Sánchez alcanza un preacuerdo con Gibraltar para su salida de la UE tras el Brexit
15/11/201802:17
El Gobierno de Pedro Sánchez acaba de renunciar a defender la cosoberanía de Gibraltar en el acuerdo firmado entre la UE y Reino Unido para el Brexit. España no ha defendido el derecho de veto sobre los acuerdos sobre Gibraltar que logró el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2017.
Y lejos de ello, ha permitido que el acuerdo con la primera ministra británica, Theresa May, se cierre sin recordar que España ha defendido hasta ahora el uso compartido del Aeropuerto de Gibraltar.
De este modo, el ‘divorcio’ firmado por Bruselas y Londres relega a un mero protocolo -sin rango de tratado internacional- los puntos relativos al tratamiento de Gibraltar tras la salida de la UE de Reino Unido, algo que saca de la imperatividad del texto general las relaciones entre el paraíso fiscal y España.
Pero, además, y pese a haber conseguido el Gobierno del PP el 29 de abril de 2017 el compromiso de Bruselas de respetar el veto español para cualquier acuerdo sobre Gibraltar que se firmase tras el abandono de la estructura europea de Gran Bretaña, no se ha reivindicado el mismo trato en el acuerdo previo de salida, algo que deja, de facto, sin validez el logro del año pasado.
El texto previo logrado por el ministro Dastis, en la etapa de Rajoy, estipulaba expresamente que “el alcance territorial del Acuerdo de Retirada, incluido respecto al periodo de transición, debe respetar plenamente” las directrices acordadas por los jefes de Estado y de Gobierno el 29 de abril en 2017, “notablemente respecto a Gibraltar”.
España no reivindica el uso compartido del aeropuerto de Gibraltar
Por lo tanto, en caso de haberse reivindicado la utilización compartida del Aeropuerto de Gibraltar, se hubiese convertido en un escollo difícilmente sorteable para Reino Unido.
Pero el Gobierno de Sánchez ha renunciado a esta posición de fuerza. Y ello, pese a que aquellas directrices ya reconocieron el derecho de España a vetar que cualquier acuerdo sobre la relación entre la UE y Reino Unido posterior al Brexit que se aplicase a Gibraltar. En concreto, el punto 24 de aquel acuerdo establecía que “después de que Reino Unido abandone la Unión Europea, ningún acuerdo entre la UE y Reino Unido podrá aplicarse al territorio de Gibraltar sin un acuerdo entre el Reino de España y Reino Unido”.
Tan sólo un recoveco quedaba pendiente de finiquitar, el de los acuerdos cerrados antes de abandonar la UE. Pero, evidentemente, se sobreentendía que ningún pacto debería anular el alcanzado ya, un asunto que España debería haber recordado. Pero ha decidido no hacerlo.
“Es una de las actuaciones más impresentables del Ministerio de Exteriores”
“El resultado es desastroso para España. Es una de las actuaciones más impresentables de nuestro Departamento de Exteriores que yo recuerdo”, señala José Ramón García, responsable de Exteriores del PP.
“Con esta decisión del Gobierno de Sánchez y Borrell, España ha renunciado a pedir el uso compartido del Aeropuerto de Gibraltar, con ello renunciamos al control del tráfico aéreo, y, con ello, a mantener una reclamación de cualquier tipo de soberanía, porque hemos renunciado voluntariamente a cualquier signo de reclamación de soberanía”, aclara el diputado popular.
Theresa May ha debido sentirse, obviamente, aliviada. Y, de hecho, ha anunciado de inmediato que el gabinete de ministros ha dado su respaldo el principio de acuerdo alcanzado el lunes con Bruselas sobre el Brexit. “La decisión colectiva del Gabinete es que el Gobierno debe apoyar el borrador de acuerdo de salida”, ha asegurado.
En un comunicado ante la residencia oficial de Downing Street, May ha señalado que “sé que habrá días difíciles por delante”, pero “esta es una decisión que se someterá a un intenso escrutinio y que es completamente como debería ser, y completamente comprensible”.
