En sus casi tres siglos de historia, la masonería ha estado a menudo rodeada por un halo de misterio, recelo, secretismo y rumores sobre su participación en complots revolucionarios.
En España su presencia, mucho menor que en otros países, ha estado marcada por la prohibición y la persecución a la que se vio sometida durante años por parte de la Iglesia, la monarquía y las dictaduras.
El 24 de junio de 1717, un nutrido grupo de caballeros ingleses se reunieron en la taberna The Goose and Gridiron (El ganso y la parrilla) para dar carta de fundación a una peculiar sociedad que daría mucho que hablar en los siglos siguientes: la Gran Logia de Inglaterra.
Aquel acto celebrado en la noche de San Juan marcaba el inicio de la llamada masonería moderna o especulativa y, con su nacimiento, comenzaba el recorrido histórico de una de las instituciones más polémicas, controvertidas y temidas de la historia moderna.
Apenas diez años después, el 17 de abril de 1728, en la Gran Logia de Inglaterra se recibía una carta procedente de España.
En ella, un grupo de ciudadanos británicos afincados en la península solicitaban la constitución oficial de una logia en Madrid. Entre los firmantes de aquella misiva destacaban especialmente dos nombres: el de Charles Labeyle –principal fundador y primer Gran Maestre de la logia– y el del Duque de Wharton, un polémico personaje, cuya vida estuvo salpicada de episodios singulares, traiciones políticas y otros escándalos, pero que por otra parte había sido Gran Maestre de la Gran Logia de Inglaterra por un breve espacio de tiempo.
El polémico Duque de Wharton participó en la constitución de la primera logia masónica en suelo español. Crédito: PARES.
La logia madrileña –cuyos miembros se reunían en un hotel francés de la calle San Bernardo– recibió la legitimidad un año más tarde, registrándose con el número 50, y adoptando el nombre de Las tres flores de Lys (así se llamaba el establecimiento hotelero en el que se reunían sus miembros) o French Arms, aunque en ocasiones es citada también como Matritense.
Aquella primera logia masónica creada en suelo español tuvo el honor de ser también la primera del continente reconocida por la Gran Logia de Inglaterra.
Grabado del siglo XVII en el que aparece registrada la logia de Madrid, con el número 50.
Un año más tarde, en 1729, otra logia, la Saint John of Jerusalem solicitaba el permiso para su constitución en Gibraltar. Además, los historiadores de la masonería en España han podido determinar que años después, en 1750, 1755 y 1772, otros grupos de ciudadanos extranjeros intentaron crear logias o celebraron reuniones masónicas en Madrid, Barcelona y Cádiz.
Pese a la aparición de algunas logias, como las ya mencionadas, lo cierto es que los estudiosos no dudan en calificar la presencia masónica en España durante el siglo XVIII como anecdótica. De hecho, en 1768 la pionera logia de Madrid fue borrada de las listas oficiales de la Gran Logia de Inglaterra, por falta de actividad y, en censos posteriores, como los de 1787 o 1796, únicamente se menciona la existencia de la logia gibraltareña.
En cualquier caso, los masones presentes en España en aquellos años suelen corresponder únicamente con extranjeros, generalmente militares y comerciantes. ¿Cuáles fueron los motivos para esta ausencia de entidades masónicas en nuestro país, mientras otros países, como Inglaterra o Francia, veían aumentar el número de logias y de masones año tras año? Pues básicamente uno: la prohibición y persecución iniciadas en aquel siglo por la monarquía y la Inquisición.
UNA INSTITUCIÓN PROSCRITA
El 28 de abril de 1738, el papa Clemente XII condenaba de forma rotunda a los franc-maçons oLiberi muratori en su bula In eminenti, con castigo de excomunión: “Por eso prohibimos seriamente (…) a todos y a cada uno de los fieles de Jesucristo (…) entrar en las dichas sociedades de francmasones, o propagarlas, sostenerlas o recibirlas en su casa o darles asilo en otra parte, y ocultarlas, inscribirse y asistir o darles el poder o los medios de reunirse, suministrarles cualesquiera cosa, darles consejo, socorro o favor abierta o secretamente (…) esto bajo pena de excomunión. (…) Queremos además y mandamos (…), que todos los inquisidores se informen y procedan contra los transgresores (…) y los castiguen con las penas merecidas como fuertemente sospechosos de herejía”.
