Los 12 'sabios' tendrán que elaborar un informe sobre el factor de sostenibilidad del sistema público en sólo cuatro reuniones
Fátima Báñez les pidió un acuerdo por unanimidad que el grupo ve improbable
Miembros del comité de experto que diseñarán la reforma de las pensiones.
EFE
El Gobierno ha recurrido a un comité de expertos sólo para que le sirva de aval de la “profunda” reforma de las pensiones que quiere acometer. Se trata de un “montaje” apresurado para cumplir con los recortes que exige Bruselas. Lo dice el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid Santos Ruesga, uno de los 12 sabiosque deberán elaborar el informe sobre el factor de sostenibilidad –el mecanismo de ajuste automático de las pensiones– que pondrá las bases para reformar el sistema. “Pero me temo que no quieren un proyecto sobre sostenibilidad, sino sólo un mecanismo que les permita un recorte de las pensiones a corto plazo para cumplir con el ajuste del déficit”.
Ruesga se queja de que el proceso está “muy condicionado, muy predeterminado”. No porque el Ministerio de Empleo les haya dado indicaciones, más allá de las contenidas en el informe previo que ha llegado también a los grupos parlamentarios. Sino porque el Gobierno lo reduce todo a “un problema financiero”: cómo rebajar la cuantía, además de las pensiones futuras, de las actuales, explica Santos Ruesga. “Es la única razón que puedo adivinar”, añade, “detrás de las prisas que tiene el Ejecutivo para adelantar la entrada en funcionamiento del factor de sostenibilidad”, fijada en la ley 27/2011 de reforma de las pensiones, que aprobó el Gobierno del PSOE, para el año 2027.
Santos Ruesga no comulga con ese planteamiento y considera un error que se tome una decisión sobre el sistema público de pensiones“condicionada por la coyuntura, por las políticas de austeridad y de rebaja del déficit”. También es consciente de que la suya no va a ser una voz muy secundada dentro del comité. “No somos expertos, sino profesionales, y cada uno tiene su ideología, los expertos neutrales no existen”, explica.
Pese a que Ruesga representó a UGT en el consejo de administración de RTVE, el sindicato quiso dejar claro que no había sido consultadopara elegir a los miembros del comité de Expertos. Lo mismo ha dicho CCOO, cuyo jefe de gabinete económico, Miguel Ángel García Díaz, también integra el grupo de sabios. Junto a ellos trabajarán economistas, actuarios, catedráticos de Derecho del Trabajo, un periodista y un sociólogo, su presidente, Víctor Pérez Díaz.
Informe rápido
En su primera y hasta ahora única reunión, el pasado día 17, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, les pidió que el informe saliera de un acuerdo unánime, algo que los expertos respondieron que lo veían difícil. Tampoco han decidido aún cómo organizarán los trabajos, pero sí que las reuniones se reducirán a cuatro. En tan breve plazo –el 31 de mayo deberán recibir el documento los partidos de la Comisión del Pacto de Toledo– no va haber tiempo para hacer grandes análisis, lamenta Santos Ruesga. De ahí que el catedrático prevea que el comité examinará “productos ya terminados”. Algunos, recuerda, ya han sido presentados en sociedad, como el de la patronal aseguradora (Unespa), un modelo similar al sueco con cuentas individuales virtuales.
En apenas unos días, Empleo ya les proporcionó unos primeros cálculos que los sabios reclamaron al departamento de Fátima Báñez en su primera cita. Sin olvidar el informe previo que marcaba las pautas de cómo quiere el ministerio que se diseñe el factor de sostenibilidad. En él se ponen como referencia las reformas de pensiones efectuadas en otros países europeos y se les invita expresamente a considerar el aumento de los años de cotización para cobrar el 100% de la pensión, el aumento de la edad de jubilación o la inclusión de toda la vida laboral en el cálculo de la cuantía de la prestación.
Ruesga no se siente cómodo con el corsé con que se les ha encomedado su misión. “La función de los expertos”, apunta, “no es ofrecerle al Gobierno un factor de sostenibilidad, sino diferentes análisis de los problemas de las pensiones, que van más allá de los financieros, ydiferentes escenarios e instrumentos que se pueden utilizar para resolverlos”. Si el informe se aprueba por unanimidad, aún habrá margen para que el documento integre todas las voces del comité. Si al final se imponen los puntos de vista de la mayoría, lo más probable es que, a tenor de la composición del comité, las propuestas de Ruesga y de los expertos que defienden el sistema público de pensiones tal y como funciona en la actualidad ni siquiera se adivinen en el texto final.
BEGOÑA P. RAMÍREZ
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