La tasa es un 27% más cara que la que se abona por comprar a las compañías eléctricas
Paneles fotovoltaicos en una planta de Coburgo (Alemania). / REUTERS
El Gobierno tiene la determinación de que el autoconsumo energético —producir tu propia energía mediante paneles fotovoltaicos o minieólicos y consumirla en el momento—, se implante de forma muy controlada y sin perder de vista “la compleja situación económica” que afecta al sector eléctrico. El borrador del decreto de autoconsumo —esperado como agua de mayo por numerosos consumidores para ver si se podían ahorrar unos euros en su factura— ha incluido un peaje, denominado “de respaldo”, que, de momento, sube la tarifa de quienes lo utilizan.
La redacción del texto reserva al Gobierno la capacidad de subir o bajar la cuantía de este peaje dependiendo de cómo vaya la implantación de estos modelos de autogeneración eléctrica. Uno de los grandes miedos de las eléctricas es que la autogeneración se descontrole y el sistema actual colapse.
Las cuantías de los primeros peajes de respaldo se incluyen en el borrador del decreto elaborado por el Ministerio de Industria. Según cálculos de la
Unión Española Fotovoltaica (Unef), el peaje de respaldo que se pagará por generar energía en un domicilio será un 27% más alto que si se opta por el consumo convencional y se abona el peaje por el uso tradicional de la red. La asociación, que agrupa a unas 300 empresas y representa a un 85% del sector, critica que se impida el ahorro de los consumidores y se paralice la entrada de nueva competencia en el mercado eléctrico.
El autoconsumo está consolidado en EE UU o países como Holanda
En los últimos cinco años los consumidores han visto cómo los precios de la
tecnología fotovoltaicahan bajado un 80%. En un contexto de crisis en el que las tarifas de las eléctricas no hacen más que subir, producir su propia electricidad con paneles solares o molinillos se había convertido en una alternativa de ahorro muy interesante. Se ha desarrollado un pequeño mercado de autoconsumo instantáneo, amparado por un decreto de 2011, en el que se han integrado sobre todo industrias y comercios, que conseguían reducir sus facturas energéticas y mejorar su competitividad. Cuando se apruebe el decreto de autoconsumo tienen dos meses para inscribirse en un registro oficial y comenzar a pagar estos peajes. En caso contrario, se enfrentan al corte de suministro o a sanciones que llegan a los 30 millones.
Aunque en España sea relativamente nuevo, el autoconsumo energético está más que consolidado en países como Estados Unidos (sobre todo en California) u Holanda. Es el camino hacia el que se dirigen las políticas de la
Unión Europea. Lo habitual en los países en los que se ha implantado es que se incentiven estas prácticas bonificando los peajes, permitiendo a los consumidores que viertan energía a la red y la recuperen cuando la necesiten u ofreciéndoles la posibilidad de venderla a la compañía eléctrica, algo que no ocurre aquí.
El decreto nombra las bondades del sector renovable y la eficiencia energética, así como las múltiples directivas europeas que las promueven. Sin embargo, no esconde que se busca una “evolución gradual” del autoconsumo que no atente contra el conjunto del
sistema eléctrico. Habla de “dirigir” el desarrollo de este “novedoso mecanismo” y considera un “reto adicional” su integración en el sistema.
La energía sobrante que se vierta a la red no será remunerada
El Gobierno del PP considera que tener muchos puntos que puedan emitir energía puede ser beneficioso para un sistema de grandes centrales como el español, sobre todo en lo relativo a las pérdidas de red —que suponen entre un 10% y un 15%—. Acto seguido subraya que la generación distribuida (tener muchos productores de electricidad) no reduce los costes de mantenimiento de transporte y distribución, ni los costes ajenos al
suministro que se incluyen en los peajes de acceso. “En algunos casos podría provocar costes de inversión adicionales en las redes para adecuarlas”, justifica.
