Puertas giratorias y TTIP: engrasando las ruedas de los lobbies
TTIP y puertas giratorias
15 de julio de 2015
El posible acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos, el TTIP (Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones), podría ser el mayor tratado mundial firmado hasta ahora. Aunque hay desacuerdos y divergencias, en muchas de las áreas de negociación, la Comisión Europea está siguiendo los pasos de las Corporaciones.
La política de puertas giratorias entre los sectores público y privado está ayudando a engrasar las ruedas de los grupos de presión presentes en las negociaciones del TTIP. Algunos de los más altos responsables políticos y funcionarios de la UE y de los Estados miembros, hacen girar las bisagras de las puertas giratorias y pasan a ocupar cargos de asesores de Empresas; otros van en sentido contrario, pasan de sus puestos en las Corporaciones al sector público.
Estos casos de puertas giratorias se dan en algunos de los sectores más importantes de la UE, como las telecomunicaciones, información tecnológica, la alimentación y la agricultura; financiamiento, solución de controversias Inversionistas y Estados; productos farmacéuticos, etc. Este fenómeno crea potenciales conflictos de interés, y demuestra las sinergias entre los intereses comerciales y la Comisión Europea, el Gobierno del Reino Unido y otros, cuando se trata de las negociaciones comerciales del TTIP.
Casos de puertas giratorias destacados en este informe
El TTIP es uno de los acuerdos más importantes que está en juego en estos momentos. Mientras que las negociaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos entran en la décima ronda de conversaciones, en julio de 2015, este Acuerdo sería el mayor acuerdo comercial firmado en el mundo hasta hoy en día. Es una de las principales prioridades de la Comisión Europea, que afirma que este Acuerdo creará empleos e impulsará el crecimiento económico. Las mayores empresas de Europa han salido en apoyo del TTIP.
Sin embargo, muchos políticos, economistas y grupos de la sociedad civil, incluyendo Corporate Europe Observatory (CEO), son bastante más incrédulos en cuanto a los beneficios del TTIP. El aumento de la competencia podría perjudicar a las economías más débiles de Europa y a las pequeñas y medianas empresas, y provocar una enorme pérdida de empleos. Por otra parte, la armonización de las leyes de la UE y Estados Unidos podría reducir los niveles de exigencia a ambos lados del Atlántico, socavando la protección de los consumidores, la agricultura sostenible, la protección del medio ambiente y los derechos laborales.
Está claro que tras el telón se está desarrollando una gran batalla en Bruselas, y también en Washington DC, acerca de lo que se debe o no incluir en el TTIP, una batalla que CEO ha documentado recientemente. Una vez más, las estrechas relaciones entre las Corporaciones y la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea (La Dirección General de Comercio tiene el mandato del Parlamento Europeo para negociar este acuerdo en nombre de la Comisión Europea), superan las aportaciones de organizaciones no gubernamentales, sindicatos y otros que representan los intereses públicos. Nuestros datos también nos dicen que lobbies de los sectores empresariales están ejerciendo una enorme presión .
¿Quién convocó 597 reuniones de la Comisión Europea a puerta cerrada para negociar el TTIP?
88% grupos de presión de las Corporaciones; 9% grupos de interés público
Aunque hay desacuerdos y divergencias en muchas de las áreas de Negociación, laDirección General de Comercio sigue las indicaciones de las Corporaciones. Desde luego que no se trata de un fenómeno nuevo: en la página web de CEO se documentan muchas de las decisiones de la UE en favor de los intereses empresariales en numerosos temas, desde la finanzas a la fractura hidráulica.
CEO ha analizado cómo funciona esa política a favor de las Corporaciones y de puertas giratorias, mediante la cual los funcionarios públicos pasan al sector privado y viceversa, jugando un importante papel, ya sea a través de contratación de comisionados, funcionarios o diputados, que se aprovechan de sus conocimientos adquiridos desde su posición privilegiada; o el traslado de personas a las Instituciones de la UE con intereses corporativos. Las puertas giratorias giran fácilmente en Bruselas, incluso en el ámbito del acuerdo comercial TTIP. Los riesgos de que existan conflictos de interés son demasiado evidentes.
