Ajuste de cuentas en la Audiencia Nacional

Baltasar Garzón. (Efe)

25.05.2014

La Fundación Internacional Baltasar Garzón –que así se llama– ha montado durante tres días el I Congreso de Jurisdicción Universal. La noticia no tendría mayor importancia –el exjuez sigue cultivando su regreso a la arena política mediante un culto a la personalidad desconocido desde Kim Il-Sung– si no fuera porque un asunto tan transcendental ha derivado en una rebelión de los jueces de la Audiencia Nacional.

No es de extrañar teniendo en cuenta la chapucera reforma legislativa del Gobierno, quien plegándose a los intereses de China -sin apenas debate parlamentario y por la vía de máxima urgencia pese a tratarse de una ley orgánica- les ha birlado sus competencias en materia de delitos de especial gravedad, como el genocidio o los crímenes de lesa humanidad cometidos fuera del territorio español. Además de la persecución de delincuentes en aguas extraterritoriales.

Zapatero lo intentó hace cinco años de una forma más timorata y al final todo quedó en agua de borrajas. Pero en todo caso, la reforma evoca aquello que dijo Churchill de Chamberlain tras firmar los acuerdos de Múnich: ‘Queríais paz sin honra, y ahora no tenéis ni paz, ni honra’. China continuará despreciando los derechos humanos y comprando deuda pública española. Mientras que el ministro Gallardón –padre de la criatura– seguirá durmiendo con la conciencia tranquila.

El hecho de que cinco de los seis magistrados hayan arremetido contra el Ejecutivo -hasta el fiscal Torres-Dulce cuestionó el procedimiento elegido- tampoco tendría mayor transcendencia si no fuera porque estamos ante lo más granado del sistema judicial, al menos en términos mediáticos. Y no parece razonable que los jueces encargados de instruir los asuntos más delicados –terrorismo, narcotráfico o delincuencia internacional organizada– estén a la greña con el Gobierno de la nación. Aunque sea sólo por razones estéticas.

 Sobre todo cuando son ellos mismos quienes investigan al PP por el ‘caso Bárcenas’ y la Gürtel. Y no es que no le falte razón al Ejecutivo para limitar las competencias de la Audiencia Nacional en este asunto. Pero en derecho, la forma es tan importante como el fondo.Habrá quien piense que el meollo del asunto está en el carpetazo a la jurisdicción universal ignorando clamorosamente el principio deirretroactividad de la ley penal, pero aguas arriba hay que situar el conflicto en la propia existencia de la Audiencia Nacional, a quien el tiempo se le ha echado encima y necesita de forma urgente una refundación. Un puñado de ‘jueces estrella’ –con enorme capacidad de presión– tiene en vilo al país y se ha atrincherado en la plaza de la Villa de París (ahora en obras) como si se tratara de un cortijo particular, como bien se pudo observar durante la despedida de Garzón tras ser expulsado de la carrera judicial, toda una fiesta del corporativismo gremial.El hecho de que cinco de los seis magistrados hayan arremetido contra el Ejecutivo -hasta el fiscal Torres-Dulce cuestionó el procedimiento elegido- tampoco tendría mayor transcendencia si no fuera porque estamos ante lo más granado del sistema judicial, al menos en términos mediáticos. Y no parece razonable que los jueces encargados de instruir los asuntos más delicados estén a la greña con el Gobierno de la nación

Ladrillo a ladrillo

Y es por eso que no estará de más recordar que la Audiencia Nacional se creó por un Real Decreto de enero de 1977, en plena vorágine terrorista. Precisamente, cuando se estaba desmantelandoladrillo a ladrillo el Estado franquista y sus órganos judiciales excepcionales. Nacidos, obviamente, para reprimir la democracia, como el Tribunal de Orden Público (TOP). Y aunque es verdad que los asuntos del TOP fueron desviadosa los juzgados ordinarios, lo cierto es que la Audiencia Nacional es heredera de la jurisdicción militar, que hasta los primeros días de 1977 era quien entendía de los delitos de terrorismo, un empeño del teniente general Gutiérrez Mellado.

Es sabido que por aquella época no existían instrumentos eficaces capaces de garantizar la imparcialidad y la independencia judicial para luchar contra el terrorismo en el País Vasco, y por eso el legislador se vio obligado a echar mano de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, que habilitaba la posibilidad de crear jueces de instrucción‘especiales’. Lo paradójico es que menos de dos años después, la propia Constitución prohibió de forma taxativa los tribunales de excepción y se inclinaba de forma diáfana por el juez ordinario predeterminado por la ley.

