PES.- Estados Unidos es el país que tiene mayor porcentaje de ciudadanos encarcelados en todo el mundo -730 de cada cien mil- según explica en el artículo titulado “El gran negocio de las prisiones privadas en Estados Unidos”, publicado en la página Desinfromémonos.org, Laura Carlsen, exdirectora del Programa de las Américas e integrante del Consejo Editorial de Desinformémonos.
Aunque EEUU solo tiene el 5% de la población del planeta, en sus cárceles está encerrado el 25% de la población mundial encarcelada.
“La manera en que una nación usa su poder para negarle a una persona la libertad, ha sido siempre una medida constitutiva de los gobiernos autoritarios. El encarcelamiento masivo basado en raza, origen o nacionalidad, convicción política, orientación sexual, edad u otras características es una forma de tiranía. Sin embargo, pocas personas se dan cuenta de esto que está sucediendo a gran escala aquí, en los Estados Unidos de América. Los inmigrantes son lo último en la explosión en el mercado de la industria de las prisiones privadas”.
Negros, latinos, drogadictos e inmigrantes constituyen el 80% de los presos.
Carlsen asegura que el mayor incremento de población carcelaria se ha producido en las dos últimas décadas y que se trata de un hecho que no obedece a un aumento de la delincuencia en el país sino a la sucesiva promulgación de draconianas reglas prohibicionistas y a la promulgación de nuevas leyes que criminalizan a los inmigrantes “sin papeles”: “En otras palabras, mientras que el comportamiento de la sociedad en general mejora, el gobierno de Estados Unidos amplía el criterio de privar a las personas de las libertades más fundamentales. Esta red ahora atrapa más hombres, mujeres y niños que en cualquier otro tiempo en la historia”.
Todo esto explica el aumento de prisiones privadas en Estados Unidos que están convirtiendo en multimillonarias a personas y sociedades. A mediados de los años 1980 el gobierno estadounidense empezó a subcontratar el encarcelamiento. El primer contrato lo firmó, en 1984, la Corporación Correccional de América (CCA, por sus siglas en inglés), la compañía más grande en el país: “Se instalaron cárceles privadas en comunidades abandonadas por la globalización económica; con grandes subvenciones procedentes de los impuestos de los contribuyentes construyeron miles de celdas por todo el país, aún antes de recibir los contratos públicos”.
“Luego, tuvieron que llenar las celdas. ¿Como ingeniárselas para promover el negocio cuando se trata de una industria de prisiones ‘con ánimo de lucro’? Antes que nada asegurándose que habrá un flujo continuado de presos. Por cada persona enviada tras los barrotes, la CCA o el segundo gigante de la industria, el Grupo GEO, ganan aproximadamente 122 dólares por día. En el último año, la CCA consiguió facturar 1.7 billones de dólares de ingresos en bruto”, cerca de la mitad de los cuales procedían de contratos gubernamentales. Es un poderoso incentivo para encerrar a la gente. En los últimos años, la estrategia para la “ampliación del mercado” en la industria de prisiones privada ha sido criminalizar a los inmigrantes”.
Una serie de leyes recientes ha redefinido la inmigración indocumentada, convirtiendo lo que era una infracción administrativa en un delito (de infamia, felonía en traducción literal ndlr.), y dando origen a la aparición de gran cantidad de centros de detención para inmigrantes, construidos y gestionados por la industria de las cárceles privadas: “La Operación Streamline, una política que comenzó en el 2005, establece que casi todos los inmigrantes sin documentos que crucen la frontera del sur en ciertas áreas serán procesados a través del sistema federal de justicia criminal”.
“Una organización no gubernamental ha demostrado que la Operación Streamline en los dos distritos federales correspondientes a la frontera Texas-México, se ha gastado desde su inicio en 2005, más de 1.2 billones de dólares en la detención y el encarcelamiento de quienes cruzan la frontera, con más de 135 mil inmigrantes procesados penalmente en ambos distritos, en virtud de dos apartados del código federal que convierten en un criminal a quien haya entrada sin autorización”.
Como resultado, y siempre según la información de Laura Carlsen, los latinos son ahora mayoría en las prisiones federales, acusados de cargos de crímenes penales, con sentencias que aluden a esas “felonías de inmigración”, por cruzar la frontera ilegalmente o ayudar a otra persona a hacerlo. “Los latinos constituyen el 50,3 por ciento de los sentenciados en 2011, lo que representa el 16 por ciento del total de la población… Esta caza humana destroza familias y le cuesta a los contribuyentes billones de dólares, la mayoría en pagos a la industria de las prisiones privadas”.
En su texto de denuncia, Laura Carlsen dedica un espacio esencial al movimiento en contra de la existencia de “prisiones privadas”, del que forma parte, entre otros, la organización Enlace que coordina la Campaña Nacional por la Desinversión en las Prisiones y cuyo director, Peter Cervantes-Gautschi, señala que “de los inmigrantes en el sistema federal de prisiones, cerca de la mitad están por cosas que ni siquiera se consideraban crímenes seis años atrás”; sólo el 5 por ciento de los inmigrantes encerrados lo están por lo que normalmente se considera un crimen. Usando la estrategia “siga al dinero” para explicar la influencia de la industria de las prisiones privadas, ha forjado una coalición de más de 130 organizaciones a nivel nacional, estatal y local “para convencer a los accionistas (individuos, bancos, fondos de cobertura, etcétera.) de que retiren sus fondos de la industria de las prisiones con el fin de que puedan crear un impacto en este negocio y reducir el poder de la CCA y la GEO”.
La coalición ya se ha apuntado algunas grandes victorias, incluyendo la cancelación de un centro de detención en el sur de la Florida, consiguiendo que le retiraran las subvenciones el Pershing Square y la Iglesia Metodista Unida. También, algunas organizaciones locales han conseguido paralizar proyectos de centros de detención, desde Georgia hasta Illinois, con el slogan “alto a la financiación del encarcelamiento por lucro”.
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