Pedro Sánchez incumple 6 de las 9 normas de la OMS para generar confianza ante riesgos de salud pública
23/12/2020 06:49
El Ministerio de Sanidad ha hecho público un documento de recomendaciones sobre la llamada ‘fatiga pandémica’. Así se ha denominado a la «desmotivación para seguir las conductas de protección recomendadas, que aparece de forma gradual en el tiempo», según recoge el informe.
El dossier,
como reveló OKDIARIO, admite que la falta de confianza en las instituciones es un factor que influye en la actitud de los ciudadanos para protegerse del virus. Pero, además, el documento incorpora las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para reforzar esa confianza. Se trata de nueve «factores» que, según el organismo internacional, «permiten predecir un mayor nivel de confianza». El Gobierno de Pedro Sánchez incumple seis de los criterios de la OMS.
Esos factores que establece la OMS para reforzar la confianza de los ciudadanos en sus dirigentes ante riesgos de salud pública son los siguientes: reconocer en los mensajes los elementos de incertidumbre; mostrar transparencia y no ocultar información negativa; difundir la información e intervenir con rapidez; redactar los mensajes de modo que sean fácilmente comprensibles; promover las aportaciones del público y fomentar el diálogo; asegurar la debida coordinación entre las diferentes autoridades sanitarias y los medios de comunicación en aras de la uniformidad de los mensajes; evitar cambios abruptos en la información transmitida y que los diferentes organismos difundan información contradictoria; difundir la información a través de múltiples plataformas, e identificar, colaborar y hacer partícipes a personas que gozan de la confianza de la población para que ésta sienta como propio el proceso comunicativo.
Falta de transparencia
En cuanto a la transparencia, el Gobierno ha incumplido sistemáticamente los requerimientos de información sobre la gestión de la pandemia, reclamados a través del Portal de Transparencia.
El Consejo de Transparencia, precisamente, dio recientemente un plazo de diez días a Sanidad para hacer pública la composición del comité de expertos al que aludió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, como encargado de asesorar al Gobierno.
El organismo determinó que conocer su identidad no vulnera el derecho a la protección de datos y permite el control de la actividad pública por parte de los ciudadanos en las «decisiones relevantes». Sin embargo, hasta el momento, el Ministerio de Salvador Illa ha rechazado atender a este requerimiento. La justificación desde el Gobierno es que se trata de «personal público que no tienen la consideración de
alto cargo ni personal directivo».
Otra de las polémicas recurrentes de la pandemia ha sido el número real de fallecidos, que el Gobierno se ha negado a facilitar. El Ejecutivo defiende su criterio de contabilizar únicamente a los muertos con coronavirus confirmado por prueba diagnóstica, pese al criterio de la propia OMS que pidió sumar también a los «sospechosos». Así las cosas, varios organismos oficiales, como el Instituto Nacional de Estadística (INE) dan
cifras de fallecidos muy superiores a las que ofrece Sanidad.
Sobre la «rapidez» en la difusión de la información, cabe señalar que, durante semanas, el Gobierno negó la gravedad de la epidemia que se transmitía ya por todo el país. No se adoptaron medidas hasta pasadas las manifestaciones ideológicas del 8 de marzo. Después, el propio Ejecutivo admitió que el virus estaba ya descontrolado por entonces.
El Gobierno tampoco ha involucrado a los principales actores implicados en la crisis sanitaria. Así, OKDIARIO reveló que las residencias, en varias ocasiones, intentaron contactar sin éxito con el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, encargado de los servicios sociales durante la pandemia. No hubo respuestas, según señalaron a este periódico desde la patronal. El Gobierno también ha desoído de forma sistemática las recomendaciones de los expertos sanitarios.
El pasado agosto, 20 prestigiosos científicos españoles publicaron una carta en la revista The Lancet en la que pedían realizar «urgentemente» una evaluación independiente sobre la gestión de la pandemia de coronavirus. Cuatro meses después, nada se sabe, pese a que en octubre el ministro Illa se comprometió a ello.
17 planes para Navidad
Tampoco se cumple la coordinación entre las diferentes autoridades sanitarias, pese a la insistencia del Gobierno por lo que ha denominado «cogobernanza». Las comunidades autónomas, por ejemplo, han reclamado de manera insistente a Sánchez que asuma un papel más activo en la crisis y el resultado es que cada región tiene planes distintos para afrontar las próximas fiestas de Navidad. También recae en las comunidades la gestión de la vacunación, que se iniciará este domingo.
«Tenemos que ver como una Nación unida tiene 17 planes para la Navidad», criticó recientemente el líder del PP, Pablo Casado. El dirigente ‘popular’ criticó que»una cosa es la cogobernanza y otra cosa es el desgobierno. Una cosa es la colaboración entre Administraciones y otra es la cobardía de la primera de las Administraciones».
«Evitar cambios abruptos en la información transmitida», es otra de las normas de la OMS. En mayo, Fernando Simón manifestaba: «No tiene sentido que los ciudadanos sanos usen mascarilla». Hoy, es obligatoria.
El Gobierno, además, ha cambiado de manera sistemática sus criterios para afrontar la pandemia, que no vio venir pese a la alta incidencia que ya se registraba en otros países, como Italia y China. Hasta el 14 de marzo, cuando decretó el estado de alarma y, con ello, el confinamiento total de la población, evitó las medidas drásticas. Después se supo que el virus estaba en explosión en nuestro país ya desde mediados de febrero.
Además, ha vacilado continuamente en la aplicación de las medidas. Durante meses rechazó, por ejemplo, exigir una prueba PCR a los turistas que llegaban a España, algo que luego acabó implantando. Ahora, Sanidad pone pegas a la accesibilidad de los test de antígenos, una medida avalada por la Comisión Europea y que la Comunidad de Madrid lleva meses implementando con éxito.
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