Alemania, Reino Unido, EEUU, Australia y Canadá advierten a sus ciudadanos que "hasta las manifestaciones pacíficas pueden tornarse conflictivas"
Falta poco más de un mes para el primer aniversario de la declaración unilateral de independencia de Cataluña y las secuelas que el turismo de la región padece desde entonces siguen vigentes e incluso podrían recrudecerse.
Muchos países están actualizando sus recomendaciones a los turistas que viajan a España y en ellas mantienen avisos y llamadas de «precaución» ante posibles sucesos derivados de la «tensión» que se vive en la comunidad catalana, como los que el octubre pasado propiciaron una oleada de cancelaciones en los hoteles de la Ciudad Condal.
Incluso sin recoger las agresiones de los últimos días surgidas a raíz de la colocación de lazos amarillos en fachadas de edificios públicos y oficiales, la alerta sobre una crispación en Cataluña que puede ir en ascenso está siendo emitida por varios países de nuestro entorno, como Alemania y Reino Unido, y por otros más lejanos, como Estados Unidos, Australia o Canadá, entre los que España recoge por turismo importantes porcentajes de ingresos.
La ocupación turística en Cataluña ya está perdiendo este verano más de un 5% respecto al anterior, según los datos del sector, pero los avisos que lanzan estos países aún pueden agravar la situación. No son de extrañar, eso sí, cuando incluso el propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, pidió la semana pasada al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que actúe para poner fin a «la escalada de violencia» que a su juicio se vive en Cataluña.
Ante este panorama los gobiernos de nuestros dos principales países emisores de turistas, Reino Unido y Alemania, han actualizado sus consejos de seguridad a los viajeros. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán advierte a sus ciudadanos de que en Cataluña se volverán a vivir «grandes manifestaciones» y una situación «tensa».
En su actualización de la semana pasada el departamento de Exteriores del Gobierno de Angela Merkel destaca las fechas del 1 de octubre, conmemorativa del «referéndum inconstitucional» del 1-O, y la de la celebración del día de la comunidad de Cataluña (la Diada) -el 11 de septiembre-, como momentos a tener especial precaución. Incluso, cita, «a pesar de la voluntad del Gobierno español para dialogar, el conflicto político en Cataluña sigue sin resolverse».
Manifestaciones
El Foreign Office británico, por su parte, ha publicado también una actualización para nuestro mayor mercado emisor de turistas, los británicos, recordando que «hubo grandes reuniones de personas en Barcelona y otras áreas de la región de Cataluña en relación con los acontecimientos políticos allí». «Es probable que se lleven a cabo otras reuniones y demostraciones», advierte, por lo que les recomienda precaución, ya que «pueden producirse con poca o ninguna advertencia e incluso las manifestaciones destinadas a ser pacíficas pueden escalar y tornarse conflictivas».
El pasado junio ya llegaban a España un 14,3% menos de turistas alemanes, en tasa interanual, mientras que el descenso entre los ingleses se situaba en el 1% respecto a un año antes. La variación anual dejaba a Cataluña un 0,8% menos de turismo extranjero, la segunda mayor caída en el conjunto de España a excepción de Canarias. Además, la ocupación hotelera que espera el sector es este año del 80% frente al 85% del pasado.
Y es que hace 11 meses ambos países avisaban de los conflictos en Barcelona, una ciudad con mucho predicamento entre el turismo internacional: «Pueden tener lugar manifestaciones, en particular en Barcelona», decían ya entonces los gobiernos alemán y británico. Y aconsejaban a los que se decidieran a visitar Cataluña que evitasen en esos días «las grandes multitudes».
El turista de larga distancia vive habitualmente con mayor preocupación los sucesos en las regiones a las que se va a desplazar. Así, Estados Unidos, Australia y Canadá son otros de los países que han advertido a sus ciudadanos de que la situación en Cataluña no se ha tranquilizado.
