Un Juzgado de Madrid mantiene imputados a 3 altos cargos del Gobierno encargados de realizar las compras de material sanitario durante la pandemia.
26/5/2022 - 18:11
El Tribunal de Cuentas sale al rescate del Gobierno de Pedro Sánchez. Durante el Pleno celebrado este jueves, ha aprobado el Informe de Fiscalización sobre la contratación de emergencia del ejercicio 2020 con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19. El tribunal no aprecia ninguna irregularidad tras analizar 73 contratos por un valor total de 551 millones de euros. La mayoría de dichos contratos fueron suscritos por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria INGESA.
A pesar de que el Tribunal de Cuentas no aprecia irregularidades, el Juzgado de Instrucción nº 26 de Madrid mantiene imputados a tres altos cargos del Ejecutivo que fueron responsables de las compras de material sanitario por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude: Alfonso Mª Jiménez, exdirector del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria INGESA; Paloma Rosado, titular de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, y Patricia Lacruz, directora General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.
El Informe del Tribunal de Cuentas, renovado tras el pacto alcanzado en octubre entre el PSOE y PP que lideraba Pablo Casado, concluye que en todos los contratos fiscalizados el objeto estuvo directa o indirectamente vinculado a la adopción de medidas para hacer frente a la situación sanitaria causada por el COVID-19, constando acreditación documental suficiente en los expedientes de la concurrencia de dichas circunstancias.
Además, el tribunal considera que la aplicación de la tramitación de emergencia de los contratos fiscalizados resultó ajustada a Derecho. En todos existía crédito suficiente, se realizó la comunicación del inicio de actuaciones (salvo en 6 de 49), la publicidad obligatoria y se inició la ejecución del plazo de un mes desde el acuerdo de contratación de emergencia.
El Tribunal de Cuentas destaca que los expedientes examinados no dejaban constancia documental en relación con los criterios de adjudicación aplicados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. No siendo ésta una circunstancia irregular o ilegal al tratarse de contratos de emergencia, el INGESA remitió información sobre dichos criterios en el curso de la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas, señalando que la selección de las empresas adjudicatarias se realizó previas consultas a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, a las Secretarías de Estado de Hacienda y de Comercio, al ICEX, al Instituto de Salud Carlos III y a la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.
Posteriormente, el informe añade que sólo cuando las necesidades del Sistema Nacional de Salud no pudieron ser satisfechas por esta vía, se acudió al mercado asiático siguiendo las directrices formuladas por el Ministerio de Hacienda, el ICEX y la Oficina Comercial de la Embajada de España en Pekín.
Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por Libertad Digital denuncian que "el informe aprobado por unanimidad del Pleno y sin ninguna discusión se limita a analizar aspectos formales de los expedientes de contratación realizados (crédito suficiente, toma de razón por el Consejo de Ministros, formalización del contrato, pago del mismo…)".
"Sin embargo no se han analizado aspectos relevantes como la solvencia y capacidad de los contratistas, entrega efectiva de los materiales, calidad de los mismos, uso dado al material adquirido, etc., aunque se ha sabido que diversos contratos realizados supusieron la entrega de material inservible, en otros casos no se produjo la entrega y, tampoco se conoce la finalidad dada a los productos adquiridos", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "se desconoce por qué en el Ministerio de Sanidad se comenzó a contratar a la vez a través de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia y de INGESA. Tampoco por qué a partir del 28 de marzo la Dirección dejó de contratar dejando sólo al INGESA. No se descarta que el informe se incorpore a la causa donde se investigan a 3 altos cargas del Gobierno para intentar exculparlos".
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En el informe se ha fiscalizado el 94,07 % del importe total de los expedientes de emergencia tramitados en el ejercicio 2020 por la totalidad de las entidades incluidas en el ámbito subjetivo de la fiscalización. Precisamente, los contratos adjudicados por el INGESA constituyen el 97,68 % del importe global de todos los expedientes de emergencia fiscalizados, por cuantía de 538 millones.
Según este informe, sólo en un 22,44 % de los contratos fiscalizados del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria se produjeron distintas incidencias en la ejecución. Las incidencias en la ejecución producidas en estos 11 contratos podrían ser indicativas de una insuficiente verificación por parte del INGESA sobre la capacidad de producción y de suministro y, en definitiva, de la solvencia técnica de algunas de las empresas adjudicatarias en el inicio de la pandemia.
246 millones en mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico
El gasto contractual del INGESA en mascarillas FFP2, FFP3 y quirúrgicas, guantes de nitrilo y el gel hidroalcohólico, ascendió a más de 246 millones de euros. No obstante, el 91,69% del importe contratado fue destinado a la adjudicación de mascarillas.
El precio medio unitario de adquisición de las mascarillas FPP2 en marzo fue de 2,62 y en abril de 1,40. El precio más elevado de mascarillas FFP2 se produjo en la adquisición de 500 mascarillas realizada el 3 de abril de 2020, cuyo precio unitario fue de 4,17 euros. Destaca, asimismo, por su volumen (56,2 millones de mascarillas FFP2) la compra realizada a un único proveedor, por un precio medio de 2,67 euros la unidad, y cuyo importe constituye el 95,14 % del total del gasto realizado en este tipo de suministro.
Respecto de la adquisición de mascarillas FFP3, el precio medio unitario fue de 4,31. Destaca el contrato de suministro adjudicado a un proveedor, el 8 de abril de 2020, tanto por el número de unidades (2,5 millones), como por el precio, que fue el más elevado del ejercicio (4,68 euros por unidad) y que representó el 88,55 % del importe total contratado en este tipo de suministro. Del análisis de los precios se desprende, con carácter general, una tendencia al alza en el precio unitario de adquisición de las mascarillas FFP3 en los meses de marzo y abril.
En la compra de mascarillas quirúrgicas, el precio medio unitario fue de 0,75. Destaca el contrato celebrado el 26 de marzo de 2020, tanto por el volumen de unidades adquiridas (100 millones), como por su importe, de 37,7 millones de euros, es decir, a 0,37 la unidad.
En el análisis del precio de adquisición de los guantes de nitrilo destaca, por su volumen, el contrato de suministro adjudicado el 26 de marzo de 2020 de 100 millones de unidades por importe de 6,65 millones de euros. Los precios unitarios más elevados del ejercicio son los que se corresponden con los tres contratos en los que se adquiere un mayor número de guantes.
Sobre la adquisición de gel hidroalcohólico, el contrato más importante por el volumen de unidades adquiridas (1.015.000 unidades/envase de 600 ml y 20.000 unidades/envase de 750 ml), fue el contrato adjudicado el 19 de marzo de 2020, cuyo importe ascendió a 1,57 millones euros, por un precio medio de 1,52 euros la unidad. Asimismo, en el contrato celebrado el 26 de marzo de 2020 se registró el precio unitario más elevado (3,46 euros la unidad).
https://www.libertaddigital.com/espana/2022-05-26/tribunal-cuentas-rescata-gobierno-no-aprecia-irregularidades-contratos-covid-6900913/
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