La venta de excedentes energéticos —facilitar que se venda o intercambie la energía que no se utilice— se contempla como un “objetivo”, pero no se ha desarrollado. De hecho, el texto especifica que las cesiones de energía eléctrica a la red pública “no podrán llevar aparejada contraprestación económica”. La modalidad conocida como balance neto —que consiste en aportar energía sobrante a la red para luego recuperarla cuando se necesite en la misma cantidad— no se contempla de momento.
Otras tecnologías, como la cogeneración, consiguen salvarse de estos peajes hasta el 31 de diciembre de 2010. “Se trata de excepciones”, explica David Arzoz, vicepresidente de la asociación de empresarios Cogen España. “Las plantas que estaban vendiendo energía podrán continuar hasta este plazo, pero las que hacían autoconsumo y las que se construyan tendrán que pagar este peaje y ya no será rentable”, añade el representante de esta asociación especializada en cogeneración.
Los ajustes asfixian a 30.000 familias con huertos solares
Industria ha bajado las primas a estas renovables y creado nuevos impuestos
Los inversores intentan renegociar sus créditos
Miguel Ángel Martínez-Aroca (izquierda) y Pedro Carrión en su huerto solar de Jumilla (Murcia). /PEPE OLIVARES
Los paneles solares les están ahogando. Unas 30.000 familias, según estimaciones de tres asociaciones del sector, están al borde de la quiebra por su apuesta decidida por la energía sostenible. En 2007, animados por un decreto del Gobierno que fomentaba las energías renovables para cumplir con los objetivos de Kioto de reducción de emisiones de CO2, se entramparon para adquirir pequeñas instalaciones de energía fotovoltaica poniendo sus ahorros y sus bienes como garantía. La mayoría son agricultores y ganaderos que buscaban un complemento de renta de unos 400 o 500 euros mensuales.
Los recortes de los Gobiernos socialista y popular al sector —primero redujeron los años que les garantizaban las primas, después hubo una limitación horaria en la retribución, también se han aprobado nuevos impuestos— les han dejado en una situación límite. De las 59.835 instalaciones que hay en España, 34.000 pertenecen a personas físicas, según datos de la
Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier).
Desde 2007, año en el que se publicó el decreto que animaba a apostar por la energía fotovoltaica, con Miguel Sebastián en el
Ministerio de Industria, los inversores han perdido en torno a un 40% de la rentabilidad que les garantizaba entonces el Estado.
En el Paraje La Jeresa de Lorca (Murcia), la mitad de los 418 socios de un huerto solar ya han dejado de pagar las letras. “Estamos al borde de la expropiación”, resume Antonio Alcázar, representante e integrante de esta cooperativa. Alcázar, de 40 años y padre de dos hijos, se lamenta de no haberse conformado con los imprevistos de cultivar brócoli, alcachofas o lechugas. “Esto no es para nosotros”, se lamenta. La energía fotovoltaica cubre el 3% de la demanda eléctrica de España.
La mayoría del los afectados son agricultores y ganaderos
La sede de Anpier comparte edificio con numerosas organizaciones agrarias. “Esta gente no fue a buscar el pelotazo, sino un complemento de renta”, puntualizan desde el colectivo. Lo veían como una inversión segura, con la garantía del Estado, por lo que pensaron que podía servir como plan de pensiones, o para diversificar su dedicación al campo o a los animales. “Era cosa de no poner todos los huevos en una misma cesta”, resume Pedro Carrión, dueño de una finca agrícola en Jumilla (Murcia). Casado y con dos hijos, entregó sus ahorros, 30.000 euros, para adquirir una instalación que costaba 300.0000 euros. El banco le pidió “hasta la talla de pantalón” para asumir el resto y puso a sus padres, ya jubilados, como avalistas. En su huerto solar, formado por unos 40 agricultores, ya ha habido varias ventas. “No sacamos para pagar la letra”, afirma. Carrión acaba de ingresar en el banco 10.000 euros, producto de la última cosecha de fruta. Según sus cálculos, ese dinero le permitirá aguantar unos cuantos meses más.
