Los abogados de Podemos: «Los fiscales Stampa y Serrano quieren ayudarnos en el Supremo» contra Inda
M. RUIZ Y V. MATEU
12/08/2020 02:35
Gloria Elizo y Alejandro Gámez, miembros del equipo legal de Podemos, han publicado a través de la red social Twitter una nota que pretende «desmentir» y «puntualizar la avalancha de noticias falsas y tergiversadas sobre la labor de la acusación popular que Podemos ejerce en el caso Tándem» y en la pieza Dina del mismo.
Pero lo realmente asombroso es que en la nota publicada por ambos admiten que Podemos y la Fiscalía Anticorrupción se reunieron e «intercambiaron información y puntos de vista» sobre el citado caso. Viene así a ratificar las reuniones de la letrada podemita Marta Flor Núñez y los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano.
Más asombrosa aún es la acotación y aclaración que hacen a continuación: sostienen que es algo «totalmente natural, legal y habitual».
Es indudable que con la nota buscan responder a la imputación de Podemos y parte de su cúpula por presunta malversación y financiación irregular, pero es muy curioso que la respuesta no sea ningún desmentido a este extremo y sí a noticias publicadas hace tiempo por OKDIARIO y otros medios sobre la investigación del caso Dina-Iglesias.
En concreto, en relación con esas reuniones que ahora admite Podemos, destacan los chats internos del equipo jurídico de Podemos que demostrarían que los fiscales del caso Villarejo y la formación de Pablo Iglesias se conjuraron para destruir a Eduardo Inda y OKDIARIO cuando la pieza Dina Bousselham aún estaba bajo secreto. Ese chat interno del equipo jurídico de Podemos en la plataforma Telegram, desvelado por el diario El Confidencial, reconocía que la letrada de Podemos Marta Flor Núñez manejó datos de la pieza Dina -la número 10 del sumario Tándem- mientras permanecía en secreto. La información la habría recibido de los fiscales de la causa.
Nota de prensa de los abogados de Podemos Gloria Elizo y Alejandro Gámez.
En un chat del 4 de febrero de 2019, Podemos comenta que ha cerrado una cita entre Anticorrupción y el partido para «coordinar la investigación del caso Dina». La reunión llegó a realizarse en un momento en el que la pieza Dina ni siquiera existía en el caso Tándem. En otro mensaje del 8 de febrero, la letrada Marta Flor Núñez insistía: «Gloria -refiriéndose a Gloria Elizo, entonces coordinadora jurídica de la coalición- el otro día hablamos con los fiscales que decían que les extrañaba que no hubiéramos denunciado la publicación por Inda de las capturas del móvil».
Según el citado diario digital, «los fiscales querían incluir en su querella inicial de la pieza Dina que parte del contenido del teléfono sustraído a Bousselham había aparecido meses después en el medio que dirigía Inda, OKDIARIO, para dirigir también la acusación contra él».
Después, durante las investigaciones policiales de la pieza Dina, los agentes de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) pudieron descubrir que los chats de la asistente de Iglesias desvelados por OKDIARIO habían sido difundidos, previamente, por la podemita entre un grupo de amigos.
En el chat de Podemos publicado por el diario digital, la abogada Marta Flor Núñez informa a sus compañeros de que ‘Ironman’ -el nombre clave que usaba Núñez para referirse a uno de los fiscales anticorrupción, Ignacio Stampa- se había puesto en contacto con ella.
El 14 de mayo de 2018, Marta Flor escribía a sus compañeros del equipo legal de Podemos sobre el fiscal Stampa: «Esta mañana he abierto un chat con ‘Ironman’ para pasar una cosa que habíamos hablado de la doctora Pinto x lo que ya empezamos a tener más contacto… y hablaron de reunirse cada 15 días…».
Sobre estas reuniones que hoy Podemos define como «legales, naturales y habituales» se cierne la sospecha. Máxime, cuando el abogado purgado del partido que lidera Pablo Iglesias, Jose Manuel Calvente, aseguraba, precisamente, en un burofax que envió el 23 de octubre de 2019 al secretario de Organización Alberto Rodríguez, que Marta Flor Núñez «antepone sus relaciones íntimas con el Fiscal de un asunto importante de anticorrupción a su trabajo como abogada del partido como acusación popular en dicho asunto, poniendo en riesgo la estrategia procesal del partido, y desatendiendo las indicaciones de su responsable y del resto de compañeros que le indicaban que era incompatible mantener esa relación siendo abogada designada en el asunto, puesto que comprometía el proceso», en referencia a relación con ‘Ironman’.