Portada de la bula In Eminenti del papa Clemente XII, condenando la masonería.
Ese mismo año, el 11 de octubre, Andrés de Orbe y Larreategui, Inquisidor general en España, emitía el edicto de prohibición sobre la Orden del Gran Arquitecto a todos los tribunales del Santo Oficio. Curiosamente, y tal y como señala el historiador José Martínez Millán, se da la circunstancia de que la Inquisición comenzó a perseguir a los supuestos masones existentes en España sin saber exactamente cuáles eran las herejías concretas que esta “secta” cometía.
Ante la ausencia de un “perfil” claro del masón, los inquisidores españoles tuvieron que contentarse con perseguir de forma individual a los supuestos masones, a través de denuncias de conciudadanos, y acusándolos de faltas como críticas al Papa y a la Iglesia, menospreciar la eucaristía o no considerar la fornicación como un pecado.
A la bula de Clemente XII y la consiguiente persecución inquisitorial se sumó una nueva condena, en 1751, por parte del papa Benedicto XIV, en su Constitución Apostólica Providas, que venía a refrendar lo manifestado por su antecesor. Ese mismo año, el monarca español, Fernando VI, emitía un Real Decreto en el que se prohibían las reuniones de francmasones, después de que su confesor, el jesuita Rávago, le presentara un abultado documento con las supuestas maquinaciones de la masonería para acabar con la Iglesia y el Estado.
Pese a estas prohibiciones por parte de la monarquía y la Inquisición, los procesos por esta causa son prácticamente inexistentes o con pocas repercusiones, y en algunos de los casos se corresponden con confesiones voluntarias, como la del cadete de Guardia de Corps Ignacio Le Roy, militar flamenco que se personó por voluntad propia ante la Inquisición en agosto de 1751 para reconocer su condición de masón –iniciado en Italia–, aclarando que desconocía que estuviese prohibido. En cualquier caso, la pena no debió ser muy severa, pues nueve años después Le Roy continuaba en el ejército, con el grado de teniente coronel y capitán del regimiento de Andalucía.
La postura de Carlos III –pese a que algunos historiadores masónicos del siglo XIX defendieron que la Orden vivió con este monarca un gran desarrollo y prosperidad– fue similar a la de sus predecesores. Ya en 1751, siendo todavía rey de Nápoles y Sicilia, condenó a la masonería, y durante su reinado en España la prohibió y persiguió hasta un grado obsesivo, tal y como se refleja en su correspondencia privada, en la que la calificaba de “gravísimo negocio o peligrosa secta”.
Al igual que en los periodos anteriores, la presencia efectiva de logias masónicas en España –sin contar las extranjeras existentes en Gibraltar y Menorca–, fue prácticamente nula. Únicamente hubo alguna presencia masónica de militares y comerciantes extranjeros, pero en ningún caso gozó de continuidad. Una situación que se prolongaría hasta la época de la invasión francesa.
LA MASONERÍA QUE LLEGÓ DE FRANCIA
Con la llegada de las tropas francesas invasoras, la situación de la masonería en España dio un giro de 180 grados. De la anterior prohibición no sólo se pasó a la legalidad, sino que las distintas logias que surgieron entre 1808 y 1814 gozaron de cierto apoyo por parte del poder. No en vano, tal y como señala el historiador José Antonio Ferrer Benimeli –la mayor autoridad en nuestro país sobre la cuestión–, la masonería que surgió en estos años, “llamada bonapartista, es una masonería estatista, oficial, en cierto sentido desvirtuada, pues viene a ser una especie de instrumento político-ideológico en manos de las tropas francesas tras su invasión en 1808”. De hecho, el propio José I Bonaparteformó parte de la masonería, llegando incluso a ocupar el cargo de Gran Maestre.
En cuanto a las características de estas logias, encontramos dos variantes, aunque en cierto modo paralelas. Por un lado destacaron las logias bonapartistas, integradas por franceses –en su mayoría militares– y dependientes del Gran Oriente de Francia. En segundo lugar proliferaron una serie de logias compuestas casi exclusivamente por españoles afrancesados que crearon la Gran Logia Nacional de España. Esta última “masonería afrancesada” tuvo sus logias más importantes en Madrid, mientras que las bonapartistas estuvieron más repartidas por toda la geografía española, coincidiendo con la presencia de las tropas francesas.