En este Informe se documentan varios casos de puertas giratorias, con relaciones al tratado comercial TTIP, tanto en la UE como en los Estados miembro. El hecho de que muchos de ellos puedan pasar sin mayores problemas del sector público al privado, o viceversa, indica los intereses y la Ideología compartida. Se plantean preguntas sobre la eficacia de las normas sobre las puertas giratorias ( y la forma en que se aplican e interpretan) para prevenir el riesgo de que se produzcan conflictos de interés. También destacamos la ausencia de reglas sobre las puertas giratorias en los países e Instituciones.
No ha sido posible realizar una revisión completa de todos los casos de puertas giratorias, debido a la falta de transparencia en torno a este ámbito de legítimo interés público: es muy difícil saber cuando un funcionario deja una Institución pública y ocupa un nuevo puesto de trabajo. La falta de transparencia de las autoridades públicas para saber quiénes se reúnen y qué asuntos van a tratar, obstaculiza las investigaciones para conocer los casos de puertas giratorias y las presiones específicas que se ejercen durante las negociaciones del TTIP.
Como mínimo, este Informe demuestra la concordancia entre los intereses comerciales y la Unión Europea. Si las puertas giratorias son el resultado o la causa de estas sinergias es algo difícil de determinar. Pero ahí están, y creemos que las puertas giratorias proporcionan una excesiva influencia de las Corporaciones en las negociaciones del TTIP.
La política de puertas giratorias no es algo nuevo en Estados Unidos, ni se trata de algo nuevo en relación con el TTIP. En 2014 Stanford McCoy pasó de ser representante del Comercio para la Propiedad Intelectual e Innovación, a pasar a trabajar para Motion Picture Association Europacomo Vicepresidente y Director de Política Regional. Shaun Donnelly, ex funcionario de Comercio de Estados Unidos y ahora forma parte de los grupos de presión en el Consejo para Negocios Internacionales de Estados Unidos. Matthew Jaffe, ex abogado de Derecho Empresarial y ahora presta servicios de asesoramiento jurídico en la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. The Intercept informaba que Christopher Wilson, Jefe Adjunto de Misiones en laOrganización Mundial de Comercio, hasta hace poco trabajó para los grupos de presión C&M International. Robert Hlleyman, representante comercial adjunto estadounidense, trabajó previamente como Presidente de la Business Software Alliance. Para rematar, el Embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Anthony Luzzato Gardner, ha tenido una larga carrera Corporativa, la más reciente: Director Ejecutivo de Bank of America en Londres; y como Director General de Palamon Capital Partners.
Estos y otros casos de puertas giratorias parecen ser muy comunes en Estados Unidos. ¿Le gustará a la Unión Europea este repaso de los casos de puertas giratorias en relación con el TTIP?
A diferencia de otros compañeros de grupo, los socialistas españoles votan a favor del documento junto al PP europeo y los liberales. Una enmienda sobre el blindaje a las multinacionales pactada entre socialistas y conservadores hace que caigan las demás.
Imagen de archivo del pleno del Europarlamento en Estrasburgo.
ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL
@alopezdemiguel
MADRID.- Pactaron sobre el blindaje a las multinacionales, y este miércoles han votado juntos. La Gran Coalición de socialdemócratas, conservadores y liberales en la Eurocámara ha logrado la aprobación del informe sobre el polémico TTIP que Bruselas y Washington negocian con sigilo, con 436 votos a favor, 241 en contra y 32 abstenciones.
La votación debía haber tenido lugar hace un mes, y finalmente fue pospuesta por decisión del presidente de la Eurocámara, el socialista Martin Schulz, principal impulsor de la enmienda que ha permitido unir a los socialistas con el PP europeo para garantizar la aprobación del informe, que no es vinculante y sólo expresa las directrices del Europarlamento a la Comisión Europea, responsable de negociar la alianza comercial en nombre de los 28.
