El Gobierno ha dado 87 millones a la empresa del Falcon privado que Sánchez usa para ir a los Mítines

GESTAIR

El Ministerio de Defensa firmó con Gestair dos contratos en septiembre de 2021 por un total de 64,5 millones, y hace un año el de Transición Ecológica le adjudicó otro de 22,83 millones

Pedro Sánchez ha usado el jet privado de los March 13 veces en dos años para actos de campaña del PSOE

ROBERTO PÉREZ BLASCO

10/05/2023 06:50

ACTUALIZADO: 10/05/2023 08:35

La compañía de vuelos chárter Gestair, la que administra el Falcon privado que usa Pedro Sánchez para ir a dar mítines del PSOE, ha sido beneficiada por el Gobierno con tres contratos en vigor que suman 87,33 millones de euros de dinero público, según la documentación oficial recopilada por OKDIARIO. Sánchez empezó a utilizar este lujoso jet en las campañas electorales de 2019 y apenas un par de años después su Ejecutivo aprobó estas millonarias adjudicaciones que siguen en vigor, mientras el líder socialista vuelve a subirse a ese avión privado en plena carrera hacia las urnas.

Este Falcon es propiedad del grupo empresarial March, pero no son sus dueños los que se lo facilitan al PSOE sino Gestair. Esta es la firma a la que los March tienen encomendada la gestión comercial de su Falcon 2000S cuando no lo utiliza y, así, poder sacarle rendimiento siguiendo una fórmula habitual entre propietarios de jets.

Como desveló este martes en exclusiva OKDIARIO, Pedro Sánchez ha viajado en ese flamante avión privado en 13 ocasiones para acudir a mítines del PSOE en las campañas electorales de 2019 y en la actual precampaña, en cuatro vuelos que hizo el pasado fin de semana. Y en el ínterin le llegaron a Gestair los millonarios contratos gubernamentales. Exactamente le fueron adjudicados en septiembre de 2021 y junio de 2022.

Vuelos privados y contratos públicos

De todos esos vuelos de Pedro Sánchez en Falcon privado y negociados por el PSOE con Gestair, el primero tuvo lugar el 23 de mayo de 2019. Fueron exactamente tres desplazamientos en el mismo día: Madrid-Palma, Palma-Barcelona y Barcelona-Madrid, en la recta final de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de hace cuatro años. Unos meses después, en octubre y noviembre de 2019, Sánchez usó el mismo Falcon privado en otras seis ocasiones.

En aquel momento, el líder del PSOE y por entonces inquilino provisional de La Moncloa –gracias a la moción de censura contra Rajoy–, estaba en plena carrera hacia las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, las que dieron lugar a la formación del actual Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Y menos de dos años después, en septiembre de 2021, el Ministerio de Defensa adjudicó a la filial de mantenimiento técnico de Gestair (Gestair Maintenance S.L.) dos contratos públicos. 

Uno de ellos, por 59 millones de euros y una vigencia mínima de cuatro años, consiste en tener a punto la flota de aviones Airbus A310 y Falcon-900 de la Fuerza Aérea, entre los que se incluye el Falcon oficial que viene usando profusamente Pedro Sánchez a cargo del Estado y que tiene vetado para actos partidistas de campaña o precampaña. El otro contrato adjudicado por Defensa a Gestair, por 5,5 millones de euros, es para el mantenimiento de la flota de aviones Cessna Citation V, también por una vigencia mínima de cuatro años.

Si bien estas dos adjudicaciones del Ministerio de Defensa fueron aprobadas el 2 de septiembre de 2021, sendos contratos no fueron firmados oficialmente hasta el 29 de ese mismo mes, que fue cuando entraron en vigor. Gestair, por tanto, sigue disfrutando de estos millonarios encargos. Los tiene garantizados hasta el 28 de septiembre de 2025, pero, además, el Gobierno ya dejó expresamente estipulado en ambos contratos que prevé su prórroga por 12 meses más. Ambos fueron adjudicados a Gestair por procedimiento «negociado con publicidad».

«Acelerada» adjudicación de Ribera

A esos 64,5 millones de euros por esas dos adjudicaciones del Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles se añaden otros 22,83 millones de euros por otra encomienda del Gobierno de Sánchez, en este caso un contrato firmado por el Ministerio para la Transición Ecológica en el que manda la socialista Teresa Ribera. A la aerolínea del jet privado de Pedro Sánchez le llegó este tercer encargo gubernamental el 30 de junio de 2022, una adjudicación tramitada por procedimiento «abierto acelerado», según consta en el expediente oficial. 

La finalidad declarada es el «diseño, certificación y suministro de 11 kits de modernización de la flota de aviones anfibios cl-215t serie 5 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico». La modernización alcanzaba a 10 de los 14 aviones que componen esta flota aérea ligada a los dispositivos de lucha contra incendios forestales.

Unas prisas nada claras

En ese mismo expediente, el Gobierno dijo que recurría a esa adjudicación «acelerada» porque tenía que cumplir con un «cronograma ajustado» al que se había comprometido el Gobierno en su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y también para tener a punto 10 de los 14 aviones que componen esta flota ante «posibles necesidades nacionales en materia de lucha contra incendios forestales». Pero la versión de las prisas justificadas choca con la realidad. 

Y es que, pese a tanta urgencia alegada por el Ministerio de Teresa Ribera, lo cierto es que el contrato no lo formalizó (firmó) hasta el 23 de septiembre. Es decir, entró en vigor casi tres meses después de haberlo adjudicado.

El Gobierno se tomó con tanta calma la firma de ese contrato con Gestair que dio tiempo a que llegara el otoño y, por tanto, a que pasara la campaña central de riesgo de incendios forestales. De hecho, España vivió el año pasado un verano dramático por la cantidad de hectáreas que ardieron y que Sánchez achacó a su recurrente argumento del cambio climático.

https://okdiario.com/investigacion/gobierno-dado-87-millones-empresa-del-falcon-privado-que-sanchez-usa-ir-mitines-10889672

Sánchez lleva 12 Viajes en Falcon a Mítines del PSOE pese al aviso del Tribunal de Cuentas sobre su uso

ELECCIONES MUNICIPALES 2023

El órgano que fiscaliza la financiación irregular reclama una regulación específica para "despejar incertidumbres"

Moncloa busca empresas ‘eco’ para justificar con visitas los viajes de Sánchez en Falcon ante el 28M

Sánchez tira de Falcon y Super Puma para huir del ‘sí es sí’, hacerse la foto en Doñana e ir a un mitin

Sánchez, el Falcon y el Super Puma.

SEGUNDO SANZ

06/05/2023 06:52

ACTUALIZADO: 06/05/2023 06:52

Albacete, Cáceres, Bilbao, Córdoba, Toledo, Úbeda, Logroño, La Coruña, Pamplona, Málaga, Barcelona y Alicante, este viernes: son los 12 destinos a los que ha viajado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a bordo del Falcon desde la convocatoria de las elecciones del 28 de mayo para participar en mítines del PSOE. Y lo ha hecho poniéndose visitas institucionales justo antes de los actos del partido para justificar la movilización de recursos públicos.

Sin embargo, esta coartada no oculta lo que es una realidad: en lugar de ser el PSOE, son todos los contribuyentes quienes le están pagando estos vuelos de campaña al líder socialista. Y es que Sánchez está haciendo así caso omiso a la recomendación formulada por el Tribunal de Cuentas sobre el uso de aeronaves del Ejército del Aire y otros medios públicos en periodos electorales como el actual, que arrancó el 3 de abril con dicha convocatoria publicada en el BOE.

