Gao Ping, supuesto líder de la trama china de blanqueo de capitales. (EFE)
El fiscal anticorrupción José Grinda y el jefe de la Brigada de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas-Aranda, investigaron en secreto, a espaldas del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, una supuesta trama policial corrupta relacionada con la banda de Gao Ping. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, el máximo responsable de las diligencias de la Operación Emperador contra las mafias chinas en España, se enteró de las pesquisas cuando Asuntos Internos le presentó el informe en marzo pasado.
Hasta ese mes, el magistrado Andreu, el fiscal Grinda y los jefes de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (UDYCO) habían acordado que los policías afectados no habían incurrido en ninguna irregularidad. Se daba la circunstancia de que el magistrado era amigo de uno de los investigados, el comisario del aeropuerto de Madrid, Carlos Salamanca, y que de esa determinación dependía si seguía o no al frente de las diligencias judiciales para no ser acusado de falta de imparcialidad.
Meses antes, el Juzgado de Instrucción de Fuenlabrada y el propio Juzgado Central número 4 de la Audiencia Nacional, con el visto bueno de la Fiscalía, habían considerado que no existían elementos para adoptar medidas penales contra una decena de funcionarios policiales que habían ofrecido favores a miembros de la red de Gao Ping.
Los nombres de los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, entre quienes se hallaban tres comisarios, uno de ellos el jefe del aeropuerto de Barajas, aparecían mencionados en las conversaciones telefónicas interceptadas por la Policía entre los miembros de la cúpula de la organización de Gao Ping, que era investigada por blanqueo de dinero.
El Confidencial ha tenido acceso a los diferentes oficios de la UDYCO sobre las observaciones telefónicas dentro de la pieza separada, conocida como 'Trama A', que figuran en las diligencias previas 131/11. En uno de los informes, fechado en abril de 2012, ya se refieren al "trato de favor por parte de miembros de la Administración Pública del Estado en el cumplimiento del ejercicio de sus funciones". Y mencionan al chino Xianxian Wang, que, según la UDYCO, se ha favorecido de la ayuda de Federico Sánchez, exjefe de un grupo de Extranjería en excedencia, y de Miguel Ángel Gómez, su sustituto en el mismo grupo, por "acortar el periodo de espera en la tramitación de su situación legal como extranjero en España".
Agentes de la Policía Nacional durante el registro en el polígono industrial Cobo Calleja. (EFE)
En las escuchas telefónicas ordenadas por el magistrado Andreu, también aparecían varias menciones al comisario Carlos Salamanca, a quien se le relacionaba con el chino Xia Yongping, uno de los hombres fuertes de la organización de Gao Ping.
Por el contenido de varias llamadas, los agentes policiales deducen que Yongping le había regalado un bolso a la esposa del comisario Salamanca y que la comisaría del aeropuerto había autorizado la entrada en España de una china, casada con un español, a la que le faltaba un documento.
El propio fiscal Grinda entregaba al juez Andreu, en el segundo semestre de 2012, un informe en el que señalaba a varios policías por hacer favores a los chinos. A uno de ellos lo acusaba de haber facilitado a una ciudadana china que se saltara la cola de la comisaría de Aluche para tramitar una documentación. No obstante, en ninguno de los informes el fiscal anticorrupción mencionaba el nombre del comisario Salamanca, de quien estaba al tanto de su relación de amistad con el magistrado.
Sin embargo, en sus primeros informes el fiscal ya empieza a contemplar el delito de cohecho por parte de los funcionarios policiales. Y así lo refleja en uno de sus informes: "Dichas contraprestaciones y beneficios, en algunos casos concretos, podrían considerarse como trato de favor aprovechando la pertenencia a uno u otro Organismo, lo cual constituiría una actividad ilícita tanto por parte de la persona que lo realiza como por parte de aquel que se beneficia de dicha actividad, constituyéndose un delito de cohecho".
Reunión en el despacho del juez
Por todo ello, cuando surgieron en las escuchas telefónicas las primeras referencias al comisario del aeropuerto, el titular del Juzgado Central número 4 de la Audiencia Nacional convocó a la policía y al fiscal Grinda en su despacho para estudiar el asunto, ya que el magistrado mantenía una relación de amistad con Carlos Salamanca. Sin embargo, tanto los representantes de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (UDYCO) como de la Fiscalía Anticorrupción convinieron ante el juez que "eran conversaciones normales, carentes de interés para la investigación y que no tenían nada que ver con los hechos que se investigaban en la causa".
Una de las naves registradas dentro de la 'Operación Emperador'. (EFE)
Con respecto al comisario Salamanca, todos coincidieron en que el contenido de las grabaciones era fruto de una relación de amistad entre el policía y el ciudadano chino Yongping, que entonces se movía por los círculos económicos como un influyente miembro de la comunidad asiática. Según los informes policiales, el empresario chino, nacido en Zhejiang en 1967 y casado con Lingzhi Hu, era propietario de varios bazares y administrador único de las sociedades Guomao Cheng Import-Export, con sedes en Italia y China, y de Industrial Factory Difusión SL.
El propio fiscal Grinda le reconocía al magistrado en aquel encuentro en su despacho de la Audiencia Nacional que "aquello carecía de importancia", según fuentes policiales conocedoras de la investigación. Y así fue como se plasmó en las diligencias previas. Nadie exigió que se dedujera testimonio contra el comisario y otros funcionarios policiales que asimismo aparecían en las grabaciones telefónicas como beneficiados de regalos y favores de la trama china de Gao Ping.
