Pide que se le investigue por desobediencia y por denegación de auxilio, además de considerar que incurrió en una "flagrante dejación de funciones".
LD/ Agencias2020-05-28
Fernando Simón. | EFE
La acusación que ejerce la Asociación contra la Gestión del Coronavirus ha solicitado a la juez que instruye la causa sobre el 8-M que cite como investigado (imputado) al director el Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón.
En un escrito remitido a la juez, esa asociación solicita además que se investigue por un delito contra los derechos fundamentales al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, único imputado en la causa, por una presunta prevaricación.
En el caso de Simón, el letrado Víctor Valladares pide que se le investigue por desobediencia y por denegación de auxilio, además de considerar que ha incurrido en una "flagrante dejación de funciones" en la gestión de la pandemia.
Asimismo señala, entre otras cuestiones, que animó a asistir a la manifestación con motivo del Día de la Mujer. Tanto en su caso como en el de Franco, la acusación se apoya en el informe presentado por la Guardia Civil a la titular del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid.
La acusación se centra en buena medida en las reuniones mantenidas los días 5 y 6 de marzo por Simón y el ministro, Salvador Illa, con los organizadores de un congreso evangélico que debía celebrarse en España entre los días 19 y 21 de ese mes, y en los argumentos que —según el informe— les dieron para no celebrarlo.
El propio Simón ha explicado en rueda de prensa que ese informe no menciona que al Congreso iban a asistir personas de 120 países, algunos de ellos de riesgo, y que esa era una de las circunstancias que ya se intentaban evitar en esos momentos.
La acusación sostiene que el epidemiólogo actuó de forma "evidentemente dolosa" prohibiendo unas manifestaciones y permitiendo e incluso "animando" a asistir a la del 8-M.
Así, la acusación quiere que la juez reclame todas las comunicaciones existentes entre el Ministerio de Sanidad y el Centro de Coordinación de Emergencias relativas al coronavirus desde el 30 de enero de 2020 hasta el 15 de marzo de 2020 para determinar si desde el primero requirieron al segundo el auxilio que establece la ley y, de lo contrario, proceder contra Illa ante el Tribunal Supremo.
En cuanto a Franco, se trata de una ampliación de denuncia por las supuestas presiones que, de acuerdo con el informe de la Guardia Civil, se hicieron desde la Delegación del Gobierno para la desconvocatoria de otras manifestaciones convocadas entre el 5 y el 14 de marzo.
Simón participó 4 días antes del 8-M en la reunión de la UE que alertó de la rápida difusión del Covid-19
Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
29/05/2020 06:50
El Gobierno de España fue advertido directamente por la Unión Europea del riesgo de propagación del coronavirus y su enorme rapidez de transmisión apenas cuatro días antes de las marchas ideológicas del 8-M.
Fue en una reunión extraordinaria del Foro Asesor del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC), que se celebró, por videoconferencia, el 4 de marzo. En el listado de participantes figura Fernando Simón, en tanto miembro titular del órgano asesor, y también aparece su suplente, Marina Pollán, directora del Centro Nacional de Epidemiología.
Las actas de dicho cónclave, a las que ha tenido acceso OKDIARIO, constatan la preocupación del organismo comunitario por la expansión del virus y su impacto en los Estados miembros. Andrea Ammon, su directora, alertó ya desde el inicio del encuentro de la existencia de nuevos casos sin relación con áreas afectadas y consideradas de riesgo, lo que, avisó, «podría ser indicativo de que el virus está en la comunidad». Ammon incidió en la posibilidad de una escasez de test de diagnóstico e instó a los países a presentar sus inquietudes al respecto en el Consejo de Sanidad, que se celebró dos días después.
Los responsables del Centro Europeo se admitían preocupados por la evolución del coronavirus. Aquel día, el balance del Ministerio de Sanidad reflejaba 198 infectados en España y un fallecido confirmado, pero la curva de progresión aventuraba ya un crecimiento disparado.