Tras la guerra, y con la salida del ejército francés, las distintas logias desaparecieron casi por completo, regresando la masonería a una situación de ilegalidad similar a la que existía antes de la invasión.
Con la vuelta de Fernando VII al trono, el panorama volvió a la opresión y la persecución. Tras la derogación de la Constitución de Cádiz, el primer Real Decreto, fechado en mayo de 1814, prohibía tajantemente cualquier tipo de asociación clandestina. Además, se restableció ese mismo año el tribunal de la Inquisición, para luchar contra las “sectas anticatólicas introducidas durante la guerra de la Independencia”.
Durante el reinado de Fernando VII la masonería vivió en España uno de sus momentos más oscuros. Pintura de Francisco de Goya.
Durante estos años, la persecución a la masonería sirvió para atacar igualmente a cualquier forma de liberalismo, pues no en vano se calificó de masones a muchos liberales. Si en los reinados de sus antecesores la prohibición y condena de la Orden fue notable, con Fernando VII llegó a extremos difíciles de superar. Los diversos documentos conservados, que incluyen información sobre sociedades secretas y correspondencia privada del monarca, son bastante esclarecedores a este respecto.
En dichos documentos se encuentran largas listas de supuestos masones –hasta 1.500 nombres–, entre los que se cuentan letrados, militares y clérigos. En una carta del monarca a su secretario de Estado, Francisco Eguía, fechada en noviembre de 1817, el rey manifestaba su convencimiento de la existencia de logias en numerosas ciudades, integradas en muchos casos por militares, y encomendaba a Eguía la elección de personas de confianza para que informasen sobre tales asociaciones masónicas.
A lo largo de su mandato, Fernando VII llegó a promulgar hasta catorce decretos contra la Hermandad, dejando clara su obsesión por la misma. Según Benimeli, el reinado de este monarca fue, junto al franquismo, el periodo antimasónico más duro y prolongado de la historia de España.
ESPLENDOR Y DESUNIÓN
Tras la muerte de Fernando VII, acaecida en 1833, la persecución contra la masonería se suavizó un poco y, de hecho, la regente María Cristina de Borbón amnistió mediante decreto a los masones. Sin embargo, continuaba vigente la condena para todos aquellos que, a partir de esa fecha, siguieran formando parte de una sociedad secreta. La “tregua”, sin embargo, duró poco, pues la persecución volvió a endurecerse, manteniéndose hasta 1868. Uno de los sucesos más destacados de esta época se produjo en 1853, cuando los miembros de la logia San Juan de España (Barcelona) fueron detenidos, juzgados y condenados a penas de cárcel de hasta 7 años, aunque más tarde fueron indultados por Isabel II.
La revolución de septiembre de 1868 trajo consigo un nuevo panorama para la masonería española. Las recién adquiridas libertades acabaron también con las persecuciones para la Orden del Gran Arquitecto, y las logias aumentaron en número en muy poco tiempo. Este incremento del número de logias trajo consigo un desorden bastante notable, provocando cierto caos e incluso algunos enfrentamientos. En concreto, había cinco obediencias principales: el Gran Oriente Nacional de España, con Ramón Calatrava como Gran Maestre; aquellas logias adscritas al Gran Oriente Lusitano; el Grande Oriente de España (GODE), con Carlos Magnan y Clark como Gran Maestre; laGran Logia Independiente Española y, finalmente el Gran Capítulo Catalán.
En julio de 1870, el Grande Oriente de España (GODE) nombró a Manuel Ruiz Zorrilla, presidente del gobierno, como Gran Maestre y Gran Comendador, aunque sólo permaneció en el cargo hasta 1874, fecha en la que dimitió, siendo sustituido por Juan de la Somera. Ese mismo año, el Grande Oriente Ibero se unió al GODE, y en 1876 se nombró un nuevo Gran Maestre: el que fuera también presidente del gobierno Práxedes Sagasta.
El presidente del gobierno Práxedes Sagasta llegó a ser Gran Maestre del Grande Oriente de España.
Aunque el número de logias siguió incrementándose en estos años, también se produjeron algunas escisiones, como la protagonizada por Somera, que creó otro Grande Oriente, aunque de escasa relevancia.