La división entre las filas de los socialistas al respecto de la enmienda de compromiso 117 sobre el blindaje a las multinacionales o ISDS era evidente, y hoy ha vuelto a quedar reflejada cuando los socialistas belgas, franceses y austriacos han votado en contra del informe por contener esa enmienda, que pide sustituir el ISDS y sus sistemas de arbitraje por jueces, aunque no especifica si estos nuevos tribunales serán públicos o privados y utiliza un lenguaje considerado ambiguo por algunos socialistas y por los detractores del acuerdo.
Como se esperaba, el PSOE ha votado en bloque a favor del texto, duramente criticado por grupos como la Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL) o Los Verdes/ALE. Los últimos también han cargado contra el mecanismo-artículo 174 del reglamento- por el que la enmienda pactada entre socialistas y conservadores ha sido votada la primera, quedando automáticamente apartadas el resto de enmiendas relacionadas con el ISDS.
El "juego sucio" de la 'Gran Coalición'
Equo, del grupo de Los Verdes, denunciaba este mismo miércoles la "utilización partidista" de la Eurocámara por parte del presidente Schulz, que "con sus maniobras contrarias a las reglas del Parlamento Europeo, ha conseguido que solo se votara la enmienda que tenía el consenso de la Gran Coalición", al situarla la primera en el orden de votaciones.
Las eurodiputadas Marina Albiol y Lola Sánchez (IU y Podemos) ya habían explicado a este diario sus críticas al respecto del informe, que consideran redactado con un lenguaje ambiguo que deja la puerta a múltiples interpretaciones en distintos apartados, y que apenas introduce imposiciones, sino meras recomendaciones que EEUU puede o no aplicar.
Por su parte, los socialistas esgrimen que el texto exige que se mantengan los niveles de protección del consumidor existentes en Europa, que EEUU respete los estándares laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o que los servicios públicos queden fuera del acuerdo.
Desde el S&D justifican su apoyo al informe recordando además que en caso de que el tratado comercial no cumpla estas directrices el Europarlamento podrá tumbarlo, algo que hoy se antoja poco probable teniendo en cuenta los recursos y el tiempo destinados a estas negociaciones, que arrancaron formalmente hace dos años.
No hay fecha para la conclusión de las negociaciones, pero tras el mandato otorgado por el Congreso de EEUU al presidente Barack Obama para acelerar la firma del TTIP y con el fin de su legislatura establecido en 2016, es probable que el jefe del Ejecutivo norteamericano apriete el acelerador para dejarlo todo atado antes de abandonar la Casa Blanca. Y, teniendo en cuenta la demostración de hoy en la Eurocámara, y a pesar de las críticas de la sociedad civil, no parece que la mayoría de mandatarios europeos tenga intención de ponérselo muy difícil.
Wikileaks ha revelado el contenido del texto central del acuerdo internacional sobre comercio de servicios (TISA, por sus siglas en inglés) que están negociando en secreto medio centenar de países. Este tratado secreto impondrá a todos los firmantes cláusulas que benefician a las grandes corporaciones multinacionales en detrimento de la soberanía y de los intereses públicos de cada país.
Este tratado internacional, que se mantendrá en secreto durante cinco años después de entrar en vigor, "impondrá a todos los firmantes cláusulas que benefician a las grandes corporaciones multinacionales en detrimento de la soberanía y de los intereses públicos de cada país", según se desprende de esta filtración que este miércoles publican diez medios de distintas partes del mundo a los que WikiLeaks les concedió la información en exclusiva.
El pasado 3 de junio estos mismos medios revelaron la existencia y gran parte de los anexos del misterioso TISA.