En concreto, el Tribunal de Cuentas abordó el vacío legal existente, del cual se aprovecha el actual jefe del Gobierno, en el Informe de Fiscalización de las contabilidades electorales de las elecciones al Parlamento europeo de 7 de junio de 2009. Dicho informe fue aprobado por el pleno del órgano que fiscaliza la financiación irregular de los partidos en su sesión del 27 de mayo de 2010. Y su contenido es claro: plantea la necesidad de poner fin a controvertida utilización de aviones de las Fuerzas Armadas que está protagonizando el secretario general del PSOE en la antesala del 28M.

«En relación con la utilización de medios públicos -subraya el informe- para desplazamientos de las autoridades de las Administraciones Públicas, usados por razones de seguridad, así como de otros medios privados, con ocasión de su participación en las campañas electorales, el artículo 130 de la Loreg considera únicamente gastos electorales los realizados por el partido, sin que esté regulado el sistema de imputación de estos otros costes a las campañas electorales, y en concreto en los casos en que los citados desplazamientos puedan coincidir, además, con otros actos institucionales ajenos al proceso electoral», recoge el documento.

En este sentido, el Tribunal de Cuentas se dirigió así al Gobierno y a los grupos que conforman el Congreso de los Diputados y el Senado en tanto corresponde a ellos la iniciativa legislativa o derecho de iniciar el procedimiento conducente a la aprobación de las leyes. «A fin de despejar posibles incertidumbres que se pudieran suscitar desde la perspectiva del control sobre este tipo de costes, se estima necesario establecer una regulación específica», subraya el órgano fiscalizador en su recomendación. Es por ello por lo que la Junta Electoral no tiene aquí margen de maniobra.

Plan de Feijóo

El pasado jueves, en el acto de presentación de la candidatura del PP de Cádiz, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se refirió al uso abusivo y partidista que hace Pedro Sánchez de las aeronaves militares, el Falcon y el Super Puma. «Si los españoles me dan su confianza, nunca mezclaré la agenda institucional de gobierno con la de partido, y jamás utilizaré el Falcon para hacer campaña electoral», prometió.

Precisamente, el pasado enero, en la misma ciudad cuna del constitucionalismo, el líder del PP presentó su Plan de Calidad Institucional donde afirma que si su formación llega al Gobierno «evitará la celebración de actos partidistas en los viajes institucionales que hayan sido financiados con fondos públicos o en los que se utilicen recursos públicos de cualquier tipo, entre ellos, los vehículos para el desplazamiento».

En este contexto, el principal partido de la oposición destaca que si se produce dicha «coincidencia de agenda», «los costes del desplazamiento serán asumidos por el partido que organice el evento», asegura. En cambio, el PSOE todavía no ha dicho que vaya a reembolsar el dinero público que cuestan estos desplazamientos en Falcon y Super Puma del presidente Pedro Sánchez a mítines del partido.

Además, en relación con todo ello y «en aras de la necesaria transparencia», el plan de regeneración de Feijóo también contempla la creación de un «registro sobre el uso del Airbus A310, Dassault Falcon 900 y del helicóptero Super Puma por parte de los miembros del Gobierno», tal y como avanzó en su día OKDIARIO.

https://okdiario.com/espana/sanchez-12-viajes-falcon-mitines-psoe-aviso-tribunal-cuentas-10867861

Moncloa busca empresas ‘eco’ para Justificar con visitas los Viajes de Sánchez en Falcon ante el 28M

LECCIONES 28M

Varias consejerías de Gobiernos socialistas ya han recibido el encargo de localizar empresas con gran carga ecológica

Sánchez tira de Falcon y Super Puma para huir del ‘sí es sí’, hacerse la foto en Doñana e ir a un mitin

Sánchez arrojó más de 12 toneladas de CO2 durante sus 4 días de gira ecologista en Falcon y Super Puma

Pedro Sánchez, antes de subir al avión Falcon. (Foto: Moncloa)

PELAYO BARRO
30/04/2023 06:45
ACTUALIZADO: 30/04/2023 06:45

La premisa es similar a la que ha utilizado en otras ocasiones el Gobierno: agendarle a Pedro Sánchez visitas a empresas o industrias locales en lugares donde, casualmente, está prevista la celebración de un acto del partido ese mismo día. De esa forma, se puede justificar que el presidente recurra al avión Falcon para desplazarse a cubrir su agenda pública, y de paso aproveche a acudir al acto partidista. Una técnica que el Gobierno va a seguir utilizando en la campaña de cara a las elecciones del 28 de mayo. Los contactos con los Gobiernos regionales ya han comenzado: se buscan empresas con especial carga ecológica.

El medioambiente y la ecología van a ser asuntos destacados en la campaña del PSOE de cara al 28M. De los planes del PP para los regadíos en Doñana a la sequía, con el cambio climático de fondo. Por ello, el equipo de Pedro Sánchez ya está diseñando una serie de visitas del presidente a empresas con un alto componente ecológico en sus métodos o actividades. El objetivo es rodear al presidente de proyectos verdes relacionados con la gestión eficiente de residuos, uso sostenible del agua o energías renovables en plena campaña.

Pero tras esta línea de actuación, en la que ya trabaja Moncloa, hay otro objetivo logístico: asegurar que Pedro Sánchez pueda seguir recurriendo al Falcon en plena campaña, cuando se multiplican los viajes a mítines en provincias y municipios alejados de la capital, pero que pueda hacerlo sin ser acusado de usar medios públicos para actos partidistas. Es, en esencia, la táctica que el PSOE lleva utilizando en los últimos años cuando Sánchez debe acudir a inaugurar o cerrar un congreso socialista autonómico.

De hecho, Moncloa ni siquiera ha intentado disimular esta táctica, tal y como puede comprobarse tras lo ocurrido en Asturias en diciembre de 2021. Por aquellas fechas estaba previsto celebrar el congreso del PSOE asturiano, en el que iba a ser ratificado Adrián Barbón como líder socialista en el Principado. Sánchez iba a estar presente y Moncloa anunció una visita a una empresa asturiana -en domingo-, supuesto objetivo principal de su viaje a Asturias. Sin embargo, una serie de contagios por covid -entre ellos el del propio Barbón, que tuvo que ser hospitalizado- obligó a posponer el congreso. Pese a que en la agenda del presidente lo prioritario era esa visita a la empresa, Moncloa decidió anular el viaje.

Campaña en Falcon

En un primer momento, el PSOE barajó la opción de alquilarle un avión privado a Sánchez para que pudiese moverse libremente por España en campaña. Algo que ya se hizo en el pasado para disgusto del propio presidente, que llegó a quejarse del reducido tamaño del jet que le alquiló el partido en 2019 en comparación con la comodidad del habitáculo que le proporciona el Falcon, más acorde a su estatura. En el interior del Falcon, a diferencia de en aquel Cessna 560 que le alquiló puntualmente Ferraz, Sánchez no tiene que doblar la espalda.

La opción que ahora prepara Moncloa pasa por cargar su agenda con estas visitas-coartada. Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes socialistas de uno de los territorios gobernados por el PSOE, personas del equipo de Sánchez ya han pedido a varias consejerías autonómicas que busquen empresas candidatas a ser visitadas por Sánchez el próximo mes. Deben cumplir, especifican esas instrucciones, con esos criterios eco y estar dispuestas a movilizar al personal incluso en fin de semana. Y, sobre todo, deben poder encajarse en la agenda del PSOE local, coincidiendo con uno de los grandes mítines de la campaña que viene.

