LEY DE SEGURIDAD NACIONAL
Moncloa blinda el secreto sobre los destinos y los lujos de Sánchez con la ley de Seguridad Nacional
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
ACTUALIZADO: 30/12/2021 06:49
La ley que otorgará a Pedro Sánchez poderes absolutos para confiscar bienes y movilizar a los españoles en una situación de «interés para la Seguridad Nacional» está en marcha. El Gobierno quiere avanzar en esta iniciativa, muy polémica, y que da sus primeros pasos.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha reunido este miércoles la Conferencia Sectorial para Asuntos de Seguridad Nacional -que reúne a comunidades autónomas y ayuntamientos- en una cita sin excesiva publicidad para debatir sobre la reforma de la Ley de Seguridad Nacional de 2015. El Consejo de Ministros celebrado este martes también trató el asunto.
El artículo que provoca más suspicacias es el 28, que determina la «participación del sector privado en la contribución de recursos a la Seguridad Nacional».
En concreto, el anteproyecto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, establece que «los ciudadanos y las personas jurídicas están sujetos al deber de colaborar, personal o materialmente, en la situación de interés para la Seguridad Nacional, en caso de requerimiento de la autoridad competente».
Así, «cualquier persona, a partir de la mayoría de edad, estará obligada a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades competentes, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional o de la autoridad funcional, sin derecho a indemnización por esta causa, y al cumplimiento de las órdenes e instrucciones, generales o particulares, que aquellas establezcan».
Por otro lado, se advierte también de que «cuando la naturaleza de la situación de interés para la Seguridad Nacional lo haga necesario, las autoridades competentes, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional o de la autoridad funcional, podrán proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, así como a la intervención u ocupación transitoria de los que sean necesarios y, en su caso, a la suspensión de actividades».
La reforma levanta lógicas suspicacias porque Sánchez se arroga además la potestad única de decretar una situación de “interés” para la Seguridad Nacional mediante Real Decreto, sin necesidad de reunir previamente al Consejo de Seguridad Nacional ni tampoco al Congreso de los Diputados. De esta forma, podrá disponer de “todos los recursos disponibles de las administraciones públicas afectadas” pero también recursos privados “en manos de particulares”.
Según el borrador del anteproyecto se considerará que existe una situación “de interés para la Seguridad Nacional” cuando “por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes”.
El texto ahora vigente, de 2015, deja claro que «la situación de interés para la Seguridad Nacional se afrontará con los poderes y medios ordinarios de las distintas administraciones públicas y en ningún caso podrá implicar la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos».
Frente del PP
El texto mantiene en alerta al Partido Popular. Los dirigentes populares han articulado una postura común para hacer frente a las intenciones de Sánchez, en lo que consideran una «auténtica suspensión de los derechos fundamentales». Expresan además su preocupación por la excesiva discrecionalidad que se otorga al presidente del Gobierno, para lo que exigen un control por parte del Parlamento o los tribunales.
Las fuentes consultadas por OKDIARIO recuerdan igualmente que el principio constitucional de responsabilidad patrimonial de la Administración no permite excluir el derecho a la indemnización por los daños y perjuicios que pueda causar la imposición obligatoria de prestaciones personales. «Se convierte al ciudadano en un bien de uso público sin derechos propios y sin posibilidad de resarcimiento», destacan. En definitiva, el poder absoluto que adquiere Sánchez se asemeja a un estado de excepción encubierto, que no está en ningún modo recogido en la Constitución.
Desde el PP reclaman, asimismo, que la estrategia de Seguridad Nacional incorpore de una ley de pandemias como herramienta fundamental frente a futuras crisis. Se trata de una medida que el partido de Pablo Casado lleva reclamando desde hace año y medio pero que Sánchez siempre ha rechazado y con la que se dotaría a las comunidades autónomas de un marco de garantías jurídicas para adoptar medidas frente a la pandemia.
«Ante la reforma de la Ley de Seguridad Nacional no queremos dar poder absoluto al presidente del Gobierno. Sí que indemnice a quienes hayan de colaborar con su trabajo o bienes. Sí al control y garantía judicial y ya una ley de pandemias», ha destacado el portavoz del PP en la Comisión de Mixta de Seguridad Nacional, Juan Antonio Callejas.
https://okdiario.com/espana/ley-seguridad-nacional-pedro-sanchez-acelera-ley-que-permitira-expropiar-bienes-movilizar-espanoles-8350040
En manos de Sánchez, esta ley es más peligrosa que un mono con navaja
ACTUALIZADO: 30/12/2021 07:29
En circunstancias normales, no habría nada que temer, pero con un Gobierno como este la nueva Ley de Seguridad Nacional que prepara Pedro Sánchez representa una amenaza, toda vez que la norma permitirá al Ejecutivo movilizar a los españoles y expropiar bienes cuando estime que se produce una situación que pueda afectar a la Seguridad Nacional.
Curiosamente, la ley guarda un inquietante paralelismo con la Ley de Seguridad de la Nación de Venezuela, aprobada en 2002 por el dictador Hugo Chávez y reformada en 2014 por Nicolás Maduro, pero siempre manteniendo sus bases intactas: la movilización y las «requisiciones» por el interés nacional.
Y es que el borrador de la ley no inspira demasiada tranquilidad, habida cuenta de cómo se las gasta este Gobierno en materia de libertades: «La actuación de la Seguridad Nacional, mediante la declaración por el presidente del Gobierno de una situación de interés para la Seguridad Nacional, permite integrar la acción de todos los recursos disponibles de las administraciones públicas afectadas, e incluso aquéllos que estuvieran en mano de particulares, mediante el ejercicio de las potestades ordinarias previstas por el ordenamiento jurídico».
Lo más grave es que Sánchez se arroga la potestad única de decretar una situación de «interés» para la Seguridad Nacional mediante Real Decreto, sin necesidad de reunir previamente al Consejo de Seguridad Nacional ni tampoco al Congreso de los Diputados.
Puede que haya quien defienda que la ley no es muy distinta de la que tienen países de nuestro entorno ante situaciones de extrema gravedad, pero la diferencia es que aquí el Gobierno tiene una proverbial tendencia a restringir derechos.
Sin ir más lejos, los estados de alarma decretados durante la pandemia fueron declarados inconstitucionales por el TC, de modo que habrá que estar muy pendientes de cómo queda redactada definitivamente una ley que el Ejecutivo quiere tener lista cuanto antes.
Los puntos más destacados de la nueva ley son los que afectan a la movilización de los ciudadanos mayores de edad y a las expropiaciones. L
a redacción de la norma, a día de hoy, dice así: «En los casos de situación de interés para la Seguridad Nacional, cualquier persona, a partir de la mayoría de edad, estará obligada a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades competentes, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional o de la autoridad funcional sin derecho a indemnización por esta causa y al cumplimiento de las órdenes e instrucciones, generales o particulares, que aquellas establezcan».
Y, como remate, esto: «Se podrá proceder a la requisa temporal de todo tipo e bienes, así como a la intervención u ocupación transitoria de los que sean necesarios y, en su caso, a la suspensión de actividades». No negarán ustedes que una ley así en manos de este Gobierno es todo un acicate para salir corriendo.
https://okdiario.com/opinion/manos-sanchez-esta-ley-mas-peligrosa-que-mono-navaja-8349789
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