En esta ocasión, el portal de filtraciones de Julian Assange ha revelado el "Core Text" o texto esencial del TISA, en el que por ejemplo está estipulado en el inciso 3 del artículo I-I que "en el cumplimiento de las obligaciones y compromisos bajo el Acuerdo, cada participante [país firmante del acuerdo] debe adoptar todas las medidas razonables a su disposición para asegurar su cumplimiento por los gobiernos regionales y locales y por las autoridades y organismos no gubernamentales dentro de su territorio".
Es decir, que los "Estados implicados tendrán que legislar, e imponer reglas y normativas ejecutivas –ya que es la única manera de obligar a los organismos, entidades y empresas no gubernamentales a cumplir tales disposiciones– en aplicación de unas cláusulas negociadas en secreto".
Restringir la capacidad de los Gobiernos
Según explica la catedrática de Derecho de la Universidad de Auckland, Jane Kelsey, "las reglas centrales del acceso a los mercados [establecidas por el TiSA] restringen la capacidad de los gobiernos para moldear esos mercados limitando el tamaño o el crecimiento de determinadas actividades, tales como bancos, franquicias turísticas o hipermercados, tanto a nivel nacional como local, y tanto si son de propiedad nacional como extranjera", informa Público.es, uno de los diarios asociados a WikiLeaks para divulgar esta infomación.
Este tratado TISA pretende regular de manera supranacional servicios de salud, agua, financieros, telecomunicaciones y transporte, entre otros. Además, exige que haya "transparencia", lo que, en realidad, se traduce en la obligación de los países a presentar los proyectos de ley internos antes de que sean aprobados para determinar su viabilidad, informa el portal de filtraciones.
EE.UU. y la UE son los principales impulsores de este pacto que, según WikiLeaks, afecta a 50 países y a un 68,2% del comercio mundial de servicios. En su más reciente versión, el borrador del TISA plantea que los países firmantes den a los proveedores de servicios financieros extranjeros el mismo trato que a los nacionales.
Izquierda Unida anunció hoy que presentará una moción contra el Tratado de Libre Comercio entre Unión Europea y Estados Unidos (TTIP, por sus siglas en inglés) en todos los nuevos ayuntamientos en los que tiene representación.
El documento que someterán a votación señala que el TTIP contempla "la implantación de mecanismos antidemocráticos" para "regular a la baja la legislación vigente" en diversas materias, explicó en rueda de prensa Cayo Lara, coordinador de la coalición de izquierdas y Marga Ferré, responsable de programas.
La moción denunciará que este acuerdo, que se negocia en la más estricta confidencialidad, facilita que cualquier inversor extranjero "pueda desafiar cualquier legislación ambiental, laboral o social que interfiera en sus beneficios".
IU considera una "vergüenza" que el presidente del Parlamento Europeo aplazase la votación sobre el TTIP "porque lo iba a perder".
El Parlamento Europeo suspendió el pasado 9 de junio en el último momento la votación sobre su posición ante las negociaciones del TTIP por "falta de consenso entre los grupos", según una nota que hizo pública la institución.
El borrador podría volverse a votar en la segunda da quincena de julio, y Ferré considera "probable" que los partidos mayoritarios pierdan esta votación porque "muchos eurodiputados socialistas entienden que ese texto viola derechos laborales y nacionales básicos".
El voto del pleno de Estrasburgo no es vinculante, pero será indicativo de la postura de los eurodiputados y una posible llamada de advertencia al equipo de la Comisión Europea que dirige la negociación con EEUU.
Una treintena de ayuntamientos españoles han lanzado una campaña para aprobar una moción que declara su localidad opuesta a la implantación del TTIP.
Esta iniciativa forma parte de la campaña europea de declarar a los municipios zonas libres del TTIP.
En Alemania ya se han sumado 10.000 municipios; en Austria, más de 250 y en Francia más de cien.
El tratado de libre comercio e inversión (TTIP), que negocian en secreto la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, ha concitado una formidable oposición ciudadana desde que empezaron las filtraciones sobre las negociaciones.
