/08/2020 06:46
El juez Alfonso Villagómez Cebrián, que anuló la orden del Gobierno de la Comunidad de Madrid por la que, entre otras medidas, se prohibía fumar en espacios públicos -y que se desdijo cinco días después, provocando una situación inédita en plena crisis pandémica- arremetió contra la Guardia Civil por su informe sobre el 8-M. Ese informe resultaba demoledor para el Gobierno al revelar las múltiples evidencias de su inacción contra el coronavirus.
‘¿Han cometido los agentes de la Guardia Civil un delito de falsedad en el caso 8-M?’. Es la pregunta que se planteaba el juez en un artículo, publicado en la web Confilegal.
«En mi experiencia profesional siempre he valorado los informes de la Guardia Civil, en funciones de policía judicial: informes austeros pero sólidos a la hora de llevar adelante una investigación. Sin embargo, me han sorprendido de forma muy decepcionante los informes que los agentes de la Comandancia de Madrid elaboraron a solicitud de la magistrada del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, en el llamado “caso 8-M”, que ahora ha sido archivado», empieza el autor.
Cabe recordar que, tras conocerse ese informe, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos fue destituido de manera fulminante por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por no informarle de la investigación, siguiendo las órdenes de la propia juez del caso.
«Especulaciones»
«La lectura de los 51 folios judiciales que ponen el punto final a este desdichado asunto, dejan en muy mal lugar a los autores de estos informes, un capitán y un teniente de la unidad de policía judicial», prosigue Villagómez, que considera que los agentes «arrojaron unas sospechas, que se han revelado carentes de todo fundamento».
«Estos documentos elaborados en buena parte con recortes sesgados de prensa, trufados de especulaciones, errores y datos inciertos, son impropios de la Guardia Civil , y dejan a la institución en muy mal lugar», opina el juez.
Y añade: «No voy a entrar en las consecuencias que produjo su delictiva filtración, pero sí que deberían exigirse responsabilidades a los agentes por este cúmulo de falsedades desde la perspectiva del tipo penal de la falsedad ideológica. Por el buen nombre del Instituto que han deshonrado».
El informe resultaba demoledor contra el Gobierno. Como publicó en exclusiva OKDIARIO, se revelaba, por ejemplo, que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, era conocedor de la gravedad del virus ya desde el 10 de febrero.
O que la Guardia Civil tuvo que personarse en las instalaciones del centro de Simón, tras los continuos incumplimientos de este organismo a la hora de entregar información relevante para la investigación. Además, personal del área sanitaria de la Delegación del Gobierno en Madrid admitía que la celebración de la manifestación multitudinaria disparó los contagios por coronavirus.
Activo feminista
Villagómez se ha reconocido como un activo feminista. En otro artículo, en La Región, explicaba que había participado en la marcha ideológica del 8 de marzo, en Madrid, «un estallido de reivindicación por la igualdad que compartimos muchos hombres».
En el texto, arremete contra «los partidos políticos de ultraderecha que ponen en duda la virtualidad y necesidad de una protección legal específica de las mujeres». «No entienden, ni entenderán jamás, la naturaleza jurídica contemporánea del principio de discriminación positiva, ni la misma idea de igualdad radical entre hombres y mujeres», opina el magistrado. «Si algo hay que reprochar es la excesiva generosidad de nuestra democracia con esos pocos extremistas», concluye.
El caos provocado por este juez ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a zanjar el asunto. En conclusión, el Gobierno de Díaz Ayuso seguirá adelante con las nuevas medidas sanitarias para impedir la propagación del virus.
El TSJM ha estimado así el recurso de la Comunidad contra el auto del juez de lo contencioso-administrativo que rechazó dar el aval a las medidas recogidas en la Orden del 18 de agosto de la Consejería de Sanidad.
El magistrado anuló las medidas argumentando que la orden ministerial en la que se basaban no se había publicado y porque consideraba que únicamente bajo el estado de alarma se podría aplicar una restricción de derechos. La Comunidad presentó su queja y pidió explicaciones al juez, pero éste descartó dar más aclaraciones.
En su auto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid habla de «desajustes conceptuales» y señala los excesos del magistrado.
Contra el PP
Como publicó este periódico, el juez consideró «proporcionadas» las medidas adoptadas en el estado de alarma por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, y criticadas por la oposición.
Al mismo tiempo, en otro artículo en Confilegal, Villagómez se mostraba crítico con una de las propuestas del Partido Popular y de Vox como alternativa al estado de alarma, el uso de la Ley de Seguridad Nacional.
«Ahora algunos creen haber encontrado en la legislación española la solución racional para una alternativa jurídica al estado de alarma decretado por el Gobierno el pasado 14 de marzo para todo el territorio nacional (…) Pues bien, esta ley ordinaria nada tiene que ver en cuanto a su objeto y motivación con la situación de alarma sanitaria que vivimos desde el pasado 14 de marzo», opina el autor en este texto.
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