El fiscal Grinda, para cubrirse las espaldas, solicitó al magistrado que encargara un informe a la Policía en el que se recogieran todas las conversaciones entre los policías y los empresarios chinos. Y tal cual se hizo: los agentes elaboraron un trabajo recopilatorio con el contenido de las mismas grabaciones que ya había estudiado el juzgado y la Fiscalía. Seguidamente, el tribunal dio traslado del informa al ministerio público y se habló con el comisario Salamanca.
Un agente de los GEO retiene a un hombre en la 'Operación Emperador'. (EFE)
Como el fiscal Grinda no solicitó al magistrado ni la imputación ni ninguna otra medida coercitiva contra el comisario de Barajas, el juez Andreu continuó con la instrucción de la causa. Por tanto, desistió de inhibirse en las diligencias porque, al quedar el comisario fuera de cualquier investigación, la amistad con este ya no afectaba a su objetividad en el procedimiento.
Pero en marzo de 2014, un año y medio después de aquel acuerdo, se producía en la causa una derivada que nadie esperaba. Un movimiento procesal de la Fiscalía Anticorrupción hacía temblar los cimientos de la Audiencia Nacional y provocaba un profundo estupor entre la mayoría de sus magistrados. El fiscal Grinda presentaba por sorpresa en el Juzgado Central de Instrucción número 4 un nuevo informe de Asuntos Internos que la unidad policial había elaborado durante meses en secreto, sin el conocimiento del juez instructor. Partiendo de las mismas grabaciones de los primeros informes y sin apenas variaciones, la Fiscalía se pronunciaba a favor de abrir una causa contra varios miembros de la Seguridad del Estado, entre quienes se encontraba el comisario del aeropuerto de Barajas, Carlos Salamanca.
Algunos de los jueces de la Audiencia Nacional se hacen ahora una pregunta: por qué en marzo de 2014 sí se puede actuar contra los policías, a pesar de que el informe de Asuntos Internos no aporta ningún dato nuevo de relevancia, y no durante los dos años anteriores desde que se interceptaron las conversaciones en abril de 2012
Supuestos favores a la trama de Gao Ping
El informe de Asuntos Internos insistía en que los policías afectados habían hecho favores a miembros de la trama de Gao Ping. En concreto, el documento, que estaba firmado por el comisario principal jefe de la Unidad de Asuntos Internos,Marcelino Martín Blas-Aranda, relacionaba las llamadas que recibían los policías con lafacilitación de datos confidenciales a los miembros de la trama de Gao Ping. Para la Unidad de Asuntos Internos, los agentes investigados recibían, como compensación a sus favores, regalos, tales como jamones, viajes, comidas o entradas para el fútbol.
Sin embargo, según fuentes judiciales conocedoras de la investigación, ninguno de los supuestos favores podrían acarrear consecuencias penales porque en ninguno de los casos se establecía una relación con el delito de blanqueo de dinero que se investigaba en la causa. Además, los funcionarios no formaban parte del entramado de las tramas chinas, descubiertas tras la Operación Emperador.
"En todo caso, si se demostrara algunas de las acusaciones, sólo cabría la posibilidad de que el Ministerio del Interior pudiera abrirles un expediente disciplinario, al margen del proceso judicial contra los chinos. Pero eso no es lo que estaba en juego. Se buscaba otro objetivo: mezclar la corrupción policial con la mafia de Gao Ping", señalaron fuentes judiciales.
La operación conjunta entre Asuntos Internos y Fiscalía suscita otra pregunta: por qué los mandos policiales consintieron que la investigación se desarrollara en secreto, ajena al control del titular del Juzgado, el único responsable de las diligenciasAlgunos de los jueces de la Audiencia Nacional se hacen ahora una pregunta: por qué en marzo de 2014 sí se puede actuar contra los policías, a pesar de que el informe de Asuntos Internos no aporta ningún dato nuevo de relevancia, y no durante los dos años anteriores desde que se interceptaron las conversaciones en abril de 2012.
La operación conjunta entre Asuntos Internos y Fiscalía suscita otra pregunta: por qué los mandos policiales consintieron que la investigación se desarrollara en secreto, ajena al control del titular del juzgado, el único responsable de las diligencias.
Además, se daba la circunstancia de que durante la Operación Emperador fueron detenidos dos policías de segundo nivel por sus relaciones con la trama china y la Fiscalía en ningún momento emprendió actuaciones contra el resto de los investigados que, al igual que los anteriores, aparecían en las intervenciones telefónicas.
Objetivo: apartar al juez Andreu
Fuentes judiciales señalaron a El Confidencial que lo que se pretendía con el informe de Asuntos Internos era apartar al juez Andreu de la instrucción del sumario. Y, efectivamente, esa fue la primera consecuencia de la jugada del fiscal Grinda: el juez Andreu se vio obligado a inhibirse en la causa por su manifiesta amistad con el comisario Salamanca. La investigación pasó al juzgado del magistrado Ismael Moreno, quien tendrá que decidir sobre la situación de los funcionarios policiales.
La sorprendente reacción de la Fiscalía Anticorrupción se produjo en enero pasado a raíz de que el juez Andreu convocara a los fiscales de la causa para anunciarles que había decidido poner en libertad a varios de los encarcelados de la Operación Emperador, siempre con unas fuertes fianzas económicas. El magistrado esgrimía que ya había transcurrido más de un año y que había desaparecido el riesgo de fuga. Asimismo, la Policía había reunido un cúmulo importante de pruebas contra los procesados y, prácticamente, se había culminado la investigación.
Fuente: http://www.elconfidencial.com/espana/2014-04-17/anticorrupcion-investiga-una-supuesta-trama-policial-unida-a-gao-ping-a-espaldas-del-juez_117866/
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