Dos millones de personas ya han apoyado una Iniciativa Ciudadana Europea contra el TTIP y sigue la recogida de firmas. Además, centenares de organizaciones sociales, ciudadanas y sindicales han manifestado su oposición al tratado.
Fruto de toda la presión, el Parlamento Europeo ya no lo votaría unánimemente, se ha suspendido por ahora la decisión parlamentaria y, por tanto, frenada su aprobación.
Para saber cuan bueno o malo es ese tratado, recordemos que las grandes corporaciones empresariales presionan para que el TTIP se firme cuando antes. Y, si a ellos les gusta, no puede ser bueno para la gente común. Susan George asegura que "si se firma el TTIP (más el TPP con países del Pacífico), Estados Unidos controlará el 60% de la riqueza mundial y tres cuartas partes de todo el comercio global".
Y eso no es nada bueno. "El TTIP es una gran amenaza -insiste George- porque dará a las grandes empresas la oportunidad de enterrar en Europa un modelo social que beneficie a los trabajadores".
Pero si malo es el TTIP, peor es el TiSA del que apenas se habla. TiSA (por sus siglas en inglés) es un acuerdo sobre Comercio de Contratos de Servicios. Wikileaks ha filtrado diecisiete documentos de negociaciones clandestinas de ese tratado secretísimo. Un infame tratado para que grandes empresas y corporaciones transnacionales puedan eludir todas las regulaciones y leyes de los países y puedan bloquear o eliminar las medidas sociales y de seguridad financiera, además de privatizar los servicios públicos, porque la amoral minoría que detenta el poder económico los considera negocio, no medios para satisfacer derechos.
El TiSA condicionaría casi el 70% del comercio mundial de servicios: telecomunicaciones, comercio electrónico, finanzas, seguros, transporte, distribución, servicios profesionales, servicios postales... El diario Público, que colabora con Wikileaks, ha dado a conocer documentos del TiSA pensados y redactados para eludir las leyes de los estados y que las empresas puedan burlar cualquier control gubernamental o parlamentario.
Negocian clandestinamente el TiSA los gobiernos de Australia, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Paraguay, Perú, Taiwán y Turquía. Y también la Comisión Europea, claro, que pretende representar a los 28 países de la Unión.
Es significativo que los únicos países latinoamericanos implicados en ese TiSA sean Colombia, México y Panamá, fidelísimos aliados de Estados Unidos, y que no estén Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, potencias económicas emergentes.
El TiSA, por ejemplo, busca eliminar cualquier control o limitación a transacciones y movimientos financieros, suprimir cualquier vigilancia del Estado en el sector de la especulación financiera e impedir que puedan prohibirse productos financieros peligrosos. Como los que provocaron la crisis. En definitiva, el TiSA propone una desmesurada libertad y descontrol financieros. Y ya sabemos adónde conduce ese desgobierno; a formar nuevas burbujas financieras, que estallen y haya más recesión.
El TiSA, secreto incluso cinco años después de su firma, si no lo paramos, exige no obstante transparencia total a gobiernos e instituciones públicas. Deberán anunciar qué leyes y regulaciones piensan aprobar y abrir un debate previo para que las grandes corporaciones y sus lobbies puedan impedir que sean aprobadas o modificarlas en beneficio propio... según el propio TiSA.
Además, el TiSA forzará que los datos personales en Internet queden sin la protección de los gobiernos, que los datos informáticos sean solo mercancía y que desaparezca la privacidad de los datos digitales. Pero la protección de datos no es cuestión comercial, sino un derecho fundamental de las personas.
El TiSA, ha denunciado la eurodiputada Viviane Reding, quiere acabar con la privacidad de los datos, mermar hasta eliminar la neutralidad de la Red y suprimir las garantías de las personas en la Red con el viejo pretexto y falacia de la seguridad nacional.
Los documentos secretos filtrados demuestran, si cabe, que el TiSA es más neoliberal, antidemocrático y totalitario que el TTIP.
