La legislación entrega un importante control sobre los datos de usuarios al Gobierno norteamericano y a varias compañías privadas, ocupadas en la ciber esfera.
Prevé además eliminar cualquier responsabilidad a las empresas que recopilen y compartan información por motivos de seguridad.
La Administración del país sostiene que dicha ley ayudaría a resistir las amenazas que Washington enfrenta en el espacio virtual.
Los analistas creen que las autoridades no confían en sus propios ciudadanos, hasta el punto de conspirar con el sector privado para controlar todo el contenido de la Red.
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