PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi
30/08/2020 21:45
«Es hora de vaciar las cárceles». Con ese mensaje Bildu avisa al Gobierno de que sus reivindicaciones en política penitenciaria para los etarras siguen intactas. Y lo hace cuando el Ejecutivo socialcomunista debe empezar a sondear sus apoyos de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales. Sacar adelante esas cuentas resulta vital para mantener la legislatura.
Los proetarras reaccionaban así a la decisión del Tribunal de Apelación de País de mantener encarcelado al preso vasco Mikel Barrios, condenado a cinco años de cárcel por su participación en ETA. Barrios fue detenido en octubre de 2017 y encarcelado en Francia en diciembre de ese mismo año.
No es la primera vez que Bildu recurre al mismo lema, que expresa con claridad sus aspiraciones. Un objetivo que encuentra impulso en Podemos.
A este respecto, cabe recordar, por ejemplo, que meses atrás, el partido de Pablo Iglesias suscribió un manifiesto con los partidos nacionalistas en el que se reclamaban medidas de excarcelación de los presos, así como acercamientos.
La nota, con el título ‘Por el respeto a las personas privadas de libertad’, esgrimía que la crisis sanitaria «está teniendo un impacto muy fuerte sobre las personas en prisión».
Por ello, reclamaban excarcelar a presos en situación de vulnerabilidad, como enfermos, de edad avanzada o aquellos que hubiesen cumplido tres cuartas partes de la condena. Ello, sin «excepcionalidad» por delito.
El Gobierno de Pedro Sánchez es sensible a esos intereses. Desde el 7 de agosto del 2018 los etarras presos en cárceles españolas han sacado rédito de los pactos de Pedro Sánchez con los partidos nacionalistas vascos.
Los datos, que fueron difundidos semanas atrás por el partido de Santiago Abascal y recogidos de información oficial proveniente de los comunicados de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, anotan que un total de 52 presos de la organización terrorista ETA han abandonado sus cárceles para internar en centros más cercanos al País Vasco.
Concretamente, seis de ellos han sido llevados hasta el propio País Vasco y otros tres a Navarra. 13 de esos acercamientos se produjeron durante la campaña electoral vasca del pasado junio.
Además, al margen de esta demostración del fin de las políticas de dispersión tal y como le reclaman insistentemente desde la izquierda abertzale, el Gobierno ha llevado a cabo la progresión en grado a un total de 23 presos de ETA.
De ellos, 12 han progresado a tercer grado o régimen de semilibertad -ya pueden salir a la calle y ser recibidos con homenajes-, y 11 han progresado a segundo grado.
De ellos, 12 han progresado a tercer grado o régimen de semilibertad -ya pueden salir a la calle y ser recibidos con homenajes-, y 11 han progresado a segundo grado.
Tal y como recuerda Vox, uno de los compromisos a los que llegó el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, con las víctimas fue el de poner como condición indispensable el arrepentimiento y petición de perdón expreso a las mismas. Sin embargo, esto se ha incumplido. El único requisito que se les exige es rellenar un formulario en el que renuncian a la lucha armada.
Delitos de sangre
Por otro lado, cabe destacar que siete de estos presos beneficiados por el Gobierno fueron condenados por delitos de sangre. Uno de los últimos, Iván Apaolaza, fue condenado como autor material por el asesinato en Madrid, en el año 2000, del teniente coronel Pedro Antonio Blanco. ETA colocó un coche cargado de explosivos que detonó cuando la víctima pasaba cerca de él. El Tribunal Supremo determinó que su acción en el atentado había sido esencial.
Pactos con Bildu
Ya se ha convertido en habitual que el Gobierno socialcomunista negocie con los proetarras. Desde que incluyó a esta formación en la ronda de contactos para la investidura de Pedro Sánchez, Bildu se considera legitimada para presionar con sus reivindicaciones.
En mayo, el PSOE prometió a Bildu la derogación de la reforma laboral a cambio de su apoyo a la prórroga del estado de alarma. Aquel acuerdo no estuvo exento de polémica, ya que, según el texto firmado, el Gobierno se comprometía a la derogación «íntegra» de dicha reforma del PP.
Los socialistas, sin embargo, recularon unas horas después y anunciaron que ese punto quedaba anulado, de forma que la derogación se limitaba a aspectos concretos, como la eliminación de la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, la derogación de las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo y la derogación de la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.
El acuerdo llevaba la firma de los portavoces parlamentarios de las tres formaciones -Adriana Lastra (PSOE), Pablo Echenique (Podemos) y Mertxe Aizpurua (EH Bildu)- y se convirtió en el primer pacto explícito entre el Gobierno y el partido de Arnaldo Otegi.
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