No es una petición aislada: comunicaciones similares se han dado en otros puntos de España en las últimas fechas, por lo que todo parece indicar que es una estrategia pensada para aplicarse a nivel nacional.

De esa forma, el PSOE evita un gasto extra en una campaña para la que el Comité Federal ha pedido «austeridad». En total, los socialistas tendrán un fondo de 13 millones de euros para cubrir la organización de todos los actos políticos de cara al 28M.

https://okdiario.com/espana/moncloa-busca-empresas-eco-justificar-visitas-viajes-sanchez-falcon-28m-10822573

Sánchez pisa el acelerador para disparar el Enchufismo de los Funcionarios pese al rechazo de los trabajadores

CSIF cree que la redacción actual de la Ley de Función Pública está muy lejos de cumplir con los requisitos mínimos y "favorece el enchufismo".

Carlos Cuesta

21/4/2023 - 06:38

CSIF reivindica una evaluación objetiva del desempeño. | Europa Press

El mayor sindicato de los funcionarios, CSIF, ha intensificado las negociaciones para intentar evitar la reforma de la función pública de manera urgente. El sindicato, de hecho, ha trasladado a PSOE y Unidas Podemos sus enmiendas de cara a la nueva Ley de Función Pública "para garantizar la evaluación objetiva del desempeño". 

Y es que el sindicato denuncia que la actual reforma no garantiza la "evaluación del desempeño basada en criterios objetivos y con participación en la comisión de valoración de los representantes de los trabajadores" ni asegura que "los nombramientos y ceses de personal directivo se realicen según los méritos del candidato y no por libre designación". De hecho, CSIF denuncia que la reforma favorece el "enchufismo".

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración General del Estado, ha acelerado la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para trasladarles sus propuestas al Proyecto de Ley de Función Pública. Y es que el Gobierno no ha querido hasta ahora cambiar la esencia de una norma que aumenta aún más la capacidad de control de los funcionarios y de sus carreras profesionales por criterios ajenos al mérito.

CSIF ha mantenido reuniones con los Grupos Parlamentarios Socialista y Unidas Podemos en el Congreso, a quienes ha insistido "en las graves carencias que presenta la actual redacción" de la nueva ley.

CSIF arrincona a Sánchez: "Él es la patronal de los funcionarios y no aplica la subida salarial que pide a las empresas"Carlos Cuesta

Documento con 35 enmiendas

El sindicato les ha trasladado un documento con 35 enmiendas de cara al proyecto de ley "con el fin de mejorar el texto garantizando reivindicaciones fundamentales para el colectivo de empleados públicos, como la evaluación objetiva del desempeño, la carrera profesional, la jornada de 35 horas semanales, la jubilación parcial voluntaria o el teletrabajo con garantías, según los términos negociados", señala CSIF.

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El sindicato, presidido por Miguel Borra, denuncia que el texto "llega con 15 años de retraso y, además, la redacción actual está muy lejos de cumplir con los requisitos mínimos que debería tener una ley de esta magnitud, ya que muchos aspectos fundamentales de las condiciones de trabajo de los empleados públicos se regulan de forma deficiente e incompleta, e incluso otras cuestiones esenciales ni siquiera están recogidas. Además, carece de dotación presupuestaria, limita el derecho a la movilidad y favorece el enchufismo del personal directivo".

Las exigencias del CSIF

Entre otras exigencias de CSIF se encuentra la "evaluación del desempeño basada en criterios objetivos y con participación en la comisión de valoración de los representantes de los trabajadores debido a su efecto directo sobre la carrera profesional"; "los nombramientos y ceses de personal directivo exclusivamente por los méritos del candidato y no por libre designación"; y "eliminar el cheque en blanco al Gobierno para reorganizar los cuerpos y escalas durante un periodo de seis meses".

Los funcionarios piden también la "jornada general de trabajo en la Administración General del Estado (AGE) de 35 horas semanales"; "el desarrollo del teletrabajo con garantías, detallando las condiciones laborales bajo las que se realizará"; y el "desarrollo del grupo profesional B para el personal de la AGE (actualmente se limita esta posibilidad solo a algunos cuerpos y escalas)".

CSIF exige un "derecho a la jubilación parcial anticipada para el personal funcionario"; "garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres mediante el principio de no discriminación por razón de sexo en las retribuciones complementarias"; que "todos los empleados públicos (y no solo los funcionarios de carrera) tengan derecho a excedencia para cuidado de hijos o familiares, y excedencia por ser víctima de violencia de género o violencia terrorista"; y la "inclusión del personal laboral en todos aquellos aspectos que les puedan ser de aplicación".

Desde CSIF señalan que "tanto el Grupo Parlamentario Socialista como Unidas Podemos en el Congreso han valorado positivamente las enmiendas presentadas por CSIF, y se han comprometido a estudiarlas en detalle". Pero lo cierto es que el Gobierno no varía el sentido de su norma y aprieta ahora el acelerador en aprobar la legislación cuanto antes. CSIF, por su parte, "continuará próximamente esta ronda de contactos con otros grupos parlamentarios, a quienes seguirá trasladando en persona la preocupación por las actuales carencias que presenta el proyecto de ley", añade el sindicato.

https://www.libremercado.com/2023-04-21/sanchez-pisa-el-acelerador-para-disparar-el-enchufismo-de-los-funcionarios-pese-al-rechazo-de-los-trabajadores-7006726/?_ga=2.197924527.1453821363.1682063647-637567555.1582494691

Marlaska planeó ascender al general implicado en el caso del Tito Berni a la cúpula de la Guardia Civil

uentes de la Guardia Civil consultadas por LD aseguran que "Espinosa Navas fue la primera opción de Marlaska para sustituir al general Santafé".

Miguel Ángel Pérez

09/4/2023 - 21:52

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acompañado del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández (d), presidiendo viernes el desfile durante la ceremonia de jura o promesa de los integrantes de la 128ª promoción de la Academia de la Guardia Civil de Baeza. | EFE

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, planeó ascender al general implicado en el caso del Tito Berni, Francisco Espinosa Navas, a la cúpula de la Guardia Civil.

Espinosa Navas, alias Papá, es el único de los trece detenidos por la trama corrupta del PSOE que sigue en prisión preventiva. Fue arrestado a la salida de su domicilio en Madrid el pasado 15 de febrero y está acusado de cohecho y organización criminal en el marco del denominado caso Mediador.

Fuentes de la Guardia Civil consultadas por Libertad Digital aseguran que "Francisco Espinosa Navas fue la primera opción de Marlaska para sustituir en la cúpula de la Guardia Civil al teniente general Fernando Santafé, jefe del Mando de Operaciones de la Benemérita hasta el año 2020". El cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos por no informar a Interior de la investigación sobre el 8-M que efectuaba el Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, provocó un auténtico tsunami en la cúpula del Instituto Armado en esas fechas.

Gracias por ver

El entonces director adjunto operativo (DAO), Laurentino Ceña, presentó su dimisión por la interferencia de Interior en el Instituto Armado y denunció en su carta de renuncia una purga política en el Cuerpo. Como consecuencia de la renuncia de Ceña, Grande-Marlaska cesó al teniente general Santafé, al que hubiera correspondido por escalafón sustituir a Ceña como DAO.