«Tras los acontecimientos políticos recientes, incluidas las elecciones celebradas en Cataluña el 21 de diciembre de 2017, pueden continuar las manifestaciones y grandes concentraciones de personas en las principales ciudades, especialmente en Barcelona y otras partes de Cataluña», explica el Gobierno australiano a sus ciudadanos interesados en volar hasta sus antípodas para conocer España. «Las movilizaciones a veces resultan en enfrentamientos con la policía».
EEUU, cuyo consulado en Barcelona avisaba ya el 15 de abril de manifestaciones que podían volverse violentas, incluye también en los avisos a sus ciudadanos los posibles ataques terroristas. Pero su vecino del norte, Canadá, también mantiene vigente, tras su última actualización, una advertencia sobre la situación política en Cataluña: «Las huelgas generales y las manifestaciones pueden ocurrir en Cataluña debido a la situación política en curso en la región. Estas pueden ser convocadas con poca anticipación».
Directa o indirectamente todos estos países mencionan, además, el atentado terrorista del 17 de agosto de 2017. Pero como ocurre con los lazos amarillos, muchas de estas actualizaciones de advertencias, vigentes a fecha de hoy, ni siquiera contemplan el suceso que llevó a la muerte a un presunto suicida de origen marroquí, que hace 10 días entró en una comisaría barcelonesa a punta de navaja.
Fuente: El Mundo
Análisis: No son lazos, son sogas
Ignacio Varela
Se aproxima el primer aniversario de la insurrección del otoño del 17 en Cataluña y se discute si la situación del conflicto está, desde el punto de vista del Estado democrático, mejor o peor que hace 12 meses. Quizás haya que aplazar el veredicto hasta ver el resultado de la nueva ofensiva diseñada en Waterloo para los próximos meses.
Estamos mejor porque el golpe que el 6 de septiembre derogó la Constitución y el Estatuto en Cataluña, continuó con el simulacro de referéndum del 1 de octubre y concluyó con la fantasmagórica declaración de independencia fue abortado con la aplicación fulminante del 155. Cataluña sigue formando parte de España, la república bananera que Puigdemont proclamó es una entelequia risible y los responsables del golpe que no se dieron a la fuga responderán ante la Justicia.
Formalmente —aunque no tanto materialmente—, la legalidad constitucional se ha restablecido. Y no se espera próximamente una nueva intentona, aunque sí que el Gobierno separatista se instale a vivir impunemente con un pie fuera y otro dentro de la frontera de la legalidad.
Pero estamos peor porque los secesionistas recuperaron el poder tras unas elecciones convocadas con precipitación (a Rajoy le quemaba en las manos el 155) y lo ejercen de forma más despótica que nunca, fuera máscaras. Porque el campo constitucional, entonces unido y movilizado como nunca, está ahora dividido y aturdido como siempre. Porque se burla y menosprecia en Europa a la Justicia española sin que dos sucesivos gobiernos hayan movido un dedo para defender su crédito.
Porque está en marcha en Cataluña una temible operación totalitaria de acoso político e intimidación social, con los lazos amarillos como sogas para obligar a los constitucionalistas a regresar a las catacumbas. Y porque a la debilidad del Gobierno anterior se añade ladependencia del actual respecto a los partidos independentistas. Torra no necesita a los socialistas para gobernar en Cataluña, pero en Madrid tiene la llave del oxígeno de Sánchez.
El conflicto de los lazos amarillos es cualquier cosa menos inocuo. Por una parte, muestra una nueva fase en la estrategia independentista. Esta ya no gira sobre la independencia inmediata, sino sobre la utilización de los presos —y posteriormente, del juicio en el Supremo— como instrumento de agitación política, confrontación social, cohesión nacionalista y máxima excitación emocional. En esta Diada, la marea de las esteladas dará paso a una de lazos amarillos. Puigdemont, que es el mayor culpable y principal beneficiario de que Junqueras y los demás estén en prisión, es también quien más los instrumentaliza en su provecho.