Posiblemente quien tenga más problemas para comprender cómo un Gobierno ha dejado de defender sus derechos históricos sea el pueblo español.
https://okdiario.com/espana/2018/11/15/sanchez-renuncia-cosoberania-gibraltar-acuerdo-del-brexit-3351904
Imputados por prevaricación y malversación los dos primeros altos cargos de Sánchez
Alejandro Soler y Federico Buyolo
El director general del Alto Comisionado para la Agenda 2030, Federico Buyolo (izquierda), y el director general de SEPES (derecha)
15/11/201818:16
Soler es director general de la Sociedad Estatal de Promoción de Suelo
Buyolo es director de la Oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030
Se les investiga por la venta de un solar municipal a una empresa implicada en la trama de supuesta financiación ilegal del PSOE valenciano
Primeros imputados en la administración de Pedro Sánchez. El director general de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES), Alejandro Soler, y el director de la Oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030, Federico Buyolo, se enfrentan a hechos constitutivos de delito de prevaricación y malversación de caudales públicos después de que hoy el Juzgado de Instrucción Nº1 de Elche haya admitido a trámite la querella [puede leerla íntegra aquí] presentada contra ambos por la diputada valenciana del PP Eva Ortiz.
Soler y Buyolo deberán presentarse ante el juez el próximo 5 de febrero, “a fin de recibirles declaración con instrucción de sus derechos, bajo apercibimientos legales”.
Los hechos se remontan a 2008, cuando siendo Soler alcalde de Elche y Buyuelo concejal, el Ayuntamiento decidió traspasar un solar de su propiedad a Hospimar, la empresa hospitalaria privada implicada en la trama de presunta financiación ilegal del PSOE valenciano.
La querella admitida a trámite, que convierte a Soler y Buyolo en investigados (lo que antes se conocía como imputados), sostiene que el Ayuntamiento enajenó el terreno sirviéndose de una treta con la empresa pública Pimesa para esquivar la obligación legal de solicitar una tasación pericial, convocar una subasta e informar a la Consejería de la Generalitat competente en materia de patrimonio.
Entiende el PP que el Ayuntamiento socialista evitó así que el precio mínimo de venta fuera el que determinara la tasación y que, finalmente, Hospimar, la empresa implicada en la trama de supuesta financiación ilegal del PSOE valenciano, se hiciera con el solar a un precio muy inferior al de mercado, donde pudo construir el Hospital de Elche.
Son, pues, dos los supuestos delitos que investigará ahora el Juzgado de Instrucción de Elche: prevaricación (por la aportación del solar que el Ayuntamiento hizo a Pimesa para eludir controles de transparencia y concurrencia pública) y malversación de caudales públicos (si Pimesa lo vendió después a Hospimar por un precio menos del que hubiera podido obtener el Ayuntamiento en una venta directa mediante concurso).
Colocados por Sánchez
El entonces alcalde de Elche, Alejandro Soler, fue nombrado director de SEPES el pasado mes de julio por el ministro de Fomento, el valenciano José Luis Ábalos. Se trata de una empresa pública adscrita a Fomento que tiene como fin la promoción y preparación de suelo para proyectos residenciales, industriales, terciarios y de servicios.
La firma cuenta con 14,5 millones de metros cuadrados de suelo ya desarrollado, valorados en 467 millones de euros, cifra que le convierte en uno de los primeros propietarios de suelo del país.
Por su parte, Federico Buyolo fue nombrado director de la Oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030 en agosto. Se trata de un organismo creado por Pedro Sánchez para cumplir con los propósitos de la ONU de erradicar la pobreza, lograr la plena igualdad de género o frenar el cambio climático.
Soler y Buyolo fueron dos de las decenas de militantes y dirigentes del PSOE que Sánchez colocó en las empresas estatales al comienzo de su mandato.
https://okdiario.com/espana/comunidad-valenciana/2018/11/15/imputados-prevaricacion-malversacion-dos-primeros-altos-cargos-sanchez-3354496