Es evidente que se han de impedir esos tratados con presión y movilización ciudadanas y, como propone Susan George, profundizando la globalización social así como coordinando y globalizando la protesta.`
Durante un tiempo nos parecía que el acuerdo comercial entre La Unión Europea y Estados Unidos, ese acuerdo que supone un extraordinario aumento de poder para la Corporaciones, estaba lejos de una aprobación rápida por parte de Estados Unidos, y su marcha parecía lenta, e incluso estancada. Incluso los senadores Demócratas pusieron freno a la firma de este tratado, el TTIP, (y el no menos polémico TTP, Asociación Trans-Pacífico), alegando que estos acuerdos comerciales podían suponer una disminución de los salarios de los estadounidenses y una pérdida de puestos de trabajo.
Pero los Demócratas parece que finalmente han cambiado de opinión.
El Presidente Obama se ha puesto manos a la obra para acelerar la firma del TTIP por vía rápida, minimizando las supervisiones democráticas, y tan pronto como hoy mismo (viernes).
Desde esta perspectiva, se puede considerar un escándalo la decisión de la Presidencia de la UE de cancelar la votación e impedir que los diputados del Parlamento Europeo votasen sobre el TTIP esta misma semana.
Una votación sobre un acuerdo que cuenta con un amplio rechazo, y suponía la primera gran prueba para todos los Diputados en la aprobación o no del TTIP.
En los últimos días, un rechazo al TTIP parecía posible
Los grupos socialista y conservadores están sometidos a la presión de la gente que muestra su rechazo. Una red de 170 organizaciones europeas de la sociedad civil han denunciado el acuerdo porque supone una amenaza a la Democracia y por ser un intento de poner los intereses de las Grandes Empresas por delante de los intereses de los ciudadanos, los trabajadores y el medio ambiente. Casi dos millones de personas han firmado la petición de la Iniciativa Ciudadana contra el TTIP, y se han producido abundantes y mayoritarias manifestaciones en toda Europa.
Durante la última semana, los Eurodiputados, incluida yo misma, hemos recibido miles de correos electrónicos cada día, en un nivel sin precedentes en cuanto al interés por parte de la gente, que normalmente no se ocupa de los asuntos de la UE.
La gente insta a los Eurodiputados a que presenten una enmienda (con el apoyo de los Verdes, la Izquierda y algunos socialistas) para que muestren su inequívoca oposición a unos de los aspectos más polémicos del TTIP, el ISDS, Solución de Diferencias entre Estado e Inversor, que implica la creación de Tribunales Especiales para permitir que las Corporaciones demanden a los Gobiernos si estos aprueban leyes que limitan los beneficios o la actividad de una Empresa, incluso las posibles ganancias en un futuro pudieran tener.
Los Partidos Políticos se empezaron a asustar
Se veía como posible que el Parlamento de la UE mostrase su oposición a cualquier tipo de Tribunal Especial, o incluso un rechazo al TTIP en su conjunto.
Tal derrota en Bruselas, aunque no sería definitiva, habría puesto las cosas muy difíciles a Washington a medida que se acerca la etapa más decisiva, e incluso podría ocurrir que descarrilase todo el proceso.
Pero entonces, en una medida inusual, se canceló en el último minuto la votación en el Parlamento Europeo
La razón esgrimida para la cancelación de la votación es que se presentaron más de 200 enmiendas, de modo que la votación se aplaza para que el Comité de Comercio examine las enmiendas antes de su presentación en un futuro pleno.
En realidad, se trata de un escándalo al eliminar el derecho de los Diputados a votar, o incluso a hablar en el Parlamento, sobre este importante Informe sobre el TTIP, en una situación crítica a ambos lados del Atlántico. Así que vuelve a la Comisión de Comercio para una nueva redacción, y no está claro si los Eurodiputados podrán votar antes de este verano.