Bajo la apariencia de un reclamo de libertad, el lazo amarillo se ha convertido en instrumento de opresión. Su función principal es identificar a los afectos y a los desafectos, señalar y estigmatizar a quienes no lo llevan, instalar el miedo en la parte de la sociedad catalana que quiere seguir siendo española. Lucir el lazo en la Cataluña de Puigdetorra equivale a lo que fue alzar el brazo en la España de la posguerra, y no hacerlo —no digamos intentar quitarlo— comienza a resultar arriesgado. Este Govern no tiene oposición, en el sentido democrático del término: lo que se le enfrenta responde más al concepto de resistencia.
El plan de Puigdetorra parece claro. Elevar progresivamente la tensión emocional con los presos como pretexto; someter a su mando a todo el espacio nacionalista, acorralando a ERC, y esperar al momento adecuado —con toda seguridad, ligado al juicio— para provocar unas elecciones que le den una mayoría incontestable y consagren como caudillo al Perón de Waterloo.
Para ello, necesitan mantener neutralizado al Gobierno español y desactivado al bloque constitucional. En Cataluña, incendiarán las calles y reproducirán el clima insurreccional del otoño pasado, pero sin repetir el error que desencadenó el 155. En Madrid, seguirán sosteniendo a Sánchez con respiración asistida para prevenir que este se vea abocado a convocar elecciones generales.
Se criticó mucho a Rajoy, con razón, por su actitud pasivo-reactiva, consistente en permanecer inmóvil, limitándose a reaccionar ante las sucesivas transgresiones del 'procés'. Ello entregaba al independentismo el monopolio de la iniciativa, ya que ellos elegían siempre el momento y la forma de cada choque.
La paradoja es que la estrategia de Sánchez, aparentemente opuesta a la de Rajoy, conduce a un escenario similar. Ellos modulan a su conveniencia la relación con el Gobierno de España y la intensidad del conflicto.
Deciden cuándo y cuánto se inflama o se desinflama; si acuden a las reuniones o las boicotean; si es hora de exigir —y ser siempre atendidos— o de denunciar, de mostrarse apaciguados o enfurecidos. Marcan el ritmo y las condiciones, transitan sobre las líneas rojas sabiendo que, mientras no las rebasen groseramente, todo les está permitido. Administran su apoyo a Sánchez en el Parlamento de Madrid a cambio de disponer de patente de corso en Cataluña con el silencio cómplice del PSC. Ellos, en definitiva, vuelven a monopolizar la iniciativa.
No es que Sánchez esté conteniendo a Torra dentro de la legalidad. Es que el plan de los independentistas para el curso 2018-2019 es otro. Ya no pasa por una inviable declaración de independencia, sino por afianzar su poder absoluto y su control social, sepultar a la oposición y consolidar por la vía de hecho Cataluña como un territorio de excepción constitucional. No es Sánchez quien sujeta a Torra, sino Puigdetorra quien sujeta (en el doble sentido de la palabra) al Gobierno de Sánchez.
Mientras, los partidos españoles se bifurcan. El PSOE y Podemos especulan con la desinflamación, aventando la ilusión de una solución negociada que ni de lejos está en la intención del secesionismo (salvo que la Constitución española se avenga a autoliquidarse). El PP y Ciudadanos especulan con la inflamación, depositando su expectativa de crecimiento electoral en un nuevo choque de trenes que legitime su discurso confrontativo y desnude el del Gobierno.
Tras el impostado “dialogar sobre todo” que en realidad equivale a no poder dialogar sobre casi nada, impresiona ver al presidente del Gobierno de España ejerciendo de pagafantas del custodio de la Generalitat. E impresiona aún más que el fugitivo de Waterloo se permita alardear de que tiene, como cantaba en Castañuela 70, la sartén por el mango y el mango también. Pero ese es el precio de conquistar el poder sin precaverse de las compañías.
