La alcaldesa del municipio señala que solo es "un documento interno de trabajo, sin firmar", en el que el foco "no son los trabajadores". Sindicatos y oposición hablan de "causa general"
La Policía Local de San Fernando tuvo que acudir al último pleno para calmar los ánimos de varios trabajadores
Para unos, "lista negra". Para otros, "un simple documento de trabajo interno". El equipo municipal de San Fernando de Henares (localidad de 42.000 habitantes del este de Madrid), una candidatura de unidad popular próxima a Podemos, ha puesto en pie de guerra a la mayoría de los trabajadores del Ayuntamiento tras elaborar un extraño listado que analiza "las irregularidades detectadas" en el sistema de contratación de 100 empleados del consistorio.
En ese listado, el director del área de recursos humanos utiliza expresiones tan fuera de lo común como "contratados por la cara" a la hora de "examinar los contratos de trabajo vigentes".
En ese listado, el director del área de recursos humanos utiliza expresiones tan fuera de lo común como "contratados por la cara" a la hora de "examinar los contratos de trabajo vigentes".
El listado ha acabado en la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. La alcaldesa, Catalina Rodríguez Morcillo, asegura que ha sido "por error", ya que el listado se traspapeló y se adjuntó incluido en otro tipo de documentación cuando el órgano fiscalizador reclamó el año pasado más datos por el expediente que tiene abierto sobre una productividad que el consistorio pagó en 2011 a sus trabajadores para combatir el absentismo. "Hemos pedido al Tribunal de Cuentas que nos lo devuelva", recalca la alcaldesa. Los trabajadores están indignados y este jueves algunos de ellos escenificaron su malestar en el pleno municipal, donde incluso tuvo que intervenir la policía local para calmar los ánimos.
Un incidente más que enturbia el ya enrarecido ambiente político que se vive en San Fernando, donde San Fernando Sí Puede (la segunda lista más votada) gobierna en minoría con cinco concejales.
Catalina Rodríguez fue investida a mediados de junio de 2015 gracias a los cinco ediles que también obtuvo el PSOE y los cuatro de Izquierda Unida, que perdió uno de sus feudos tradicionales (siempre ha gobernado el municipio en democracia, excepto la legislatura 1991-1995) tras una grave crisis interna. Pero el apoyo del PSOE y de IU a San Fernando Sí Puede duró poco.
Como ya publicó El Confidencial, el PSOE y parte de los ediles de IU intentaron en noviembre presentar una moción de censura para desalojar a Catalina Rodríguez de la alcaldía. Las matemáticas, no obstante, hacían necesario el apoyo del PP, por lo que la moción no fructificó.
Las discrepancias ya han saltado a la esfera judicial. Catalina Rodríguez ha sido citada a declarar en calidad de investigada (la nueva figura jurídica de la imputación) el próximo 20 de febrero. Un juez de San Fernando de Henares investiga la presunta desaparición de documentos municipales relacionados con la venta de la plaza de España del municipio, declarada bien de interés cultural, a un fondo buitre. La denuncia fue presentada por el PSOE, que asegura que un militante de Podemos, ajeno al ayuntamiento, tiene acceso a documentos del ayuntamiento que son confidenciales. Se investigan los delitos de prevaricación, revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos públicos.
PSOE e IU también decidieron recurrir ante los tribunales un polémico nombramiento que hizo la alcaldesa, que contrató en el ayuntamiento al abogado que trabajaba con ella antes de dar el salto a la vida política.Jaime Morales García es el asesor jurídico de la alcaldía y el jefe de personal del consistorio, puesto este último reservado por ley a funcionarios. Morales García es quien al parecer ha elaborado el listado que analiza los contratos de trabajo vigentes y ha detectado presuntas irregularidades en un centenar.
El listado, al que ha tenido acceso El Confidencial, incluye los nombres y apellidos del trabajador y el departamento en el que está destinado. El autor del mismo intenta analizar cómo llegaron al ayuntamiento cada uno de los empleados examinados. Por ejemplo, en 15 casos el informe señala que empezaron a trabajar "mediante solicitudes"llegada al consistorio, tras "un acuerdo que hubo en abril de 1992 entre representantes de los trabajadores y el equipo de gobierno. No hay documentación posterior en cuanto a nuevo contrato de trabajo, decreto, conversión en contrato indefinido, pruebas de selección...".
En otros diez casos "no hay contratos posteriores a 1998", cuando el ayuntamiento y los representantes sindicales alcanzaron un acuerdo para su incorporación. Entre los contratos irregulares, el informe también menciona otros siete casos de trabajadores convertidos "en indefinidos por sentencia", seis casos de decretos municipales que convirtieron en indefinidos a "contratos de relevo", "situaciones especiales", "acuerdos entre ambas partes". También hay diez casos incluidos en el apartado "contratos indefinidos sin prueba de oposición" en los que el autor pone expresiones como "se le hace indefinida por la cara", "fija por la cara" o "transformación en indefinido por la cara".
"Documento sin trascendencia"
Otros trabajadores aparecen en el listado porque al parecer "no hay contrato de trabajo", "desconozco cómo entró" o "no sabemos si tiene plaza". Así hasta un centenar. La alcaldesa asegura que no es ninguna lista negra, "sino un documento de trabajo interno, sin firmar, un documento irrelevante y sin trascendencia. No se persigue a los trabajadores, solo se ha estudiado el sistema de contratación que se ha seguido en este Ayuntamiento". ¿Por qué? "Porque al diseñar la oferta de empleo público que pusimos en marcha en 2016 detectamos irregularidades en la relación de puestos de trabajo y en la forma de contratar", señala Rodríguez, que además señala que solo el 10% de la plantilla municipal es funcionaria, el resto son laborales, interinos o temporales.
La alcaldesa: "No se persigue a los trabajadores, solo se ha estudiado el sistema de contratación que se ha seguido en este Ayuntamiento"
Félix Izquierdo, edil de IU, no lo ve así. "Esto es una causa general contra todos los contratos municipales", señala. Izquierdo lamenta el desconocimiento del actual equipo de gobierno local en esta material "En la transición no existía una ley clara y definida que regulase en acceso a la Administración local. Hasta 1985 que se redacta la ley de bases de régimen local y se pudo regularizar la situación de muchos interinos y se determinaron unos mecanismos de contratación". Para IU, "la alcaldesa de Podemos quiere abrir una causa general contra las anteriores corporaciones de este municipio, primero del PCE y luego de Izquierda Unida".
Gloria Martínez, portavoz de CCOO en ayuntamiento, e incluida en el listado como "no consta contrato de trabajo", asegura que se reunirán con todos los trabajadores afectados para informarles de primera mano de lo que ha ocurrido. "Es una lista de juzgado de guardia por los comentarios que incluye". Martínez asegura que todos los trabajadores están contratados correctamente y que si el equipo municipal no encuentra la documentación es porque no sabe donde buscar, "ya que está en el archivo municipal". Martínez hizo la oposiciones en 1974, publicadas entonces en el boletín de la provincia. "Un tribunal me aprobó, tengo un nombramiento y mi toma de posesión. Ese expediente está en el archivo. Un funcionario no tiene contrato, tiene un nombramiento". Javier Corpa, portavoz del PSOE, habla de "lista negra que cuestiona a un tercio de la plantilla. San Fernando de Henares tiene un gobierno que practica una política poco democrática, poco transparente, insultante y que recuerda a tiempos pasados de autoritarismo y dictadura". CCOO estudia acciones legales.
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2017-01-21/la-lista-negra-de-podemos-en-san-fernando-100-funcionarios-contratados_1319709/