Mientras tanto, en Estados Unidos hay un intento de ganarse a los Republicanos para que acepten este acuerdo comercial, prometiéndoles que el Gobierno de Estados Unidos impedirá que se tome cualquier tipo de medida sobre el cambio climático.
La Presidencia de la UE está impidiendo que los Eurodiputados ejerzan el derecho efectivo de representación de sus electores. La defensa de los derechos de los trabajadores, la protección del medio ambiente, de los servicios públicos y los derechos de los animales, están ahora amenazados por la armonización de las normas entre la EU y Estados Unidos, con una merma en el nivel de exigencia de las mismas. Y el derecho de oponernos a los Tribunales de Inversores (ISDS).
El TTIP es un buen ejemplo del déficit democrático existente en la UE y cómo puede ser aprovechado por las Empresas para promover sus intereses a expensas de los derechos de los ciudadanos. Debido a que la UE no es un Estado-nación, los representantes democráticos de los países miembros no tienen acceso a la supervisión de la negociación del Tratado. En el caso del TTIP, la negociación se delega a los funcionarios que trabajan en la Comisión. Ninguna de las personas involucradas lo hacen por un mandato democrático.
Es cierto que el Tratado que se negocie finalmente tendrá que ser aprobado en el Parlamento Europeo y puede ser vetado por el Consejo de Ministros de cualquier Estado miembro. Pero mientras que Obama tiene que agilizar el proceso, en la UE, la Comisión cuenta con una vía rápida permanente. El rechazo que muchas personas en Europa muestran al TTIP y las amenazas que se ciernen, no puede ser utilizado para presionar a sus representantes electos, que tienen muy poco que decir en este proceso. Los lobbies corporativos, por el contrario, se sienten libres para ejercer presión sobre los negociadores comerciales y funcionarios de la Comisión, que nunca rinden cuentas ante los ciudadanos de sus actos.
Los grupos de interés privados dominan mayoritariamente las negociaciones sobre el TTIP en la Comisión Europea. Nueve de cada diez contactos de pasillo en la fase preparatoria de las negociaciones fueron con las Empresas y grupos corporativos, que han redactado con eficacia el orden del día del TTIP. Y está claro que se están ignorando las voces de los ciudadanos. Los datos de la consulta, que fue promovida por la propia comisión, sobre la Solución de Diferencias entre Estado e Inversor, mostró un rechazo del 97% entre los encuestados, algo que ha intentado por todos los medios ocultar la Comisión. Ahora sólo hablan de qué tipo de Tribunal de Inversores queremos, sin entender que no queremos ningún Tribunal, ni de un tipo ni de otro.
Aquellos de nosotros que apoyamos el proyecto de la UE en su conjunto, pero que nos mostramos críticos con el TTIP, debemos desafiar las afirmaciones de los Gobiernos que dicen que con el TTIP los ciudadanos, tanto de aquí como de Estados Unidos, saldrán ganando. El debate que hay en Estados Unidos muestra que se trata de premisas falsas. Tenemos que defender la Democracia europea y nuestros valores, uniéndonos a aquellos que hacen frente a los grandes intereses comerciales.
La Unión Europea ha supuesto una mejora en muchos aspectos para sus ciudadanos y el resto del mundo; pero las negociaciones secretas en las que está envuelto el TTIP están minando nuestra confianza. Para restaurar la confianza de los ciudadanos en los representantes del Parlamento Europeo, único órgano electo de la Unión, debe dárseles una voz real en este tipo de negociaciones, y divulgar el texto completo de la negociación. Esto permitiría a los ciudadanos y sus representantes juzgar si el TTIP es positivo para unos y otros, según lo prometido por sus defensores, o si el acuerdo es de hecho una amenaza para la salud, el bienestar y las normas ambientales, como temen muchos opositores.
Molly Scott-Cato es miembro del Parlamento Europeo por los Verdes, representando al suroeste de Inglaterra. Es portavoz del Partido Verde en materia de economía y fue profesora de Estrategia y Continuidad en la Universidad de Roehampton.