«Secreto de sumario»
Sin embargo, en la nota hecha pública este martes Gámez y Elizo mantienen que es falso que la Fiscalía Anticorrupción «haya facilitado a Podemos información sujeta a secreto de sumario» y que tanto el equipo legal de la formación morada como Anticorrupción pactaran «que Podemos no perseguiría al Rey emérito a cambio de que Fiscalía ayudase a Podemos en la pieza Dina».
Mezclar mentiras con verdades, opiniones con hechos, héroes con villanos…
La lucha contra las cloacas siempre es para los de siempre un espectáculo de confusión, una oportunidad de escapar.
Así que @agamezselma y yo dejamos claras algunas cosas sobre Tándem y la Pieza Dina.👇🏽 pic.twitter.com/VOPrLwB5Wc
— Gloria Elizo (@GloriaElizo) August 11, 2020
Asimismo, ambos niegan que Podemos o su equipo legal hicieran un montaje con la pieza Dina para «engañar al juez del juzgado central de instrucción 6».
Refiere que Podemos y su equipo legal considera la citada pieza como «una investigación clave para desentrañar las cloacas del Estado» y añade que «no se puede dudar a estas alturas de la existencia de una policía política y de la participación en ella de Villarejo y su organización».
Afirma también que «todos los integrantes del equipo legal de Podemos creyeron y creen firmemente» en el robo del móvil de Dina Bousselham y que «nadie ha expuesto ni aportado indicios de ninguna teoría contraria» y añade que aún no se ha esclarecido «por qué el contenido de dicho móvil ha aparecido en manos de Villarejo y publicado parcialmente en medios de comunicación claramente hostiles a Podemos».
https://okdiario.com/espana/podemos-admite-que-reunian-fiscal-stampa-que-les-daba-informacion-sobre-caso-tandem-pieza-dina-6011912
La solicitud para que declaren fue adoptada por el Gobierno de Bolivia el pasado 4 de enero
Pedro Sánchez, Carmen Calvo y Pablo Iglesias en el Congreso. (Foto: EP)
CARLOS CUESTA
12/08/2020 06:46
El caso por la ‘caja B’ de Podemos no sólo se investiga en Madrid. La Fiscalía General de Bolivia reclama el testimonio de Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón por la extraña entrada de agentes españoles las pasadas navidades en la Embajada de México en La Paz.
La Fiscalía de Bolivia sospecha que esa actuación -ordenada por el Gobierno de Pedro Sánchez- pudo tener como trasfondo el intento de control de la información de algunos de los presentes en esa sede diplomática en materias como los pagos de Evo Morales a Podemos.
El Gobierno y la Fiscalía de Bolivia, sin embargo, han topado con el freno del Gobierno español, que dilata por medio de la Fiscalía española y su responsable máxima, Dolores Delgado, la testifical reclamada de los grandes fundadores de Podemos. Y es que esa declaración puede suponer la obtención de información clave que se sumaría a las imputaciones comunicadas este martes por el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid sobre la financiación B del partido morado y sus movimientos de fondos por medio de la consultora Neurona.
El titular del Juzgado 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha imputado incluso a Podemos como persona jurídica en la causa que investiga la financiación del partido tras la denuncia presentada por el abogado despedido José Manuel Calvente por posible malversación y administración desleal, entre otros posibles delitos.
El magistrado tomó esta decisión después de escuchar a Calvente en sede judicial el pasado 29 de julio. También ha imputado a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas -así como un estrecho colaborador de Pablo Iglesias-, además de al tesorero y la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val, respectivamente.
Calvente explicó que Mónica Carmona, otra antigua letrada del partido, y él mismo estaban realizando una investigación interna por posibles irregularidades contables en Podemos cuando fueron despedidos el pasado mes de diciembre.
Esas irregularidades, según su versión, habrían consistido en gastos sin justificar o no previstos en los presupuestos del partido o incluso sobresueldos. Además, la denuncia apunta a Neurona Comunidad S.L., empresa de comunicación política que ha trabajado en varias campañas electorales de Podemos.
Decisión de Delgado
Pero esta investigación analiza los hechos desde España. Cuando parte de los movimientos económicos parecen acabar, según las sospechas de la Fiscalía General de Bolivia, en los salones del entonces presidente del país, Evo Morales.
Y es ahí donde entra en juego la labor de Sánchez y de Dolores Delgado, fiscal general del Estado, para proteger a Pablo Iglesias. Y es que Pedro Sánchez ha pedido que se frene la petición de declaración de Iglesias, Monedero y Errejón ante la Fiscalía de Bolivia.
Delgado tiene la última palabra para agilizar o retrasar la petición de sus homólogos bolivianos en las investigaciones sobre la financiación ilegal de Podemos. Y esa palabra es la de retrasar al máximo, pese a que el documento en poder de OKDIARIO prueba que la solicitud de declaración fue adoptada por el Gobierno de Bolivia el pasado 4 de enero.