Las mismas fuentes consultadas por LD aseguran que "el ministro del Interior barajó entonces nombrar como sustituto del teniente general Santafé a Francisco Espinosa Navas, el problema era que se encontraba en esos momentos fuera de España destinado en comisión de servicios especiales como jefe del proyecto GAR-SI Sahel en África, dependiente de la Unión Europea. Por este motivo, Grande-Marlaska se decantó finalmente por el general Félix Jesús Blázquez para sustituir a Santafé como jefe del Mando de Operaciones de la Guardia Civil".

"Este hecho demuestra la cercanía entre el general implicado en el caso del Tito Berni y el Ministerio del Interior de Grande-Marlaska. Paradójicamente, la titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Farizo, que instruye el caso Mediador investiga contratos adjudicados por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) del Gobierno de Pedro Sánchez, que gestionaba Espinosa Navas en el Sahel en esa época", añaden.

La presencia del general Félix Jesús Blázquez junto al actual director adjunto operativo DAO Pablo Salas, el jefe del Mando de Personal. Manuel Llamas, y el jefe del Mando de Apoyo, Arturo Espejo, durante la rueda de prensa en la que presentó su dimisión la directora de la Benemérita, María Gámez, provocó recientemente una gran indignación en el seno del Instituto Armado y del ejército. Gámez presentó su renuncia tras la imputación de su marido en una pieza de la trama corrupta de los ERE de Andalucía.

El general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas.

Varapalo del TS a Marlaska por cesar a Pérez de los Cobos

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimaba hace dos semanas el recurso de casación interpuesto por el coronel Diego Pérez de los Cobos contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de septiembre de 2021 que había confirmado su cese como jefe de la Comandancia de Madrid.

La sentencia destacaba que Pérez de los Cobos se encontraba al frente de la Unidad Orgánica de Policía Judicial que "estaba a las órdenes de la Magistrada que dirigía la instrucción sin que sea admisible interferencia gubernativa". 

Según el Supremo, la motivación para cesar al coronel de la Guardia Civil esgrimida por el Ministerio de Grande-Marlaska era "confusa", "redundante" y "contraria a la función de la Policía Judicial". "La causa invocada es ajena a una inidoneidad sobrevenida para el cargo, como lo prueba que la iniciativa de cese no procediera de los mandos y no responde a una valoración negativa de la profesionalidad e idoneidad del recurrente", concluía.

https://www.libertaddigital.com/espana/2023-04-09/marlaska-planeo-ascender-cupula-guardia-civil-general-implicado-caso-tito-berni-7002958/

El PSOE colocó al marido y al cuñado de la ex directora de la Guardia Civil en 10 empresas públicas

'CASO GÁMEZ'

Están acusados de haberse enriquecido ilegalmente gracias a los puestos que les asignaron Chaves y Griñán en la Junta de Andalucía

El pelotazo del marido de Gámez: su empresa bajo sospecha se revalorizó un 1.200% al calor del PSOE

La socialista Gámez gritaba contra la “precariedad” mientras su marido ganaba 425.000 euros al año

ROBERTO PÉREZ BLASCO

04/04/2023 06:49

ACTUALIZADO: 04/04/2023 08:30

La Junta de Andalucía gobernada por el PSOE colocó a dedo al marido y a un cuñado de la ex directora de la Guardia Civil, la socialista María Gámez, en puestos de responsabilidad de 10 sociedades públicas distintas, cuando se sucedieron como presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. 

Así, el marido y ese cuñado de la ex directora general de la Guardia Civil no sólo se repartieron jugosos sueldos, sino que disfrutaron, también, de una privilegiada posición en el viscoso entramado societario que el PSOE tejió durante décadas de poder en Andalucía. De esa forma, ostentaron una capacidad de influencia que el hermano y dos cuñados de María Gámez aprovecharon para enriquecerse ilícitamente, según la investigación policial que ha derivado en las diligencias que instruye un juzgado de Sevilla.

El mes pasado, la imputación del marido de Gámez, forzó la destitución de ésta como directora general de la Guardia Civil, entre los elogios del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el apoyo de las filias socialistas pese a la sombra de la corrupción.

Según la información oficial a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el marido de María Gámez, Juan Carlos Martínez Martínez, ocupó tres cargos de responsabilidad en las sociedades públicas Incubadoras de Emprendedores de Andalucía S.L.U. (Incuba), Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía S.A. (Soprea) y Fomento, Asistencia y Gestión Integral de Andalucía S.L.U. (Fagia).

Fechas y puestos

Su paso fue fugaz por todas ellas. Los puestos que encadenó entre las tres sumaron apenas año y medio. Fue subdirector de Incuba del 21 de enero de 2010 al 4 de julio de ese mismo año. Al día siguiente de dejar Incuba fue dado de alta en Soprea, también como subdirector, cargo en el que permaneció hasta el 4 de diciembre de 2010. Y tres días después, el 7 de diciembre de aquel año, fue nombrado técnico de Fagia, donde permaneció como asalariado hasta el 5 de junio de 2011. 

Pocos meses después, en enero de 2012, a la par que su esposa María Gámez era aupada por el PSOE a la cúpula nacional del partido, Juan Carlos Martínez Martínez creó su propia empresa, ahora investigada por la trama de presunta malversación y prevaricación que lideró su hermano Bienvenido y de la que también se habría beneficiado otro hermano, Manuel Martínez Martínez.

Como desveló OKDIARIO, entre las tres consultoras que crearon cada uno de estos tres hermanos movieron, de 2009 a 2021, unos 5,3 millones de euros, 3,4 de ellos facturados por la sociedad que creó en 2012 el marido de María Gámez. La investigación judicial pone el foco en 2009 como primer año de esta presunta trama de corrupción. Y 2021 es el último ejercicio del que hay cuentas societarias depositadas en el Registro Mercantil.

Según la instrucción judicial, esta trama se lucró de fondos de la Junta de Andalucía, tanto directamente como a través de terceros, de otras empresas que recibían subvenciones públicas.

Cargos en familia

En cuanto a los puestos que ocupó el marido de María Gámez en el entramado de sociedades de la Junta de Andalucía, todos ellos contaron con el patrocinio directo de su hermano Bienvenido, considerado por los investigadores como el cabecilla de esa trama de prevaricación y malversación.

Gámez y su familia política disfrutaron de una destacada presencia en cargos de la Junta socialista. De hecho, fue ella la que abrió camino: en 2004 fue nombrada delegada de la Consejería autonómica de Innovación en Málaga. Dos años después, su cuñado Bienvenido Martínez era aupado a la presidencia de la empresa Fasur (Fabricados para la Automoción del Sur), controlada por la Junta de Andalucía. 

Y otros dos años después, a la par que María Gámez fue elevada a la categoría de delegada del Gobierno andaluz en la provincia de Málaga, su cuñado Bienvenido fue nombrado director de inversiones estratégicas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), de la que dependían las tres empresas públicas en las que fue colocado sucesivamente su hermano Juan Carlos Martínez, el marido de la ex directora de la Guardia Civil.

Bienvenido Martínez Martínez estuvo en la cúpula de Fasur hasta julio de 2011. A la par, durante esos años ocupó cargos de responsabilidad en otras seis sociedades públicas de la Junta: fue vocal en las cúpulas de Innova Venture y de Veiasa, presidente de Santana Militar, consejero de Invercaria y presidente de Santana Motor.

https://okdiario.com/investigacion/psoe-coloco-marido-cunado-ex-directora-guardia-civil-maria-gamez-10-empresas-publicas-10701733

Para aprobar Farmacia había que pasar por ‘Miñones’ por la academia del ministro

OKDIARIO

01/04/2023 06:50

ACTUALIZADO: 01/04/2023 08:50

Lo de los Miñones cumple a la perfección el dicho de que no hay nada más grande que la familia unida. Mercedes Miñones Conde, hermana del nuevo ministro de Sanidad y doctora en Farmacia, también se valió de su padre, José Miñones Trillo, como tutor/ponente de su tesis. Además, contó con la ayuda del propio ministro José Manuel Miñones como director de su trabajo de postgrado. Un Juan Palomo -yo me lo guiso, yo me lo como- en el ámbito académico de proporciones siderales que es un clamor en Santiago de Compostela. 

