22/04/201906:50
Pedro Sánchez prepara una profunda cesión de poder a los separatistas para engrasar los acuerdos de gobernabilidad tras el 28-A.
El presidente del Gobierno quiere apuntalar la alianzas con PDeCAT, ERC y PNV y no sólo baraja la reformas de sus Estatutos para ampliar sus competencias hasta el máximo, sino que, además quiere aumentar los fondos e inversiones que reciben Cataluña y País Vasco, y completar este regalo dando a la Generalitat un peso decisivo en el organismo que controla el uso de esos fondos y las finanzas en general de las autonomías.
El embalaje para vender esta reforma hace alusión a todas las autonomías que están bajo el régimen general -País Vasco y Navarra se acogen al esquema foral-. Pero lo cierto es que sólo los partidos catalanes tienen una capacidad de presión política sobre el PSOE, y ya Cataluña es la comunidad que más ayudas ha recibido del Estado -90.000 millones de euros- siendo, por lo tanto, la que más supervisión necesita de parte del Estado.
Y es en ese punto en el que el PSOE plantea que el Consejo de Política Fiscal y Financiera -el organismo que gobierna y controla las finanzas autonómicas y que coordina el sistema de reparto de los fondos comunes y el modelo de solidaridad- deje de tener primacía del Estado para que la tengan las autonomías. Traducido: para que la tenga la Generalitat, que es con la que Pedro Sánchez negocia su reforma en estos momentos.
El texto recogido en el programa electoral de los socialistas para los comicios de este 28-A recoge esta reforma sin matices. “En la actualidad, la Constitución no contiene ninguna regla mínimamente precisa que permita predecir cómo deben financiarse las comunidades autónomas. Esto es una singularidad, pues en los Estados descentralizados la Constitución prefigura, cuando menos, el sistema de financiación que se aplicará”.
Con esa explicación, el PSOE concluye que “el resultado ha sido la inestabilidad y la insatisfacción con el sistema de financiación autonómica. La Constitución debe garantizar un sistema en el que los gobiernos autonómicos sean responsables de sus propios presupuestos ante el electorado, así como de la eficiencia de la gestión y del gasto”.
Por ello, “para abordar esta situación planteamos: – Incluir en la Constitución las decisiones fundamentales sobre el reparto de las competencias financieras y los principios conforme a los cuales se produce la distribución de los recursos.
-Establecer en la Constitución, para darle la mayor transparencia, la forma de operar de los mecanismos de nivelación financiera y de garantía del principio de solidaridad territorial.
-Garantizar la participación de los territorios en la concreción del modelo a través de una configuración distinta del Consejo de Política Fiscal y Financiera”.
-Establecer en la Constitución, para darle la mayor transparencia, la forma de operar de los mecanismos de nivelación financiera y de garantía del principio de solidaridad territorial.
-Garantizar la participación de los territorios en la concreción del modelo a través de una configuración distinta del Consejo de Política Fiscal y Financiera”.
Y esa configuración restaría poder al Estado para dárselo a las haciendas regionales.
En resumen: que el sistema de control financiera quedaría en manos autonómicas. Justo cuando una de las cuestiones que se juzgan estos días en el Tribunal Supremo es la malversación de fondos públicos por parte de la Generalitat que romper España y construir un Estado paralelo e independiente.
Próximo paquete de regalos
No se trata de la única cesión ni mucho menos. Pedro Sánchez ya tiene preparado el próximo paquete de regalos al JxCat, ERC y PNV a cambio del apoyo de los separatistas a su gobernabilidad. Y el PSOE, no sólo mantiene la apuesta de incrementar el traspaso de competencias a Cataluña y País Vasco, sino que, además, ha empezado a incluir entre sus propuestas una mayor presencia de los nacionalistas en los grandes reguladores económicos como la CNMV, la CNMC y el Banco de España.
Para ello, el PSOE quiere hacer partícipes también a las comunidades autónomas de la elección de los cargos clave en organismos como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercados y Valores (CNMV) o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Los socialistas quieren combinar todo ello con un aumento de la presencia de las autonomías en las instituciones europeas, algo que, además de la dificultad de coordinación del mensaje nacional ante Bruselas y el resto de organismos comunitarios, dará más eco a las reclamaciones nacionalistas de algunas de las regiones españolas.
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