MINISTERIO DEL INTERIOR
Marlaska repartió cientos de pistolas defectuosas a la Guardia Civil porque era la opción más barata
Un guardia civil con un fusil G36.ACTUALIZADO: 19/01/2023 11:07
La Guardia Civil no atraviesa una buena racha en cuanto a material se refiere: las pistolas low cost israelíes Ramon salieron defectuosas, se encasquillaban y tuvieron que ser devueltas, los 380 coches eléctricos adquiridos por el Ministerio del Interior para perseguir criminales están parados por falta de cargadores… y ha tenido problemas también en el proceso de compra de 3.500 nuevos fusiles de asalto para los agentes. Un concurso al que se han presentado 8 fabricantes y en el que sólo dos de ellos no han sacado un suspenso en las pruebas técnicas.
Entre los modelos que fueron descartados está el G36 de la alemana Heckler & Koch, el mismo que utiliza la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas o algunas unidades de la Guardia Civil. Y el motivo es preocupante: en las pruebas de laboratorio se han encontrado dos defectos, y uno de ellos es considerado «crítico».
El concurso para el «suministro de un mínimo de 3.500 fusiles de asalto calibre 5,56 x 45 mm para dotar a personal de diversas Unidades de la Guardia Civil», por valor de 4,9 millones de euros, se inició en agosto de 2021.
Pero no se formalizó hasta el pasado verano, con la firma con la israelí EMTAN -la misma que fabrica la defectuosa Ramon- la compra del fusil SCAR. Sin embargo, el proceso fue un tanto tortuoso para los técnicos del Servicio de Armamento y Equipamiento Policial de la Guardia Civil. Y sobre todo, reveló un detalle que no pasó desapercibido para otras fuerzas policiales y para el Ejército español. En total, la seguridad del Estado tiene en servicio cerca de 70.000 unidades de este fusil.
Uno de los modelos que competía en el concurso era el fusil G36 en su variante KV. Los técnicos de la Guardia Civil sometieron tres unidades entregadas por el fabricante a una serie de pruebas de estrés, entre ellas la de soportar una caída desde poco más de un metro, simulando la altura de una caída desde los brazos de un agente.
«Defecto crítico»
En las pruebas, como figura en el informe técnico que puede verse bajo estas líneas, el G36 sufrió un «defecto crítico» y un «defecto mayor» que la declararon no apta para seguir adelante en el concurso.
El informe describe que se detectó un «arma averiada por rotura de la bisagra del culatín, quedando éste separado del fusil (ha ocurrido en un fusil de la muestra) en la prueba de caída».
Según constataban los técnicos, esta circunstancia «impide su funcionamiento, ya que el tirador no puede disparar con las debidas condiciones de seguridad». El arma, en conclusión, se quedaba sin culata por su rotura, siendo calificado de «defecto crítico».
Además, el informe también recogía otro defecto tras su caída, considerado «mayor», consistente en la «rotura de la tapa base del cargador (ha ocurrido en otro fusil de la muestra). Los detalles de las pruebas y otros problemas encontrados durante el concurso han sido han sido recogidos en un extenso hilo del usuario ‘Shackleton’.
La Ramon
Polémica ha sido también la compra de nuevas pistolas para el cuerpo. El ministro Marlaska repartió cientos de pistolas defectuosas a la Guardia Civil porque eran la opción más barata.
En un escrito, la Dirección General de Instituto Armado admitió por primera vez que tras repartir 6.000 pistolas Ramon a diferentes unidades de la Guardia Civil, se encontraron fallos con los sistemas de extracción que atascan las armas con el peligro que ello representa, obligando a sustituir las piezas de las armas afectadas.
A pesar de todo, Interior aseguró que cumpliría con el contrato y recibirá hasta la última pistola comprada a la empresa israelí EMTAN. Sin embargo, finalmente se decidieron devolver a fábrica.
Desde el anuncio de la nueva licitación para proveer de una nueva pistola reglamentaria a la Guardia Civil, las asociaciones profesionales del cuerpo, y en concreto AUGC, han denunciado desde hace meses que se trataba de las pistolas más baratas, pero no las más seguras ni eficaces. «Sólo hace falta revisar la tabla de ponderación que ha regido en la licitación, donde el 60% de la puntuación está destinada al precio, frente al 10% a la precisión o el 5% a la ergonomía».
Coches eléctricos
En otra de las polémicas, desvelada en exclusiva por OKDIARIO, la Guardia Civil licitó la adquisición de 380 coches eléctricos para sustituir el viejo parque móvil de los vehículos dedicados a labores de Seguridad Ciudadana, pero los puntos de recarga han llegado más tarde. Por tanto, el problema es que, aunque los coches han llegado, no hay dónde enchufarlos para que se carguen.
Parece de broma, pero ya el pliego de cláusulas administrativas para la adquisición de puntos de recarga advertía en las «menciones particulares» del contrato que «por otra parte, debido a que los citados presupuestos (financiados por la UE) fueron puestos a disposición de la Guardia Civil a finales del mes de mayo del presente 2022, se hizo imposible destinar los mismos para implementar lo proyectado para el año 2022, debiendo englobar todo lo proyectado para procurar su realización en el año 2023».
La previsión de los ministerios del Interior y Transición Ecológica era que estos cargadores eléctricos para los nuevos coches se instalasen durante 2022, en concreto en el 50% de los acuartelamientos distribuidos por todo el territorio nacional y así podían ir tirando. El plan consistía en instalar «903 PDR monofásicos con tipo de carga en modo semirrápida de 7,4 kw», otros «158 PDR trifásicos con tipo de carga en modo 3 semirrápida de 11-22-44 kw» y «8 PDR con modo de carga rápida de 50-100 kw».
En total, 1.064 puntos instalados en varias comunidades y localidades que costarían en una primera fase 4.921.426,95 euros. El siguiente año, en 2023, se instalarían otros 1.136 puntos de recarga con un presupuesto estimado de 4.758.173,95 euros. Como los fondos de la Unión Europea no fueron gestionados a tiempo, no llegaron para que la Guardia Civil pudiera licitar esa contratación. Finalmente, en diciembre de 2022 resultó adjudicataria la empresa Orange por un importe de 9.678.669 euros. Hasta entonces, los vehículos quedaron parados.
https://okdiario.com/espana/guardia-civil-rechaza-fusil-que-usa-policia-ejercito-detectar-defectos-criticos-10316015
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