Y es que los dos hermanos, Mercedes y el ministro, no sólo compartieron tutor y director de tesis, su propio padre, sino que defendieron el trabajo ante dos examinadores que estuvieron en el respectivo tribunal (de cinco miembros) de uno y otro: los profesores Eduardo Iribarnegaray Jado y Juan Miguel Rodríguez Patino, cuya receptividad era manifiesta.

Pero hay más: los hermanos montaron una academia que se llamó Miñones Conde al Cuadrado (un derroche de originalidad) para los alumnos con problemas en la asignatura de Química y Física que, casualmente, impartía su padre en la Universidad de Santiago. 

O sea, el futuro académico de los alumnos que pasaban por la academia del hoy ministro de Sanidad y de su hermana dependía del catedrático José Miñones Trillo, padre de ambos. Aquello era un conflicto de intereses en toda regla, pero daba igual: si querías aprobar la asignatura de Química y Física había que pasar por el aro de la academia. 

O sea, que para aprobar había que pasar por Miñones por un cuarto en un entresuelo de una calle de Santiago donde los hermanos José Manuel y Mercedes preparaban a los alumnos que luego examinaría don José, padre de ambos y jefe del clan familiar. Al parecer no había ni recibos, porque todo era opaco, un negocio de andar por casa.

https://okdiario.com/opinion/aprobar-farmacia-habia-que-pasar-minones-academia-del-ministro-10690982

MINISTERIO DE SANIDAD

La academia del ministro Miñones se nutría de alumnos a los que su padre examinaba en la Universidad

La familia Miñones tenía la Academia mc² y cobraba lo que los alumnos llamaban el "impuesto revolucionario"

El padre del ministro Miñones entró en la Academia de Farmacia plagiando la tesis que dirigió a su hijo

La hermana de Miñones también se valió de su padre como tutor de la tesis y del ministro como directorEl nuevo ministro de Sanidad y su padre.

SEGUNDO SANZ

01/04/2023 06:55

ACTUALIZADO: 01/04/2023 08:54

El nuevo ministro de Sanidad, José Manuel Miñones Conde, y su hermana, Mercedes Miñones Conde, ambos licenciados en Farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela (USC), daban clases particulares de Físico-Química en una academia privada de la familia mientras su padre, José Miñones Conde, era el catedrático de esta asignatura y decano de la Facultad de Farmacia, según distintos testimonios de alumnos recabados por OKDIARIO.

En concreto, dicho centro se llamaba Academia mc², es decir, Miñones Conde al cuadrado, los apellidos de los dos hermanos que daban clase en esta academia privada y que, según el relato de las fuentes consultadas, tuvo varias ubicaciones, entre ellas una galería en el entorno de la Plaza Roja de la capital gallega.

Nombre de la academia de la familia Miñones.

Por ejemplo, en el curso académico 2007/2008, con la academia funcionando, el padre del hoy ministro de Sanidad impartía y examinaba sobre dicha asignatura de Físico-Química en la Facultad de Farmacia, mientras que su hijo formaba a alumnos de la USC en la academia privada y a la vez daba también clase en el mismo departamento de la misma Universidad, aunque aquí de otras asignaturas: Química General y Química Física de Superficies.

En el Registro Mercantil, tal y como ha constatado este periódico, no consta ninguna empresa con el nombre de la academia que haya estado administrada bien por el propio ministro de Sanidad, ex alcalde socialista en el Ayuntamiento de Ames (La Coruña), o por su padre.

Negocio

Asimismo, las fuentes citadas apuntan que había quienes recurrían a esta academia sabiendo que si pagaban por estas clases del ministro y su hermana, lo que llamaban el «impuesto revolucionario», tendría más facilidades de aprobar los exámenes de Físico-Química en la Facultad de Farmacia de la USC dado que Miñones Conde daba clase allí y sobre todo su padre era catedrático de esta asignatura.

El padre del ministro impartía la asignatura de Físico-Química.

Una endogamia universitaria que en este caso también servía a la familia Miñones para hacer negocio extramuros de la facultad. OKDIARIO ha publicado estos días en exclusiva el nivel de endogamia de este clan, con el padre dirigiendo la tesis del hijo y siendo tutor/ponente de la de su hija Mercedes. La regulación vigente permite que un familiar del investigador sea el director de la tesis, pero no miembro del tribunal evaluador. Aunque ello no es suficiente para desterrar el mal endémico de la endogamia.

El ministro daba clases en el mismo departamento que el padre.

Además, el propio ministro, ex delegado del Gobierno en Galicia, fue el director del trabajo de postgrado de su hermana, doctora como él en Farmacia por la Universidad de Santiago (USC). Y también la tía materna de Miñones Conde, 

Olga Conde Mouzo, formaba parte del mismo departamento y daba clases de Técnicas Instrumentales en la facultad. Así consta en la relación de docentes del curso 2007/2008. La tía materna fue codirectora de la tesis del ministro y también aparece en los agradecimientos de la hermana del ex regidor socialista entre 2015 y 2021.Plagio

La tesis cum laude de José Manuel Miñones Conde se denomina Estudio de las características estructurales y morfológicas de la anfotericina B, de fosfolípidos y de sus mezclas extendidos en la interfase aire/agua, y fue leída en la Universidad de Santiago de Compostela el 23 de mayo de 2001. 

Sin embargo, hay un hecho que arroja dudas sobre la autoría intelectual de dicho trabajo, teniendo en cuenta además este grado de endogamia. Y es que, tal y como publicó OKDIARIO el pasado martes, su padre, el catedrático Miñones Trillo, plagió una parte de la tesis en su discurso de ingreso en la Academia Gallega de Farmacia con fecha del 11 de marzo de 2002, es decir, casi 10 meses después de la presentación de la tesis de su hijo.

La tesis del ministro plagiada en una exposición de su padre.

Esta exposición del progenitor, que trató sobre La interfase aire/agua: monocapas de extensión, fusiló párrafos enteros, gráficos y tablas. Sin entrecomillar ni citar en ningún momento el trabajo de postgrado previo defendido por su hijo y dirigido por él.

https://okdiario.com/espana/academia-del-ministro-minones-nutria-alumnos-que-padre-examinaba-universidad-10692378

Héctor Gómez, Nuevo Ministro de Industria, firmó con el ‘Tito Berni’ más de 100 iniciativas en el Congreso en el auge de ‘Mediador’

CASO DEL 'TITO BERNI'

Gómez y Fuentes Curbelo hicieron equipo en el Congreso para preguntar sobre Canarias

La trama del ‘Tito Berni’ se jactaba de sus contactos en el PSOE: «¿A quién controlamos?»

'Tito Berni' y Héctor Gómez firmaron más de 100 preguntas por escrito al Gobierno.

PELAYO BARRO

29/03/2023 06:52

ACTUALIZADO: 29/03/2023 08:52

Los nombres de Héctor Gómez, nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Pedro Sánchez, y del ahora ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo (alias Tito Berni), aparecen vinculados en iniciativas del Congreso de los Diputados. 