VIERNES 31 DE AGOSTO DE 2018 21:00
Fuente: El Confidencial
http://www.elespiadigital.com/index.php/noticias/historico-de-noticias/22333-cinco-grandes-paises-alertan-a-sus-turistas-de-la-tension-en-cataluna-el-lazismo-pone-una-soga-al-cuello-de-cataluna
Denuncian al letrado de Puigdemont por firmar la demanda que manipula las palabras de Llarena
Madrid
1 SEP. 2018 18:44
Carles Puigdemont y Quim Torra, el pasado lunes, en Bruselas.
Stephanie LecocqEFE
La presunta manipulación de la demanda civil que el ex presidente de Cataluña Carles Puigdemont presentó en Bruselas contra el juez que instruyó el caso procés, Pablo Llarena, ha sido denunciada ante el Colegio de Abogado de Madrid.
El eurodiputado Enrique Calvet, del grupo Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, ha denunciado al abogado Gonzalo Boye, del equipo jurídico que defiende a Puigdemont -fugado de la Justicia española y procesado por delitos de rebelión y malversación-, por ser una de las personas firmantes de la citada demanda, según adelantó este sábado El Español.
Calvet acusa a Boye de cometer "una ofensa grave a la dignidad de la profesión de abogado, a las reglas éticas que la gobiernan y a los deberes establecidos en el Estatuto General de la Abogacía española, en la que ha incurrido el letrado".
Así consta en la denuncia, a la que tuvo acceso este diario, donde resalta que "el colegiado mencionado ha sido el encargado de firmar la demanda presentada ante la Justicia belga por el fugado de la Justicia española y presunto golpista".
Es más, no pasa por alto que esta "ofensa" a la abogacía "se ve reforzada por el hecho de permitir que un acto deliberado y doloso tenga consecuencias económicas para el Estado español".
Calvet considera que las declaraciones de Llarena se alteraron "deliberadamente para intentar facilitar su admisión a trámite por la Justicia belga". Dicho esto, el eurodiputado confía en que esa admisión sea "imposible" si "el tribunal se atiene a la literalidad de las declaraciones realmente realizadas por el magistrado".
Conviene recordar que, finalmente, el Estado asumió la defensa del juez Llarenaen Bruselas ante la demanda de Puigdemont. El Ministerio de Justicia informó el pasado 30 de agosto que ya se firmó el contrato con un bufete belga -Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick- para que represente legalmente al magistrado el próximo 4 de septiembre ante el juez belga.
Según la denuncia de Calvet, Gonzalo Boye "habría incurrido en una infracción muy grave", en el marco del artículo 84 del Estatuto General de la Abogacía. En este caso, las sanciones disciplinarias a aplicar supondrían la suspensión como abogado o la expulsión del colegio profesional.
Precisamente, la traductora jurada que firma la demanda interpuesta por Puigdemont contra Llarena responsabilizó a los abogados del ex presidente catalán de la presunta manipulación, señalando a Gonzalo Boye como la persona que le atribuyó esa tergiversación a su mala traducción.
Según la demanda presentada ante el juez belga, el juez Llarena hizo una declaraciones a los medios de comunicación en las que manifestó "sí, eso es lo que sucedió", en relación a los delitos que se les atribuye a Puigdemont y a cuatro ex consejeros catalanes, todos fugados. En realidad, el magistrado dijo "si es que ha sido así".
Este diario contactó con el abogado Gonzalo Boye, que manifestó estar "tranquilo" ante la denuncia presentada por Calvet, ya que "no hemos manipulado nada", aseguró, remitiéndose al informe que realizaron los traductores de la demanda para aclarar que fue "un error que estaba en la versión original".
"El error que se produce en la traducción de la cita al francés [en referencia a la declaración hecha por Llarena el pasado 22 de febrero en Oviedo] se traduce erróneamente", según señalan los traductores en ese informe, al que tuvo acceso este diario.
Se traduce "sí, es lo que sucedió" en lugar de "si es que ha sido así". Los traductores lo achacan a que se trata de una "traducción libre", que no jurada. "Ese extracto en francés no aparece en nuestra traducción jurada".
http://www.elmundo.es/espana/2018/09/01/5b8ac007e2704eff4c8b4631.html
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