Miembros de diferentes huertos consultados aseguran que han intentado negociar con los bancos un cambio en las condiciones de sus préstamos, pero que las entidades prefieren ir caso por caso. Lo único que les ofrecen son refinanciaciones, que supondrán terminar de pagar los créditos fuera de la vida útil de las instalaciones fotovoltaicas y pagar unos intereses más altos (pasarían del 4% que tienen contratado al 8%).
En Navarra hubo hasta listas de espera para instalar estos paneles
Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier, asegura que el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, les ofreció en una reunión llevar sus inversiones al banco malo. El ministro de Economía, Luis de Guindos, rechazó esa posibilidad públicamente. El Ministerio de Industria, que prepara una gran renovación del sector energético, no ha respondido a la petición de especificar el número de inversores en esta situación y si prevén ayudarles.
“Detrás de todo esto hay un error gravísimo de control de la potencia. No se limitó el número máximo de megavatios subvencionados”, señala Martínez-Aroca, abogado de 42 años. Desde 2007 a 2010, año en el que empezaron los recortes, la energía fotovoltaica que recibía primas se multiplicó por cinco, pasó de 53,7 a 313,7 gigawatios hora, según datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE). “Esos mismos funcionarios siguen en el ministerio y son los que han dispuesto los recortes”, añade el presidente de Anpier.
“Las asambleas comienzan a ser un problema importante. La gente está de los nervios”, describe Manuel Pérez, propietario de una instalación en la cooperativa de usuarios y consumidores de Crevillente (Alicante). En su parque, de 13.500 kilovatios, unas 500 familias invirtieron 80 millones de euros de forma mancomunada. 16 millones venían de ahorros, el resto lo pusieron los bancos. “Tenemos una caída de ingresos de un 27,5%, o se ponen entre 10.000 o 15.000 euros al año a la planta, o se la lleva el banco”, explica Pérez, empleado de esta cooperativa, en la que hay 6.000 socios. “No se trata de perder el dinero que hemos puesto, se trata de perder nuestra casa”, relata Pérez, de 55 años.
En Navarra, otras 9.000 personas viven con el agua al cuello. “Hubo hasta listas de espera para hacer estas instalaciones”, recuerda Juan Antonio Cabrero, empleado de una empresa de autobuses híbridos de 57 años. Según Cabrero, hay socios que se están planteando el concurso de acreedores. “Nos sentimos engañados por quien tiene que hacer de valedor, que es nuestro Estado. Las inversiones no van a venir a un país como este”, vaticina.
Desde que comenzaron los tijeretazos de Industria, los afectados han estado esperando el momento oportuno para reclamar a los tribunales. El 31 de marzo se dio el pistoletazo de salida para recurrir ante la CNE la liquidación definitiva de los primeros recortes, aprobados por un Real Decreto ley en 2010. Los abogados de la Asociación Española Fotovoltaica (UNEF), que representa al 85% del sector, aseguran que ya se podría acudir a la Audiencia Nacional y que el plazo terminaría el 31 de agosto. Un informe interno de este colectivo aconseja a sus 307 socios la conveniencia de “ponerse en manos de un abogado”. Los 4.500 socios de Anpier, también están más que dispuestos a acudir a los tribunales.
Tijera para el sol
J. V.
Los particulares invirtieron en paneles solares animados por el real decreto 661/2007 que establecía un sistema de primas por la emisión de energía para compensar los grandes desembolsos que acarreaba la adquisición de instalaciones fotovoltaicas.
El primer recorte llegó en 2010. Mediante otro decreto, el 1565/10, se limitó la retribución de las instalaciones a 25 años. Antes se podían percibir las primas durante toda la vida útil de la instalación. En ese mismo año, el real decreto ley 14/10 reduce también el número de horas de emisión de energía con derecho a subvención.
En 2012, la Ley 15/2012 estableció un nuevo impuesto del 7% sobre la generación de electricidad. En 2013, el real decreto 2/2013 congela la actualización del IPC.