Años más tarde, en 1884, fue el ex ministro Manuel Becerra quien ocupó el cargo de Gran Maestre del GODE. Sin embargo, dos años después dimitía, dejando al Grande Oriente en una profunda crisis, que se manifestó con una nueva escisión. De aquella división perduró la facción liderada por el senador y catedrático de Historia Miguel Morayta, quien terminó creando el Grande Oriente Español (GOE), tras una fusión con el Gran Oriente Nacional de España (GONE).
Joven ataviada para representar una alegoría de la masonería, en el interior de una logia filipina. Crédito: PARES.
En medio de la evidente desunión que sufría la masonería española, sumida en un maremagnum de siglas –a las distintas escisiones dentro del GODE había que sumar las distintas obediencias antes citadas–, Morayta intentó unificar a la mayor parte de los masones españoles.
Con él, el GOE alcanzó en poco tiempo la cifra de 112 logias. Sin embargo, un nuevo problema vino a interponerse en el devenir del panorama masónico nacional.
A causa de los problemas independentistas de Filipinas, el gobernador civil de Madrid y la policía procedieron a la detención de numerosos masones del GOE, a quienes se les acusaba de estar implicados en los hechos de la colonia. Aquel duro mazazo paralizó las actividades del Grande Oriente Español hasta 1900, cuando regresaron a la actividad.
Otra de las obediencias masónicas que alcanzó cierta relevancia en estos años fue la Gran Logia Simbólica Española de Memphis y Mizraim, constituida en 1889, y que llegó a reunir a cerca de doscientas logias simbólicas locales, buena parte de ellas en el extranjero.
MASONERÍA Y SEGUNDA REPÚBLICA
Después de la crisis que supuso la pérdida de Cuba y Filipinas para la masonería española –las acusaciones sobre su participación en ambas independencias hicieron que el número de masones y logias se redujera drásticamente–, a principios de siglo XX sólo quedaban dos obediencias: el Grande Oriente Español (GOE) de Morayta y la Gran Logia Regional Catalana-Balear. Entre ambas se produjo un pacto de amistad en el que se reconocía la jurisdicción de la segunda en Baleares y Cataluña. Sin embargo, con la muerte de Morayta en 1917 el pacto se rompió cuando el GOE decidió abrir logias en Barcelona. En respuesta, la Gran Logia Catalana Balear decidió extender su presencia a todo el territorio español, pasando a denominarse Gran Logia Española.
Especialmente importante fue la presencia de miembros de la masonería entre los órganos directivos de la Segunda República (1931-39), tal y como recoge Benimeli en su libro La Masonería (Alianza Editorial, 2005):«(…) en el Parlamento encontramos un importante número de diputados masones. No menos de 120 en la legislatura de 1931 (es decir, algo más de la cuarta parte de los integrantes de la cámara), 55 en la legislatura de 1933, y más o menos los mismos en la de 1936».Y, entre los partidos políticos, la presencia masónica fue igualmente notable en varios de ellos:«Acción Republicana, Partido Republicano Radical, Partido Republicano Radical Socialista, Partido Socialista Obrero Español y, en menor medida, la Izquierda Republicana de Cataluña y Federación Republicana Gallega».
Tenida blanca celebrada en la logia Constancia de Zaragoza, 1934, con representantes femeninas de la logia Reivindicación. Crédito: PARES.
Según este especialista, «existieron entre el republicanismo y la masonería conexiones importantes y una colaboración que podrían apuntar hacia una posible, aunque no directa, utilización de la masonería por el republicanismo con fines propagandísticos o incluso electoralistas, aunque es éste un extremo que habrán de confirmar investigaciones futuras».
EXTERMINIO
El comienzo de la Guerra Civil dio inicio a una de las etapas más oscuras en la historia de la masonería española. Antes del conflicto armado, Franco ya había manifestado tendencias antimasónicas cuando, en 1935, tras su nombramiento como jefe del Estado Mayor, destituyó a seis generales por su condición de masones, tal y recoge el periodista Pepe Rodríguez en su libroMasonería al descubierto (Ed. Temas de hoy). Se sabe que dos hermanos de Franco, Ramón y Nicolás, habían pertenecido a la Fraternidad y, según algunas versiones no confirmadas, la fobia del futuro dictador por la masonería habría nacido después de que le fuera denegada su admisión en la logia Lukus de Larache, en Marruecos.