Petición de la Fiscalía de Bolivia del 4 d enero para que declaren Iglesias, Monedero y Errejón.
Petición de la Fiscalía de Bolivia del 4 d enero para que declaren Iglesias, Monedero y Errejón.
El ministro del Interior de Bolivia, Arturo Murillo, remitió a la Fiscalía boliviana, a las 8.31 hora local de aquel 4 de enero, una carta en la que solicitaba la declaración de los fundadores de Podemos Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón. La petición incorporaba igualmente la petición de testifical del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y del ex juez Baltasar Garzón por sus vínculos con Evo Morales.
El escrito, dirigido a Fausto Juan Lanchipa Ponce, fiscal General del Estado, afirmaba: «Señor fiscal, como es de conocimiento público en fecha de 27 de diciembre de 2019 un grupo de personas encapuchadas identificados como súbditos españoles buscaron romper un cerco de seguridad de la policía boliviana en torno a la Embajada de México, donde presuntamente se asilan una decena de funcionarios del gobierno de Evo Morales Ayma».
La citación pretende esclarecer igualmente las relaciones de determinados cargos del antiguo Gobierno de Evo Morales con el narcotráfico y el uso de ese dinero hacia la propagación de iniciativas políticas de extrema izquierda.
Por ello, la Fiscalía de Bolivia busca información sobre el intento de asalto por parte de agentes españoles encapuchados y armados a la residencia de la Embajada de México en La Paz. Una operación sobre las que extienden las sospechas de que estuviera diseñada para dejar huir a los ex ministros de Evo Morales Juan Ramón Quintana y Héctor Arce. La Fiscalía de Bolivia cree que Quintana estaba al corriente del narcotráfico en Bolivia; y Arce pudo ser el encargado de financiar a Íñigo Errejón como parte del plan de apoyo a iniciativas de extrema izquierda en Europa.
Por todo ello, el ministro Arturo Murillo solicitó a la Fiscalía que citara en calidad de testigos a Iglesias, Monedero, Errejón, Rodríguez Zapatero y al ex juez Baltasar Garzón.
Neurona
Y todo ello se entremezcla con otro nombre: el de la consultora estrella de Podemos y Monedero. Como desveló este diario en abril de 2019, César Hernández Paredes es el fundador de Neurona Consulting, la empresa que, tras conseguir contratos millonarios sospechosamente abultados del Gobierno de Evo Morales, orquestó las últimas campañas electorales de Iglesias. Las investigaciones judiciales han probado el destino de dinero de contratos del país andino a partidos políticos extranjeros. Y la Fiscalía de Bolivia investiga el uso de la consultora Neurona con este fin.
En Facebook, este empresario seguidor de Hugo Chávez y muy próximo a Juan Carlos Monedero, como presume en redes, admitió el desvío de dinero de Bolivia: «Gracias a ese contrato, pudimos financiar otros proyectos progresistas que se encontraban sin capital en otras partes del mundo», afirmó cuando se descubrieron los 1,8 millones destinados desde el Gobierno de Morales a su empresa por una serie de microvídeos propagandísticos.
https://okdiario.com/espana/pablo-iglesias-sanchez-ordena-proteger-iglesias-fiscalia-bolivia-plena-imputacion-caja-b-podemos-6010698
Sánchez ordena proteger a Iglesias de la Fiscalía boliviana en plena imputación por la ‘caja B’ de Podemos
La solicitud para que declaren fue adoptada por el Gobierno de Bolivia el pasado 4 de enero
Pedro Sánchez, Carmen Calvo y Pablo Iglesias en el Congreso. (Foto: EP)CARLOS CUESTA
12/08/2020 06:46
El caso por la ‘caja B’ de Podemos no sólo se investiga en Madrid. La Fiscalía General de Bolivia reclama el testimonio de Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón por la extraña entrada de agentes españoles las pasadas navidades en la Embajada de México en La Paz.
La Fiscalía de Bolivia sospecha que esa actuación -ordenada por el Gobierno de Pedro Sánchez- pudo tener como trasfondo el intento de control de la información de algunos de los presentes en esa sede diplomática en materias como los pagos de Evo Morales a Podemos.
El Gobierno y la Fiscalía de Bolivia, sin embargo, han topado con el freno del Gobierno español, que dilata por medio de la Fiscalía española y su responsable máxima, Dolores Delgado, la testifical reclamada de los grandes fundadores de Podemos. Y es que esa declaración puede suponer la obtención de información clave que se sumaría a las imputaciones comunicadas este martes por el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid sobre la financiación B del partido morado y sus movimientos de fondos por medio de la consultora Neurona.
