Los escándalos e investigaciones judiciales en torno al sindicato UGT han provocado una sangría de afiliados que alcanza las 150.000 bajas. Una situación alimentada por comportamientos poco ejemplares.
Según informa ABC, este es el caso de una dirigente nacional de ese sindicato que el miércoles llegó a un acuerdo para evitar ir a juicio e indemnizar a una empleada del hogar inmigrante, a la que presuntamente ha tenido siete años sin contrato.
La inmigrante trabajaba en unas condiciones laborales reprochables -sin vacaciones durante tres años, con jornadas maratonianas y un salario de 700 euros-, lo cual provocó la detención de la sindicalista por parte del Equipo de Atención al Inmigrante (Edati) de la Guardia Civil de Málaga.
El caso de esta sindicalista, María Luisa T. S., es curioso, ya que pasó de trabajar para la patronal a través de la Cámara de Comercio malagueña a formar parte de la dirección de la Federación de Jubilados y Personas Mayores de UGT en enero del año pasado.
La historia que la ha puesto bajo el foco judicial se comenzó a escribir el pasado 16 de septiembre, cuando la víctima, una joven paraguaya de 29 años que llevaba siete trabajando para la detenida como asistenta del hogar interna, acudió a la Guardia Civil para denunciar su situación.
Según relató a los agentes del Edati que se hicieron cargo de la investigación, llegó a España con la intención de mejorar su vida y fue a través de una compatriota cuando supo que María Luisa T. S. buscaba a una empleada del hogar que trabajara interna en su casa. En enero de 2007 presuntamente comenzó a ejercer esta labor sin contrato y por un sueldo de 700 euros al mes.
Limpiaba también la casa de la hija
Las condiciones de trabajo se podrían considerar leoninas en base a lo descrito por la joven a los agentes. Y es que no solo se ocupaba de una casa, sino que de 7 a 11 de la mañana debía también limpiar la de la hija de su jefa.
Su descanso, declaró, iba únicamente de las seis de la tarde del sábado al inicio de la jornada el lunes más los días festivos, pero sin vacaciones. En tres años pidió una semana y se le descontó del sueldo.
Siempre cobraba su sueldo en efectivo y cuando pidió que regularizaran su situación irregular -de la que era consciente- la dirigente sindical le dijo que «tendría que descontarle el coste de la Seguridad Social del salario», según se recoge en las diligencias del Instituto Armado, a las que ha tenido acceso ABC.
La trabajadora tenía instrucción de decir que «era una amiga de la familia» si la Policía le preguntaba. Según atestiguó ante los investigadores, en algunas ocasiones tenía que hacer de cobradora de los alquileres de los pisos de su jefa para poder percibir su remuneración.
Tras abandonar la casa por unos impagos, la empleada «comenzó a recibir mensajes» de WhatsApp y de voz pidiéndole que volviese, que pondrían en evidencia la relación laboral. Los agentes del Edati acabaron deteniendo a María Luisa T. S. por un presunto delito contra el derecho de los trabajadores y se abrió una doble causa judicial: por la vía civil, para dirimir la extinción laboral; y la penal, por la supuesta explotación. La primera quedó resuelta el miércoles.
No hubo juicio en el juzgado de lo Social número 11 de Málaga después de que las partes alcanzaran un acuerdo extrajudicial, según confirmaron fuentes judiciales. La segunda causa, que lleva el juzgado de Instrucción número 3 de Málaga, sigue adelante después de que «sorpresivamente» fuese archivada sin tomarse declaración a la detenida o a la víctima.
http://www.alertadigital.com/2015/03/20/un-dirigente-nacional-de-ugt-tiene-que-indemnizar-a-una-asistenta-sin-papeles-a-la-que-tuvo-siete-anos-sin-contrato/
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