Y no en pocas, precisamente: algo más de un centenar de preguntas por escrito llevan la firma de ambos, que hicieron equipo junto con otros pocos diputados socialistas canarios. Cuando le preguntaron a Gómez sobre su relación con el Tito Berni aseguró que era «uno más de los 120 diputados» socialistas en el Congreso.

«¿Qué posición tiene el Gobierno con respecto a la comunidad autónoma de Canarias frente al reto de la transición ecológica?». Con esa pregunta, presentada en junio de 2020, se estrenaba en su acción parlamentaria en el Congreso el ahora conocido como el Tito Berni. 

La pieza clave en el engranaje político de la trama Mediador que facilitaba presuntamente el acceso de empresarios a contratos y subvenciones. Lo hacían a cambio de comidas en restaurantes de lujo (como la del Ramses) y juergas en prostíbulos que se desarrollaban entre dosis de cocaína y viagra. El «catering», como lo denominaban internamente en la trama.

Aquella pregunta estaba firmada también por otros cinco diputados canarios del PSOE, entre los que se encuentra el nombre de Héctor Gómez. De hecho, fue la primera de una larga lista de iniciativas y preguntas escritas al Gobierno que ambos compartieron durante años, hasta que a Gómez se le designó como portavoz socialista en la Cámara Baja y su nombre dejó de aparecer en esa lista.

La ficha de una de las más de 100 preguntas que comparten ‘Tito Berni’ y Héctor Gómez.

Cien preguntas

En concreto, las preguntas por escrito que llevan la firma conjunta de Fuentes Curbelo y Gómez superan el centenar. Ambos formaron parte durante años de un equipo de socialistas canarios que preparaba y presentaba iniciativas de toda naturaleza, la mayoría relacionadas con la circunscripción de Canarias.

Así, Gómez y Tito Berni preguntaron por pateras y cayucos con destino a las costas de Canarias, por el estado de los menas, por la situación económica tras el Covid, por el turismo, la ciencia o la educación. Y también, de forma muy habitual, por cuestiones relacionadas con la agricultura y las ayudas al sector. Uno de los nichos más cultivados por la trama Mediador, que tenía entre sus clientes a muchos empresarios canarios de la ganadería que pagaban 5.000 euros al club infantil de fútbol que gestionaba el Tito Berni como cuota de entrada en esta familia del favor político.

Las preguntas conjuntas se extienden desde junio de 2020 hasta ya entrada la primavera de 2021, fecha en la que Gómez es aupado a la portavocía del Grupo Parlamentario Socialista. Precisamente es en esas fechas cuando la trama Mediador, con Fuentes Curbelo a la cabeza, abrió de par en par el Congreso a los empresarios que ahora investiga la Guardia Civil. De hecho, llegó a convertir su despacho en zona de paso para estas comitivas empresariales que llegaban a la Carrera de San Jerónimo a la caza de la licitación pública.

Ministro Gómez

Este lunes, Sánchez ofreció una declaración desde Moncloa para anunciar el nombre de Héctor Gómez como sustituto de la ya ex ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que dará el salto a la carrera electoral por el Ayuntamiento de Madrid para rivalizar con Almeida en las municipales de mayo. Héctor Gómez, muy ligado personal y profesionalmente a Sánchez, fue portavoz del PSOE en el Congreso y ya estuvo relacionado con el ministerio que ahora ocupará durante su etapa como director general de Turespaña.

Héctor José Gómez Hernández nació en noviembre de 1978 en una pequeña localidad al suroeste de Santa Cruz de Tenerife y es graduado en Derecho, licenciado en Ciencias del Trabajo y diplomado en Turismo. Se afilió al PSOE en el año 2003, aunque no fue hasta 2007 cuando comenzó su carrera como concejal de Guía de Isora, su ciudad de origen. 

En 2015, da el salto a la política autonómica tras ser elegido diputado por Santa Cruz de Tenerife en el parlamento canario, cargo que ocupa hasta 2018. Justo un año antes, en el marco del 39 congreso del PSOE, fue elegido secretario de Relaciones Internacionales.

https://okdiario.com/espana/hector-gomez-firmo-tito-berni-mas-100-iniciativas-congreso-auge-mediador-10661548

A García-Page le estalla un caso de corrupción que podría duplicar el dinero malversado en los ERE

ás de 3.000 agricultores denuncian en la Audiencia Nacional la presunta malversación de más de 1.200 millones de euros de fondos europeos y estatales

Sandra León

283/2023 - 06:20

En plena ofensiva de Bruselas para desentrañar posibles casos de fraude y malversación de fondos europeos por parte de los estados miembros, la Audiencia Nacional acaba de poner el foco en Castilla-La Mancha, donde, a dos meses de las elecciones autonómicas, Emiliano García-Page deberá hacer frente a una macroinvestigación sobre la gestión del agua de las últimas décadas.

Se trata de una querella criminal presentada por más de 3.000 agricultores manchegos que denuncian la malversación de más de 1.200 millones de euros de fondos europeos y estatales por parte de un nutrido grupo de funcionarios y cargos públicos tanto del Gobierno central como autonómico durante las etapas en las que ha gobernado el PSOE. Bajo la sombra de la sospecha, desde el Plan Humedales de José Bono hasta la faraónica obra de la Tubería de la Llanura Manchega que el propio Emiliano García-Page pretende inaugurar este miércoles.

La querella, que ya ha sido admitida a trámite, se dirige contra el expresidente José María Barreda y varios de sus consejeros, además de numerosos cargos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), algunos de los cuales todavía siguen en su puesto. Todos ellos habrían contribuido, además, a generar un perjuicio económico a los denunciantes cifrado en más de 300 millones de euros en los últimos 10 años, el periodo que aun no habría prescrito.

Barreda, Bono y García Page en una foto de archivo

Con todo, tal y como recoge el escrito del fiscal jefe Anticorrupción, "los hechos denunciados podrían dar lugar a delitos de Prevaricación, Falsedad en documento Público, Malversación de caudales públicos, Fraude a la Administración, Fraude a la Hacienda Comunitaria Europea y a la Hacienda Pública española, así como desobediencia a la Autoridad Judicial y a las resoluciones judiciales firmes".

El origen de la polémica

Los denunciantes forman parte de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Rus-Valdelobos -que abarca hasta 29 municipios de las provincias de Albacete y Cuenca-, cuyos agricultores llevan años batallando para que la línea divisoria entre las cuencas del Guadiana y del Júcar responda a criterios hidrogeológicos y no a intereses económicos y políticos. 

No en vano, lo que pretende demostrar la actual querella es que, a pesar de que estas aguas subterráneas vierten en el Júcar, los querellados "manipularon y/o falsearon datos" para vincularlas a la cuenca del Guadiana y, por tanto, al Parque Natural de las Tablas de Daimiel.

El objetivo queda más que patente en la documentada querella de 321 folios presentada por el despacho De Jurist: "Aumentar el territorio de la demarcación para así obtener un mayor número de fondos, utilizando como pretexto, una vez más, el estado de conservación del Parque Nacional sobre una zona totalmente desvinculada de la afección sobre éste". Concretamente, la zona oriental de la Cuenca del Guadiana, que forma parte del territorio hoy denominado Masa de Agua Rus-Valdelobos, que descarga de manera natural al Júcar.

El Plan Humedales de José Bono

Históricamente, esta área siempre había pertenecido al llamado acuífero 18. Sin embargo, tras la declaración de sobreexplotación del acuífero 23 por su vinculación al humedal protegido, el perímetro de éste fue ampliándose, invadiendo zonas que nada tenían que ver con el mismo. 

