CASO 8-M
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. (Europa Press)
11/06/2020 06:50
El secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera, y mano derecha del delegado socialista, ha confesado ante la juez del 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, que informó personalmente a José Manuel Franco de la comunicación remitida el 2 de marzo por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en el que se aconsejaba a los trabajadores del organismo de mantener la distancia de seguridad para evitar contagios, según confirman a OKDIARIO fuentes judiciales.
José Manuel Franco ya conocía la gravedad de la crisis sanitaria y aún así permitió la celebración del 8-M que concentró a más de 120.000 personas sólo en la Comunidad de Madrid. Talavera ha declarado este miércoles en calidad de testigo en los juzgados de Plaza de Castilla. El secretario general de la delegación ha asegurado que conocía el informe porque «estaba disponible en la Intranet» –sistema de comunicación interno del organismo público–.
El Jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno, que declarará este jueves en calidad de testigo, fue el encargado de elaborar este informe.
Según explican los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil en el segundo atestado aportado a la causa, el documento recogía el protocolo «con recomendaciones concretas relacionadas con el Covid-19«. Fue revisado por la directora de Sanidad del organismo el 28 de febrero y se distribuyó de manera masiva tres días después.
Comunicación a Franco
El delegado socialista, imputado por un presunto delito de prevaricación, ha asegurado a la juez que no se encontraba entre en la lista de receptores y, por tanto, no pudo verlo. Además, ha añadido que no ha tenido acceso al sistema de mensajería interno hasta el 4 de marzo.
Pero esto no es excusa para la magistrada. Fuentes consultadas por OKDIARIO manifiestan que Talavera ha explicado a la instructora que informó a José Manuel Franco de esta comunicación porque «es parte de su trabajo: ‘despachar’ todos los días los temas relevantes con el delegado». El secretario –explican– no recuerda si reparó durante mucho tiempo en el mismo, pero de los que sí está totalmente convencido es de que informó a su superior.
Las mismas fuentes aclaran que esta confesión «rompe la línea de defensa» seguida por la Abogacía del Estado que defiende a Franco. «Esta declaración revela que el delegado conocía la magnitud de la situación y, pese a ello, permitió que se concentraran multitudes de personas suponiendo un grave riesgo para la salud», explican.
«No me considero responsable»
El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, que ha acudido a declarar este miércoles en calidad de imputado, se ha escudado en que «no había ningún elemento, en aquel momento, que le llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental», en referencia a la manifestación feminista del 8-M.
Además, en sede judicial señaló que «no tenía informes ni notificación que advirtiera parar las concentraciones». Un extremo que su mano derecha ha desmentido.
No cede a las presiones
La juez Rodríguez-Medel no ha cedido a la presión de la Fiscalía de Dolores Delgado y de la Abogacía del Estado que solicitó el archivo del caso, y rechazó acceder a sus peticiones de dar cerrojazo a la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid.
Negó la indefensión del delegado que esgrimió la Abogacía y explicó cómo ha puesto a su disposición las novedades de la instrucción. En la resolución de 17 páginas, a la que tuvo acceso OKDIARIO, la magistrada constató las «dificultades» con las que se han encontrado los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil al frente de la investigación y afirmó que «había reticencias».
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