El titular del Juzgado 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha imputado incluso a Podemos como persona jurídica en la causa que investiga la financiación del partido tras la denuncia presentada por el abogado despedido José Manuel Calvente por posible malversación y administración desleal, entre otros posibles delitos.
El magistrado tomó esta decisión después de escuchar a Calvente en sede judicial el pasado 29 de julio. También ha imputado a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas -así como un estrecho colaborador de Pablo Iglesias-, además de al tesorero y la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val, respectivamente.
Calvente explicó que Mónica Carmona, otra antigua letrada del partido, y él mismo estaban realizando una investigación interna por posibles irregularidades contables en Podemos cuando fueron despedidos el pasado mes de diciembre.
Esas irregularidades, según su versión, habrían consistido en gastos sin justificar o no previstos en los presupuestos del partido o incluso sobresueldos. Además, la denuncia apunta a Neurona Comunidad S.L., empresa de comunicación política que ha trabajado en varias campañas electorales de Podemos.
Decisión de Delgado
Pero esta investigación analiza los hechos desde España. Cuando parte de los movimientos económicos parecen acabar, según las sospechas de la Fiscalía General de Bolivia, en los salones del entonces presidente del país, Evo Morales.
Y es ahí donde entra en juego la labor de Sánchez y de Dolores Delgado, fiscal general del Estado, para proteger a Pablo Iglesias. Y es que Pedro Sánchez ha pedido que se frene la petición de declaración de Iglesias, Monedero y Errejón ante la Fiscalía de Bolivia.
Delgado tiene la última palabra para agilizar o retrasar la petición de sus homólogos bolivianos en las investigaciones sobre la financiación ilegal de Podemos. Y esa palabra es la de retrasar al máximo, pese a que el documento en poder de OKDIARIO prueba que la solicitud de declaración fue adoptada por el Gobierno de Bolivia el pasado 4 de enero.
El ministro del Interior de Bolivia, Arturo Murillo, remitió a la Fiscalía boliviana, a las 8.31 hora local de aquel 4 de enero, una carta en la que solicitaba la declaración de los fundadores de Podemos Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón. La petición incorporaba igualmente la petición de testifical del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y del ex juez Baltasar Garzón por sus vínculos con Evo Morales.
El escrito, dirigido a Fausto Juan Lanchipa Ponce, fiscal General del Estado, afirmaba: «Señor fiscal, como es de conocimiento público en fecha de 27 de diciembre de 2019 un grupo de personas encapuchadas identificados como súbditos españoles buscaron romper un cerco de seguridad de la policía boliviana en torno a la Embajada de México, donde presuntamente se asilan una decena de funcionarios del gobierno de Evo Morales Ayma».
La citación pretende esclarecer igualmente las relaciones de determinados cargos del antiguo Gobierno de Evo Morales con el narcotráfico y el uso de ese dinero hacia la propagación de iniciativas políticas de extrema izquierda.
Por ello, la Fiscalía de Bolivia busca información sobre el intento de asalto por parte de agentes españoles encapuchados y armados a la residencia de la Embajada de México en La Paz. Una operación sobre las que extienden las sospechas de que estuviera diseñada para dejar huir a los ex ministros de Evo Morales Juan Ramón Quintana y Héctor Arce. La Fiscalía de Bolivia cree que Quintana estaba al corriente del narcotráfico en Bolivia; y Arce pudo ser el encargado de financiar a Íñigo Errejón como parte del plan de apoyo a iniciativas de extrema izquierda en Europa.
Por todo ello, el ministro Arturo Murillo solicitó a la Fiscalía que citara en calidad de testigos a Iglesias, Monedero, Errejón, Rodríguez Zapatero y al ex juez Baltasar Garzón.
Neurona
Y todo ello se entremezcla con otro nombre: el de la consultora estrella de Podemos y Monedero. Como desveló este diario en abril de 2019, César Hernández Paredes es el fundador de Neurona Consulting, la empresa que, tras conseguir contratos millonarios sospechosamente abultados del Gobierno de Evo Morales, orquestó las últimas campañas electorales de Iglesias. Las investigaciones judiciales han probado el destino de dinero de contratos del país andino a partidos políticos extranjeros. Y la Fiscalía de Bolivia investiga el uso de la consultora Neurona con este fin.
En Facebook, este empresario seguidor de Hugo Chávez y muy próximo a Juan Carlos Monedero, como presume en redes, admitió el desvío de dinero de Bolivia: «Gracias a ese contrato, pudimos financiar otros proyectos progresistas que se encontraban sin capital en otras partes del mundo», afirmó cuando se descubrieron los 1,8 millones destinados desde el Gobierno de Morales a su empresa por una serie de microvídeos propagandísticos.
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