La primera ampliación se consumó en 1994, después de que José Bono, entonces presidente de Castilla-La Mancha, diese luz verde al llamado Plan de Compensación de Rentas, también conocido como Plan Humedales, que supuso la primera medida agroambiental aprobada en España con fondos europeos: del total de 300 millones de euros aproximadamente que se pusieron sobre la mesa, la UE subvencionaba el 75%.

La ampliación del perímetro terminó en los tribunales y fue finalmente declarada nula en sentencia firme del Tribunal Supremo en el año 2003. Sin embargo, "no solo no se conformaron los responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadiana con la ilegalidad mantenida desde 1994 hasta 2003, sino que continuaron, a pesar de la anulación de la sobreexplotación, con la aplicación de estas medidas en contra de esa sentencia que declaraba su nulidad, hasta el año 2008, en el que consiguen, con base a esos falsos informes, declarar de manera definitiva la zona sobreexplotada".

1.200 millones de fondos europeos

Las restricciones aparejadas a tal decisión habrían supuesto un perjuicio económico para la Masa de Rus-Valdelobos de más de 300 millones de euros en los últimos 10 años. Sin embargo, lo más grave es el perjuicio a las arcas públicas -españolas y europeas-, por cuanto todos los programas económicos aprobados desde entonces se habrían orquestado en base a datos, que tal y como vendrían a demostrar los numerosos informes aportados a la causa, no se corresponden a la realidad. Así, según los cálculos de los más de 3.000 agricultores que han presentado la querella tras años de investigación, podríamos estar hablando de un presunto fraude y malversación de más de 1.200 millones de euros.

https://www.libertaddigital.com/espana/politica/2023-03-28/emiliano-garcia-page-caso-corrupcion-castilla-la-mancha-fondos-europeos-podria-duplicar-malversacion-ere-6999571/

El marido de Gámez creó la empresa investigada por corrupción cuando ella llegó a la cúpula del PSOE

Fundó la sociedad cuando la exdirectora de la Guardia Civil ascendió a la Ejecutiva Federal socialista

La jefa de la Guardia Civil dimite con su marido imputado por corrupción y en pleno escándalo ‘Mediador’

PSOE y Podemos maniobraron para que Gámez no diera la cara por la corrupción que afecta a su marido

María Gámez y su marido.

ROBERTO PÉREZ
27/03/2023 06:47
ACTUALIZADO: 27/03/2023 08:30

Juan Carlos Martínez, el marido de la ex directora de la Guardia Civil investigado por corrupción, montó la sociedad implicada en esa trama, Job Management Liberty, al mismo tiempo que su esposa, la socialista María Gámez, era ascendida a la cúpula nacional del PSOE. 

El partido la colocó en lo más alto de su estructura orgánica, en la selecta e influyente lista de la Ejecutiva Federal del PSOE. Llegó a ella tras cundir durante años en cargos de la Junta de Andalucía y en la política municipal malagueña. Aterrizó oficialmente en la Ejecutiva Federal el PSOE en febrero de 2012 y, escasas semanas antes, el 12 de enero, su marido fundó la sociedad limitada Job Management Liberty, de la que desde entonces ha sido su dueño y su único empleado.

La Unidad de Delitos Económico y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional considera que esta mercantil es parte de la trama societaria urdida por Juan Carlos Martínez y sus hermanos, Bienvenido y Manuel, para lucrarse delictivamente, a través de la prevaricación y la malversación de fondos públicos. 

Esos son los dos tipos penales que aparecen ya en la instrucción judicial en la que ha sido imputado el marido de Gámez, lo que ha forzado el cese de la socialista como directora de la Guardia Civil, alto cargo del Ministerio del Interior al que fue promovida por Pedro Sánchez en enero de 2020.

Promocionada por Sánchez

Antes, tras instalarse en La Moncloa con la moción de censura contra Rajoy, el líder del PSOE había seleccionado a Gámez para ser la representante del Gobierno en Málaga, como subdelegada del Ejecutivo de España en esta provincia andaluza. Por entonces, la trama societaria de su marido y cuñados hacía tiempo que había empezado a funcionar.

De hecho, a la par que Gámez ganaba influencia política de la mano de Pedro Sánchez, la empresa de su esposo acumulaba crecientes y asombrosas facturaciones para una sociedad en la que él era y es su único dueño y trabajador. Por ejemplo, entre 2016 y 2017 llegó a ingresar más de un millón de euros por supuestos servicios de asesoría empresarial, según la información contable obtenida por OKDIARIO.

Desde que se fundó y echó a andar la empresa, en enero de 2012, hasta el 31 de diciembre de 2021 –últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil–, el marido de la socialista Gámez ingresó con su sociedad 3,34 millones de euros, según consta en las cifras de negocio que él mismo declaró en las cuentas anuales de su sociedad. 

Descontando los gastos de funcionamiento de la empresa, que son minúsculos en comparación con los ingresos que maneja, al marido de la socialista Gámez le quedaron unos rendimientos personales de 3,02 millones de euros (sin descontar impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social). Y, mientras tanto, el patrimonio del matrimonio engordaba.

Millones facturados

De momento, la investigación en la que ha sido imputado el marido de la ex directora de la Guardia Civil se centra en el periodo comprendido entre 2009 y 2012. La trama societaria montada por el marido y dos cuñados de Gámez aparece vinculada a ingresos fraudulentos de dinero público de la Junta de Andalucía y de empresas relacionadas directamente con esta Administración o subvencionadas por ella mientras era gobernada por el PSOE de Gámez. De momento, las pesquisas tienen en el punto de mira más de dos millones de euros.

La familia ocupaba al mismo tiempo cargos directivos en la Junta de Andalucía, algunos vinculados a la concesión de subvenciones a empresas y ayudas de los ERE, y a la par cobraban de esas empresas por supuestos servicios prestados.

https://okdiario.com/investigacion/marido-gamez-creo-empresa-investigada-corrupcion-cuando-llego-cupula-del-psoe-10650198

Europa investiga al Gobierno de Sánchez por 2,3 millones en cuatro contratos del ‘caso Mediador’

'CASO MEDIADOR'

El mediador a un alto cargo del Gobierno canario: «Tu consejera se llevará lo que tenga que llevarse»

El mediador al sobrino del socialista ‘Tito Berni’: «Perfecto hermanito, te quiero, cabrón»

Europa investiga contratos de la FIIAPP

LUIS MIGUEL MONTERO

26/03/2023 06:46

ACTUALIZADO: 26/03/2023 10:29

La Fiscalía europea ya investiga los contratos de adquisición de suministros para la misión española en el Sahel, en el norte de África, relacionados con la trama del caso Mediador. Son un total de cuatro contratos por un valor de 2.352.378,63 euros. El 22 de marzo la juez instructora del caso Mediador oficiaba a la Fiscalía Europea un escrito para que verificasen su competencia en una de las piezas de este caso, en concreto la pieza 2 que afecta a la intervención en la trama del general de división Francisco Javier Espinosa cuando ocupaba la Jefatura de la misión española en el Sahel, en concreto el período entre 2020 y 2021. En enero la misma juez ya había pedido el auxilio judicial de la embajada de Bélgica para que investigase una cuenta corriente del general Espinosa en aquel país.