En Italia, la epidemia golpeaba con 2.502 contagiados y 79 muertos. El Gobierno del país transalpino había ordenado ese día cerrar los colegios, los institutos y las universidades de todo el país hasta mediados de mes.
El Gobierno español, mientras, descartaba tomar medidas y se dedicaba a alentar las manifestaciones del Día de la Mujer. Ese 4 de marzo, en la rueda de prensa diaria, Fernando Simón rechazó el cierre temporal de las escuelas en las que ya se habían detectado niños infectados porque «hay que valorar las medidas con mucho cuidado» y «no son decisiones que se tomen en un minuto».
También se mostró convencido de que la epidemia «puede ser controlada» y consideró que las medidas restrictivas de China «quizá» no se podrían aplicar a otros países.
Hospitales al límite
En la reunión, el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades avisó en cambio de que había «un número creciente de casos sin un enlace con áreas afectadas o casos confirmados previamente», el primer indicativo de que el virus circulaba sin control. Ante esta situación, la agencia europea aumentó su valoración de riesgo, considerándolo «de moderado a alto». Más bien en este último extremo.
Ammon consideró que los países debían estar prevenidos. Desde Italia se había advertido que los hospitales del norte del país estaban ya «al límite» y la directora del ECDC consideró que «situaciones similares podrían ocurrir en otros Estados miembros».
El aviso, como la realidad confirmó después, no evitó el colapso del sistema hospitalario español. Además, según recogió el acta, los países estaban teniendo «problemas con la capacidad de los laboratorios y del sistema de salud para llevar a cabo el rastreo de contactos».
Hospital en Ifema, en Madrid.
Gran velocidad
La mayor parte del encuentro en el que participó Fernando Simón giró en torno a la definición de caso propuesto por el organismo para la vigilancia y control de la enfermedad. Varios asesores destacaron que no sería posible testar a todas las personas con enfermedades y síntomas respiratorios o procedentes de países con transmisión del coronavirus.
Los representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), invitados a la reunión, alertaron de la enorme velocidad de propagación de la epidemia, y el riesgo de que la propia definición de casos se volviese «obsoleta».
El documento refleja que varios países se preparaban ya para una nueva etapa adaptando sus sistemas de vigilancia. No obstante, el organismo también tomó nota de las resistencias de los Estados miembros para abandonar la fase inicial de contención y entrar en otra de mitigación -lo que implicaría medidas más estrictas- y se propuso buscar fórmulas intermedias.
Se instó a los países a compartir información sobre sus principales zonas de transmisión y riesgo -en España, la Comunidad de Madrid era a distancia la más afectada, con 70 casos- y a medir sus capacidades para la realización de test.
El Gobierno español, pues, estaba al tanto de que el coronavirus circulaba con evidentes riesgos. Sin embargo, se resistía a tomar medidas drásticas. De hecho, no lo hizo hasta después del 8-M, cuando comenzó a restringir vuelos y a cancelar eventos masivos. El 14 de marzo se decretó el estado de alarma y, con ello, el confinamiento de la población.
Los avisos eran reiterados. Pese a ello, en España se vivieron actos de multitudes, además de las manifestaciones, como distintos partidos de fútbol. Fernando Simón sólo desaconsejó acudir a aquellos que tuviesen dificultades respiratorias o síntomas.
El 7 de marzo afirmó incluso: «Si mi hijo me pregunta si puede ir a la manifestación le voy a decir que haga lo que quiera» y se justificó en que la marcha del Día de la Mujer era una convocatoria a nivel nacional, sin asistencia masiva de extranjeros.
Paradójicamente, el Gobierno se remite ahora a los organismos internacionales para despachar su responsabilidad en la expansión pandémica. Organismos como el ECDC o la OMS, que, sin embargo, alertaron durante semanas de los riesgos del nuevo coronavirus. Advertencias que fueron desoídas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