Desoyendo este principio, la Audiencia Nacional siguió funcionando. Sin duda porque el martillo terrorista continuaba golpeando y tampoco existían juzgados especializados para la luchar contra la delincuencia económica internacional o las organizaciones mafiosas. Sin embargo, con el fin del terrorismo –que no de ETA–, todo ha cambiado. Pero no parece que el Gobierno se dé por aludido.

La Audiencia Nacional sigue hoy actuando como un macrojuzgado (funciona como cualquier Audiencia provincial) sin atender al principio que le dio vida, que no es otro que la especialización. Hasta el punto de que sus jueces no son nombrados por sus conocimientos en la materia –principalmente los de naturaleza económica–, sino por antigüedad, lo cual va contra toda lógica. Si lo que se busca es la especialización, lo razonable, como dice la magistradaMargarita Robles, es que se busque a los mejores y no se tenga en cuenta únicamente el número de años en la carrera judicial. Algo que explica que individuos como el inefable juez Moreiras investigara en su día cuestiones de las que no tenía ni idea.El pecado original

Este pecado original de la Audiencia Nacional –con un indudable mérito de sus funcionarios durante los años de plomo del terrorismo– es todavía más patente si se tiene en cuenta que sus jueces no disponen de peritos propios o de una verdadera policía judicial independiente del poder político, por lo que el papel de la UDEF y otras unidades especializadas en delitos económicos o fiscales está fuertemente contaminado por el inquilino temporal del Ministerio de Interior o de Hacienda.

Un puñado de ‘jueces estrella’ –con enorme capacidad de presión– tiene en vilo al país y se ha atrincherado en la plaza de la Villa de París como si se tratara de un cortijo particular, como bien se pudo observar durante la despedida de Garzón tras ser expulsado de la carrera judicial, toda una fiesta del corporativismo gremialIncluso se llega al absurdo de que lascomisiones rogatorias internacionales deban tramitarse a través de los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores, lo que convierte a ambos departamentos en intermediarios del procedimiento, algo incompatible con la necesaria independencia judicial. Y las cuentas secretas de Bárcenas en Suiza son un buen ejemplo de esta incongruencia. El Gobierno sabía antes que el juez de la existencia de cuentas en el extranjero. Ni siquiera sus funcionarios son elegidos por criterios de especialización, lo que convierte los argumentos de quienes respaldan el mantenimiento de la Audiencia Nacional en un artificio.

Hoy el tráfico organizado de moneda, drogas y estupefacientes, la existencia de grupos que, “bajo apariencias de seriedad empresarial, defraudan a una pluralidad de personas”, los supuestos “especialmente nocivos de fraudes alimenticios o de sustancias farmacéuticas o medicinales”, como sostiene el decreto ley, son delitos perfectamente perseguibles por tribunales ordinarios capaces de agrupar toda la instrucción en un solo procedimiento, aunque los delitos se produzcan en varios territorios. Admitir lo contrario es lo mismo que asumir que unos ciudadanos son juzgados por magistrados de primera y otros por jueces de segunda.

¿O es que los jueces Alaya o Castro no hacen el mismo trabajo que Ruzcuando investiga la financiación del PP? De hecho, nada impide que un juzgado se especialice en justicia universal y en la persecución de delitos espacialmente espeluznantes como el genocidio. Pero una cosa es la especialización y otra muy distinta la excepcionalidad que necesariamente crea monstruos judiciales en un mundo cada vez más mediático. De hecho, la lucha contra criminalidad organizada y la coordinación se hacen en otros países con igual de eficacia que en España y no existe la Audiencia Nacional.

Otra cosa bien distinta es que se quiera concentrar todos los asuntos en una sola instancia para que el Gobierno de turno tenga mayor capacidad de influencia sobre el colectivo. No es lo mismo controlar a 5.000 jueces que a media docena. Es más fácil influir es un espacio cerrado que correr el riesgo de que determinados asuntos caigan en jueces periféricos y por lo tanto, incontrolables para el poder político. No extraña, por eso, la magnífica relación que históricamente han tenido los jueces con el Ministerio del Interior, independientemente de su titular. Pero demasiado poder acaba por explotar. Y eso es lo que está sucediendo.

Fuente: http://blogs.elconfidencial.com/espana/mientras-tanto/2014-05-25/ajuste-de-cuentas-en-la-audiencia-nacional_136082/