Los contratos investigados que fueron adjudicados por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) fueron en concreto cuatro, todos adjudicados a la empresa Asesoramiento y Servicio de Drones, del empresario José Suárez Esteve, alias Jose Drones. La FIIAPP gestiona proyectos de seguridad y formación a policías en África, en concreto en Mauritania, Burkina Faso, Mali, Níger, Senegal y Chad. María Teresa Lorenzo-Cáceres, titular del Juzgado de Instrucción 4 de Tenerife, que instruye toda la causa del caso Mediador, ordenaba a la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Guardia Civil al comienzo de la instrucción seguir el rastro de estos cuatro contratos por valor de 2.300.000 euros. La FIIAPP es una organización que administra a través del Gobierno de turno, en este caso el de Pedro Sánchez, 41,6 millones de euros de fondos europeos.

El primero de estos contratos fue para el proyecto GAR SI SAHEL Mauritania y tuvo un valor de 944.830 €, pero el empresario investigado se quedó el lote 10 por 37.500 € el 2 de julio de 2020. El segundo contrato importante fue para Níger, donde la FIIAPP destinó 978.648 € y el empresario valenciano se quedó con un lote de 53.000 € el 20 de julio del mismo año. El tercer expediente importante era para proveer de «equipamiento para la Unidad GARSI de la Gendarmería de Mali, con entrega en Bamako», en concreto esta empresa logró vender tres drones por 16.940 € y la adjudicación fue publicada el 24 de septiembre de 2021, dentro de otro más amplio de 215.000 €. El cuarto contrato adjudicado por la FIIAPP fue el 16 de julio de 2021 para 7 sistemas de detección e inhibición de UAVs portátiles que se entregarían en Logroño y aunque el contrato inicial era de 213.800 € la empresa de José Drones obtuvo un lote por 30.129 €. Aunque el empresario no se benefició de la totalidad de estos contratos es cierto que ahora pende la sospecha sobre estos y otros muchos adjudicados durante la época del general en el Sahel.

Los contratos investigados.

La Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Guardia Civil, encargada de tirar del hilo de esta segunda pieza desgajada del caso Mediador, investigó en realidad hasta 10 contratos, desde que el general Espinosa ocupó la jefatura de la misión GAR SI Sahel desde marzo del año 2017 hasta su pase a la reserva el 11 de enero de 2021, pero siguió trabajando hasta julio del mismo año, según reconoció él mismo ante la juez instructora. Pero de estos 10 contratos en realidad a la FIIAPP le corresponden sólo cuatro.

Además de estas 4 adjudicaciones, el contratista José Suárez Esteve fue el agraciado con otros 6 contratos menores de diferentes administraciones públicas como la Guardia Civil o la Dirección General de la Policía que sumaron en total 311.846 €.

La Guardia Civil, que estaba al mando de esta misión en África, contaba con el apoyo de la Gendarmería francesa, Carabineros de Italia y la Guardia Nacional Republicana de Portugal. Su objetivo era «crear Grupos de Acción Rápida, Vigilancia e Intervención (GARSI) similares a los Grupos de Acción Rápida (GAR) españoles», según recoge el informe de la Benemérita, que fue traducido al francés y enviado a la Fiscalía Europea para que determinasen si quieren intervenir como acusación en la causa o se inhiben en favor de los juzgados españoles.

En su declaración ante la juez del caso, Antonio Navarro Tacoronte, alias el Mediador, describió que el encuentro entre José Drones y el general Espinosa Navas habría sido casual en la terraza de un restaurante valenciano, pero después la relación llegó a ser tan fluida que Suárez Esteve le llegó a decir en una conversación al Mediador que «todo lo que hago con África a través del ‘papá’, ¿vale?». «Papá» es uno de los apodos que la trama le puso al general Espinosa, único que permanece en prisión de manera provisional. A este mismo empresario la trama llegó a ofrecerle la posibilidad de establecer su empresa en zona ZEC (Zona Especial Canaria), que consiste en una zona de baja tributación creada en el marco del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias e influir en los contratos del Gobierno canario para que obtuviese adjudicaciones.

Una primera cita entre José Drones, Navarro y el general Espinosa tuvo lugar en Madrid el 2 de febrero de 2021 «con almuerzo en el restaurante La Quinta después de una visita a la Dirección General de la Guardia Civil (figurando ese día un pago en la cuenta bancaria de Asesoramiento y Servicio de Drones de 160 €). También se habría reunido por su cuenta el empresario con el general en Madrid los días 11/enero/2021 y 10/febrero/2021, constando un pago en el restaurante La Quinta de 80 €», según recoge el sumario del caso Mediador.

Contraprestaciones

Para los investigadores, «entre las contraprestaciones dadas también se encuentran las producidas durante otros encuentros los días 26 de enero de 2021 y 24 de febrero de 2021 en Las Palmas de Gran Canaria, donde la estancia del general en el Hotel NH Imperial Playa en el mes de enero fue facturada a nombre de la empresa relacionada con Suárez Esteve». Otra de las presuntas dádivas recibidas a costa de los contratos que ahora estudia la Fiscalía europea serían «las referidas al día 10 de enero de2021, donde Suárez Esteve acuerda con Navarro Tacoronte cómo debía llevarle una tarjeta de prepago a Espinosa Navas, siendo adquirida por el propio empresario y gestionada también por Navarro Tacoronte. A continuación, el intermediario confirma al general que al día siguiente el empresario le haría llegar su ‘regalo de cumpleaños’».

La conversaciones grabadas son muy importantes en esta causa porque gracias a ellas se sabe que «con fecha 23 de marzo de 2021 Suárez Esteve informaba a Navarro de las tres reuniones mantenidas con Espinosa (general) en un periodo de quince días, cuya motivación vinculaba con su intención de presentarse a una licitación y concretando que todo lo que hacía en África lo hacía a través de «papá» en alusión al general», siendo coincidente con el periodo de tiempo en el que se habría llevado a cabo la gestión de contratos públicos». Otra forma de contraprestación, según lo descrito por El Mediador ante la juez, sería «a través de importes en efectivo entre 1.500 € y 3.000 € entregados previamente a las reuniones, cuyo último beneficiario era el general», según el sumario.

Suárez Esteve fue uno de los tres empresarios que habría pagado «el peaje» de 5.000 € en Canarias a la Asociación Deportiva Vega Tetir, concretamente el 11 de enero de 2021, vinculada al diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni.

Otros 6 contratos

El resto de contratos de Asesoramiento y Servicio de Drones S.L. fueron uno del Ministerio de Defensa, en concreto de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico (JEMAEL) el 1 de diciembre de 2020 por 119.064 € para «sistemas de detección y localización de drones para la Guardia Civil». Otro de 6.766 € por un dron vendido para la Policía Local de Carmona (Sevilla). El séptimo de los 10 obtenidos por José Drones también fue un contrato menor por 7.450 €, en concreto en unión con la comercial DJI Enterprise, por encargo del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón.

Otro de los expedientes fue adjudicado por valor de 14.997 € el 12 de noviembre de 2021 para drones por parte de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de Operaciones de la Guardia Civil. El noveno contrato fue para la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Valdepeñas con un importe de 5.100 € adjudicado por el ayuntamiento de esa población. El décimo contrato para José Drones fue de la Dirección General de la Policía (DGP) para adquirir dos sistemas de detección de drones por 21.000 € el 21 de octubre de 2020.

La juez de Tenerife investiga en esta causa a trece personas por delitos de cohecho, blanqueo de capitales, falsificación de documentos, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.

https://okdiario.com/investigacion/europa-investiga-gobierno-sanchez-23-millones-cuatro-contratos-del-caso-mediador-10519506