Cartel que se hacía eco del ‘contubernio masónico comunista’. Crédito: PARES.
Iniciada ya la contienda, la persecución de los masones por parte de los sublevados fue brutal. Según el historiador Francisco Moreno Gómez, “el fusilamiento de masones no esperó a ninguna legislación al respecto. De la logia Helmantia de Salamanca fueron fusilados treinta masones. De laConstancia de Zaragoza, otros treinta. Del «triángulo» Zurbano de Logroño, quince…”, y así hasta completar una larga y siniestra lista. Algunos estudios recientes cifran en unos 2.500-3.000 los masones españoles fusilados o asesinados.
En todos los casos, la simple pertenencia a la Orden permitía que los acusados fueran ejecutados sin juicio previo. En tales circunstancias, la única salida que quedaba para la masonería española era la del exilio. Muchos “hermanos” se vieron obligados a huir a países como Francia o México, donde con el tiempo se fueron reorganizando las distintas obediencias.
Tras la guerra llegó la ley, en 1940, “para la represión de la masonería y el comunismo”, reflejo de la obsesión que Franco manifestó durante toda su vida por el célebre ‘contubernio judeo-masónico-comunista’. En función de dicha ley se iniciaron más de 18.000 procesos y expedientes contra supuestos masones, cuando se estima que antes de la guerra apenas había unos 6.000 masones.
Pero además de las ejecuciones producidas durante la guerra y las penas de prisión durante la dictadura, la persecución del franquismo hacia la masonería tuvo también otros efectos. Se llevó a cabo una campaña de propaganda antimasónica sistemática, cuya principal consecuencia fue la percepción entre la población de la masonería como algo negativo. Este desprestigio realizado desde el poder se ha perpetuado hasta la actualidad, y es uno de los motivos de la escasa difusión y presencia masónica en España.
La prohibición de la masonería durante el franquismo tuvo una llamativa excepción: con el establecimiento de las bases norteamericanas en territorio español, Franco se vio obligado a aceptar, muy a su pesar, la presencia de logias de militares en dichas instalaciones. En Torrejón de Ardoz, «levantó columnas» la logia Arthur T. Weed nº 59, la Liberty en Morón, Pyrenees nº 77 en Zaragoza, etc…
Interior de una logia masónica española en la actualidad. Crédito: Javier García Blanco.
Ya en plena transición, y no sin algunos problemas, la masonería tuvo que esperar hasta el 3 de julio de 1979 para ser legalizada, cuando el Tribunal Supremo ordenó al Ministerio del Interior la inscripción del Grande Oriente Español en el registro de asociaciones.
La recuperación de la vida masónica en aquellos años no estuvo exenta de problemas, con escisiones internas y el surgimiento de distintas obediencias. Tras aquellas divisiones, hoy, en el siglo XXI, la masonería española está repartida en dos corrientes principales: por un lado, una tendencia de corte anglosajón, más conservadora y “regular” –fieles a las constituciones de Anderson–, representada por la Gran Logia de España, cuyo actual Gran Maestre es José Carretero Doménech; por otro, la tendencia liberal y “adogmática”, encabezada por la Gran Logia Simbólica Española, en la que está permitida la entrada a mujeres, y que no exige como condición la creencia en un ser supremo. Su Gran Maestre es, en la actualidad, Jordi Farrerons.
En conjunto, el número de sus miembros –sumando las distintas obediencias– apenas alcanza los cinco mil. Una cifra muy inferior a la de otros países como Inglaterra, Francia o EE. UU. y que tiene como causa principal la persecución sufrida por la masonería durante la dictadura franquista.
BIBLIOGRAFÍA:
-FERRER BENIMELI, José A. La masonería. Alianza Editorial, 2005.
-FERRER BENIMELI, José A. Jefes de Gobierno masones. Esfera de los libros, 2007.
-FERRER BENIMELI, José A. La masonería en la historia de España. Gobierno de Aragón, 1985.
-AA.VV. La Masonería española. 1728-1939. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert (Alicante, 1991) .
Publicado el 01 octubre 2009 por Javier García Blanco
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