La Sociedad de Agricultores y el paro nacional logran la paralización de la Ley 970 sobre semillas.
En Colombia, después de 21 días de protestas a nivel nacional de miles de agricultores, que bloquearon más de 40 carreteras en todo el país, el Gobierno colombiano está dispuesto a negociar ante el rechazo a un proyecto de Ley y también a la liberación de los manifestantes detenidos.
Óscar León.- En Colombia, después de 21 días de protestas por parte de los agricultores, que recibieron el apoyo de conductores de camiones y autobuses, de los mineros, estudiantes y otros colectivos, que se unieron a las grandes manifestaciones en las ciudades y pueblos de todo el país, como Boyacá, Cundimarca, Cauca, Huila, Putumayo, Caldas y Nariño, bloqueándose más de 40 vías. Fue una protesta histórica, lo que obligó al Gobierno a negociar ante el rechazo de un proyecto de Ley agrícola, así como la liberación de las manifestantes detenidos.
El domingo 8 de septiembre, el Vicepresidente Angelino Garzón se reunió con la Comisión Negociadora en Popayán y se acordó la suspensión de la Ley 970, que daba el control de las semillas al Gobierno. También prometió la liberación de 648 detenidos durante las protestas y la redacción de una nueva Ley de minería.
Este primer acuerdo provisional establece la compensación a los agricultores por sus pérdidas al tener que competir con productos importados más baratos debido a los tratados de libre comercio con otros países. Se suspenderá la importación de algunos de esos productos.
Las protestas terminaron y comenzaron las negociaciones para discutir las propuestas de los agricultores. El proceso de negociación, así como los acuerdos finales y sus aplicación, será verificado por las Naciones Unidas.
En Putumayo, al sur del país, los líderes de los agricultores y otros representantes de la sociedad colombiana se reunieron con el Presidente Santos, dando comienzo oficial a las negociaciones tras la firma de un documento inicial.
La destrucción de las semillas de arroz, semillas que se conservan para la siembra del año siguiente, se realizó en Campo Alegre y otras ciudades durante 2012, convirtiéndose en un símbolo de la lucha y protestas de los agricultores, que quieren seguir manteniendo sus semillas. El control de las semillas fue descrito por el Presidente Santos como “un ajuste a la realidad internacional”.
La suspensión de la Ley 970 es una victoria parcial, pero un importante hito para el movimiento social de Colombia. No sólo se consiguió la suspensión de la Ley, sino lo más importante, que el Gobierno reconozca a las organizaciones agrarias: Mesa de Interlocución Agraria, Mesa por el Diálogo Agrícola. Estas organizaciones fueron elegidas por la Coalición de Movimientos Sociales y Políticos de Colombia para negociar con el Gobierno durante la organización de las protestas.
La prensa informó de los intentos del Gobierno para negociar con varios grupos de agricultores. Sin embargo, todavía 13 regiones continuaron con los paros, de modo que el Gobierno se vio obligado finalmente a sentarse y negociar con los agricultores.
Tristemente forma parte de la historia reciente de Colombia. Grupos de Derechos Humanos como Amnistía Internacional han documentado ataques a los agricultores colombianos y a los líderes sindicales, que han sido secuestrados y asesinados por fuerzas paramilitares, e incluso por parte del Ejército, según Informes publicados por Amnistía Internacional.
Una de las ciudades que inició la lucha social fue El Catatumbo , en Tibú, norte de Santander, al noroeste de Colombia, donde los agricultores locales resistieron durante 51 días de batallas callejeras, como la se puede ver en el vídeo.
La lucha de El Catatumbo inspiró a miles de agricultores a perder el miedo, y un mes después de aquellos sucesos comenzaron las protestas de los agricultores en todo el país, un paro de 21 días, forzando al Gobierno a la suspensión de la Ley 970, estudiándose otras propuestas.
Para forzar la reanudación de las negociaciones, los huelguistas reabrieron las vías que habían bloqueado. Las negociaciones están en curso para decidir sobre cuestiones estructurales.
Estas son algunas de sus peticiones:
* Establecer los precios de los productos agrícolas independientemente del mercado internacional, y establecer un fondo para cubrir la diferencia y ayude a los agricultores locales, obteniendo un precio justo y se garanticen sus cosechas;
* Reducción en el precio de los combustibles, los peajes, y reducción el precio de los fertilizantes y otros insumos;
* Suspensión de la actual política agraria, incluyendo el control de las semillas, y otras políticas que no favorecen a las pequeñas y medianas explotaciones;
* Suspender la importación de muchos productos agrícolas, pero también la revisión de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, China y otros países;
* Condonación de las deudas de los pequeños y medianos agricultores, y la aprobación de créditos blandos para los agricultores a través de los bancos públicos;
* Detener y revertir la venta de tierras públicas a propietarios internacionales, y favorecer su adquisición por parte de los agricultores locales.
Con el sector minero también se produjo un compromiso para incluir sus demandas, algunas de las cuales son:
* Participación de los operadores mineros tradicionales para establecer la política que ha de regular esta industria;
* Detener e incluso revertir algunas concesiones mineras y contratos públicos hasta que se determine cómo afectan a las comunidades locales, si los recursos generados en las minas benefician a estas comunidades y que se permita trabajar también a los pequeños operadores locales.
Minero.- En mi ciudad, las grandes minas a cielo abierto están destruyendo una forma de vida que hemos mantenido desde hace 500 años. Esto nos llena el corazón de tristeza; hemos luchado históricamente por estas tierras y por mantener una minería artesanal.
Óscar León.- La población en general solicita para las poblaciones rurales y las ciudades mayores posibilidades para acceder a la educación, a la salud, a los servicios públicos y viviendas más asequibles. Muchas de estas peticiones van en contra de las políticas neoliberales adoptadas por las anteriores administraciones colombianas.
El paro nacional ha sido seguido por un segmento más amplio de la población de lo que se pensaba. Lo que comenzó como una huelga de agricultores y mineros se convirtió rápidamente en un paro general, secundado por los transportes, estudiantes y la población en general, saliendo a las calles para gritar sus demandas.
Se han producido enfrentamientos en la calle, como en Bosa, en un barrio en las afueras de Bogotá, donde muchos de los manifestantes intentaron tomar un puesto policial.
La organización del paro informó de 660 violaciones de los Derechos Humanos, todos ellos documentados. La brutalidad de la Policía y la negativa del Presidente a reconocer a las organizaciones de agricultores, así como la difícil situación económica de los colombianos, que tienen un salario mínimo de 291 dólares, con un precio de 4,6 dólares el galón de gas, todo ello generó una tormenta perfecta que estalló en agosto.
La Policía realizó 648 detenciones. Las organizaciones de agricultores dijeron que 262 de esas detenciones fueron ilegales y 485 heridos y 12 muertos en la semana marcada por la protesta. El Presidente Santos accedió a negociar después de que su popularidad bajase a uno de los índices más bajos, el 21%, reconociendo que era necesario negociar con los líderes del paro nacional.
Todavía no sabemos si el Gobierno de Santos accederá a las peticiones de los agricultores, especialmente en aquellas más estructurales.
Informó Oscar León para The Real News.
Nota: Esta es una transcipción de una noticia emitida en The Real News, por lo que no se puede garantizar su completa exactitud.
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