TENDRÁ QUE PRONUNCIARSE SOBRE LOS NUEVOS PAPELES DEL EXTESORERO
Fotografía de archivo del extesorero del PP, Luis Bárcenas (EFE)
El giro que Luis Bárcenas ha dado a su estrategia de defensa deja todo el peso de la instrucción judicial en la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Sus efectivos tendrán ahora que estudiar las dos cajas y elpendrive con centenares de documentos que el extesorero del Partido Popular ha puesto este lunes sobre la mesa del juez Pablo Ruz, y remitir luego un informe a la Audiencia Nacional razonando si estas nuevas pruebas avalan la confesión de Bárcenas o tienen alguna implicación para la causa. Aunque la última palabra la tendrá el magistrado, el futuro inmediato del Gobierno está en manos de la UDEF. Y esa no es una buena noticia para Mariano Rajoy ni su equipo, que ya han sufrido en los últimos meses la contundencia de esta unidad policial.
La revelación más grave que el extesorero lanzó en su declaración apunta directamente a Rajoy y María Dolores de Cospedal. Según Bárcenas, él mismo les entregó 90.000 euros en sobres entre 2009 y 2010. El extesorero habría confesado que no dispone de los recibís de esos supuestos pagos, pero los documentos que hasta ahora había mantenido ocultos podrían ser suficientes para comprobar si Rajoy, Cospedal y el partido se beneficiaron de aportaciones opacas de grandes empresas. Si además se demostrara que esos pagos se hicieron a cambio de adjudicaciones, los dirigentes del PP se enfrentarían a un delito de cohecho, castigado con hasta seis años de cárcel por el Código Penal.
La información que desmontó la red de Correa
Los informes de la UDEF serán claves para determinar el alcance de los nuevos documentos. En realidad, la sección central de esta unidad de la Policía, compuesta por 300 especialistas en delitos financieros y fiscales de reconocido prestigio, está teniendo un papel decisivo en la evolución del caso Gürtel desde que se produjeron las primeras detenciones en febrero de 2009. De sus despachos han salido los informes que han permitido desarticular la extensa red empresarial que tejió el presunto cerebro de la trama, Francisco Correa, para ocultar las ganancias de más de una década de negocios que contaron con la ayuda de dirigentes del PP también salpicados por la investigación.
Los antecedentes demuestran que los efectivos de la UDEF no van a someterse a las órdenes de ningún superior, y eso inquieta a Moncloa, que siempre ha sostenido que la unidad está controlada por agentes cercanos al PSOE. Al llegar al Gobierno, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, trató de aplacar esos temores colocando al frente de la Comisaría General del Poder Judicial a José Enrique Rodríguez Ulla, un hombre de su confianza. Pero Ulla fue destituido fulminantemente a los seis meses por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, por no haber frenado una investigación de la UDEF sobre el ático en Marbella del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, un caso que se está dirimiendo en los Juzgados de Estepona. El elegido para sustituir a Ulla fue José García Losada, un comisario con una trayectoria impecable que ya había ocupado el mismo puesto entre 2002 y 2004, con Ángel Acebes como ministro del Interior.
La crisis del segundo informe sobre Mato
Sin embargo, la llegada de Losada no provocó el cambio en la UDEF que esperaba Moncloa.
El nuevo comisario general de la Policía Judicial ha permitido que la unidad siga trabajando con independencia, a pesar de que en amplios sectores del Gobierno sostienen que la autonomía de sus agentes oculta en realidad un notable sesgo hacia la izquierda, y ponen como ejemplo el informe que la UDEF remitió al juez Ruz el pasado febrero sobre la relación de Gürtel con la ministra de Sanidad, Ana Mato, y su exmarido, Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón.
El documento policial recopilaba datos incluidos en un informe anterior de 2009 y enumeraba los regalos que Mato y su familia habrían recibido de la trama de Correa. Respondía a una petición previa del juez, pero el episodio, que puso a la ministra contra las cuerdas y la obligó a responder a peticiones de dimisión, estuvo a punto de costarle el puesto a Cosidó, a quien Mato y su entorno acusaron de no haber impedido que ese informe viera la luz. A juicio de la ministra, estaba plagado de insinuaciones gratuitas y de indicios antiguos. Otros sectores del Gobierno culparon al segundo de Cosidó, el director adjunto operativo, Eugenio Pino, que también está señalado desde entonces.
Nuevas directrices a la UDEF
Tras esa crisis, Interior ordenó a los investigadores de la UDEF que trataran de ceñirse en sus nuevos informes a los hechos probados y que evitaran introducir en ellos interpretaciones o valoraciones subjetivas, en especial, en aquellas actuaciones relacionadas con el caso Gürtel.
El departamento de Fernández Díaz también pidió a la UDEF que intentara acelerar el análisis de los documentos que todavía no han sido revisados por sus agentes. El ejemplo más significativo lo constituye la llamada pieza K, varias cajas con información sobre la trama corrupta incautadas en el registro de una nave de la red de Correa. Interior quiere que se analicen cuanto antes para que las conclusiones sean remitidas a la Audiencia Nacional y así evitar un goteo constante e incontrolado de nuevas pruebas incriminatorias contra miembros del Gobierno y del PP.
Pero las órdenes de Interior no han surtido efecto. De hecho, han seguido apareciendo informaciones sobre nuevos regalos financiados por Gürtel. Los últimos documentos filtrados probarían que Correa sufragó los gastos de iluminación y sonido de la boda de Ana Aznar y Alejandro Agag. Los datos salieron de la pieza K.
A la espera de las conclusiones
El vértigo que esta situación de descontrol lleva meses provocando en el Gobierno y la certeza de que Bárcenas iba a terminar pasando al ataque alimentaron hace unas semanas el rumor de un nuevo cambio en la cúpula de la Comisaría General de Policía Judicial. El relevo no se ha producido, pero ilustra la expectación con la que el Ejecutivo aguardará el dictamen sobre los nuevos papeles de Bárcenas de una UDEF que no puede dominar ni predecir.
Si los informes policiales concluyen que Rajoy y Cospedal cobraron sobresueldos y el PP se financió con fondos procedentes de donaciones ilegales, al Gobierno le quedará poco margen de maniobra para evitar su colapso en el Congreso y en los tribunales. La UDEF tiene la palabra. Y su historial no contribuye a la tranquilidad de Moncloa.
